Jonás

Los bloqueos carreteros de productores agrícolas y transportistas obligaron a las autoridades a establecer mesas de diálogo. De hecho, al cerrar el día la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que “casi todas las demandas” habían sido atendidas. La cuestión se plantea por sí sola: ¿Por qué esperar siempre al final?
Los productores agrícolas y los transportistas han manifestado su inconformidad desde el año pasado. Estrictamente, sus demandas se pueden rastrear en el sexenio anterior, el que encabezó Andrés Manuel López Obrador, y las soluciones definitivas no han llegado.
Como se ha planteado desde ayer en este espacio, la protesta y los bloqueos se han establecido como un lenguaje no institucional, pero sí fáctico, entre autoridades y sociedad. Los conflictos sociales, cualquiera que sea el motivo, sólo se atienden cuando hay capacidad de protestar públicamente y bloquear vialidades, es decir, cuando tienen fuerza suficiente para afectar derechos de terceros.
Los gobiernos de la denominada “cuarta transformación” tienen un sólido antecedente que les permite validar este comportamiento: el bloqueo de Avenida Reforma después de las elecciones del año 2006, cuando guiados por López Obrador, miles de inconformes bloquearon durante meses el paso en esa importante vialidad de la Ciudad de México, cerrando no sólo el paso de peatones y vehículos, sino también afectando el comercio tradicional en la zona.
Después de ese episodio, hay permiso para todo.
A partir de 2018, con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se impuso una nueva costumbre en el comportamiento público: se eliminaron casi totalmente las restricciones a las manifestaciones públicas y la imitación se convirtió en regla.
El punto, en el caso específico de los transportistas y productores agrícolas, no es que decidan manifestarse para hacerse escuchar por el gobierno federal y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo más criticable es que con las permanentes protestas de estos dos sectores sociales, la autoridad permita que el descontento se incremente al grado de llegar a los bloqueos carreteros.
La pérdida no es sólo del tiempo de quienes no pueden circular, sino que también se afecta el comercio y la distribución de todo tipo de mercancía, además de numerosas actividades que resultan bloqueadas.
Al final, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y con ella, sus colaboradores, resuelven con una “mesa de diálogo” en la que se establecen compromisos que resuelven de forma pasajera las exigencias de los quejosos, hasta que la presión llegue nuevamente a niveles insoportables que motiven nuevas manifestaciones públicas.
El círculo vicioso se mantiene indefinidamente y quienes pierden son los ciudadanos.

Bloqueos: ¿por qué dialogar hasta el final?

