Anuar García Gutiérrez

Lo ocurrido en Michoacán no puede leerse como un hecho aislado ni como un simple caso de violencia escolar. Un joven que antes de cometer el ataque contra dos maestras, anunció en sus redes sociales lo que estaba por hacer, no solo evidencia una intención premeditada, sino una transformación profunda en la forma en que las nuevas generaciones conciben la violencia. Ya no se trata únicamente del acto en sí, sino de la necesidad de hacerlo visible, de anunciarlo, de construir una narrativa previa donde el agresor se coloca como protagonista.
Este elemento es particularmente alarmante porque rompe con el perfil tradicional del delito impulsivo. Aquí hay planeación, hay exposición pública y hay, sobre todo, una normalización de la violencia como medio de expresión. El agresor no actúa en silencio; actúa frente a una audiencia digital que, en muchos casos, no solo observa, sino que valida, replica o incluso celebra este tipo de conductas.
A esto se suma un punto que no puede ignorarse: ¿cómo accede un menor de edad a un arma? La discusión no debe quedarse en el hecho consumado, sino en las fallas estructurales que lo permiten. El acceso a armas, ya sea por omisión, negligencia o vínculos indirectos con entornos delictivos, refleja un vacío de control que rebasa a las instituciones y alcanza directamente a la sociedad. No es únicamente un problema de seguridad pública, sino de supervisión familiar, de regulación efectiva y de trazabilidad del armamento.
Paralelamente, estamos observando una peligrosa imitación de patrones de violencia provenientes de contextos como el de Estados Unidos, particularmente los ataques en escuelas. Sin embargo, en México esta conducta no se replica de manera idéntica; se transforma. Aquí se fusiona con un fenómeno aún más complejo: la apología del delito. Cada vez es más frecuente que jóvenes no solo conozcan la violencia, sino que la admiren, la aspiren y la integren como parte de su identidad.
En este caso, además, se ha señalado la afinidad del menor con comunidades digitales vinculadas al llamado movimiento “incel” (del inglés “involuntary celibate” o “célibe involuntario”). Este fenómeno, originado en foros de internet, agrupa a hombres (principalmente jóvenes), que construyen una narrativa de frustración, resentimiento y rechazo social, particularmente hacia las mujeres, a quienes responsabilizan de su situación afectiva o sexual. En sus expresiones más radicales, este movimiento ha derivado en discursos de odio, misoginia y, en casos extremos, en la glorificación de la violencia como forma de reivindicación personal.
El problema no es únicamente la existencia de estos espacios digitales, sino su capacidad de influir en mentes jóvenes que aún están en proceso de formación. Cuando estos discursos se combinan con entornos de violencia normalizada, acceso a armas y ausencia de contención institucional o familiar, el resultado es altamente peligroso. Se genera una mezcla de ideología, frustración y validación externa que puede detonar conductas extremas.
El problema ya no es únicamente que existan conductas violentas, sino que estas se han convertido en referentes aspiracionales. La figura del delincuente ha dejado de ser percibida exclusivamente como una amenaza para convertirse, en ciertos sectores, en un modelo de poder, reconocimiento y pertenencia. Esta distorsión social, alimentada por contenidos digitales, música, narrativas culturales y la ausencia de contrapesos institucionales efectivos, está moldeando una generación que crece sin una clara delimitación entre lo permitido y lo prohibido.
En este contexto, resulta inevitable cuestionar el marco legal. Las leyes mexicanas, particularmente en lo que respecta a menores de edad, no están diseñadas para responder con contundencia a este tipo de conductas. El sistema prioriza la protección del menor, pero ha dejado espacios que, en la práctica, se convierten en zonas de impunidad. Esto no significa abandonar la protección de derechos, sino reconocer que el vacío normativo también genera consecuencias sociales graves. Cuando un menor sabe que difícilmente enfrentará una sanción proporcional al daño causado, se abre una puerta peligrosa: la posibilidad de delinquir sin una verdadera consecuencia.
Lo que estamos presenciando es una reconfiguración del entorno social donde la violencia ya no está contenida en espacios tradicionales. Hoy alcanza las escuelas, que históricamente eran consideradas espacios seguros. La idea de que dentro de un aula existe protección ha comenzado a fracturarse. Y con ello, también se erosiona la confianza social en las instituciones encargadas de garantizar seguridad.
A esta realidad se suman factores psicológicos que no pueden dejarse de lado. No se trata únicamente de trastornos individuales, sino de construcciones colectivas fuera de la realidad, donde la validación social se obtiene a través del impacto, del miedo o de la notoriedad. El agresor no solo busca dañar; busca ser visto, reconocido y, en algunos casos, recordado.
México enfrenta así una nueva forma de violencia: una que combina exposición digital, influencias ideológicas como las del movimiento incel, aspiración criminal, vacíos legales y descomposición social. Y mientras no se atienda de manera integral desde la regulación, la prevención, la educación y el control real del acceso a armas, estos hechos dejarán de ser excepcionales para convertirse en una constante.
Porque la pregunta ya no es si estamos preparados para enfrentar esta realidad, sino cuánto tiempo más seguiremos reaccionando cuando el problema ya explotó frente a nosotros.

