Staff quiero tv

AHORA, LOS TRANSPORTISTAS
Esta Semana Santa, la primera de las vacaciones, coincide con el inicio de abril. A partir del miércoles aplican las nuevas tarifas del transporte público, que pasan de 9.50 a 11 pesos, y aunque el tema parece totalmente bajo control, se avecinan varias complicaciones. La primera es que los transportistas levantan la voz para denunciar que no tienen mayor información sobre si recibirán del gobierno estatal un subsidio mayor porque ellos esperaban los 14 pesos que suspendió el gobernador Pablo Lemus. Varios de los líderes transportistas subrayan que pasar de 9.50 a 11 no les da para enfrentar la inflación y el aumento del precio del diésel. ¿Qué va a pasar? Anticipan que al no poder costearse, más unidades del transporte quedarán guardadas y el problema de la frecuencia de paso se va a agravar.
EL PRI LLAMA A LA ALIANZA
A pesar de las vacaciones, la intensidad política no va a disminuir, según se puede ver en las expresiones de los dirigentes políticos. Por ejemplo, la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, mantendrá la campaña de comunicación en favor de una alianza de partidos en contra de Morena. Desde la perspectiva de la dirigente priísta, después de la derrota del Plan B de la reforma electoral, quedó evidenciado que hay una fractura dentro del bloque de Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y el Verde, por lo que se abre la posibilidad de que una alianza de oposición entre PRI, PAN y MC, pueda encaminarse a remontar derrotas en las elecciones del año 2027. Se antoja difícil, porque el PAN mantiene su discurso y actividad en favor de alejarse del PRI, y porque el PRI ha atacado consistentemente a MC como un “cachirul” que siempre apoya a Morena. ¿Habrá espacios de acuerdo? Se ve difícil.
EL NUEVO COORDINADOR PANISTA
Y hablando de panistas, apenas el viernes se hizo oficial que el diputado estatal Julio Hurtado es el nuevo coordinador de los azules en el Congreso estatal, desbancando del cargo a Claudia Murguía, quien era coordinadora desde la Legislatura pasada y había significado un obstáculo en los proyectos del presidente del partido, Juan Pablo Colín. Pero aunque tardan, todos los cambios acaban por llegar. Murguía queda relegada –se afirma que como gesto de conciliación con el gobernador Pablo Lemus– y ahora el diputado Julio Hurtado, como coordinador panista, mantendrá una postura más conciliadora. Son “buenas noticias” para Movimiento Ciudadano, que podría aceptar ahora sí, varias reformas que no avanzaron. Pero se verá hasta después de las vacaciones… Paciencia.