La vida pública en nuestro país se ha convertido en una permanente sucesión de crisis por resolver. En ningún lugar esta escrito que el ejercicio de gobierno debe ser un día de campo, pero en el país del “segundo piso de la cuarta transformación”, se le niegan incluso un par de días de reposo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahora, en medio de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, se presenta una crisis de movilidad con cierres carreteros en 20 estados del país; se trata de una protesta de transportistas de carga pesada y productores agrícolas.
Desde la oficina de la Secretaría de Gobernación que encabeza la señora Rosa Icela Rodríguez, se lanza un mensaje cargado de ingenuidad –por estrategia o por ignorancia, pero ambas razones revelan incapacidad– en el que se afirma que ningún sector social tiene motivos para movilizarse y bloquear carreteras, porque “todos están siendo atendidos”.
Es un asunto casi de carcajada. La política de atención del gobierno federal a las inconformidades sociales se ha convertido desde el sexenio pasado en un trámite obligatorio: si quieres que te atiendan, protesta y cierra vías y espacios públicos. Si no protestas, fórmate y espera a que la burocracia gubernamental te atienda alguna vez… si te atiende.
¿A quién le quiere mentir la secretaria de Gobernación, si ninguna inconformidad social se ha resuelto en años a menos que se trate de protestas públicas? Y naturalmente, quienes protestan deben tener interlocutores válidos en la lógica de la política de Morena. De lo contrario, serán condenados públicamente como agitadores sociales, si no, que le pregunten a quienes han protestado contra el desabasto de medicamentos o contra la violencia a las mujeres, o contra la ineficacia oficial ante el fenómeno de los desaparecidos.
Más allá de cómo se resuelven los conflictos sociales en la 4T, queda claro que las movilizaciones de transportistas y agricultores (principalmente productores de maíz, aunque también están adheridos al movimiento productores de agave y otros grupos) no son inmediatas. Llevan años incubándose y llevan años, también, siendo ignorados.
Para quienes de inmediato acusen politización en la protesta, no será posible acreditar que “la extrema derecha” o “los neoliberales” están detrás de los bloqueos.
Como es entendible, una movilización como la de hoy, que lleva desde diciembre del año pasado manejando la posibilidad de bloquear carreteras en el país, tiene detrás muchos liderazgos políticos y nexos con los partidos, pero con todos, sin excluir a Morena.
Sin embargo, las inconformidades tienen orígenes diversos: el encarecimiento de los combustibles, la inseguridad en las carreteras, la extorsión y los ataques a transportistas; las importaciones sin freno de productos industrializados que compiten deslealmente con los productos nacionales.
Y siempre, inevitablemente, los productores y transportistas mexicanos deben esperar a que “las circunstancias internacionales” mejoren y le faciliten al gobierno federal su papel como mediador.
Hasta el cierre de tiempos para la redacción de este texto, no había certeza del tamaño de las movilizaciones y los cierres carreteros. Se manejaron 20 estados y la certidumbre se mueve según tengan habilidad de negociar autoridades en cada Estado. Lo cierto es que los productores y transportistas tienen razón en sus quejas. 
Y como nos queda claro a todos: si no protestan, no los van a atender.

Y ahora, paro nacional en carreteras

Justo en Semana Santa, se presentan coincidentemente varios eventos que nos obligan a la reflexión y que nos empujan a replantear, ¿qué hacemos, en el espacio particular, para enfrentar los fenómenos de violencia?
Por una parte, desde El Vaticano, el Papa León XIV comenta durante una de las tradicionales ceremonias eucarísticas de estos días, que en diferentes partes del mundo se viven eventos brutales relacionados con la violencia bélica.
Evidentemente, se está refiriendo a la guerra en Medio Oriente, pero la referencia también nos conduce a la tragedia de Palestina y a la guerra en Ucrania, y ¿por qué no decirlo?, a la violencia que generan el crimen organizado y la corrupción en un país como el nuestro, México.
Justo el mismo día, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hace un llamado desde el estrado que ostenta la Organización de las Naciones Unidas y advierte que la guerra en Medio Oriente puede no sólo no terminar pronto, sino extenderse a otras naciones en esta parte del mundo.
Por ello, lanza un llamado al presidente Donald Trump, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y al gobierno de Irán, para que cesen en las acciones hostiles y en los ataques que ya se han extendido a otras áreas de la región, en una escalada en la que se intercalan los actos de defensa y los intereses por tomar ventaja bélica.
Puede parecer ingenuo tratar de hacer un comparativo desde la escala individual con los grandes conflictos militares en el mundo, pero es una tremenda ironía que justo estos discursos y estas advertencias ocurran durante la Semana Santa.
Si bien estos días son propios de la Iglesia Católica y sus fieles, también es verdad que en el resto del mundo tienen profundo impacto.
La cuestión es obvia: ¿Qué podemos hacer como individuos para atender la escalada de violencia en el mundo? Y la respuesta no esta lejos: atender nuestras propias reglamentaciones y contribuir con relaciones no violentas en los entornos urbanos, porque en las grandes ciudades se generan los ambientes de mayor estrés en la convivencia entre personas, y contribuyen a incrementar los niveles de violencia que son también puntos de inicio para los eventos trágicos que se padecen todos los días.
Una idea clara nos la dan los escandalosos índices de violencia que se padecen en México, incluso más altos que en países donde hay conflictos armados, y qué decir de la terrible cifra de desaparecidos.
En síntesis: sí, sí es posible desde el ámbito particular y desde nuestro propio espacio vital, aunque parezca lejano a los grandes movimientos bélicos, contribuir a un ambiente de paz.