Anuar García

Jóvenes con mentalidad de adultos criminales

La seguridad pública en los municipios de Jalisco enfrenta problemas estructurales que han debilitado la capacidad del Estado para prevenir delitos y garantizar la protección de la población. Estas deficiencias se reflejan principalmente en la fragilidad de las corporaciones policíacas municipales, la crisis de desapariciones, el alto índice de robo de vehículos y las limitaciones operativas de los sistemas de vigilancia tecnológica como el C5.
Uno de los principales problemas es la debilidad institucional de muchas policías municipales. En numerosos municipios se registra un número insuficiente de elementos para cubrir la demanda de seguridad de la población, además de problemas de capacitación, equipamiento y condiciones laborales. Los bajos salarios y la falta de profesionalización han generado vulnerabilidad frente a la corrupción y la infiltración del crimen organizado. En distintos momentos se han documentado casos de policías municipales involucrados en delitos como desaparición forzada, extorsión o colaboración con grupos criminales. Esto ha provocado una pérdida de confianza ciudadana y en algunos casos, la intervención o desarme de corporaciones municipales por parte de autoridades estatales o federales.
Otro problema grave es la crisis de personas desaparecidas, fenómeno que ha colocado a Jalisco entre las entidades con mayor número de casos en el país. Esta situación evidencia fallas institucionales en los mecanismos de investigación, búsqueda y coordinación entre autoridades. Diversos colectivos de familiares han denunciado retrasos en las investigaciones, deficiencias en los protocolos de búsqueda y falta de recursos para atender esta problemática. La magnitud del fenómeno también ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación criminal.
En materia de delitos patrimoniales, el robo de vehículos se mantiene como uno de los ilícitos más frecuentes en el Área Metropolitana de Guadalajara y en varios municipios del Estado. Aunque el sistema estatal de videovigilancia ha permitido recuperar miles de unidades robadas, persisten problemas de prevención y de investigación posterior al delito. Los vehículos robados suelen ser utilizados posteriormente para la comisión de otros delitos, como secuestros, robos violentos o actividades relacionadas con el crimen organizado.
En este contexto, el sistema Escudo Urbano C5 representa un esfuerzo importante para modernizar la vigilancia y coordinación en seguridad pública mediante el uso de cámaras, lectores de placas y monitoreo en tiempo real. Sin embargo, su impacto ha sido limitado por diversos factores. Entre ellos se encuentran la cobertura incompleta en gran parte de los municipios del Estado, la dependencia de la capacidad de respuesta de las policías municipales y la saturación del sistema de emergencias 911 por llamadas no reales. Estas limitaciones reducen la efectividad del sistema para prevenir delitos y responder con rapidez a situaciones de riesgo.
Finalmente, la presencia y operación de grupos del crimen organizado en diversas regiones del Estado ha agravado las debilidades institucionales de los municipios. En algunos casos se han registrado ataques contra autoridades, bloqueos carreteros y episodios de violencia que evidencian la capacidad operativa de estas organizaciones. Esto ha generado presiones constantes sobre gobiernos locales con recursos limitados para enfrentar estructuras criminales de gran escala.
En conclusión, las deficiencias en la seguridad pública municipal en Jalisco son resultado de problemas estructurales relacionados con la debilidad de las policías locales, la crisis de desapariciones, la persistencia de delitos patrimoniales y las limitaciones en el uso de tecnología de vigilancia. Superar estas problemáticas requiere fortalecer la profesionalización policial, mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y desarrollar capacidades más sólidas de inteligencia e investigación criminal.