Mi pecho no es bodega

Jonás

El Congreso del Estado de Jalisco está siempre en el ojo del huracán. Para bien y para mal, aunque la mayor parte de las veces sea objeto del reclamo y el escrutinio, con resultados que no favorecen a sus integrantes, los 38 diputados. Por eso, justo cuando la Legislatura toma otro período vacacional, parece muy lógico hacer una nueva evaluación de su desempeño.
Lo primero que viene a consideración es que justo cuando los diputados se van de vacaciones por Semana Santa y Pascua, se enfrentan dos sucesos fundamentales para la sociedad metropolitana y de todo el Estado:
1. La crisis del SIAPA y el abasto de agua potable en el Área Conurbada de Guadalajara. Justo en este período vacacional, el organismo que ahora tiene como director a Ismael Jáuregui, emprende una campaña de limpieza en sus instalaciones, lo que anticipa cortes de agua que se sucederán durante los próximos cinco meses. Además, está pendiente el proyecto integral para el rescate o la definición final del SIAPA. Justo cuando el gobernador del Estado, Pablo Lemus, anuncia que se requieren 15 mil millones de pesos sólo para resolver la limpieza del agua, los diputados no están para intervenir en el ámbito de sus facultades e intereses.
2. El 1 de abril entra en función la aplicación de la nueva tarifa del transporte público. Todos los usuarios de transporte masivo (amplia mayoría) pagarán 11 pesos, la nueva tarifa que estableció el gobernador Pablo Lemus, quien en diciembre había determinado que serían 14 pesos, pero que echó para atrás ante la inconformidad social. El tema tiene una enorme cantidad de aristas y de inconformidades sociales en potencia.
De entrada, están los usuarios: no hay certeza sobre cómo se aplicarán los descuentos a estudiantes (¿en período vacacional?) que sólo pagarán 5 pesos; y también están los beneficiarios del 50% de descuento sobre la tarifa, en teoría 5.50 pesos, para adultos mayores y personas con discapacidad, entre otras.
Y después están los transportistas. Se declaran ignorantes y desatendidos sobre si recibirán el pago vía subsidio, para cobrar 14 pesos por viaje, es decir tres pesos por cada viaje.  Se están gestando protestas.
Y ante estos dos temas, los diputados del Congreso estatal estarán ausentes. De vacaciones.
Además, habría que considerar que cuando menos, en la discusión pública, la última propuesta de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo entre otros propósitos, la de reducir el presupuesto de los congresos estatales.
En Jalisco, el Congreso cuesta mil 100 millones de pesos este año. Cada uno de los 38 diputados y diputadas, le cuestan a los jaliscienses casi 27 millones de pesos por año. ¿A cambio de qué?
Los actuales legisladores llevan 17 meses en el cargo.
Durante todo este tiempo, no han alcanzado acuerdos para resolver sobre reformas importantes, como es el caso de la reforma al Poder Judicial o la reforma en materia de transparencia.
Su actuación ha contribuido muy poco para resolver problemas fundamentales como transporte y agua potable.
Siempre está la posibilidad de alegar facultades y áreas de competencia. Pero si no pueden contribuir en lo más urgente para el grueso de los ciudadanos que en teoría ellos representan, ¿entonces para qué son útiles?
Quedamos pendientes de su respuesta.

Diagnóstico tentativo del Congreso estatal

Mario Muñoz de Loza

Tres años después del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, lo único que no se ha extinguido es la impunidad. Cuarenta personas murieron encerradas, asfixiadas bajo custodia del Estado mexicano, mientras gritaban por ayuda. Y, sin embargo, la justicia sigue atrapada en el mismo cuarto: sin llaves, sin responsables de alto nivel, sin voluntad política.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió poner primero a los pobres, a los olvidados, a los vulnerables. Pero en Juárez, los migrantes no fueron prioridad: fueron desechables. Murieron en una celda que no debió existir en esas condiciones, bajo una política migratoria que criminaliza la pobreza y encierra la desesperación.
Lo más indignante no es solo la tragedia, sino lo que vino después: el encubrimiento elegante, la dilación institucional, la justicia selectiva. A tres años, el caso ni siquiera llega a juicio. Los presuntos responsables de mayor jerarquía han eludido la cárcel, mientras los de menor rango pagan el costo completo.
El entonces titular del Instituto Nacional de Migración fue acusado por un delito menor. Francisco Garduño no pisó la cárcel. Hoy, incluso, sigue en la administración pública. El mensaje es brutal: en México, la responsabilidad se diluye mientras más alto se está.
El obradorismo convirtió la narrativa en su principal escudo. Se habló de “emanaciones naturales”, de causas externas, de circunstancias casi inevitables. Pero la verdad es más simple y más devastadora: hubo negligencia, abandono y desprecio por la vida humana. No había extintores funcionales, no había protocolos, no había humanidad. Y cuando el fuego comenzó, nadie abrió la puerta.
Eso no es un accidente. Es una decisión.
La llamada transformación prometía romper con el pasado de abusos e impunidad. Pero en este caso, lo replicó con precisión quirúrgica. Trece amparos sin resolver, víctimas sin reconocimiento, familias sin reparación. Mujeres que sobrevivieron esa noche ni siquiera figuran como víctimas. Es la invisibilización como política pública.
Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que no hubo daño ambiental severo, en que todo está “bajo control”, en que el sistema funciona. Pero basta mirar Juárez para entender lo contrario: el sistema no solo falló, sino que se protege a sí mismo.
La tragedia de Juárez no es un episodio aislado, es el retrato de un gobierno que administró el poder con narrativa, pero sin rendición de cuentas. Un gobierno que habló de justicia todos los días, pero que en los hechos la pospuso, la negoció o la evitó.
Tres años después, el incendio sigue ardiendo. No en las paredes, sino en la memoria de un país que ya debería estar indignado.
Y la conclusión es ineludible: cuando el Estado encierra, abandona y luego encubre, no hay transformación posible… solo impunidad con otro nombre.

