Luz del Carmen Godínez

Cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habla de desaparición forzada en México, no está hablando de un tema lejano ni de una discusión entre expertos. Está hablando de familias que llevan años buscando a sus seres queridos, de madres que revisan cada lista, cada pista, cada indicio; de padres que no dejan de tocar puertas, de hijas e hijos que crecieron entre carpetas de investigación y fotografías pegadas en las paredes.
La reciente declaración de instancias de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada en nuestro país nos recuerda algo que ya sabemos, pero que a veces cuesta mirar de frente: vivimos una crisis profunda de derechos humanos. Y en esa crisis, miles de personas siguen sin respuesta.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la desaparición forzada no es solo la ausencia física de una persona. Es una violación múltiple y continua, se arrebata la libertad, se niega la verdad, se prolonga el sufrimiento y se coloca a las familias en un limbo que puede durar años. No saben si llorar un duelo o mantener la esperanza de un regreso. Esa incertidumbre es también una forma de violencia.
Cuando la ONU emite una declaración sobre México, no lo hace para exhibir por exhibir, sino para recordar obligaciones claras del Estado:  
&#8211; Prevenir que las desapariciones ocurran.  
&#8211; Buscar de manera inmediata y efectiva a las personas desaparecidas.  
&#8211; Investigar, juzgar y sancionar a los responsables.  
&#8211; Reparar el daño de forma integral a las víctimas directas y a sus familias.  
No son recomendaciones opcionales, son compromisos que México asumió al firmar tratados internacionales y que hoy deben traducirse en acciones reales y medibles.
En Jalisco conocemos el rostro de esta crisis. Aquí, también hay colectivos de familias que buscan, que marchan, que señalan fallas institucionales y que, aun con el cansancio encima, siguen organizadas. Cada vez que una madre toma el micrófono o levanta una fotografía, está ejerciendo su derecho a la verdad y a la justicia. Su palabra es, también, una forma de reparación y de memoria.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco asumimos que los señalamientos de la ONU son un llamado a actuar, no a justificarnos. 
Desde un enfoque de derechos humanos, eso implica entre otras cosas: 
Poner a las víctimas en el centro. No se trata solo de mejorar estadísticas, sino de escuchar a las familias, incluirlas en la búsqueda, en la investigación, en las decisiones sobre cómo y dónde buscar. Respetar su dignidad, brindarles atención psicológica, acompañamiento jurídico y un trato humano en cada oficina a la que acuden.
Tomar en serio la prevención. Prevenir no es un discurso, es fortalecer programas para niñas, niños y jóvenes, generar oportunidades reales, atender la desigualdad y la violencia en los barrios y comunidades. Es reconocer fenómenos como el reclutamiento forzado y diseñar políticas específicas para evitar que más personas desaparezcan.
Romper la impunidad. Investigar con debida diligencia, con independencia y con perspectiva de derechos humanos es una obligación, no una opción.
Garantizar verdad, memoria y reparación. Buscar a las personas desaparecidas y saber qué ocurrió es un derecho. Que el Estado reconozca el daño, que pida perdón cuando corresponde, que adopte medidas para que no se repita y que repare de manera integral son pasos indispensables para reconstruir el tejido social.
La desaparición forzada es una herida abierta que no se cierra con silencio. Se atiende con verdad, justicia, memoria y reparación. Y sobre todo, con trabajo colectivo, familias, sociedad, instituciones y comunidad internacional caminando en la misma dirección.
Esa es la ruta que, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, seguiremos impulsando. Porque la deuda con las víctimas no se paga con palabras, sino con acciones concretas que les devuelvan, en la medida de lo posible, un poco de la paz que les fue arrebatada.

La crisis de desapariciones: entre la exigencia de la ONU y la realidad en México

