Luz del Carmen Godínez

Cada 24 de marzo nos detenemos para recordar el Día Internacional del Derecho a la Verdad. No es solo una fecha en el calendario, es un llamado a las víctimas, a sus familias y a toda la sociedad a no olvidar, a exigir respuestas y a hacer de la verdad una práctica cotidiana.
Cuando hablo de verdad, no me refiero a una idea lejana o técnica. Hablo de personas que buscan a sus seres queridos; de madres y padres que no dejan de preguntar qué pasó; de hijas e hijos que necesitan saber. Hablo de la exigencia de conocer quiénes fueron los responsables, cuáles fueron las circunstancias y por qué ocurrieron hechos que rompieron vidas. Esa verdad es el primer paso para la justicia, la memoria y la reparación.
La verdad también exige reconocimiento público, nombrar lo ocurrido, dar rostro a las víctimas y evitar que el silencio o la negación borren el sufrimiento. Mantener viva la memoria colectiva es una defensa contra la repetición. Pero la memoria solo tiene sentido si la acompañamos con acciones, investigaciones serias, la participación activa de las víctimas en los procesos, y la exigencia de responsabilidades a quienes, por acción u omisión, permitieron estas violaciones.
Se recuerda hoy, además, la figura de monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien dio su vida denunciando la violencia y la impunidad, asesinado el 24 de marzo de 1980 por denunciar violaciones a derechos humanos en El Salvador. Su voz firme y humanista se convirtió en símbolo de resistencia frente al silencio y la impunidad. Su ejemplo nos recuerda que la defensa de los derechos humanos parte de la valentía de quienes alzan la voz ante la injusticia.
En Jalisco estamos frente a desafíos enormes. Aún hay miles de familias buscando a sus desaparecidos; persisten quejas por tortura y hay muchas muertes sin una respuesta institucional adecuada. Detrás de cada cifra hay una historia, un rostro que pide ser escuchado. Por eso, el derecho a la verdad no puede ser solo una declaración, debe ser una práctica que involucre a toda la comunidad.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco trabajamos con ese propósito. Rendimos cuentas porque la transparencia es una forma de respeto. En 2025 recibimos más de 3 mil 300 quejas y atendimos a casi 7 mil personas relacionadas con violaciones de derechos humanos; documentamos 231 casos de desaparición forzada o involuntaria y emitimos 41 Recomendaciones por violaciones graves. Esos números son esfuerzos, pero también recordatorios de lo que falta por hacer.
Nuestra labor incluye documentar, visibilizar, acompañar a las familias, facilitar su participación en los procesos y exigir a las autoridades que investiguen y reparen. Pero no lo hacemos solos, la verdad se construye en colectivo.
Cuando comunidades organizadas, organizaciones civiles, medios responsables y autoridades honestas trabajan unidas, la posibilidad de justicia crece y la impunidad disminuye.
Mi invitación es clara, no permanezcamos en silencio. Si eres víctima o familiar, acércate, presenta tu queja, pide acompañamiento. Si eres parte de la sociedad, guarda la memoria con respeto, exige respuestas y acompaña a quienes sufren. Y si perteneces a una autoridad, asume tu responsabilidad con transparencia y acción.
Solo a través de la memoria activa, la denuncia y la participación colectiva podremos romper el ciclo de impunidad y hacer de la verdad una realidad accesible para todas las personas.
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El derecho a la verdad frente a las violaciones graves de derechos humanos