Deficiencias graves en la seguridad pública de Jalisco

En la nueva dinámica de seguridad que se vive en México comienza a evidenciarse una realidad incómoda: quien realmente está marcando el rumbo en la lucha contra el crimen organizado no es únicamente el gobierno mexicano. Cada vez es más visible que Estados Unidos está influyendo de manera determinante en las decisiones estratégicas que impactan el futuro del Estado mexicano.
La política de seguridad impulsada desde Washington ha dejado claro que el crimen organizado en América Latina ya no se considera un problema interno de cada país, sino una amenaza regional que puede afectar directamente la estabilidad económica y política de Estados Unidos. Bajo esa lógica, las acciones contra las grandes organizaciones criminales han comenzado a formar parte de una estrategia geopolítica más amplia.
Uno de los personajes que ha tenido mayor presencia en esta política es Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien ha encabezado distintos posicionamientos e intervenciones diplomáticas en la región. Su discurso ha sido consistente: cuando los gobiernos no logran contener estructuras criminales que operan a nivel internacional, la presión política y las acciones estratégicas externas comienzan a intensificarse.
El mensaje se volvió aún más evidente con la operación que terminó con la muerte del líder del cártel identificado con el Estado de Jalisco. Para Estados Unidos, las organizaciones criminales que operan con capacidad financiera, armamentista y territorial similar a la de un actor político, se convierten en objetivos prioritarios. La rapidez y contundencia de estas operaciones envía una señal clara sobre cómo entiende Washington la lucha contra el crimen organizado.
Al mismo tiempo, recientemente se llevó a cabo una reunión de coordinación entre diversos países latinoamericanos para discutir estrategias de seguridad regional. Llama la atención que México, Colombia y Brasil no hayan sido incluidos en ese encuentro. Esta exclusión refleja la falta de confianza del gobierno de Donald Trump en la capacidad de estos gobiernos para enfrentar con firmeza a las organizaciones criminales que operan dentro de sus territorios.
Este escenario deja ver una realidad que pocas veces se dice abiertamente: cuando un Estado pierde capacidad real para controlar estructuras criminales que afectan intereses globales, otros actores comienzan a intervenir directa o indirectamente en la definición del orden.
El problema de fondo no es únicamente la influencia externa, sino lo que esta influencia revela. Cuando las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia no logran contener a organizaciones que operan como verdaderas estructuras de poder, el vacío de control termina siendo ocupado por presiones internacionales, acuerdos estratégicos y decisiones que ya no se toman únicamente dentro del país.
La verdadera pregunta no es si Estados Unidos está influyendo en la estrategia de seguridad de México. La pregunta de fondo es por qué esa influencia se vuelve posible.
Y la respuesta es simple: porque mientras el crimen organizado siga teniendo más control territorial, capacidad financiera y estructura operativa que muchas instituciones del Estado, la soberanía en materia de seguridad seguirá siendo cada vez más frágil.

