¿La nueva Suprema Corte realmente da certeza jurídica?

Hoy más que nunca vale la pena preguntarnos: ¿qué está pasando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 

Esta semana se tomó una decisión que debería preocuparnos a todos: la Suprema Corte avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial. Es decir, una persona podría perder temporalmente el acceso a sus recursos sin que exista previamente una determinación judicial. Aunque la Corte sostiene que no se trata de una sanción penal, la falta de claridad sobre los alcances y tiempos de estas medidas genera dudas legítimas sobre la certeza jurídica que deben tener los ciudadanos frente al poder del Estado.

Aquella institución que debía ser el último contrapeso del poder, hoy genera más dudas que certezas y no se trata de percepciones, se trata de datos, de resultados y de decisiones que, en conjunto, dibujan un panorama preocupante para la vida democrática del país.

Si revisamos el desempeño reciente, los números son contundentes. En el mismo periodo, de septiembre a enero, la Corte actual resolvió apenas 920 sentencias, mientras que la Corte anterior, un año antes, alcanzó mil 530 resoluciones. Es decir, estamos frente a una caída cercana al 40% en productividad. No es un tema menor, ya que la justicia que no se resuelve a tiempo, simplemente no es justicia.

El problema no se queda en la eficiencia. A la baja productividad se suma un elemento aún más delicado, la percepción de una Corte alineada con el poder. En los casos promovidos por la Presidencia de la República, cerca del 67% se resuelven a su favor y cuando se trata de acciones y controversias constitucionales impulsadas por los estados, el dato es todavía más alarmante, el 84% de las resoluciones favorecen a gobiernos de Morena y sus aliados, mientras que apenas el 15.8% beneficia a gobiernos de oposición.

Entonces la pregunta obligada es: ¿Estamos ante un tribunal constitucional o frente a una oficialía de partes del gobierno en turno? Porque la función de la Corte no es quedar bien con el poder, es ponerle límites; no está para acompañar decisiones del Ejecutivo, sino para revisarlas con independencia, con rigor jurídico y con absoluta imparcialidad y cuando eso no ocurre, se rompe el equilibrio institucional que sostiene a cualquier democracia.

Lo que hoy vemos es una Corte menos productiva y, al mismo tiempo, más predecible en sus resoluciones y esa combinación es peligrosa. Una justicia lenta y alineada no solo afecta a los actores políticos, afecta directamente a los ciudadanos, a quien busca que se respete la ley, a quien necesita certeza jurídica y a quien espera que las instituciones funcionen sin sesgos.

Y hay otro impacto que no siempre se dimensiona, el económico. La falta de confianza en las instituciones judiciales envía señales negativas a los inversionistas; nadie quiere apostar su capital en un país donde las reglas pueden interpretarse según la conveniencia del poder y la certeza jurídica no es un discurso, es una condición básica para el desarrollo.

Lamentablemente, lo que hoy proyecta la Suprema Corte es exactamente lo contrario: dudas, incertidumbre o desconfianza y eso termina por frenar inversiones, limitar oportunidades y afectar el crecimiento económico del país.

México necesita una Corte fuerte, independiente y eficiente, una Corte que resuelva más y mejor, una Corte que no le deba favores a nadie y que no actúe bajo presiones políticas, porque cuando el máximo tribunal pierde credibilidad, pierde el país.

Hoy la discusión no es jurídica, es de fondo: ¿Queremos instituciones que equilibren el poder o instituciones que lo acompañen? La respuesta definirá no solo el presente, sino el futuro democrático de México.