El desastre

Hay tragedias que duelen. Y hay tragedias que, además, indignan por la manera en que el poder decide administrarlas. La crisis de las desapariciones en México pertenece a las dos categorías: es una herida abierta y, al mismo tiempo, un expediente manipulado con torpeza burocrática.

El dato oficial —132 mil 534 personas desaparecidas— no estremece al gobierno. Parece incomodarlo. Por eso, en lugar de asumir la dimensión del desastre, la apuesta es otra: depurar cifras, reclasificar registros, “actualizar estatus”. Traducido al lenguaje de las familias: borrar personas del papel, sin encontrarlas en la realidad.

El colmo es que una de cada tres desapariciones en el país carece de datos suficientes para iniciar su búsqueda. Más de 46 mil casos condenados al limbo administrativo. No porque las familias no hayan hablado, sino porque las instituciones no escucharon. Expedientes mal integrados, registros incompletos, omisiones que hoy sirven como coartada perfecta: “No se puede buscar lo que no tiene información”. La negligencia convertida en argumento técnico.

Mientras tanto, el gobierno federal ahora presume estrategias como el cruce de bases de datos y miles de “localizaciones”. ¿Localizaciones de qué tipo? ¿Personas encontradas o registros depurados? Porque cuando una desaparición se resuelve en una hoja de Excel, pero no en una fosa, en una calle o en una casa, lo que hay no es justicia: es simulación.

Organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han advertido lo evidente: reducir la crisis a los casos “bien documentados” no sólo distorsiona la realidad, la encubre. Es una forma elegante —y profundamente cínica— de achicar el problema sin resolverlo.

Pero la responsabilidad no termina en el escritorio federal. Las fiscalías estatales han hecho de la inacción una política silenciosa. De más de 43 mil casos con información completa, apenas unos cuantos miles tienen carpeta de investigación. En cualquier país funcional eso sería un escándalo, pero en México parece rutina. Aquí, desaparecer también implica salir del radar institucional.

Y mientras los gobiernos juegan a las estadísticas, las familias hacen el trabajo que el Estado abandonó: excavan, buscan, preguntan, rastrean. Pagan con su dinero, con su tiempo y con su vida emocional lo que debería ser una obligación pública. Son ellas quienes sostienen la verdad frente a un aparato que insiste en diluirla.

El problema no es sólo la incapacidad. Es la falta de voluntad para reconocer el tamaño del horror. Porque aceptar que hay más de 132 mil desaparecidos —y decenas de miles sin posibilidad siquiera de ser buscados— implicaría admitir un fracaso histórico.

Y eso, en la lógica oficial, parece ser más grave que la propia tragedia.