En los últimos años, miles de personas que viven en la Zona Metropolitana de Guadalajara han expresado una preocupación que toca lo más esencial de la vida cotidiana: el agua que llega a sus hogares. En distintos momentos, vecinas y vecinos han reportado agua turbia, problemas en el suministro o incertidumbre sobre su calidad. Esta situación no solo genera inquietud legítima, también nos obliga a reflexionar sobre algo fundamental: el acceso al agua potable es un derecho humano.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco hemos dado seguimiento a este tema. En 2022 emitimos la Recomendación 10/2022, derivada de múltiples inconformidades ciudadanas relacionadas con la falta de agua potable y la presencia de agua turbia en distintas colonias de la ciudad. Las quejas surgieron particularmente durante el periodo de estiaje de 2021, cuando se registraron reportes en más de un centenar de colonias de la metrópoli. 
Nuestra investigación permitió acreditar que estas situaciones constituyen violaciones a diversos derechos humanos, entre ellos: el derecho al agua y al saneamiento, a la protección de la salud, al medio ambiente sano y a la seguridad jurídica. 
El derecho humano al agua implica que todas las personas deben tener acceso a agua suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Cuando el agua que llega a los hogares no cumple con condiciones de calidad o disponibilidad, la vida diaria se vuelve más difícil: cocinar, limpiar o simplemente beber agua con confianza deja de ser algo garantizado.
La Recomendación que emitimos no se dirigió a una sola autoridad. El problema del agua es complejo y requiere coordinación entre distintas instituciones responsables de su gestión, vigilancia sanitaria, infraestructura y operación del servicio. Por ello, la Comisión señaló la necesidad de fortalecer la planeación, mejorar la infraestructura, transparentar la información sobre la calidad del agua y adoptar políticas públicas que prevengan crisis similares en el futuro. 
Hoy, el tema vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública. En días recientes, autoridades sanitarias han emitido recomendaciones preventivas sobre el uso del agua en diversas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, mientras se realizan análisis sobre su calidad.
Ante situaciones como estas, es fundamental actuar con responsabilidad, transparencia y coordinación. La población tiene derecho a recibir información clara, oportuna y confiable sobre el agua que llega a sus hogares, así como a conocer las medidas que se están implementando para garantizar su seguridad.
Pero también es importante recordar que el derecho al agua no se garantiza únicamente reaccionando ante las crisis. Requiere planeación a largo plazo, inversión en infraestructura, cuidado de nuestras cuencas y políticas públicas que anticipen los efectos del crecimiento urbano y del cambio climático.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco seguiremos atentos a este tema. Nuestro compromiso es acompañar a la ciudadanía, dar seguimiento a las Recomendaciones emitidas y vigilar que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar los derechos humanos.
El agua no es solo un servicio público. Es una condición indispensable para la salud, la dignidad y la vida misma.
Garantizarla es una tarea que nos corresponde a todas y todos: autoridades, instituciones y sociedad.
Porque cuando hablamos de agua, hablamos del derecho a vivir con dignidad.
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El derecho al agua: una responsabilidad compartida

En el marco del #8M, Día Internacional de la Mujer, quiero compartir una reflexión no solo como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), sino también como mujer comprometida con la defensa y promoción de los derechos fundamentales de todas las jaliscienses.
Esta fecha nos invita a una profunda reflexión sobre los avances que hemos logrado en materia de igualdad de género, pero también nos exige reconocer los desafíos que aún persisten y que demandan una acción firme y coordinada.
Desde la CEDHJ, somos conscientes de la larga trayectoria de lucha que han emprendido las mujeres para conquistar espacios, superar barreras y hacer valer sus derechos. Celebramos cada logro, cada victoria, cada paso que nos acerca a una sociedad más justa e igualitaria.
Hemos visto a mujeres destacarse en todos los ámbitos: en la ciencia, la tecnología, la política, la cultura, el deporte. Mujeres que lideran, que innovan, que inspiran. Mujeres que transforman el mundo con su talento, su inteligencia y su compromiso.
Sin embargo, no podemos ignorar la realidad que enfrentan muchas mujeres en Jalisco y en todo el país. La violencia de género, la discriminación laboral, la brecha salarial, la falta de acceso a oportunidades, son problemas que siguen afectando a miles de mujeres y que limitan su desarrollo personal y profesional.
Los datos que recabamos en la CEDHJ son alarmantes. Las quejas por violencia familiar, acoso laboral y discriminación siguen siendo recurrentes. Y lo más grave: los feminicidios continúan siendo una dolorosa realidad que nos exige redoblar esfuerzos para proteger la vida y la integridad de las mujeres.
En memoria de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, defensora de derechos humanos y víctima de feminicidio, y de todas las mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia machista, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente para erradicar este flagelo.
Desde la CEDHJ, estamos implementando diversas acciones para promover la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres:
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<li>Investigamos y documentamos las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, emitiendo recomendaciones a las autoridades competentes para que adopten medidas correctivas y preventivas.</li>
<li>Brindamos asesoría jurídica y acompañamiento a las víctimas de violencia de género, garantizando su acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.</li>
<li>Realizamos actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, con el objetivo de promover una cultura de respeto a los derechos de las mujeres.</li>
<li>Colaboramos con otras instituciones y organizaciones para fortalecer la coordinación y la respuesta integral a la violencia de género.</li>
</ul>
Pero sabemos que el trabajo de la CEDHJ no es suficiente. Necesitamos el compromiso de todas y todos para construir una sociedad más justa e igualitaria.
Por eso, en el marco del Día Internacional de la Mujer, les invito a:
<ul>
<li>Informarse sobre sus derechos y exigir su cumplimiento.</li>
<li>Denunciar cualquier forma de violencia o discriminación que presencien o sufran.</li>
<li>Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres.</li>
<li>Reflexionar sobre sus propios prejuicios y estereotipos de género, y comprometerse a construir relaciones más equitativas y respetuosas.</li>
</ul>
Desde la CEDHJ, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente por la igualdad y la justicia para todas las mujeres de Jalisco. Porque creemos que un futuro mejor es posible, un futuro donde todas las mujeres puedan vivir libres, seguras y plenas.
Un vuelo constante, con la mirada fija en la igualdad.
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Día Internacional de la Mujer: avances, desafíos y compromiso desde los derechos humanos