Más cerca de la guerra… en Semana Santa

La agenda de Jalisco sigue una ruta llena de retos: seguridad, transporte público, agua potable, obras y desarrollo.
Aunque estamos en pleno período vacacional de Semana Santa y Pascua y el período de descanso brinda una pausa de pocos días en el frenesí cotidiano, el reloj de la vida pública no se detiene y es evidente que hoy más que nunca se requiere, para los retos antes señalados y los que se sumen, mayor conciencia de comunidad e impulso a las causas comunes.
La administración pública de Pablo Lemus requiere apoyo general para mantener una ruta de desarrollo que beneficie a todos. La razón es simple: ninguna autoridad, a pesar de su legitimidad y facultades, puede alcanzar sin el apoyo de los ciudadanos las metas de desarrollo.
Antes de alcanzar un año y medio en de gobierno, la gestión de Pablo Lemus ha enfrentado problemas de gran magnitud. Sólo por mencionar los más evidentes y conocidos, está el tema de la violencia cometida por grupos del crimen organizado. Apenas el pasado 22 de febrero fue abatido en un operativo federal el líder delincuencial Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y las consecuencias aún no se han superado.
Apenas ayer, 1 de abril, entró en vigor la nueva tarifa del transporte público y es apenas una de muchas etapas que deben conducir, en teoría y si hay colaboración de todas las partes, a mejorar el servicio y la movilidad en el Área Conurbada de Guadalajara y en el resto de las ciudades jaliscienses.
También ayer asumió como director del SIAPA el nuevo designado por el gobernador, Ismael Jáuregui. El reto para el funcionario, para el gobierno estatal, los gobiernos municipales metropolitanos y millones de habitantes en la ciudad, es enorme: recuperar la potabilización y la calidad del agua; mejorar el tratamiento de aguas residuales, construir infraestructura y recuperar la administración del SIAPA, que está en una profunda crisis que resulta de décadas de mala administración y decisiones equivocadas.
Y en sentido similar se puede abundar en los retos y problemáticas que se enfrentan en Jalisco, en materia de salud, educación, construcción de infraestructura y acuerdos sociales porque sí, también en materia política, las diferentes fuerzas representadas en los espacios de gobierno y administración, han mantenido las confrontaciones. pero han sido escasas las negociaciones y acuerdos.
Por eso, debe insistirse: el gobernador del Estado necesita el respaldo de los ciudadanos. Eso no implica una “patente de corso” y vía libre para que todo se realice desde su visión particular, pero sí es importante solidarizarse, apoyar, cooperar.
El objetivo es el beneficio general.

Apoyar al gobernador de Jalisco

Llegó el día. Después de una ruta muy accidentada y plagada de controversias, este 1 de abril el transporte público pasa de 9.50 a 11 pesos en su tarifa. Sin embargo, las dudas sobre la calidad persisten.
La historia empezó a escribirse en diciembre del año 2025, durante las vacaciones invernales, cuando el gobernador Pablo Lemus anunció que la tarifa subía de 9.50 a 14 pesos; conjuntamente, se anunció la Tarjeta Única, como instrumento obligatorio para que todos los usuarios del transporte pudieran acceder a un descuento.
Durante las primeras semanas del año se efectuaron protestas públicas y acciones de inconformidad. La Universidad de Guadalajara y sus estudiantes negociaron un mayor descuento y finalmente, el gobernador Lemus Navarro comunicó que había atendido las inconformidades y canceló, en uso de sus facultades, el aumento en la tarifa, para que pasara de 9.50 a 11 pesos.
Además, anunció que la Tarjeta Única no sería obligatoria y que todos los usuarios podrán seguir utilizando los mecanismos de pago que ya existían, incluido el pago en efectivo.
Se anunciaron además varios descuentos: de cinco pesos para todos los estudiantes sin importar el nivel que cursen y sin distinción del lugar en el que estudien, sea público o privado.
También se mantienen descuentos para adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos beneficiarios de descuento.
Sin embargo, todos los beneficiarios de descuento deberán darse de alta en el sistema que administra la Secretaría de Asistencia Social.
Como siempre, al principio habrá dudas y muchas personas deberán ponerse al día para obtener los descuentos. La experiencia nos ha enseñado que a pesar de las campañas de información, siempre queda un sector de la población que tarda más en incorporarse a los programas.
Pero quedan otros pendientes y son un resto para el sistema de transporte público. 
Los transportistas han manifestado dudas y no se ha esclarecido públicamente si recibirán un mayor subsidio del gobierno del Estado, es decir que cobren por cada viaje los 14 pesos que no pagarán los usuarios. Advierten que de no recibir esa compensación, el problema del transporte se agravará.
Otro gran pendiente es la calidad del transporte. Hay quejas más difundidas que otras: muchos usuarios protestan por el nuevo trazo de rutas, que desde el sexenio pasado se diseñaron como alimentadoras de los principales sistemas masivos de transporte; también se reclama la frecuencia de paso, pues se pueden esperar 20, 30 45 minutos o más de una hora, entre una unidad y otra.
Además, hay señalamientos sobre el trato de los conductores y el estado de las unidades.
De todo eso es indispensable ocuparse. No basta resolver el tema de la tarifa y el subsidio. También debe mejorarse integralmente el transporte en el Área Conurbada de Guadalajara –donde además, hay amplias zonas sin rutas de transporte– y en el resto del Estado de Jalisco.

