Tres años de fuego… y de impunidad

Tres años después del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, lo único que no se ha extinguido es la impunidad. Cuarenta personas murieron encerradas, asfixiadas bajo custodia del Estado mexicano, mientras gritaban por ayuda. Y, sin embargo, la justicia sigue atrapada en el mismo cuarto: sin llaves, sin responsables de alto nivel, sin voluntad política.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió poner primero a los pobres, a los olvidados, a los vulnerables. Pero en Juárez, los migrantes no fueron prioridad: fueron desechables. Murieron en una celda que no debió existir en esas condiciones, bajo una política migratoria que criminaliza la pobreza y encierra la desesperación.

Lo más indignante no es solo la tragedia, sino lo que vino después: el encubrimiento elegante, la dilación institucional, la justicia selectiva. A tres años, el caso ni siquiera llega a juicio. Los presuntos responsables de mayor jerarquía han eludido la cárcel, mientras los de menor rango pagan el costo completo.

El entonces titular del Instituto Nacional de Migración fue acusado por un delito menor. Francisco Garduño no pisó la cárcel. Hoy, incluso, sigue en la administración pública. El mensaje es brutal: en México, la responsabilidad se diluye mientras más alto se está.

El obradorismo convirtió la narrativa en su principal escudo. Se habló de “emanaciones naturales”, de causas externas, de circunstancias casi inevitables. Pero la verdad es más simple y más devastadora: hubo negligencia, abandono y desprecio por la vida humana. No había extintores funcionales, no había protocolos, no había humanidad. Y cuando el fuego comenzó, nadie abrió la puerta.

Eso no es un accidente. Es una decisión.

La llamada transformación prometía romper con el pasado de abusos e impunidad. Pero en este caso, lo replicó con precisión quirúrgica. Trece amparos sin resolver, víctimas sin reconocimiento, familias sin reparación. Mujeres que sobrevivieron esa noche ni siquiera figuran como víctimas. Es la invisibilización como política pública.

Mientras tanto, el discurso oficial insiste en que no hubo daño ambiental severo, en que todo está “bajo control”, en que el sistema funciona. Pero basta mirar Juárez para entender lo contrario: el sistema no solo falló, sino que se protege a sí mismo.

La tragedia de Juárez no es un episodio aislado, es el retrato de un gobierno que administró el poder con narrativa, pero sin rendición de cuentas. Un gobierno que habló de justicia todos los días, pero que en los hechos la pospuso, la negoció o la evitó.

Tres años después, el incendio sigue ardiendo. No en las paredes, sino en la memoria de un país que ya debería estar indignado.

Y la conclusión es ineludible: cuando el Estado encierra, abandona y luego encubre, no hay transformación posible… solo impunidad con otro nombre.