El miedo a perder

Hay reformas que nacen de la convicción. Y hay otras que nacen del miedo. El llamado “Plan B” de la reforma electoral pertenece, claramente a la segunda categoría.

Porque más allá del discurso oficial de la austeridad, eficiencia, modernización, lo que se asoma con nitidez es otra cosa: la inquietud de un poder que empieza a sentir que el terreno ya no es tan firme como antes. No están reformando porque el sistema electoral haya fallado; están reformando porque el escenario político está cambiando.

Y cuando el poder siente que puede perder, lo primero que intenta ajustar son las reglas del juego.

La próxima semana, el Senado no discutirá únicamente una reforma electoral. Discutirá, en el fondo, una reacción. La primera iniciativa ya dio la señal: no hubo consenso, se ignoraron propuestas, no hubo solidez técnica y, sobre todo, no hubo legitimidad política suficiente. Fue un termómetro mal leído. En lugar de corregir el diagnóstico, se optó por insistir con una versión más digerible, aunque no necesariamente mejor.

El problema es que, en esa insistencia, se vuelve a cometer el mismo error de origen, al querer legislar un país que no se conoce.

Porque este “Plan B” no solo toca al INE; también mete mano en lo local. Y lo hace desde una lógica profundamente centralista, como si México fuera homogéneo, como si las condiciones fueran equivalentes en cada Estado, como si los congresos locales y los institutos electorales estatales operaran bajo las mismas capacidades. No es así.

Hay entidades donde las autoridades electorales funcionan con presupuestos limitados, con estructuras reducidas, con desafíos logísticos reales. Hay territorios donde organizar una elección implica mucho más que instalar casillas: implica sortear carencias, distancias, contextos complejos, como el de la violencia que nos aqueja. Pero desde el centro, eso parece irrelevante. Se legisla en abstracto, como si la realidad pudiera ajustarse al papel.

Ahí es donde el miedo se vuelve peligroso. Porque no solo se busca ajustar reglas, sino concentrar decisiones. Bajo el argumento de hacer más eficiente el sistema, se reducen márgenes de operación, se acotan capacidades y se presiona a estructuras que ya operan al límite. No es una mejora técnica; es una apuesta política. Una que parte de la desconfianza: si el escenario cambia, mejor controlar el terreno.

La democracia no funciona así. Las reglas electorales no pueden diseñarse en función de quién gobierna hoy, sino de garantizar condiciones equitativas para todos mañana. Y eso implica algo que esta reforma no tiene: consenso, conocimiento del territorio y visión de Estado.

Lo que veremos en el Senado será, en buena medida, un cierre de filas que no lograron en San Lázaro, y lo digo porque lo vi. Una mayoría intentando sacar adelante una reforma que no termina de sostenerse en sus propios argumentos, y una oposición señalando los riesgos de debilitar un sistema que, con todos sus defectos, ha logrado algo fundamental: generar confianza en los resultados.

Porque ese es el punto que se evita: México no tiene una crisis de elecciones. Tiene una clase política que empieza a enfrentar límites. Y frente a esos límites, hay dos caminos: competir mejor o cambiar las reglas.

El “Plan B” parece apostar por lo segundo, aunque el problema es que cuando el miedo a perder guía las decisiones, lo que se pone en juego ya no es una elección… es la calidad de la democracia misma.

Esa, a diferencia de una contienda electoral, sí es una pérdida que cuesta mucho recuperar.