Mario Muñoz

Tres años de fuego… y de impunidad

Luis Cisneros Quirarte

En la política, hay una línea muy delgada entre la defensa legítima de los ciudadanos y la simulación administrativa. En Tlaquepaque, esa línea ha sido borrada por una incongruencia que raya en el descaro: la administración municipal ha emprendido una ofensiva jurídica y mediática contra el SIAPA, mientras arrastra una deuda que, según revelaciones recientes en el Congreso del Estado, supera los 200 millones de pesos.
La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, ha construido su narrativa reciente sobre el &#8220;triunfo judicial&#8221; tras lograr que una jueza revocara el archivo de sus denuncias por delitos ambientales contra el organismo. Con videos en mano y fe notarial, la alcaldesa denuncia descargas ilegales y agua turbia en colonias como San Martín de las Flores, El Vergel y La Micaelita. Sin embargo, su activismo omite una verdad matemática: el ayuntamiento que ella encabeza es uno de los principales morosos del sistema.
El diputado Alberto Alfaro García (PVEM) puso el dedo en la llaga esta semana al señalar que Tlaquepaque no ha pagado por el consumo de agua de sus propias dependencias y edificios públicos. La cifra es escandalosa: 200 millones de pesos que el municipio se niega a poner sobre la mesa. Es la política del &#8220;vaso roto&#8221;, como la misma alcaldesa llamó al SIAPA al votar en contra del aumento de tarifas para 2026; pero lo que no dice Pérez Segura es que ese vaso está roto, en buena medida, porque socios como ella han dejado de aportar lo que les corresponde.
¿Con qué autoridad moral se puede exigir agua de primera con un pago de cero pesos? La estrategia de Morena en el municipio parece ser la asfixia por diseño: se le regatea el presupuesto al organismo, se le retienen los pagos por servicios municipales y, acto seguido, se le demanda penalmente por la inoperatividad resultante. Es un círculo vicioso de negligencia política donde el único rehén es el vecino que abre la llave y recibe promesas en lugar de agua. Pero hay algo más grave que la deuda: el olvido de su propia corresponsabilidad institucional. Tlaquepaque no es un cliente externo; forma parte de la Junta de Gobierno del SIAPA, lo que significa que la alcaldesa se está demandando, en la práctica, a un organismo donde su propio municipio tiene voz, voto y mando.
Exigirle al SIAPA que resuelva el desastre es una demanda justa, pero hacerlo mientras se le debe una fortuna y obviando la propia responsabilidad, es una puesta en escena para el aplauso fácil. Si la presidenta municipal realmente quiere soluciones y no solo &#8220;administrar la crisis&#8221; —como ella misma pregona—, el primer paso es la honestidad fiscal. Menos denuncias penales de relumbrón y más transferencias para la infraestructura que el municipio tanto necesita. En Tlaquepaque, el agua no solo está turbia por los sedimentos, sino por la opacidad de un gobierno que exige como acreedor lo que debe como deudor.