Los días 22 y 23 de febrero, Jalisco vivió hechos que nos hicieron sentir vulnerables y pusieron en pausa nuestra rutina. Esa inquietud no es solo una reacción individual; nos recordó que la seguridad y la dignidad se defienden en colectivo. Frente a la incertidumbre, la respuesta más firme y eficaz es la unión.
Cuando hablo de colectivo no me refiero sólo a autoridades o instituciones, hablo de vecinas y vecinos que se organizan, de escuelas que abren sus puertas para el diálogo, de organizaciones civiles que acompañan a las víctimas, de medios de comunicación que informan con responsabilidad y de familias que recuperan la confianza en sus barrios. Construir paz es un trabajo compartido donde cada aporte suma y cada omisión duele.
Jalisco tiene fuerza, la fuerza del trabajo cotidiano, del talento y de las ganas de vivir en un entorno digno, pero esa fuerza necesita canalizarse en redes de apoyo reales.
Hoy, el llamado es claro: Recuperemos los espacios públicos que nos pertenecen, volvamos a habitarlos con respeto y sentido de comunidad. Reconstruir el tejido social es el camino hacia una paz duradera, una paz que no solo implica ausencia de violencia, sino presencia de confianza, diálogo y unidad.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco asumimos esa visión colectiva. Al presentar nuestro Informe Anual 2025 refrendamos la obligación de rendir cuentas, pero también reafirmamos la cercanía con la gente. Este año logramos avances importantes, abatimos 97% del rezago en quejas por desaparición, emitimos cuatro Recomendaciones concentradoras que atendieron 240 casos y reconocimos a más de 600 víctimas directas e indirectas, impulsando su acceso a una reparación integral. Esos números representan historias recuperadas, pasos hacia la justicia y la escucha activa con quienes sufren.
Sin embargo, los logros institucionales son solo una parte. La defensa de los derechos requiere de la participación activa de la sociedad. Cuando la comunidad denuncia, acompaña y exige soluciones, se traza un camino más sólido hacia la paz. Cuando las instituciones responden con transparencia y prontitud, se restituye la confianza. Ambos esfuerzos deben ir de la mano, es decir, ciudadanía e instituciones.
Actuemos juntos por la justicia, la igualdad y la dignidad humana. Construyamos entre todas y todos el Jalisco en paz que merecemos.
Para conocer a detalle los avances, retos y resultados de nuestro trabajo, les invito cordialmente a consultar el INFORME ANUAL 2025 de la CEDHJ, donde encontrarán información transparente y completa sobre las acciones realizadas en favor de los derechos humanos.
Pueden acceder al informe a través del siguiente enlace: <a href="https://cedhj.org.mx/presidencia/informes">https://cedhj.org.mx/presidencia/informes</a>
Su lectura y reflexión fortalecen el diálogo público y la participación ciudadana que tanto necesitamos.
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Reconstruir el tejido social para recuperar la paz

