Candelaria Ochoa, la Noroña de Jalisco
En el ejercicio parlamentario, la autoridad moral emana de la congruencia. De poco valen los encendidos discursos en tribuna si la conducta privada desmiente la narrativa pública. El reciente episodio protagonizado por la diputada Candelaria Ochoa es un claro ejemplo de ello.
La polémica estalló tras la revelación de datos contenidos en su propia declaración patrimonial, donde se consigna la propiedad de cuatro inmuebles, destacando uno adquirido —según el registro público— en “cero pesos”. Ante el legítimo cuestionamiento del periodista tapatío Jorge García Orozco —quien por cierto ha alcanzado notoriedad nacional documentando las grietas entre el discurso de “pobreza franciscana” y el opulento estilo de vida de diversos cuadros de la autollamada Cuarta Transformación—, la legisladora de Morena sustituyó la aclaración técnica por el ataque personal. Al llamar “asalariado” a García Orozco en redes sociales, la diputada exhibió un clasismo impropio de quien pertenece a un partido que dice priorizar a los trabajadores, pretendiendo deslegitimar la fiscalización social mediante la jerarquización económica de las personas.
Pero el desplante no quedó ahí. La amenaza de emprender acciones legales por la difusión de información que, por ley, es pública y de interés general, revela una peligrosa incomprensión de su rol como servidora pública. ¿Con qué solvencia puede una diputada de oposición exigir transparencia al gobierno si, ante la primera lupa sobre su patrimonio, reacciona con el amago judicial? La transparencia no es una concesión graciosa del político, es un derecho del ciudadano, y la declaración patrimonial es, por definición, el documento donde termina la privacidad del funcionario para dar paso al escrutinio del mandante.
Por lo demás, este hecho evidencia una preocupante metamorfosis en la clase política: representantes que han decidido abandonar su rol institucional para comportarse como troles de redes sociales. Al descender a la arena del insulto y la pelea con quienes disienten, desnudan una cara marcada por la intolerancia. En su afán por “ganar el hilo” de X (antes Twitter), olvidan que su mandato principal es la custodia de los valores cívicos. Un político que se revuelca en el fango digital proyecta fragilidad democrática, no fortaleza.
En esta deriva, Ochoa parece emular el estilo de Gerardo Fernández Noroña, quien ha hecho del insulto y la estigmatización de periodistas y ciudadanos críticos su principal herramienta de “debate”. Al igual que el hoy senador, la diputada confunde la combatividad con la prepotencia. Pero el parecido no termina en las formas, sino en la doble moral que ambos comparten frente al escrutinio de su riqueza.
Al igual que Noroña —frecuentemente cuestionado por su gusto por los viajes internacionales, destinos de lujo y un patrimonio que no rima con su retórica de “pueblo”—, Ochoa reacciona con una piel muy delgada cuando se le pide explicar sus bienes. Ambos personajes habitan una contradicción cómoda: exigen sacrificios a la ciudadanía y austeridad a los adversarios, mientras ellos disfrutan de las mieles de un estatus que se niegan a justificar.
Al final, este episodio nos deja una lección sobre la salud de nuestra democracia: el privilegio de representar a los ciudadanos conlleva el costo de vivir en una vitrina. Quien no esté dispuesto a explicar el origen de sus bienes, o quien considere que su estatus le permite ningunear a los “asalariados”, debería replantearse su lugar en el servicio público.