La nueva tarifa del transporte

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el día de ayer, en su cotidiana rueda de prensa en Palacio Nacional, que de su bolsa donó 20 mil pesos para la causa humanitaria de Cuba. El gesto, que seguramente pensó sería aplaudido, ha recibido también numerosas críticas; a muchos les parece bastante poco.
Pero en lo que sí ha sido muy clara la presidenta del país, es que se trata de un tema estrictamente personal y diferente de la campaña del gobierno federal para apoyar humanitariamente al pueblo cubano.
La presidenta Sheinbaum ha hecho de una causa que podría ser menor en su política exterior, un tema mayúsculo en términos mediáticos. De hecho, apoyar a los cubanos en desgracia –pues padecen cortes eléctricos, carencias de alimentación y opresión de sus autoridades, además de las arbitrariedades del gobierno estadounidense de Donald Trum–, se ha convertido en otro de los motivos de polarización entre los mexicanos.
Desde el sexenio anterior, cuando era presidente Andrés Manuel López Obrador, nos hemos enterado de cómo el gobierno federal, sin consulta a la ciudadanía, determinó contratar médicos cubanos y venderle petróleo a la isla en condiciones muy favorables para el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Eso, evidentemente, género desacuerdo entre amplios sectores de la población.
Ya en otros espacios se ha hecho hincapié en que apoyar a los cubanos en situación vulnerable no es ningún acto reprobable, sino todo lo contrario; pero también se ha insistido en que el interés particular del grupo en el gobierno y las simpatías abiertamente manifestadas del anterior presidente López Obrador, y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, contrastan con las confrontaciones, que por motivos ideológicos, se han abierto con otras naciones, como por ejemplo Argentina, Ecuador o Perú. Esto, contradice abiertamente la supuesta política de no intervención y respeto a la autodeterminación de las naciones. 
Que la presidenta de la república tenga a bien destinar mucho o poco de sus recursos a los cubanos en desgracia es una decisión eminentemente personal y no sujeta a ningún juicio público en su papel de autoridad. Pero que lo difunda en su rueda de prensa la expone a los puntos de vista que no necesariamente tienen que estar en acuerdo con los suyos.
La presidenta, vistas así las cosas, no puede darse el lujo de la ingenuidad política… y sí, 20 mil pesos son muy pocos para la primera presidenta de México.