En Jalisco, hablar de grandes obras de infraestructura suele ser sinónimo de modernidad y desarrollo. Pero detrás de cada proyecto hay una pregunta que no podemos ignorar: ¿Qué pasa con las personas que ya viven en esos territorios?
Esta es la situación que hoy enfrentan las y los habitantes de Pueblo Quieto, en Guadalajara, ante el anuncio de su desalojo para la construcción de infraestructura ferroviaria del gobierno federal, lo que nos obliga a mirar este tema desde una perspectiva de derechos humanos.
No se trata de estar a favor o en contra del tren. Se trata de algo más básico, ya que ninguna obra pública, por importante que sea, puede justificar que se deje a las personas en la incertidumbre, sin información clara o sin alternativas dignas. El desarrollo no puede significar que unas y unos avancen mientras otros pierden su casa, su entorno y su proyecto de vida.
Cuando se habla de un posible desalojo, no solo está en juego el derecho a la vivienda. También se vulneran otros derechos como el derecho a la información, a la participación, al debido proceso y los derechos de niñas, niños, personas mayores y con discapacidad, que requieren una protección especial en cualquier reubicación.
Los estándares nacionales e internacionales son claros: los desalojos deben ser la última opción y, si resultan estrictamente necesarios, deben hacerse con garantías mínimas indispensables como: información previa, diálogo, alternativas de vivienda adecuada y medidas para evitar el uso de la fuerza.
Por ello, es obligación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recordar a las autoridades municipales, estatales y federales que, antes de iniciar cualquier proyecto, es necesario colocar al centro a las personas. No basta con “avisar” a la comunidad; se requiere un proceso real de diálogo y consulta.  No basta con ofrecer cualquier lugar; la reubicación debe garantizar vivienda digna, acceso a servicios, educación, salud y posibilidades de empleo. No basta con decir que “es por el bien de todos”; también debe ser por el bien de quienes hoy viven ahí y temen perderlo todo.
Por ello, esta defensoría propone algunos pasos básicos que deberían asumirse como compromisos mínimos: información transparente y accesible para todas las familias de Pueblo Quieto, por escrito y en reuniones directas, sobre el proyecto, los plazos y las alternativas. Mesas de diálogo con representación de la comunidad, autoridades responsables de la obra y acompañamiento de organismos de derechos humanos. Plan de reubicación digno y atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad.
Como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, reitero que nuestra tarea es acompañar, documentar y exigir que cualquier acción en esta zona se realice con pleno respeto a la dignidad de las personas.
El verdadero desarrollo se mide no solo por las obras que se construyen, sino por la forma en que el Estado trata a quienes se ven afectados por ellas. En Pueblo Quieto, hoy, está a prueba esa coherencia.