La estrategia de seguridad la dicta Estados Unidos

En los recientes hechos de violencia registrados en Jalisco tras los operativos federales dirigidos contra el cártel ubicado en nuestro Estado, uno de los elementos que más llama la atención no es únicamente la magnitud de los narcobloqueos o los vehículos incendiados en distintos puntos del Estado, sino el perfil de quienes ejecutaron estas acciones. La mayoría de las personas que participaron fueron jóvenes, muchos de ellos apenas entrando a la vida adulta. Este dato no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como una tendencia que se ha venido consolidando en los últimos años dentro de las estructuras del crimen organizado.
El reclutamiento de jóvenes responde a una lógica que las organizaciones criminales han aprendido a aprovechar. El sistema penal establece un tratamiento diferenciado para menores de edad y jóvenes adultos, bajo el argumento de que su nivel de responsabilidad jurídica no es equiparable al de una persona plenamente adulta. Este modelo legal busca proteger derechos y priorizar la reinserción social; sin embargo, en la práctica ha generado un espacio que el crimen organizado ha sabido utilizar a su favor.
Para estas organizaciones, los jóvenes representan una ventaja operativa. Son más fáciles de reclutar, más fáciles de sustituir y, cuando son detenidos, enfrentan consecuencias legales menores en comparación con los mandos superiores que dirigen las operaciones. Así, quienes ejecutan los actos más visibles de violencia —bloqueos, incendios de vehículos, ataques contra infraestructura o generación de terror en la población— suelen ser jóvenes que ocupan los niveles más bajos de la estructura criminal.
Los narcobloqueos recientes reflejan con claridad esta dinámica. Gran parte de los que llevaron a cabo los actos delictivos fueron jóvenes que participaron en la quema de vehículos y en actos destinados a paralizar la movilidad y generar miedo entre la población. Sin embargo, estas detenciones pocas veces logran escalar hacia las estructuras superiores de mando. El resultado es un sistema que termina funcionando como una puerta giratoria: se detiene a quienes ejecutan las acciones visibles, pero las organizaciones criminales mantienen intacta su capacidad operativa.
Este fenómeno, además, ha evolucionado. Los jóvenes ya no solo son utilizados como operadores de bajo nivel; cada vez es más común que también ocupen posiciones de liderazgo dentro de las células criminales. Un ejemplo reciente es el caso de Cristian Alonso Moreno Heredia, alias “El Joker”, identificado como jefe de plaza vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación y quien logró escapar tras un operativo federal relacionado con la captura de Nemesio Oseguera Cervantes. De acuerdo con la información publicada, se trata de un mando operativo joven, lo que confirma que el relevo generacional dentro de las organizaciones criminales ya está en marcha.
La presencia de líderes cada vez más jóvenes refleja una transformación en la estructura del crimen organizado. Las organizaciones han reducido la edad de sus operadores y de sus mandos territoriales, consolidando un modelo donde la juventud no solo participa en la ejecución de delitos, sino también en la administración de territorios, control de células y coordinación de actividades ilícitas.
A ello se suma otro problema estructural: la falta de seguimiento institucional cuando estos jóvenes salen del sistema de justicia. Muchos regresan al mismo entorno que facilitó su reclutamiento inicial: comunidades con presencia del crimen organizado, ausencia de oportunidades reales y programas de reinserción social limitados o inexistentes. Sin un acompañamiento efectivo, la reincidencia se vuelve altamente probable, lo que termina alimentando nuevamente las filas de las organizaciones criminales.
El problema, por lo tanto, no se limita a un tema de edad, sino a un diseño institucional que el crimen organizado ha aprendido a aprovechar. Mientras el sistema continúe permitiendo que quienes ejecutan la violencia sean fácilmente reemplazables y que las estructuras superiores permanezcan protegidas por múltiples niveles operativos, la estrategia de seguridad seguirá enfrentando dificultades para desarticular realmente a estas organizaciones.
La realidad que muestran los hechos recientes es clara: el crimen organizado ha encontrado en los jóvenes no solo mano de obra para ejecutar actos violentos, sino también una nueva generación de operadores y líderes. Entender esta transformación resulta indispensable para analizar la evolución del fenómeno criminal y para replantear las estrategias institucionales que buscan contenerlo.