Los 20 mil pesos donados a Cuba

El Congreso del Estado de Jalisco está siempre en el ojo del huracán. Para bien y para mal, aunque la mayor parte de las veces sea objeto del reclamo y el escrutinio, con resultados que no favorecen a sus integrantes, los 38 diputados. Por eso, justo cuando la Legislatura toma otro período vacacional, parece muy lógico hacer una nueva evaluación de su desempeño.
Lo primero que viene a consideración es que justo cuando los diputados se van de vacaciones por Semana Santa y Pascua, se enfrentan dos sucesos fundamentales para la sociedad metropolitana y de todo el Estado:
1. La crisis del SIAPA y el abasto de agua potable en el Área Conurbada de Guadalajara. Justo en este período vacacional, el organismo que ahora tiene como director a Ismael Jáuregui, emprende una campaña de limpieza en sus instalaciones, lo que anticipa cortes de agua que se sucederán durante los próximos cinco meses. Además, está pendiente el proyecto integral para el rescate o la definición final del SIAPA. Justo cuando el gobernador del Estado, Pablo Lemus, anuncia que se requieren 15 mil millones de pesos sólo para resolver la limpieza del agua, los diputados no están para intervenir en el ámbito de sus facultades e intereses.
2. El 1 de abril entra en función la aplicación de la nueva tarifa del transporte público. Todos los usuarios de transporte masivo (amplia mayoría) pagarán 11 pesos, la nueva tarifa que estableció el gobernador Pablo Lemus, quien en diciembre había determinado que serían 14 pesos, pero que echó para atrás ante la inconformidad social. El tema tiene una enorme cantidad de aristas y de inconformidades sociales en potencia.
De entrada, están los usuarios: no hay certeza sobre cómo se aplicarán los descuentos a estudiantes (¿en período vacacional?) que sólo pagarán 5 pesos; y también están los beneficiarios del 50% de descuento sobre la tarifa, en teoría 5.50 pesos, para adultos mayores y personas con discapacidad, entre otras.
Y después están los transportistas. Se declaran ignorantes y desatendidos sobre si recibirán el pago vía subsidio, para cobrar 14 pesos por viaje, es decir tres pesos por cada viaje.  Se están gestando protestas.
Y ante estos dos temas, los diputados del Congreso estatal estarán ausentes. De vacaciones.
Además, habría que considerar que cuando menos, en la discusión pública, la última propuesta de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, tuvo entre otros propósitos, la de reducir el presupuesto de los congresos estatales.
En Jalisco, el Congreso cuesta mil 100 millones de pesos este año. Cada uno de los 38 diputados y diputadas, le cuestan a los jaliscienses casi 27 millones de pesos por año. ¿A cambio de qué?
Los actuales legisladores llevan 17 meses en el cargo.
Durante todo este tiempo, no han alcanzado acuerdos para resolver sobre reformas importantes, como es el caso de la reforma al Poder Judicial o la reforma en materia de transparencia.
Su actuación ha contribuido muy poco para resolver problemas fundamentales como transporte y agua potable.
Siempre está la posibilidad de alegar facultades y áreas de competencia. Pero si no pueden contribuir en lo más urgente para el grueso de los ciudadanos que en teoría ellos representan, ¿entonces para qué son útiles?
Quedamos pendientes de su respuesta.