Pueblo Quieto: el progreso no puede pasar por encima de las personas

Cuando era niña, como muchas otras, aprendí que la ciencia era “cosa seria”: laboratorios, batas blancas, fórmulas complicadas. Pero casi nunca veía a mujeres en esas imágenes. Con los años entendí que eso no era casualidad, pues durante siglos, la ciencia ha sido presentada como un espacio abierto para el conocimiento y el progreso, pero en la práctica ha sido un terreno profundamente desigual para las mujeres.
Hoy, afortunadamente, sus historias ya no pasan desapercibidas. En todo el mundo, y también en nuestro país, hay científicas jóvenes y adultas que son referentes de inspiración. Sus logros nos recuerdan que la igualdad de género en la ciencia no es un detalle menor ni un tema de moda, es una cuestión de justicia y de derechos humanos.
Por eso, en 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. No es una fecha decorativa en el calendario, es un llamado directo a gobiernos, instituciones, familias, comunidades educativas y medios de comunicación para que dejemos de ver a las mujeres como invitadas ocasionales en la ciencia y las reconozcamos como protagonistas.
Las cifras nos ponen frente a la realidad. De acuerdo con la Unesco, menos del 30 por ciento de las personas que se dedican a la investigación científica en el mundo son mujeres; el problema no es la falta de talento, sobra talento femenino. Lo que sobran son estereotipos. A muchas niñas se les sigue enviando el mismo mensaje, una y otra vez, “la ciencia es muy difícil”, “las matemáticas no son para ti”, “mejor estudia algo más sencillo”. A veces se dice con palabras, otras, con miradas, con chistes, con la ausencia de modelos femeninos en los libros y en los medios.
Cada vez que una niña empieza a dudar de sí misma y piensa que no es “capaz” de estudiar una carrera científica solo por ser mujer, perdemos todas y todos. Perdemos una mente que pudo aportar soluciones nuevas, una mirada distinta, una sensibilidad que hace falta en la toma de decisiones. Y también se vulneran derechos fundamentales: el derecho a la igualdad, a la educación, a decidir libremente su proyecto de vida.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, este tema es muy claro:  
– Las niñas y las mujeres tienen derecho a acceder a la educación científica en igualdad de condiciones.  
– Tienen derecho a participar, aportar y liderar en los espacios de ciencia y tecnología.  
– Tienen derecho a vivir y trabajar en entornos libres de violencia, acoso y discriminación.
Apoyar a las mujeres y a las niñas que quieren dedicarse a la ciencia no es un favor ni un gesto de buena voluntad. Es una decisión justa, inteligente y necesaria. Es defender su derecho a soñar en grande y a construir el futuro con las mismas oportunidades que cualquier hombre.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, vemos en cada niña que sueña con ser científica una posibilidad de transformar el mundo. Cuando una niña entiende que puede ocupar un lugar en la ciencia, cuando una joven entra a un laboratorio sin miedo a ser minimizada, cuando una mujer científica es reconocida por su trabajo, no solo avanzan ellas: avanzamos todas y todos.
Porque cada vez que se abre una puerta para una niña o una mujer en la ciencia, se abre también una puerta para una sociedad más justa, más igualitaria y más humana. Y ese es, precisamente, el corazón de los derechos humanos.
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Voces femeninas en la ciencia: inspiración y desafíos en el siglo XXI