Jóvenes; no son los delincuentes del mañana, son los de hoy

La detención o muerte de un líder dentro de una organización criminal no representa la desaparición de su estructura, sino el inicio de un proceso de reconfiguración interna que, de forma recurrente, genera un incremento en los niveles de violencia.
Tras los recientes acontecimientos relacionados con el liderazgo del cártel identificado con Jalisco, distintos estados del país registraron episodios de alta tensión, siendo Jalisco uno de los principales puntos de afectación. Se presentaron bloqueos carreteros, quema de vehículos e interrupciones en vialidades estratégicas, hechos que no corresponden a reacciones aisladas, sino a acciones coordinadas que tienen como finalidad demostrar permanencia operativa, mantener control territorial y enviar un mensaje de continuidad tanto a sus integrantes como a sus adversarios.
El crecimiento del cártel identificado con nuestro Estado se consolidó mediante un modelo de expansión basado en células regionales que operaban bajo el nombre de la organización. Este esquema funcionaba bajo un sistema de franquicias criminales, en el que grupos locales podían operar en un territorio determinado utilizando la identidad del cártel, a cambio del pago de una renta periódica. Este mecanismo permitía centralizar el control, mantener subordinadas a las distintas células y asegurar el flujo constante de recursos económicos. La existencia de un liderazgo central no solo representaba una figura simbólica, sino un punto de control que mantenía estabilidad interna, regulaba las operaciones y concentraba el poder de decisión.
La ausencia de ese liderazgo modifica ese equilibrio y genera un vacío de poder. Este vacío no implica la desaparición inmediata de la organización, pero sí abre un escenario de incertidumbre interna en el que las células comienzan a enfrentar un proceso de ajuste. Las estructuras que operaban bajo ese esquema ahora enfrentan la necesidad de redefinir su posición, lo que genera un riesgo real de disputas por el control territorial, por el reconocimiento del nuevo liderazgo y por la administración de las rentas criminales que anteriormente se concentraban en un mando superior. Cuando una organización con este nivel de expansión pierde su punto central de control, las células tienden a operar con mayor autonomía, lo que incrementa la probabilidad de confrontaciones internas.
Este fenómeno ha sido documentado en distintos momentos dentro del contexto nacional. La fragmentación de estructuras criminales ha generado incrementos en los niveles de violencia derivados de la disputa por el poder. Jalisco representa un territorio estratégico por su posición geográfica, su conectividad logística y su relevancia económica, factores que lo convierten en una zona prioritaria para cualquier grupo criminal. Los actos de violencia registrados tras estos acontecimientos forman parte de una fase inicial de reacomodo, mientras que el impacto más significativo se desarrolla en los meses posteriores, cuando se consolidan nuevos liderazgos y se redefinen las estructuras de control.
Ante este panorama, el principal reto institucional no se limita a la detención de una figura específica, sino a la intervención integral de la estructura que permitió su funcionamiento. La experiencia ha demostrado que cuando estas organizaciones no son desarticuladas de manera completa, conservan la capacidad de reorganizarse bajo nuevos liderazgos. Este proceso de reconfiguración puede mantener o incluso incrementar los niveles de violencia, particularmente en los territorios donde existe una mayor disputa por el control.
Este momento representa una fase crítica desde el punto de vista de seguridad. La ausencia de un liderazgo central genera un periodo de transición en el que las distintas células buscarán consolidar su posición y garantizar su permanencia. La forma en que evolucione este proceso dependerá de la capacidad institucional para intervenir de manera oportuna, limitar la capacidad operativa de estas estructuras y evitar la consolidación de nuevos mandos que permitan la continuidad de la organización.
La contención de este tipo de escenarios no depende únicamente de acciones inmediatas, sino de una estrategia sostenida que permita debilitar de forma estructural las capacidades operativas, financieras y territoriales de estas organizaciones. El objetivo no debe centrarse exclusivamente en la detención de sus líderes, sino en impedir que las condiciones que permitieron su crecimiento permanezcan intactas. La estabilidad dependerá de la capacidad del Estado para mantener el control territorial, fortalecer la presencia institucional y evitar que el proceso de reconfiguración criminal se traduzca en un nuevo ciclo de violencia.