Cada ausencia deja una herida. No es solo una cifra, es una mesa con un lugar vacío, una madre que no deja de preguntar, un joven cuyos planes se interrumpieron. La desaparición de una persona es una de las violaciones más graves a los derechos humanos porque atenta contra la dignidad, la seguridad y la paz de toda una comunidad. Desde un enfoque de derechos humanos, esto nos obliga a actuar no solo con eficacia, sino con humanidad, justicia y perspectiva de protección.
Hablar de desaparición desde los derechos humanos significa poner a las personas en el centro, reconocer a las víctimas y sus familias como sujetos de derechos, garantizar su participación en las investigaciones, proteger su integridad y procurar reparación integral. También implica exigir responsabilidades a las autoridades y asegurar transparencia en cada paso de la búsqueda y la investigación. La justicia no es completa si no incluye verdad, memoria y reparación.
Un riesgo que hoy debemos atender con urgencia es el reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por grupos delictivos. Muchas veces comienza con engaños, promesas de empleo o presión social, y termina en violencia o en la desaparición. Prevenir este daño es una obligación de todas y todos; del Estado, que debe crear políticas públicas efectivas, de las escuelas y los espacios comunitarios, que deben ofrecer alternativas y protección, y de la sociedad, que debe estar informada y vigilante.
La prevención desde los derechos humanos no es solo hablar de seguridad. Es garantizar educación de calidad, oportunidades laborales, espacios seguros para la juventud y servicios de protección para quienes están en situación de riesgo. Es combatir la desigualdad y la exclusión que empujan a muchas personas hacia caminos peligrosos. Es reconocer que cada medida debe respetar la no discriminación, la debida diligencia y el interés superior de las niñas y los niños.
La información y la participación son herramientas poderosas. Informar a las familias sobre señales de reclutamiento, denunciar ofertas engañosas en redes sociales, organizar redes vecinales de apoyo y promover la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda, fortalecen la capacidad colectiva para prevenir y responder.
Mi llamado es sencillo y firme: ninguna persona debería desaparecer, y nuestra respuesta debe estar guiada por los derechos humanos. Protejamos la dignidad de quienes sufren, acompañemos a las familias, exijamos investigación efectiva y reparación. Trabajemos en colectivo, comunidades, organizaciones civiles e instituciones, para construir entornos donde la vida de nuestras niñas, niños y jóvenes no esté en riesgo.
Fortalecer la prevención es proteger vidas y restaurar la confianza. Hacerlo con un enfoque de derechos humanos es la mejor manera de asegurar que cada ausencia encuentre una respuesta humana, justa y eficaz.
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Prevenir para proteger: el desafío de evitar la desaparición de personas

Cada 24 de marzo nos detenemos para recordar el Día Internacional del Derecho a la Verdad. No es solo una fecha en el calendario, es un llamado a las víctimas, a sus familias y a toda la sociedad a no olvidar, a exigir respuestas y a hacer de la verdad una práctica cotidiana.
Cuando hablo de verdad, no me refiero a una idea lejana o técnica. Hablo de personas que buscan a sus seres queridos; de madres y padres que no dejan de preguntar qué pasó; de hijas e hijos que necesitan saber. Hablo de la exigencia de conocer quiénes fueron los responsables, cuáles fueron las circunstancias y por qué ocurrieron hechos que rompieron vidas. Esa verdad es el primer paso para la justicia, la memoria y la reparación.
La verdad también exige reconocimiento público, nombrar lo ocurrido, dar rostro a las víctimas y evitar que el silencio o la negación borren el sufrimiento. Mantener viva la memoria colectiva es una defensa contra la repetición. Pero la memoria solo tiene sentido si la acompañamos con acciones, investigaciones serias, la participación activa de las víctimas en los procesos, y la exigencia de responsabilidades a quienes, por acción u omisión, permitieron estas violaciones.
Se recuerda hoy, además, la figura de monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien dio su vida denunciando la violencia y la impunidad, asesinado el 24 de marzo de 1980 por denunciar violaciones a derechos humanos en El Salvador. Su voz firme y humanista se convirtió en símbolo de resistencia frente al silencio y la impunidad. Su ejemplo nos recuerda que la defensa de los derechos humanos parte de la valentía de quienes alzan la voz ante la injusticia.
En Jalisco estamos frente a desafíos enormes. Aún hay miles de familias buscando a sus desaparecidos; persisten quejas por tortura y hay muchas muertes sin una respuesta institucional adecuada. Detrás de cada cifra hay una historia, un rostro que pide ser escuchado. Por eso, el derecho a la verdad no puede ser solo una declaración, debe ser una práctica que involucre a toda la comunidad.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco trabajamos con ese propósito. Rendimos cuentas porque la transparencia es una forma de respeto. En 2025 recibimos más de 3 mil 300 quejas y atendimos a casi 7 mil personas relacionadas con violaciones de derechos humanos; documentamos 231 casos de desaparición forzada o involuntaria y emitimos 41 Recomendaciones por violaciones graves. Esos números son esfuerzos, pero también recordatorios de lo que falta por hacer.
Nuestra labor incluye documentar, visibilizar, acompañar a las familias, facilitar su participación en los procesos y exigir a las autoridades que investiguen y reparen. Pero no lo hacemos solos, la verdad se construye en colectivo.
Cuando comunidades organizadas, organizaciones civiles, medios responsables y autoridades honestas trabajan unidas, la posibilidad de justicia crece y la impunidad disminuye.
Mi invitación es clara, no permanezcamos en silencio. Si eres víctima o familiar, acércate, presenta tu queja, pide acompañamiento. Si eres parte de la sociedad, guarda la memoria con respeto, exige respuestas y acompaña a quienes sufren. Y si perteneces a una autoridad, asume tu responsabilidad con transparencia y acción.
Solo a través de la memoria activa, la denuncia y la participación colectiva podremos romper el ciclo de impunidad y hacer de la verdad una realidad accesible para todas las personas.
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El derecho a la verdad frente a las violaciones graves de derechos humanos

