Obstrucción de la transformación judicial en Jalisco
Como legislador federal por Morena en la LXVI Legislatura federal, este 19 de marzo de 2026 presenté un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
En el documento, exhorto al gobernador Pablo Lemus y al Congreso del Estado de Jalisco a que cumplan de inmediato con lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les obliga: armonizar de manera literal y estricta la Constitución local y las leyes secundarias con la histórica reforma al Poder Judicial federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024 y que fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y mi partido, Morena.
El plazo para que los estados armonicen sus leyes, establecido en los artículos transitorios octavo y undécimo del decreto federal, venció el domingo 15 de marzo del 2025.
Jalisco está en un desacato flagrante a la Constitución, al bloque de constitucionalidad y a la regularidad jurídica que todos juramos defender al asumir un cargo de gobierno o legislativo.
El artículo 116 obliga a garantizar la independencia de magistradas, magistrados, juezas y jueces mediante su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía; el 120 manda a los titulares del Poder Ejecutivo estatal a publicar y hacer cumplir las leyes federales; y el propio artículo 118 de nuestra Constitución estatal lo dice sin rodeos: las reformas federales que nos afecten deben adoptarse inmediatamente por el Congreso y promulgarse sin más trámite.
¿Y qué hemos visto en Jalisco? Nada. Ni una sola reforma aprobada, ni avances serios en comisiones, ni dictamen en el pleno. El domingo pasado se cumplió un año de este incumplimiento evidente, y el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo siguen sin legislar ni mover una coma en las iniciativas pendientes.
No es casualidad. Esto responde a una clara obstaculización por parte de los partidos de oposición —Movimiento Ciudadano como fuerza dominante, PAN, PRI— y de los poderes fácticos que durante décadas han tenido secuestrado al Poder Judicial jalisciense en un reparto de cuotas evidente.
Prefieren mantener un sistema opaco, clientelar y controlado por elites políticas y económicas, antes que permitir que el pueblo elija directamente a quienes impartirán justicia en nuestro Estado.
Temen la democratización real del Poder Judicial porque eso rompería sus redes de impunidad, influencias y privilegios.
Yo, como jalisciense, no puedo guardar silencio ante esta afrenta a la soberanía popular. La reforma federal no fue un capricho: es un mandato transformador para acabar con el nepotismo, la corrupción y la captura del Poder Judicial. Jalisco, con su historia de lucha por la justicia social, no puede ser la excepción que frene esta transformación.
No se trata de caprichos partidistas; se trata de cumplir la ley suprema de la nación y de devolverle al pueblo el control sobre quienes deciden su destino en los tribunales.
Exhorto, una vez más, al gobernador Lemus y a los diputados locales: actúen ya. Cumplan con su juramento constitucional. No dejen que Jalisco siga en rebeldía contra la Carta Magna. La ciudadanía nos observa y nos demandará cuentas. El tiempo de las excusas y las dilaciones ya se agotó.