El efecto dominó tras la caída de un líder criminal

En Jalisco operan centros de rehabilitación para personas con problemas de adicciones sin una regulación efectiva ni supervisión suficiente por parte de la autoridad. Una proporción significativa de estos establecimientos funciona sin permisos, sin registro oficial y fuera de cualquier control institucional. Se estima que más del 60% de los llamados “anexos” opera de forma irregular, lo que implica que el Estado no tiene plenamente identificado dónde se ubican, quiénes son responsables de su operación ni en qué condiciones mantienen a las personas internadas.
Los centros que operan dentro del marco legal deben cumplir lineamientos sanitarios, solicitar valoraciones médicas y garantizar condiciones mínimas de atención. Sin embargo, los anexos clandestinos operan sin personal profesional, sin infraestructura adecuada y sin supervisión médica. Existen casos documentados en los que más de 25 o 30 personas permanecen en un solo cuarto, en condiciones de hacinamiento, sin control sanitario ni vigilancia institucional. Esta situación constituye una falla en la función de supervisión del Estado y una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones legales.
La Secretaría de Salud Jalisco, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y los gobiernos municipales tienen la atribución legal de verificar el funcionamiento de estos centros. Asimismo, la Fiscalía del Estado tiene la obligación de intervenir cuando existen hechos que puedan constituir delitos. Sin embargo, la falta de un padrón estatal completo y la ausencia de inspecciones sistemáticas han permitido que estos espacios operen al margen de la ley. Esta omisión genera un riesgo directo para las personas internadas, quienes se encuentran en una condición de vulnerabilidad, sin garantías sobre su integridad física ni sobre el respeto a sus derechos.
Existen además reportes que advierten que algunos de estos espacios pueden ser utilizados para actividades ilícitas, incluyendo el reclutamiento de personas. Esto convierte el problema en un asunto que trasciende la salud pública y se transforma también en un tema de seguridad. El Estado tiene la obligación jurídica de regular, supervisar y sancionar. Para ello, es indispensable establecer un padrón obligatorio de centros de rehabilitación, realizar inspecciones permanentes y clausurar los establecimientos que operen fuera del marco legal. Permitir su funcionamiento sin supervisión no es una omisión menor: es tolerar una actividad irregular que pone en riesgo a la población y compromete la responsabilidad institucional.
Esta situación no persiste por falta de normas, sino por falta de aplicación. Las autoridades cuentan con las facultades legales para regular, inspeccionar y sancionar, pero mientras esas facultades no se ejerzan de forma sistemática, estos espacios continuarán operando fuera del marco legal. La supervisión no es una opción, es una obligación. Cuando el Estado no interviene, no elimina el problema, lo deja crecer. Y cada espacio que permanece sin control es una evidencia de que la ley, en los hechos, no se está aplicando plenamente.