En los últimos años, miles de personas que viven en la Zona Metropolitana de Guadalajara han expresado una preocupación que toca lo más esencial de la vida cotidiana: el agua que llega a sus hogares. En distintos momentos, vecinas y vecinos han reportado agua turbia, problemas en el suministro o incertidumbre sobre su calidad. Esta situación no solo genera inquietud legítima, también nos obliga a reflexionar sobre algo fundamental: el acceso al agua potable es un derecho humano.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco hemos dado seguimiento a este tema. En 2022 emitimos la Recomendación 10/2022, derivada de múltiples inconformidades ciudadanas relacionadas con la falta de agua potable y la presencia de agua turbia en distintas colonias de la ciudad. Las quejas surgieron particularmente durante el periodo de estiaje de 2021, cuando se registraron reportes en más de un centenar de colonias de la metrópoli. 
Nuestra investigación permitió acreditar que estas situaciones constituyen violaciones a diversos derechos humanos, entre ellos: el derecho al agua y al saneamiento, a la protección de la salud, al medio ambiente sano y a la seguridad jurídica. 
El derecho humano al agua implica que todas las personas deben tener acceso a agua suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Cuando el agua que llega a los hogares no cumple con condiciones de calidad o disponibilidad, la vida diaria se vuelve más difícil: cocinar, limpiar o simplemente beber agua con confianza deja de ser algo garantizado.
La Recomendación que emitimos no se dirigió a una sola autoridad. El problema del agua es complejo y requiere coordinación entre distintas instituciones responsables de su gestión, vigilancia sanitaria, infraestructura y operación del servicio. Por ello, la Comisión señaló la necesidad de fortalecer la planeación, mejorar la infraestructura, transparentar la información sobre la calidad del agua y adoptar políticas públicas que prevengan crisis similares en el futuro. 
Hoy, el tema vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública. En días recientes, autoridades sanitarias han emitido recomendaciones preventivas sobre el uso del agua en diversas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, mientras se realizan análisis sobre su calidad.
Ante situaciones como estas, es fundamental actuar con responsabilidad, transparencia y coordinación. La población tiene derecho a recibir información clara, oportuna y confiable sobre el agua que llega a sus hogares, así como a conocer las medidas que se están implementando para garantizar su seguridad.
Pero también es importante recordar que el derecho al agua no se garantiza únicamente reaccionando ante las crisis. Requiere planeación a largo plazo, inversión en infraestructura, cuidado de nuestras cuencas y políticas públicas que anticipen los efectos del crecimiento urbano y del cambio climático.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco seguiremos atentos a este tema. Nuestro compromiso es acompañar a la ciudadanía, dar seguimiento a las Recomendaciones emitidas y vigilar que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar los derechos humanos.
El agua no es solo un servicio público. Es una condición indispensable para la salud, la dignidad y la vida misma.
Garantizarla es una tarea que nos corresponde a todas y todos: autoridades, instituciones y sociedad.
Porque cuando hablamos de agua, hablamos del derecho a vivir con dignidad.
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El derecho al agua: una responsabilidad compartida