A menudo me preguntan: ¿para qué sirve realmente una Comisión de Derechos Humanos? ¿Sólo aparece cuando ya pasó algo grave y hay que señalar a quien se equivocó?&#8230; Mi respuesta es clara: nuestra mayor victoria en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) no llega cuando emitimos una Recomendación, sino cuando logramos que la violación nunca ocurra. Esa es la fuerza preventiva de la educación y de la formación en derechos humanos.
Capacitar en derechos humanos es, en palabras sencillas, darle a la sociedad un escudo invisible.
Cuando una persona policía se forma en el uso legítimo de la fuerza; cuando el personal de salud entiende que la objeción de conciencia no puede usarse para discriminar, sobre todo a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual; o cuando una maestra o maestro aprende a dirigir un aula inclusiva, estamos construyendo una barrera frente al abuso y la arbitrariedad. Y esa barrera protege a todas y todos.
Para poder ejercer y defender nuestros derechos en la vida diaria, primero necesitamos conocerlos. Por eso, contar con una estrategia de capacitación y actualización en derechos humanos no es un lujo, es una necesidad para fortalecer el tejido social y para que tengamos acuerdos básicos sobre lo más importante: la dignidad, la libertad, la posibilidad de decidir sobre nuestra propia vida.
¿De qué hablamos cuando hablamos de capacitar en derechos humanos?  
Hablamos de educar y formar a personas, grupos y comunidades en principios que nos pertenecen a todas y todos, sin importar edad, origen, creencias o condición: igualdad, dignidad, no discriminación, justicia.  
Hablamos también de conocer el marco legal internacional que respalda estos principios, como la Carta Internacional de los Derechos Humanos, pero explicado de forma clara y entendible.
Esta capacitación no se queda en la teoría. Incluye desarrollar habilidades prácticas para:
&#8211; Reconocer cuándo se está violando un derecho.
&#8211; Saber qué hacer y a dónde acudir.
&#8211; Y aprender a resolver conflictos desde la paz, el respeto y la tolerancia.
Cuando una persona sabe esto, se empodera: participa, exige, acompaña a otras personas y deja de normalizar la violencia o el maltrato.
Ahora bien, la capacitación solo funciona si es accesible para todas las personas. Por eso, la actualización de los programas educativos no puede ser solo un cambio de formato o de imagen. En la CEDHJ hemos optado por transformar la forma en que enseñamos: usamos plataformas virtuales dinámicas, incorporamos casos reales y materiales multimedia.
La teoría sin práctica se queda en “letra muerta”. La investigación nos dice qué está mal; la capacitación es la medicina que atiende las causas profundas de la violencia y la discriminación.
Durante 2025, en la CEDHJ intensificamos esta labor: realizamos más de mil actividades de formación, capacitación, divulgación, promoción e investigación. Detrás de este número no hay solo reportes o registros administrativos: hay miles de servidoras y servidores públicos que hoy entienden que su trabajo diario es garantizar derechos, y miles de ciudadanas y ciudadanos que ahora conocen mejor cómo defender su dignidad y la de quienes les rodean.
¿Y tú qué puedes hacer desde tu espacio?
&#8211; Si trabajas en el servicio público: participa en las capacitaciones, cuestiónalas, propón temas, llévalas a la práctica.  
&#8211; Si formas parte de una escuela, colectivo, empresa o comunidad: acércate a la CEDHJ para solicitar talleres o materiales; la educación en derechos humanos mejora la convivencia.  
&#8211; Si eres una persona ciudadana que quiere informarse: visita nuestras plataformas, escucha los contenidos, comparte la información y acompaña a quien creas que está viviendo una injusticia.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco seguiremos apostando por la formación y la capacitación como nuestra principal herramienta de cambio.
Porque una sociedad que conoce sus derechos no permite que se los arrebaten, y porque la educación, cuando es accesible y cercana, sigue siendo la forma más poderosa de transformar la realidad.
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La formación y la capacitación: nuestro mejor escudo para cuidar los derechos humanos

Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, es de vital importancia posicionarse institucionalmente respecto de los acontecimientos recientes relacionados con el seguimiento de la Acción de Inconstitucionalidad 72/2022, presentada por esta Comisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la inconstitucionalidad del artículo 23, fracción VIII, relativo al levantamiento de una nueva acta de nacimiento de “persona mayor de edad” para el reconocimiento de identidad de género de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, aprobada por el Congreso del Estado y publicada el 9 de abril de 2022 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, lo que contrapone el interés superior de las infancias trans y la progresividad de los derechos humanos adquiridos dentro del decreto de modificación del Reglamento del Registro Civil del Estado de Jalisco, sobre el reconocimiento del derecho a la identidad autoapercibida de las infancias trans.
Es importante enfatizar que la infancia es una etapa crucial en el desarrollo de una persona, y es esencial que toda la niñez, independientemente de su identidad de género, pueda vivir en un entorno seguro, respetuoso y libre de violencias y discriminación. Este tema ha cobrado relevancia en los últimos años en materia de derechos humanos, lo que implica un cambio profundo a la perspectiva adultocentrista, que deje de lado la visión patologizante y binaria que estigmatiza la autodeterminación de la niñez, en particular de las infancias trans.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Opinión Consultiva 24/2017 estableció el estándar mínimo del reconocimiento de la identidad de género autopercibida en el acta de nacimiento de las infancias trans.
Se establece que el procedimiento debe ser administrativo y de ser posible, gratuito, enfocado a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida, confidencial, basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante, sin que se le exijan requisitos como certificados médicos o psicológicos u otros que puedan resultar patologizantes, tampoco debe exigir la acreditación de intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales.
Por ello, el 15 de junio de 2023, la SCJN, a través del comunicado de prensa 213/2023, declaró la acción de inconstitucionalidad del artículo 23 fracción VIII de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, para proteger el derecho al reconocimiento de la identidad de género autopercibida de niñas, niños y adolescentes en la entidad. 
A pesar de lo anterior, seis ocasiones, el Congreso del Estado determinó no aprobar la reforma a la Ley del Registro Civil de Jalisco, lo que derivó en el incumplimiento de la Acción de Inconstitucionalidad 72/2022, pese que se otorgaron doce meses para adecuar la legislación.
En reiteradas ocasiones, la SCJN ha sido clara al señalar que el restringir el derecho a la identidad de género autopercibida en el acta de nacimiento de las infancias trans constituye una violación a sus derechos humanos.
Este escenario invita a la reflexión a lo que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos de México, la cual reconoce que todas las personas gozan de los derechos humanos y prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas, lo que incluye a la infancia trans.
Por ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco refrenda su compromiso institucional en favor de los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan en Jalisco, en particular de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad e históricamente discriminadas. Por lo que se hace un llamado a que se materialicen todos los cambios legislativos, administrativos y de buenas prácticas institucionales para garantizar que las personas de la diversidad sexual, en particular las infancias trans, vivan libres de violencias y con pleno respeto a su dignidad humana.
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La efectiva tutela de los derechos humanos de las infancias trans en Jalisco

