El costo de improvisar al gobernar

La agenda pública refleja, como pocas cosas, las prioridades y el estilo del gobernante en turno. A través de ella, con un análisis agudo, es posible distinguir las acciones sustantivas de las meras ocurrencias: programas improvisados, decisiones sin fundamento y políticas diseñadas al vapor por personas que quizás jamás habían administrado un solo peso del erario. Gente que llegó a gobernar convencida de que podía improvisar, experimentar y aprender echando a perder, sin tomarse en serio la experiencia, la capacidad ni la profesionalización que exige el servicio público.

Diría alguien de Macuspana, Tabasco: “Gobernar no es tan difícil”. Alguien que creía —quizás no de mala fe, sino con genuina ingenuidad— que bastaba con tomar posesión del poder para que sus dichos y aspiraciones transformaran la realidad. Pero gobernar es un proceso sumamente complejo, y más aún cuando los tiempos imponen desafíos de toda índole: cambios vertiginosos en los estilos de vida, una ciudadanía cada vez más exigente, crisis sanitarias globales, incertidumbre económica y carencias sociales que no admiten soluciones simples.

Por eso la agenda dice tanto sobre quién gobierna. Cuando las demandas y necesidades ciudadanas van en un sentido, pero las acciones y prioridades del gobierno van en otro, la discrepancia resulta pública y notoria. Esa brecha es evidencia de que quienes gobiernan viven inmersos en una burbuja que no les permite ver más allá de sus narices: perciben el mundo desde el privilegio de cómo ellos viven, y no desde la realidad cotidiana de la mayoría, que padece inseguridad, carencia de servicios públicos o la deficiente prestación de estos.

Mal presagio cuando ocurre este fenómeno: el de un gobierno carente de empatía con las mayorías. Porque entonces se gobierna para un sector: el de los amigos, la familia y los “socios”; o el de los vecinos de colonias privilegiadas. Mientras tanto, el resto de la población sufre las consecuencias de decisiones erráticas y políticas públicas mal diseñadas, concebidas para beneficiar a unos cuantos por encima de todos los demás.

Me queda claro que ningún gobierno puede dejar conforme a la totalidad de la población. Pero también tengo claro que la esencia de gobernar radica, precisamente, en priorizar: en orientar las acciones, los programas y la agenda pública hacia quienes más lo necesitan y con mayor urgencia lo requieren. Cuando esa prioridad se invierte, cuando la agenda se construye de espaldas a la gente, gobernar deja de ser un acto de servicio y se convierte en un ejercicio de simulación. Y eso, tarde o temprano, la ciudadanía lo nota, lo señala y lo cobra.

En 2027 habrá elecciones intermedias en México, y las elecciones son, precisamente, uno de los medios idóneos para la rendición de cuentas. En democracias en formación o bien consolidadas, el voto de castigo suele ser un arma poderosa del pueblo para expresar su descontento con la agenda pública, con las prioridades y el desempeño del gobierno en turno. Así, de forma medianamente orgánica, se han producido las alternancias partidistas en el ejercicio del poder: castigando a malos gobernantes y otorgando la confianza a nuevos proyectos o, quizás, regresando a viejos conocidos.

El voto de castigo podría estar muy presente en este 2027. Habrá que estar atentos a cómo se desarrolla este largo proceso.