En el marco del #8M, Día Internacional de la Mujer, quiero compartir una reflexión no solo como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), sino también como mujer comprometida con la defensa y promoción de los derechos fundamentales de todas las jaliscienses.
Esta fecha nos invita a una profunda reflexión sobre los avances que hemos logrado en materia de igualdad de género, pero también nos exige reconocer los desafíos que aún persisten y que demandan una acción firme y coordinada.
Desde la CEDHJ, somos conscientes de la larga trayectoria de lucha que han emprendido las mujeres para conquistar espacios, superar barreras y hacer valer sus derechos. Celebramos cada logro, cada victoria, cada paso que nos acerca a una sociedad más justa e igualitaria.
Hemos visto a mujeres destacarse en todos los ámbitos: en la ciencia, la tecnología, la política, la cultura, el deporte. Mujeres que lideran, que innovan, que inspiran. Mujeres que transforman el mundo con su talento, su inteligencia y su compromiso.
Sin embargo, no podemos ignorar la realidad que enfrentan muchas mujeres en Jalisco y en todo el país. La violencia de género, la discriminación laboral, la brecha salarial, la falta de acceso a oportunidades, son problemas que siguen afectando a miles de mujeres y que limitan su desarrollo personal y profesional.
Los datos que recabamos en la CEDHJ son alarmantes. Las quejas por violencia familiar, acoso laboral y discriminación siguen siendo recurrentes. Y lo más grave: los feminicidios continúan siendo una dolorosa realidad que nos exige redoblar esfuerzos para proteger la vida y la integridad de las mujeres.
En memoria de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, defensora de derechos humanos y víctima de feminicidio, y de todas las mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia machista, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente para erradicar este flagelo.
Desde la CEDHJ, estamos implementando diversas acciones para promover la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres:
<ul>
<li>Investigamos y documentamos las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, emitiendo recomendaciones a las autoridades competentes para que adopten medidas correctivas y preventivas.</li>
<li>Brindamos asesoría jurídica y acompañamiento a las víctimas de violencia de género, garantizando su acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.</li>
<li>Realizamos actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, con el objetivo de promover una cultura de respeto a los derechos de las mujeres.</li>
<li>Colaboramos con otras instituciones y organizaciones para fortalecer la coordinación y la respuesta integral a la violencia de género.</li>
</ul>
Pero sabemos que el trabajo de la CEDHJ no es suficiente. Necesitamos el compromiso de todas y todos para construir una sociedad más justa e igualitaria.
Por eso, en el marco del Día Internacional de la Mujer, les invito a:
<ul>
<li>Informarse sobre sus derechos y exigir su cumplimiento.</li>
<li>Denunciar cualquier forma de violencia o discriminación que presencien o sufran.</li>
<li>Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres.</li>
<li>Reflexionar sobre sus propios prejuicios y estereotipos de género, y comprometerse a construir relaciones más equitativas y respetuosas.</li>
</ul>
Desde la CEDHJ, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando incansablemente por la igualdad y la justicia para todas las mujeres de Jalisco. Porque creemos que un futuro mejor es posible, un futuro donde todas las mujeres puedan vivir libres, seguras y plenas.
Un vuelo constante, con la mirada fija en la igualdad.
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Día Internacional de la Mujer: avances, desafíos y compromiso desde los derechos humanos

