La determinación del Tribunal Electoral de Jalisco, para establecer la obligatoriedad de mujeres en la candidatura a la alcaldía de Zapopan, pero que además formen parte de grupos vulnerables, ha originado una suerte de levantamiento argumentativo de la sociedad local.
El tema, revisado con un mínimo de sentido común, implica que se respete la reforma legal que garantiza la paridad en candidaturas, para que las mujeres puedan acceder al ejercicio de gobierno. Pero lo que ocurrió en la determinación del tribunal para la norma que se aplicaría en Zapopan, justo después de la impugnación del Partido Morena, rebasó los límites que la mayoría considera aceptables.
Por eso no sorprende que organizaciones de mujeres empresarias y de defensoras de los derechos de las mujeres, estén acudiendo al mismo tribunal y a otras instancias, para reclamar lo que determinó la autoridad electoral de Jalisco, al limitar el acceso a la candidatura en el municipio de Zapopan, a mujeres que forman parte de grupos como población indígena, personas con discapacidad o grupos LGTB y más.
Lo que pasó en Zapopan es un ejemplo de cómo se van delineando las políticas electorales para definir esta garantía de paridad de género; sencillamente, no es posible que se limite el derecho de todas las mujeres, que siendo habitantes de Zapopan, podrían aspirar, legítimamente, a ser candidatas, a menos que pertenezcan a uno de los grupos considerados vulnerables.
Para quienes se desgarran las vestiduras, señalando que se trata de abusos del nuevo marco legal que garantiza la paridad, habría que recordarles que en la historia de la construcción de la democracia, los procesos deben corregirse en el camino y las decisiones que son equivocadas, se modifican.
Sin embargo, también es cierto que muchas veces se presenta manipulación política, y aunque en este caso los integrantes del Partido Morena alegan que el tribunal electoral procede tratando de beneficiar a Movimiento Ciudadano, las pruebas en ese sentido no les dan la razón.
Zapopan es uno de los municipios que por población, extensión territorial, manejo presupuestal e importancia alcanzada por la actividad de sus habitantes, figura entre los más importantes del país.
Indudablemente, será un avance en la democracia mexicana que se garantice el acceso a la presidencia municipal a una mujer, pero restringir este derecho sólo a minorías, se ha convertido en un exceso que incluso las propias mujeres combaten.