Diagnóstico tentativo del Congreso estatal

Aunque proclaman unidad, lo cierto es que la presidenta Claudia Sheinbaum perdió la batalla política: le rechazaron primero la reforma electoral y después el Plan B. Ella misma, en su conferencia matutina, se quejó porque los suyos no aprobaron su proyecto que tenía como eje central la reforma a la revocación de mandato.
En este espacio propongo analizar estrictamente el impacto político y de manejo de poder por lo sucedido en el Senado de la república y que con toda seguridad, se repetirá en la Cámara de Diputados, pero hasta después del período vacacional, porque el asunto ya ni siquiera entraña interés para el coordinador morenista Ricardo Monreal.
Es decir, que no se haya modificado la figura de la revocación para convertirla, en la práctica, en un plebiscito que le hubiera permitido a la presidenta Sheinbaum Pardo estar presente en la elección de 2027, es un beneficio para el muy golpeado sistema democrático mexicana, pero la reforma limitada echa a andar una serie de mecanismos de revanchas y alianzas que marcará todo el juego del poder para el proceso electoral del año entrante.
Vale subrayarlo: definitivamente, la presidenta perdió la batalla. Los que se dicen aliados incondicionales, ya no lo son. 
Por más discursos lisonjeros en las tribulas legislativas, lo que ocurrió fue que la bancada triple de Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, no votaron a favor de lo que propuso la presidenta mejor evaluada en América Latina, la misma presidenta que tiene un porcentaje de aprobación nacional que ronda el 70%, la “primera presidenta de la historia de México”.
Y esto tiene su lógica.
De aquí se desprende una pregunta interesante: Si el poder instalado en Palacio Nacional no cuenta con el respaldo total de sus fuerzas políticas en el Poder Legislativo, ¿dónde está esta expresión de poder?
Sí, en Palenque, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Si la presidenta Sheinbaum contara en este momento con una reforma electoral tal como ella la propuso desde el principio, el eje del poder político estaría en su oficina y bajo su mando; sería ella el centro y origen de las decisiones políticas y determinación de las candidaturas para 2027 y obvio, para la sucesión presidencial de 2030.
Pero no es así.
Naturalmente, es la presidenta. En su persona residen el poder presupuestal, político y militar del sistema presidencial mexicano. Pero el poder de facto está compartido con el liderazgo de López Obrador, porque como se dice, “el poder se ejerce y la autoridad se otorga”.
Lo que ocurrió con la fallida reforma electoral y después con el limitado “triunfo” del Plan B, marca nuevas reglas, alianzas y venganzas, que deberán jugar los legisladores, los gobernadores y alcaldes.
Y eso impactará en la vida de los mexicanos.

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La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó su rechazo al informe sobre desaparecidos que se recomendó, sea turnado a la Asamblea General de la ONU. Se trata de una negativa política a la realidad.
La administración de la presidenta Sheinbaum varios días una controversia con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, debido a que la semana pasada dictaminaron con severidad lo ocurrido en nuestro país, donde se admite que poco más de 132 mil personas están desaparecidas.
Básicamente, el gobierno federal rechaza el informe del comité por cuestiones técnicas y también por acusaciones abiertas: las conclusiones son parciales y tendenciosas. Es una fuerte declaración si surge directamente de la oficina de la Presidencia, porque en palabras llanas, se sostiene que este comité pretende perjudicar al gobierno mexicano con información falsa.
Para los mexicanos esto resulta un tanto lejano.
No sorprende que el gobierno de Claudia Sheinbaum desacredite un informe de uno de los comités de la ONU. De hecho, en la etapa denominada “cuarta transformación” y desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano se ha distanciado de organismos internacionales como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros. En ocasiones como la actual, las autoridades mexicanas han criticado abiertamente a los observadores internacionales.
Lo peor que podría suceder, hay que entenderlo, es que de discutirse en el pleno de la Asamblea General de la ONU y si llegara a determinarse por votación mayoritaria que el fenómeno de los desaparecidos en México es, efectivamente, un crimen de lesa humanidad, habría sanciones para nuestro país y se le exigiría una ruta de acción para terminar con la tragedia de los desaparecidos.
Antes de llegar a esa votación, seguramente el gobierno mexicano establecería negociaciones para evitar una votación condenatoria.
Pero más allá del proceso, y aunque se haga hincapié en que debe distinguirse entre desaparición forzada causada por el Estado, a diferencia de las desapariciones provocadas por el crimen organizado, la realidad es que la tragedia de los desaparecidos no es historia; sucede todos los días. Y continuará.
Son responsables los gobiernos anteriores, incluido el “villano mayor” de la 4T, Felipe Calderón. Pero los desaparecidos se incrementaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y siguen acumulándose en el actual.
Para los mexicanos que sufren la tragedia de los desaparecidos, con intervención de la ONU o sin ésta, el panorama sigue siendo igualmente dramático: la búsqueda de restos está en manos de organizaciones civiles que hacen el trabajo que no cumplen las autoridades.
Los crímenes no se detienen y en pocos casos se castigan.
Esa es la dura realidad que, hay que reconocerlo, es una tendencia que continuará por mucho tiempo más.

México y la ONU: discusión sobre desaparecidos