Los días 22 y 23 de febrero, Jalisco vivió hechos que nos hicieron sentir vulnerables y pusieron en pausa nuestra rutina. Esa inquietud no es solo una reacción individual; nos recordó que la seguridad y la dignidad se defienden en colectivo. Frente a la incertidumbre, la respuesta más firme y eficaz es la unión.
Cuando hablo de colectivo no me refiero sólo a autoridades o instituciones, hablo de vecinas y vecinos que se organizan, de escuelas que abren sus puertas para el diálogo, de organizaciones civiles que acompañan a las víctimas, de medios de comunicación que informan con responsabilidad y de familias que recuperan la confianza en sus barrios. Construir paz es un trabajo compartido donde cada aporte suma y cada omisión duele.
Jalisco tiene fuerza, la fuerza del trabajo cotidiano, del talento y de las ganas de vivir en un entorno digno, pero esa fuerza necesita canalizarse en redes de apoyo reales.
Hoy, el llamado es claro: Recuperemos los espacios públicos que nos pertenecen, volvamos a habitarlos con respeto y sentido de comunidad. Reconstruir el tejido social es el camino hacia una paz duradera, una paz que no solo implica ausencia de violencia, sino presencia de confianza, diálogo y unidad.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco asumimos esa visión colectiva. Al presentar nuestro Informe Anual 2025 refrendamos la obligación de rendir cuentas, pero también reafirmamos la cercanía con la gente. Este año logramos avances importantes, abatimos 97% del rezago en quejas por desaparición, emitimos cuatro Recomendaciones concentradoras que atendieron 240 casos y reconocimos a más de 600 víctimas directas e indirectas, impulsando su acceso a una reparación integral. Esos números representan historias recuperadas, pasos hacia la justicia y la escucha activa con quienes sufren.
Sin embargo, los logros institucionales son solo una parte. La defensa de los derechos requiere de la participación activa de la sociedad. Cuando la comunidad denuncia, acompaña y exige soluciones, se traza un camino más sólido hacia la paz. Cuando las instituciones responden con transparencia y prontitud, se restituye la confianza. Ambos esfuerzos deben ir de la mano, es decir, ciudadanía e instituciones.
Actuemos juntos por la justicia, la igualdad y la dignidad humana. Construyamos entre todas y todos el Jalisco en paz que merecemos.
Para conocer a detalle los avances, retos y resultados de nuestro trabajo, les invito cordialmente a consultar el INFORME ANUAL 2025 de la CEDHJ, donde encontrarán información transparente y completa sobre las acciones realizadas en favor de los derechos humanos.
Pueden acceder al informe a través del siguiente enlace: <a href="https://cedhj.org.mx/presidencia/informes">https://cedhj.org.mx/presidencia/informes</a>
Su lectura y reflexión fortalecen el diálogo público y la participación ciudadana que tanto necesitamos.
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Reconstruir el tejido social para recuperar la paz

En Jalisco, hablar de grandes obras de infraestructura suele ser sinónimo de modernidad y desarrollo. Pero detrás de cada proyecto hay una pregunta que no podemos ignorar: ¿Qué pasa con las personas que ya viven en esos territorios?
Esta es la situación que hoy enfrentan las y los habitantes de Pueblo Quieto, en Guadalajara, ante el anuncio de su desalojo para la construcción de infraestructura ferroviaria del gobierno federal, lo que nos obliga a mirar este tema desde una perspectiva de derechos humanos.
No se trata de estar a favor o en contra del tren. Se trata de algo más básico, ya que ninguna obra pública, por importante que sea, puede justificar que se deje a las personas en la incertidumbre, sin información clara o sin alternativas dignas. El desarrollo no puede significar que unas y unos avancen mientras otros pierden su casa, su entorno y su proyecto de vida.
Cuando se habla de un posible desalojo, no solo está en juego el derecho a la vivienda. También se vulneran otros derechos como el derecho a la información, a la participación, al debido proceso y los derechos de niñas, niños, personas mayores y con discapacidad, que requieren una protección especial en cualquier reubicación.
Los estándares nacionales e internacionales son claros: los desalojos deben ser la última opción y, si resultan estrictamente necesarios, deben hacerse con garantías mínimas indispensables como: información previa, diálogo, alternativas de vivienda adecuada y medidas para evitar el uso de la fuerza.
Por ello, es obligación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recordar a las autoridades municipales, estatales y federales que, antes de iniciar cualquier proyecto, es necesario colocar al centro a las personas. No basta con “avisar” a la comunidad; se requiere un proceso real de diálogo y consulta.  No basta con ofrecer cualquier lugar; la reubicación debe garantizar vivienda digna, acceso a servicios, educación, salud y posibilidades de empleo. No basta con decir que “es por el bien de todos”; también debe ser por el bien de quienes hoy viven ahí y temen perderlo todo.
Por ello, esta defensoría propone algunos pasos básicos que deberían asumirse como compromisos mínimos: información transparente y accesible para todas las familias de Pueblo Quieto, por escrito y en reuniones directas, sobre el proyecto, los plazos y las alternativas. Mesas de diálogo con representación de la comunidad, autoridades responsables de la obra y acompañamiento de organismos de derechos humanos. Plan de reubicación digno y atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad.
Como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, reitero que nuestra tarea es acompañar, documentar y exigir que cualquier acción en esta zona se realice con pleno respeto a la dignidad de las personas.
El verdadero desarrollo se mide no solo por las obras que se construyen, sino por la forma en que el Estado trata a quienes se ven afectados por ellas. En Pueblo Quieto, hoy, está a prueba esa coherencia.

