El tema es la revocación de mandato

Parece algo tan técnico y a la vez lejano: en la reforma electoral conocida como el Plan B, se plantea la realización de la revocación de mandato, empatada con la jornada electoral del domingo 6 de junio de 2027, o bien, puede efectuarse un año después, en 2028. En la práctica, definir o no la fecha para este ejercicio de revocación, se está convirtiendo en el eje de la discusión de la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Senadores la semana pasada, después del rechazo a su propuesta inicial de reforma.

La pretensión inicial de la presidenta era muy diferente: arrebatarle a los partidos políticos (a todos) el control de las diputaciones y senadurías plurinominales; reducir el presupuesto público a los partidos políticos y “abaratar” las elecciones, con recortes al Instituto Nacional Electoral (INE). En los meses previos se había mencionado como una serie posibilidad la desaparición de los tribunales electorales de los estados y de los institutos electorales en todas las entidades federativas.

Todo eso desapareció cuando diputados de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo votaron en contra de la propuesta.

Retomar las razones que se esgrimieron en su momento ya resulta redundante ahora, porque no es asunto en discusión. Los pros y contras de esa propuesta de reforma y de los cambios que pudieran aplicarse al sistema electoral y al sistema de partidos en México, regresa a las aulas donde se estudia la Ciencia Política, y a las oficinas de las elites partidistas, en las que se negocia el acceso al poder y al presupuesto.

Lo crucial en este momento es que el Plan B de la reforma, que prometieron apoyar unánimemente, está otra vez en entredicho. Tanto que la presidenta Sheinbaum utilizó el púlpito de su mañanera para exigirle al Partido del Trabajo que se defina: apoyará o no, la reforma propuesta.

La revocación de mandato, esa figura de democracia directa, manejada ahora por la presidencia de la república y sujeta a la discusión legislativa, deja en la práctica de pertenecerle a los ciudadanos y se convierte en una herramienta electoral que favorece de manera natural al partido en el gobierno: Morena.

Si la presidenta Sheinbaum está en la boleta para una revocación, al mismo tiempo que se convoca a los mexicanos a elegir 17 gobernadores y renovar la Cámara de Diputados y centenares de municipios, le estará dando ventaja a las candidatas y candidatos de Morena y los aliados.

Eso significaría, vistas las cosas desde la superficie, un apoyo para todos los que están en el equipo del “segundo piso de la transformación”. ¿Entonces por qué lo cuestionan senadores del Partido del Trabajo y con ellos, aunque no públicamente, los del Verde y algunos de Morena? Porque antes de eso, está en marcha un plan interno para que sea la oficina de la presidencia la que controle la determinación de candidaturas para las elecciones.

En ese punto es donde está el mayor obstáculo. Como lo fue antes la primera propuesta de reforma electoral, ahora el Plan B, aunque muy disminuido, es una lucha esencial: ¿El poder estará en la presidencia o en los grupos de poder de Morena y sus aliados? La respuesta está en construcción.