Lo ocurrido recientemente en el Congreso de Jalisco con el caso de Bolaños es un recordatorio de que la demagogia tiene consecuencias reales y, a menudo, peligrosas. La insistencia de la bancada de Morena por forzar una votación sobre el sistema de elección por usos y costumbres, sin una resolución jurídica firme, ha fracturado la ya de por sí frágil convivencia en el Norte del Estado.
Todo comenzó cuando las comunidades wixáritari de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, solicitaron formalmente el cambio de régimen electoral. Su demanda era legítima: ejercer la libre autodeterminación para que sus autoridades tradicionales gestionen el gobierno municipal. Sin embargo, el camino hacia la autonomía se topó con la complejidad de un territorio bicultural. Para 2025, tras la consulta realizada por el IEPC, la grieta social se hizo evidente. Mientras las zonas indígenas celebraban el avance, la población mestiza de la cabecera municipal manifestó su rechazo, denunciando que el nuevo modelo los dejaba en un estado de indefensión política.
Desde entonces, el municipio entró en un espeso fango jurídico. Se acumularon juicios ciudadanos y controversias ante el TRIEJAL y la Sala Regional del TEPJF, cuestionando la universalidad del sufragio bajo el nuevo esquema. A pesar de que estas impugnaciones aún carecen de una sentencia definitiva que brinde certeza a ambas partes, Morena y aliados en el Congreso decidieron, hace un par de semanas, ejecutar un “albazo” legislativo.
La soberbia de este proceso tuvo su momento estelar el pasado lunes de Pascua. En un ejercicio de tardía “sensibilidad”, el coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, junto a la diputada Tonantzin Cárdenas, se vieron obligados a reunirse con los representantes de la comunidad mestiza. Por supuesto, no fueron los legisladores quienes acudieron al Norte de la entidad a dar la cara, sino que hicieron que los inconformes se trasladaran en un viaje de cinco horas a la comodidad de sus oficinas. Los propios convocados señalaron lo “inútil” de la tal reunión, una vez realizada. “Nos hicieron venir para nada”, ya que no hubo soluciones ni posturas claras.
Lo revelador del encuentro no fue el pretendido diálogo: “socializar” una decisión después de haberla impuesto desde el escritorio es la confesión de una negligencia; es reconocer que se legisló desde un escritorio en Guadalajara, desconociendo la dinámica de los límites territoriales que comparten comunidades wixáritari y mestizas, a espaldas de una parte fundamental de la población.
Al forzar la votación para reconocer el sistema normativo interno en medio de suspensiones judiciales vigentes, el Congreso ignoró su rol como árbitro institucional para convertirse en parte del conflicto. Esta urgencia morenista no responde a un genuino interés por los pueblos originarios, sino a una mal entendida estrategia de rentabilidad electoral que desprecia la realidad del territorio. La autonomía indígena no puede construirse sobre los escombros de la paz social ni bajo un limbo legal que nadie se atreve a desanudar. En su pretensión de proyectar una imagen “indigenista” y votar sin haber construido consensos mínimos, los legisladores morenistas lanzaron una cerilla encendida a un polvorín, exponiendo a Bolaños a una crisis de gobernabilidad permanente. Si la bancada de Morena y sus aliados en el Congreso de Jalisco insisten en anteponer las consignas de partido a la estabilidad de las comunidades, el costo lo seguirán pagando los ciudadanos que, al final del día, tienen que seguir compartiendo la misma tierra.