Aunque proclaman unidad, lo cierto es que la presidenta Claudia Sheinbaum perdió la batalla política: le rechazaron primero la reforma electoral y después el Plan B. Ella misma, en su conferencia matutina, se quejó porque los suyos no aprobaron su proyecto que tenía como eje central la reforma a la revocación de mandato.
En este espacio propongo analizar estrictamente el impacto político y de manejo de poder por lo sucedido en el Senado de la república y que con toda seguridad, se repetirá en la Cámara de Diputados, pero hasta después del período vacacional, porque el asunto ya ni siquiera entraña interés para el coordinador morenista Ricardo Monreal.
Es decir, que no se haya modificado la figura de la revocación para convertirla, en la práctica, en un plebiscito que le hubiera permitido a la presidenta Sheinbaum Pardo estar presente en la elección de 2027, es un beneficio para el muy golpeado sistema democrático mexicana, pero la reforma limitada echa a andar una serie de mecanismos de revanchas y alianzas que marcará todo el juego del poder para el proceso electoral del año entrante.
Vale subrayarlo: definitivamente, la presidenta perdió la batalla. Los que se dicen aliados incondicionales, ya no lo son.
Por más discursos lisonjeros en las tribulas legislativas, lo que ocurrió fue que la bancada triple de Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, no votaron a favor de lo que propuso la presidenta mejor evaluada en América Latina, la misma presidenta que tiene un porcentaje de aprobación nacional que ronda el 70%, la “primera presidenta de la historia de México”.
Y esto tiene su lógica.
De aquí se desprende una pregunta interesante: Si el poder instalado en Palacio Nacional no cuenta con el respaldo total de sus fuerzas políticas en el Poder Legislativo, ¿dónde está esta expresión de poder?
Sí, en Palenque, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Si la presidenta Sheinbaum contara en este momento con una reforma electoral tal como ella la propuso desde el principio, el eje del poder político estaría en su oficina y bajo su mando; sería ella el centro y origen de las decisiones políticas y determinación de las candidaturas para 2027 y obvio, para la sucesión presidencial de 2030.
Pero no es así.
Naturalmente, es la presidenta. En su persona residen el poder presupuestal, político y militar del sistema presidencial mexicano. Pero el poder de facto está compartido con el liderazgo de López Obrador, porque como se dice, “el poder se ejerce y la autoridad se otorga”.
Lo que ocurrió con la fallida reforma electoral y después con el limitado “triunfo” del Plan B, marca nuevas reglas, alianzas y venganzas, que deberán jugar los legisladores, los gobernadores y alcaldes.
Y eso impactará en la vida de los mexicanos.