Tlaquepaque: exigir lo que no se paga

Federico Torres López

El discurso de Mark Carney como primer ministro de Canadá, deja ver una cualidad cada vez más escasa en la comunicación política contemporánea: equilibrio. En una región donde la estridencia suele dominar el tono público, su mensaje destaca por una combinación poco común de credibilidad, razonamiento y emoción contenida.
Carney no apela al aplauso fácil ni al antagonismo simplista. Su intervención se construye desde una base técnica sólida —no sorprende, dada su trayectoria en la banca central—, pero logra traducir conceptos complejos en ideas accesibles sin sacrificar rigor. Este atributo fortalece su credibilidad: no se percibe como un político improvisado, sino como un líder que entiende la profundidad de los problemas que enfrenta y que evita prometer soluciones inmediatas a desafíos estructurales.
El razonamiento en su discurso es otro de sus pilares. A diferencia de otros líderes norteamericanos que privilegian narrativas polarizantes, Carney articula argumentos con lógica progresiva, conectando causas y efectos de manera clara. Esto no solo ordena el debate público, sino que también invita a una ciudadanía más reflexiva. En tiempos donde la sobreinformación y la desinformación conviven peligrosamente, esta claridad resulta estratégica.
Sin embargo, lo que realmente potencia su mensaje es la dosificación de la emoción. Carney no es frío, pero tampoco cae en la sobreactuación. Introduce elementos emocionales con precisión, apelando a valores compartidos como la estabilidad, la responsabilidad intergeneracional y la cohesión social. Esta moderación emocional genera confianza: el público no se siente manipulado, sino acompañado en un diagnóstico serio del presente.
El efecto de este tipo de comunicación es notable. Su discurso logra penetración no por volumen, sino por consistencia. Se posiciona como una voz madura, con oficio político, capaz de dialogar con distintos sectores sin renunciar a la firmeza. En contraste con otras figuras del entorno norteamericano, cuya visibilidad depende muchas veces de la confrontación, Carney proyecta una autoridad más silenciosa, pero posiblemente más duradera.
EL MENSAJE de Carney, no solo informa: ordena, persuade y estabiliza. En un escenario global marcado por la incertidumbre, esa combinación puede convertirse en uno de sus principales activos políticos.
El ethos (credibilidad), logos (razonamiento) y el pathos (la emoción), dinamizan en perfecta armonía el mensaje de un político maduro que entiende los tiempos presentes del mundo. Mike Carney, es un actor con oficio político que debemos seguir como un claro modelo de gobernanza.
Seguimos en conexión.