Focos rojos: Las clínicas para rehabilitar adicciones

El ataque armado ocurrido en la Colonia Talpita, en Guadalajara, donde una menor de nueve años y su padre resultaron gravemente heridos tras ser perseguidos por sujetos armados, evidencia el nivel de degradación al que ha llegado la violencia en Jalisco. Este tipo de hechos confirman que la inseguridad ya no distingue perfiles, contextos ni edades: hoy cualquier ciudadano puede convertirse en víctima directa del crimen organizado.
Este caso no es aislado. En lo que va del año, al menos dos incidentes de alto impacto en Jalisco han involucrado a menores de edad como víctimas colaterales o directas de ataques armados, incluyendo el atentado previo contra un empresario de la Central de Abastos y su hija. Estos hechos reflejan un patrón alarmante: la violencia criminal se ha extendido al núcleo familiar y a espacios que antes se consideraban fuera de riesgo.
Jalisco se mantiene entre las entidades con mayor número de homicidios dolosos a nivel nacional, y una parte significativa de estos delitos está vinculada a disputas entre grupos del crimen organizado, control territorial y actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el cobro de piso. A pesar de ajustes en las estrategias de seguridad, la presencia y operación de estas estructuras criminales continúan impactando directamente a la población civil.
La afectación a niñas, niños y adolescentes, representa uno de los indicadores más graves del deterioro social. La violencia no solo los expone como víctimas de ataques armados, sino también como población en riesgo de desplazamiento, trauma psicológico y reclutamiento forzado. Cuando un menor es alcanzado por la violencia, no se trata únicamente de un hecho delictivo, sino de una falla estructural del sistema de seguridad y protección social.
Este escenario exige planes estratégicos urgentes y efectivos por parte de las autoridades. No basta con operativos reactivos ni con despliegues temporales. Se requieren acciones sostenidas de inteligencia, investigación y desarticulación de células criminales, así como coordinación real entre los tres niveles de gobierno. La prevención debe enfocarse tanto en la contención inmediata de la violencia como en el debilitamiento financiero y operativo de las organizaciones delictivas.
Asimismo, es indispensable reforzar la capacidad de las instituciones encargadas de la procuración de justicia. La impunidad sigue siendo uno de los principales factores que permiten la reproducción de la violencia. Sin investigaciones sólidas, detenciones legales y sentencias firmes, el mensaje para la delincuencia es claro: el riesgo de consecuencias sigue siendo bajo.
La violencia del crimen organizado no solo está arrebatando vidas, sino que está erosionando el tejido social y la percepción de seguridad colectiva. Si no se implementan estrategias integrales y decididas, el daño no será únicamente estadístico: será generacional. Erradicar a los delincuentes no es una consigna, es una obligación del Estado antes de que la violencia termine por desplazar a la sociedad misma.

Los criminales deben de ser tratados como ellos tratan a sus víctimas

Durante años, la Policía Federal, a través de su División de Caminos, mantuvo una lógica de proximidad y control en los tramos carreteros del país. Su función no solo era reactiva, sino esencialmente preventiva: inhibía delitos, auxiliaba a ciudadanos, generaba presencia permanente y construía una percepción de seguridad indispensable para quienes transitaban por México por trabajo, turismo o necesidad. Con su desaparición, esa estructura se diluyó sin que se implementara un modelo operativo equivalente que atendiera la complejidad y extensión del sistema carretero nacional.
La transferencia de estas funciones a la Guardia Nacional, lejos de corregir el problema, evidenció una falla estructural. La nueva institución asumió múltiples tareas de seguridad sin una especialización clara en vigilancia carretera ni una estrategia preventiva sólida. El resultado ha sido un aumento sostenido de delitos que hoy se reflejan en cifras oficiales y en la experiencia cotidiana de ciudadanos y transportistas.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2023 se iniciaron más de 9 mil carpetas de investigación por robo a transporte de carga en carreteras federales y estatales, de las cuales alrededor del 87% se cometieron con violencia. Tan solo en el primer bimestre de 2025 se registraron mil 806 denuncias por este delito, con más del 80% de los casos clasificados como robo violento, concentrándose principalmente en corredores estratégicos del Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Veracruz.
Estas cifras, sin embargo, no reflejan la totalidad del problema. El propio sector logístico reconoce que existe una alta cifra negra, ya que muchos delitos no se denuncian por desconfianza en la autoridad, temor a represalias o por la certeza de que la investigación no avanzará. A ello se suma que el robo de camiones con carga no solo implica la pérdida de unidades y mercancía, sino el riesgo real de que los operadores sean privados de la libertad, extorsionados o utilizados como medio de presión criminal.
Lo que se observa en las carreteras del país es una ausencia efectiva de cuidado y vigilancia. Los ciudadanos transitan expuestos, mientras los delincuentes operan con tranquilidad, sabiendo que la probabilidad de ser detenidos es mínima. Esta situación se agrava ante la inexistencia de un sistema integral de monitoreo tipo C5 que cubra de manera eficiente la red carretera nacional. Sin cámaras suficientes, sin inteligencia en tiempo real y sin coordinación interestatal, la reacción de las autoridades suele ser tardía o inexistente.
La realidad es contundente: la vigilancia carretera dejó de ser una prioridad, la prevención fue sustituida por omisiones y la delincuencia encontró en el abandono institucional un terreno fértil para operar. Mientras no se reconozca este vacío y no se reconstruya una estrategia especializada de seguridad en carreteras, la impunidad seguirá transitando libremente por las vías del país, colocando a ciudadanos, transportistas y empresarios en una situación de riesgo permanente que el Estado ha sido incapaz de contener.