Nora Ampudia

Tasa a la baja, riesgo de inflación al alza: el dilema del Banco de México

Vicente Viveros

El Mundial

Staff quiero tv

Mi pecho no es bodega

Aldo Arturo González

Un Tri naturalizado

Ricardo Duran

Vasco, “milando”

Cada ausencia deja una herida. No es solo una cifra, es una mesa con un lugar vacío, una madre que no deja de preguntar, un joven cuyos planes se interrumpieron. La desaparición de una persona es una de las violaciones más graves a los derechos humanos porque atenta contra la dignidad, la seguridad y la paz de toda una comunidad. Desde un enfoque de derechos humanos, esto nos obliga a actuar no solo con eficacia, sino con humanidad, justicia y perspectiva de protección.
Hablar de desaparición desde los derechos humanos significa poner a las personas en el centro, reconocer a las víctimas y sus familias como sujetos de derechos, garantizar su participación en las investigaciones, proteger su integridad y procurar reparación integral. También implica exigir responsabilidades a las autoridades y asegurar transparencia en cada paso de la búsqueda y la investigación. La justicia no es completa si no incluye verdad, memoria y reparación.
Un riesgo que hoy debemos atender con urgencia es el reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por grupos delictivos. Muchas veces comienza con engaños, promesas de empleo o presión social, y termina en violencia o en la desaparición. Prevenir este daño es una obligación de todas y todos; del Estado, que debe crear políticas públicas efectivas, de las escuelas y los espacios comunitarios, que deben ofrecer alternativas y protección, y de la sociedad, que debe estar informada y vigilante.
La prevención desde los derechos humanos no es solo hablar de seguridad. Es garantizar educación de calidad, oportunidades laborales, espacios seguros para la juventud y servicios de protección para quienes están en situación de riesgo. Es combatir la desigualdad y la exclusión que empujan a muchas personas hacia caminos peligrosos. Es reconocer que cada medida debe respetar la no discriminación, la debida diligencia y el interés superior de las niñas y los niños.
La información y la participación son herramientas poderosas. Informar a las familias sobre señales de reclutamiento, denunciar ofertas engañosas en redes sociales, organizar redes vecinales de apoyo y promover la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda, fortalecen la capacidad colectiva para prevenir y responder.
Mi llamado es sencillo y firme: ninguna persona debería desaparecer, y nuestra respuesta debe estar guiada por los derechos humanos. Protejamos la dignidad de quienes sufren, acompañemos a las familias, exijamos investigación efectiva y reparación. Trabajemos en colectivo, comunidades, organizaciones civiles e instituciones, para construir entornos donde la vida de nuestras niñas, niños y jóvenes no esté en riesgo.
Fortalecer la prevención es proteger vidas y restaurar la confianza. Hacerlo con un enfoque de derechos humanos es la mejor manera de asegurar que cada ausencia encuentre una respuesta humana, justa y eficaz.
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Prevenir para proteger: el desafío de evitar la desaparición de personas