Federico Torres

El valor de la mesura; el discurso de Mark Carney en tiempos de ruido

Laura Castro Golarte

Aunque se hacen cálculos y estimaciones, algunos tipos de predicción o vaticinio, es imposible saber qué va a pasar en el mundo en los próximos meses a partir de las decisiones que está tomando el hombre anaranjado del norte y los asesores y personajes perversos que lo rodean. Incluso hay quienes afirman que el presidente de Estados Unidos no llegará a mayo porque está muy enfermo.
Quizá todo esto no es resultado sino de un ferviente deseo mundial porque sea cesado de inmediato como el presidente “de la nación más poderosa del mundo” y con eso, terminarían las agresiones, los daños y las amenazas que ha repartido a diestra y siniestra en todo el orbe, empezando por su propio país. La situación es muy grave y también hay quienes piensan –aquí me incluyo– que Estados Unidos se encamina hacia una guerra civil.
El sábado pasado, 28 de marzo de 2026, más de ocho millones de estadounidenses tomaron las calles en más de tres mil 200 manifestaciones pacíficas en todo su territorio nacional con una demanda central: “Donald Trump debe irse ¡ahora!”, en otras palabras #NoKings, el grito o demanda que distingue a este movimiento organizado prácticamente desde el momento en el que Trump tomó posesión hace poco más de un año.
Siempre he pensado que si el jefe del Ejecutivo en el país vecino va a ser detenido por algo o por alguien, es por la situación interna y por los mismos estadounidenses que son testigos y víctimas, los primeros, de las locuras de un hombre por el que la mayoría votó; y hay que decir que tener conciencia de que esa mayoría se equivocó terriblemente debe ser doloroso, frustrante e indignante. Tenemos noticias, incluso, de que muchos de sus seguidores, de los que constituían el movimiento conocido como MAGA (Make America Great Again) ya se desencantaron y el grupo está a punto de desaparecer, más los republicanos que no están de acuerdo con poco o nada de lo que urde el mandatario.
Y mientras su país arde, él discurre junto con Benjamín Netanyahu, primero, que no es guerra, que es una operación militar, esto para que el Congreso no tenga elementos para controlar (¿así de fácil es?); y segundo, con un discurso ambiguo y contradictorio, deliberadamente confuso, decidió enviar jóvenes militares estadounidenses a la guerra contra Irán: tres mil 500 infantes de la Marina y marinos de la Armada llegaron a las inmediaciones de la zona de conflicto el sábado pasado, el mismo día de las manifestaciones multitudinarias en Estados Unidos contra su presidente. Aparte, cinco mil soldados van en camino para una posible incursión terrestre.
Esta decisión es reflejo de que Trump está perdiendo en esta incursión bélica y ante su electorado cada vez más convencido de que cometió un error al votar por él; porque el compromiso del individuo era no participar en guerras (aunque ahora diga que es un operativo militar) y no enviar militares a morir, mucho menos en un conflicto que no era necesario, según declaró Joe Kent, quien era el funcionario de más alto rango de la administración Trump, en la “lucha contra el terrorismo”. Textualmente dijo: “No puedo apoyar en buena conciencia la guerra en curso en Irán”, porque ese país “no suponía ninguna amenaza inminente para nuestra nación y está claro que iniciamos esta guerra por la presión de Israel y su poderosa influencia en Estados Unidos”. Estaba dicho, pensado, declarado, pero nunca por un funcionario de ese nivel.
Y hace tres días, en un discurso por demás confuso, como ya es costumbre, se quejó de la falta de apoyo de la OTAN y adelantó la posibilidad de dejar esa organización. Afirma que el ejército de Estados Unidos es el más poderoso del mundo y que no necesita a nadie, pero entonces el reclamo en sí se puede entender como una amenaza del tipo si-no-estás-conmigo-estás-contra-mí.
Las protestas contra Trump en su propio país y en otros como el nuestro (el sábado hubo en la Ciudad de México, Puerto Vallarta y Oaxaca) van en aumento. La primera, extraordinaria, fue el 14 de junio del año pasado, justo el día del cumpleaños del hombre naranja a quien se le ocurrió organizar para ese día un homenaje a la Defensa estadounidense. Eso sucedía en Washington, D.C., mientras cientos de miles de personas tomaron las calles con la consigna #NoKings y la afirmación “Día del Desafío”. Se calculó que participaron alrededor de dos millones de participantes en más de dos mil ciudades.
La segunda protesta convocada por los mismos grupos: 50501, Our Revolution, Indivisible y MoveOne, fue el 18 de octubre de 2025 y el incremento en la participación y en el número de manifestaciones fue impresionante: más de cinco millones de manifestantes en más de tres mil puntos de la geografía estadounidense. La del sábado, como ya dije, fue en más de tres mil 200 localidades en los 50 estados y más de ocho millones de manifestantes.
El movimiento se está fortaleciendo y se suman cada vez más personajes que por sí mismos atraen multitudes, como los actores Robert De Niro, Jane Fonda, Susan Sarandon y Javier Bardem, y cantantes como Bruce Springsteen, Billie Eilish y Roger Waters. De Niro fue uno de los que afirmó que Trump se tiene que ir ya, es decir, antes de las elecciones de medio término programadas para el 3 de noviembre y dijo: “El concepto de #NoKings es un grito de guerra y ha tenido un éxito rotundo, ya que millones de nosotros hemos respondido al llamado. Apoyo este movimiento al 150 por ciento […], pero cuando la multitud corea ‘No Kings’ lo que realmente escucho es No a Trump”, particularmente porque es un presidente que como nunca, representa “una amenaza existencial” grave “para nuestras libertades y nuestra seguridad”. También se refirió a la guerra: “No al rey Trump, no a las guerras innecesarias que roban nuestros recursos, sacrifican a nuestros valientes militares y masacran inocentes”.
Joseph Geevarghese, director de Our Revolution, dijo sobre el presidente de su país: “No sólo está gobernando como un autoritario, sino que está avanzando en un sistema donde la guerra, el poder corporativo y la corrupción política están profundamente entrelazadas”, en detrimento de la mayor parte de la población. Hace cinco días, apenas, se publicaron los resultados de un estudio Gallup sobre la calidad del empleo en la Unión Americana y la administración trumpiana no queda bien parada. Hay serios temores en los trabajadores en general, particularmente en los federales, con respecto a la seguridad en su empleo; ya no se diga la calidad: sólo 40 % de los encuestados contestó que tienen empleos de calidad. Y los demás no intentan cambiar de empleo porque consideran que sería difícil encontrarlo.
La situación es muy grave en Estados Unidos, con su gente. En cuanto a la guerra, los calificativos se acaban y las decisiones desafortunadas y peligrosas de los ofensivos se suceden. Baste decir que ayer, Domingo de Ramos, una de las mayores celebraciones católicas de todo el año, la policía de Israel siguió órdenes para impedir que la misa correspondiente en la Basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalén, se celebrara, sí, en Tierra Santa.
Difícil saber cuándo y cómo terminará este entorno bélico, innecesario, inhumano e injusto que transgrede todas las reglas de la política internacional y nos afecta a todos, sin embargo, las mismas decisiones que ellos toman y las reacciones mundiales de la gente y de algunos líderes quizá pronto –ojalá, ojalá, ojalá– cambien nuestra realidad hacia una pacífica y más justa.