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El crimen organizado en México dejó de ser un problema de seguridad pública para convertirse en una disputa real por el control territorial. En distintas regiones del país, el Estado no gobierna con firmeza, no investiga con eficacia y no contiene con resultados. Cuando el poder institucional se debilita frente a estructuras criminales que imponen miedo, cobran, desplazan, reclutan y controlan comunidades, lo que está en juego ya no es solamente la seguridad, sino la capacidad misma del Estado para sostener su soberanía.
Los datos lo respaldan. México cerró 2024 con más de 33 mil homicidios, mientras la percepción de inseguridad continúa siendo una de las más altas del país, de acuerdo con cifras del INEGI. A esto se suma una realidad cada vez más evidente: el crimen organizado ya no solo trafica drogas, también controla economías locales, rutas, territorios y decisiones sociales donde la autoridad ha sido rebasada o desplazada.
Frente a este escenario, Estados Unidos dejó de mirar el problema como un asunto exclusivamente mexicano. El tráfico de drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, y las miles de muertes por sobredosis registradas cada año en territorio estadounidense, han convertido a México en un punto central de su agenda de seguridad nacional. Y cuando un país poderoso interpreta que su vecino no puede o no quiere contener una amenaza que también lo afecta, la cooperación deja de ser una invitación y empieza a convertirse en presión.
Donald Trump ha dejado clara esa postura. Su estrategia combina seguridad, comercio y política exterior como mecanismos de presión directa. Los aranceles, el endurecimiento del discurso y la insistencia en tratar a los cárteles bajo una lógica más agresiva, forman parte de un mismo mensaje: si México no recupera el control de su territorio, otros buscarán imponer condiciones para hacerlo.
Ese es el verdadero riesgo. La soberanía no se pierde solamente con una intervención formal; también se debilita cuando un Estado demuestra incapacidad para ejercer autoridad dentro de sus propias fronteras. Ningún país conserva plena autonomía si no puede contener a quienes desestabilizan su territorio, afectan a su población y generan consecuencias internacionales.
México no necesita defender su soberanía solo en el discurso. Necesita defenderla con instituciones funcionales, inteligencia operativa, control territorial y una política de seguridad que realmente enfrente al crimen organizado. Porque todo indica que Donald Trump no es un actor político que espere indefinidamente a que México reaccione. Su lógica ha sido clara: cuando considera que un problema afecta directamente a Estados Unidos, no apuesta por la paciencia, apuesta por la acción. Y en un escenario donde México sigue perdiendo control frente al crimen, eso debería encender mucho más que una alerta diplomática.

Donald Trump es quien gobierna México