Mensaje global urgente: #NoKings, ya

Isaura Amador

En los últimos años, la palabra “innovación” se ha vuelto casi obligatoria en el discurso público. Todo tiene que ser innovador: plataformas, aplicaciones, procesos. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a hacer una pregunta básica: ¿realmente está mejorando la vida de las personas?
En el gobierno, innovar no debería significar hacer las cosas más complejas, sino todo lo contrario. De poco sirve digitalizar un trámite si sigue siendo confuso, tardado o innecesario. La verdadera innovación es la que simplifica, la que ahorra tiempo, la que elimina pasos, la que evita que una persona tenga que ir tres veces a la misma oficina para resolver lo mismo.
Ahí está la diferencia entre modernizar y transformar.
En una ciudad como Zapopan, donde millones de interacciones ocurren todos los días entre ciudadanía y gobierno, cada mejora en la atención cuenta. Un reporte que se atiende más rápido, un canal que funciona las 24 horas, un trámite que se puede resolver sin intermediarios. No son cambios espectaculares, pero sí profundamente significativos.
Herramientas como los canales de atención directa o los sistemas de reporte ciudadano no son innovadoras por sí mismas. Lo son cuando realmente funcionan, cuando generan respuesta y cuando construyen confianza. De lo contrario, se convierten en una capa más de frustración.
Porque innovar en lo público no es incorporar tecnología: es resolver problemas.
También implica tomar decisiones difíciles. Quitar procesos que no sirven, simplificar reglas, revisar inercias administrativas. A veces, lo más innovador no es agregar, sino quitar. Y eso exige algo que no siempre se dice: entender cómo funciona el gobierno desde dentro.
Conocer sus tiempos, sus limitaciones, sus áreas de oportunidad. Solo así se puede mejorar sin improvisar.
En Zapopan, esta lógica se ha construido a lo largo del tiempo. La continuidad en el gobierno ha permitido no solo mantener procesos, sino mejorarlos. Hoy, el municipio se posiciona como referente en mejora regulatoria y buenas prácticas a nivel nacional, con avances que no son resultado de un solo esfuerzo, sino de una evolución constante.
Ejemplos concretos lo demuestran. La certificación PROSARE, otorgada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en 2023, o la certificación internacional ISO 9001:2015 —renovada por segunda ocasión en la Dirección de Padrón y Licencias— reflejan procesos más claros y confiables. A esto se suma el Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ), donde es posible realizar más de 500 trámites de los tres niveles de gobierno en un solo lugar, así como el RETyS, el Registro Electrónico de Trámites y Servicios, que permite consultar, descargar formatos y agendar citas en línea para cientos de gestiones.
No se trata solo de tecnología o certificaciones. Se trata de facilitarle la vida a las personas. Hoy, más que gobiernos que acumulen herramientas, necesitamos gobiernos que hagan que las cosas sean más fáciles. Que entiendan que cada minuto que una persona pierde en un trámite es tiempo que no regresa.
Porque al final, la innovación que importa no es la que se presume. Es la que se siente.

Innovar sin complicar: cuando el gobierno sí facilita la vida

Laura Haro Ramirez

Luego de la derrota de la Reforma Electoral, Morena se fue a las leyes secundarias y logró aprobar su famoso Plan B, sí, pero no tal como lo hubieran deseado en Palacio Nacional. El eje central de la propuesta, adelantar la revocación de mandato a 2027, fue extirpado en el Senado y no por la oposición, sino por uno de sus propios aliados. El momento político es revelador: un partido todopoderoso que, aun con mayoría artificial, no consigue disciplinar a su coalición, ni imponer su plan de acción.
La revocación de mandato no era un asunto menor; empatar este ejercicio de promoción de la presidenta con la elección intermedia del 2027, habría convertido la campaña “presidencial” en el paraguas de las campañas por gubernaturas, alcaldías y congresos de morena y sus aliados. Su eliminación no solo desactiva esa ventaja, también expone un rompimiento al interior del bloque oficialista conformado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde.
Mientras que en Palacio Nacional insisten en minimizar el episodio, hablando de acuerdos y madurez, la opinión pública no deja de comentar que se trata de una derrota política cantada para Morena. Pese a esto, el Plan B aprobado ha generado otro tipo de cuestionamientos sobre la injerencia dentro de los congresos locales y los cabildos municipales.
En sí, la reforma original, el llamado Plan A, ya había fracasado mucho antes por el desacuerdo de los propios aliados del régimen en cuanto a la reducción de financiamiento público a los partidos políticos y la eliminación de diputados plurinominales; ahora el Plan B, diseñado como una alternativa viable, terminó también mutilado: dos intentos consecutivos, dos resultados desfavorables. La narrativa del partido que tiene el apoyo del pueblo y las mayorías comienza a desmoronarse.
En política, los ciclos no se rompen de manera súbita; se desgastan poco a poco cuando se incumplen acuerdos, cuando se trabaja de manera inequitativa o cuando se trata con desdén a las otras partes. Todo esto es lo que ha hecho Morena. Lo ocurrido en el Senado de la República es muestra de ello, pero además deja en evidencia un punto de inflexión: la debilidad del oficialismo marca el tiempo de unidad para ponerle un alto al autoritarismo; queda claro que cuando vamos TODOS juntos, el régimen no avanza.
El declive ya comenzó, Morena está en la lona y la oposición no debe perder un solo minuto en enfrentarse entre sí. Tenemos claro quién es el adversario de México; lo que no queda del todo claro es si Acción Nacional y Movimiento Ciudadano quieren enfrentarlo. El llamado del PRI no es difícil de entender, o nos aliamos o dejamos pasar la oportunidad de cambiar el rumbo del país.

Laura Haro

El fracaso del Plan B, una derrota política cantada

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Elementos de la Secretaría de Marina realizaron labores de limpieza en playas del estado de Veracruz, donde recolectaron más de 1.2 toneladas de fragmentos de hidrocarburo, conocidos como chapopote. Las acciones se llevaron a cabo en un tramo cercano a los 10 kilómetros en la zona de playa El Jiote, en la localidad de Antón Lizardo.

De acuerdo con la información oficial, el operativo contó con la participación de 50 elementos de la Marina, así como alrededor de 40 civiles que se sumaron a la jornada. En conjunto, lograron retirar los residuos distribuidos a lo largo de 9.6 kilómetros de litoral, en una actividad coordinada entre autoridades y habitantes de la zona.

Durante las labores, se reportó la presencia de fragmentos de chapopote en pequeñas porciones, lo que complicó su recolección debido al movimiento del agua. Habitantes que participaron en la limpieza señalaron que los residuos regresaban con el oleaje, lo que dificultó avanzar en la limpieza del área afectada.
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En esta misma zona, se registró la afectación a fauna marina. Una tortuga verde fue localizada con residuos adheridos a su cuerpo, por lo que fue trasladada al Acuario de Veracruz para su atención y rehabilitación.

Los reportes de contaminación en playas del municipio de Alvarado se han mantenido durante más de 20 días. Pescadores de la comunidad de Salinas informaron afectaciones en sus herramientas de trabajo, debido a la presencia de chapopote en el mar, lo que ha limitado sus actividades.

En distintos puntos de la costa también se reportaron hallazgos de fauna sin vida, incluido un delfín en la zona de la Riviera Veracruzana. Autoridades iniciaron labores de revisión para determinar las causas, mientras que la Secretaría de Marina informó que en otras áreas de Alvarado se han recolectado más de 300 kilogramos adicionales de hidrocarburo.
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Veracruz: Recolectan más de mil kilogramos de chapopotle

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