Pueblo Quieto: el progreso no puede pasar por encima de las personas

Cuando era niña, como muchas otras, aprendí que la ciencia era “cosa seria”: laboratorios, batas blancas, fórmulas complicadas. Pero casi nunca veía a mujeres en esas imágenes. Con los años entendí que eso no era casualidad, pues durante siglos, la ciencia ha sido presentada como un espacio abierto para el conocimiento y el progreso, pero en la práctica ha sido un terreno profundamente desigual para las mujeres.
Hoy, afortunadamente, sus historias ya no pasan desapercibidas. En todo el mundo, y también en nuestro país, hay científicas jóvenes y adultas que son referentes de inspiración. Sus logros nos recuerdan que la igualdad de género en la ciencia no es un detalle menor ni un tema de moda, es una cuestión de justicia y de derechos humanos.
Por eso, en 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. No es una fecha decorativa en el calendario, es un llamado directo a gobiernos, instituciones, familias, comunidades educativas y medios de comunicación para que dejemos de ver a las mujeres como invitadas ocasionales en la ciencia y las reconozcamos como protagonistas.
Las cifras nos ponen frente a la realidad. De acuerdo con la Unesco, menos del 30 por ciento de las personas que se dedican a la investigación científica en el mundo son mujeres; el problema no es la falta de talento, sobra talento femenino. Lo que sobran son estereotipos. A muchas niñas se les sigue enviando el mismo mensaje, una y otra vez, “la ciencia es muy difícil”, “las matemáticas no son para ti”, “mejor estudia algo más sencillo”. A veces se dice con palabras, otras, con miradas, con chistes, con la ausencia de modelos femeninos en los libros y en los medios.
Cada vez que una niña empieza a dudar de sí misma y piensa que no es “capaz” de estudiar una carrera científica solo por ser mujer, perdemos todas y todos. Perdemos una mente que pudo aportar soluciones nuevas, una mirada distinta, una sensibilidad que hace falta en la toma de decisiones. Y también se vulneran derechos fundamentales: el derecho a la igualdad, a la educación, a decidir libremente su proyecto de vida.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, este tema es muy claro:  
– Las niñas y las mujeres tienen derecho a acceder a la educación científica en igualdad de condiciones.  
– Tienen derecho a participar, aportar y liderar en los espacios de ciencia y tecnología.  
– Tienen derecho a vivir y trabajar en entornos libres de violencia, acoso y discriminación.
Apoyar a las mujeres y a las niñas que quieren dedicarse a la ciencia no es un favor ni un gesto de buena voluntad. Es una decisión justa, inteligente y necesaria. Es defender su derecho a soñar en grande y a construir el futuro con las mismas oportunidades que cualquier hombre.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, vemos en cada niña que sueña con ser científica una posibilidad de transformar el mundo. Cuando una niña entiende que puede ocupar un lugar en la ciencia, cuando una joven entra a un laboratorio sin miedo a ser minimizada, cuando una mujer científica es reconocida por su trabajo, no solo avanzan ellas: avanzamos todas y todos.
Porque cada vez que se abre una puerta para una niña o una mujer en la ciencia, se abre también una puerta para una sociedad más justa, más igualitaria y más humana. Y ese es, precisamente, el corazón de los derechos humanos.
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Voces femeninas en la ciencia: inspiración y desafíos en el siglo XXI

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La reparación integral del daño empieza mucho antes de un expediente o una sentencia. Está en la mirada de quien perdió la tranquilidad, en la sonrisa que ya no vuelve a ser igual, en el silencio que ocupa una casa donde antes había vida. Cuando hablamos de reparación, no hablamos de trámites, hablamos de devolver, en la medida de lo posible, dignidad, esperanza y las condiciones para seguir adelante.
La justicia ya no puede limitarse solo a castigar. Hace años se estableció que el Estado debe hacer cuatro cosas básicas: prevenir lo que causa daño, investigar lo ocurrido, sancionar a quienes son responsables y reparar a las víctimas. Eso suena formal, pero en la práctica significa acompañar a una madre que busca respuestas, ofrecer atención médica y apoyo psicológico, reconocer públicamente lo que pasó y asegurar que no vuelva a ocurrir.
La reforma de 2011 puso a las personas en el centro de la ley. Desde entonces tuvimos avances, nuevas instituciones, recomendaciones y mecanismos para apoyar a las víctimas. Pero la realidad que viven muchas familias es otra; procesos largos, trámites que reabren heridas y la sensación de que la ayuda llega tarde. Eso no puede seguir pasando.
Para que la reparación deje de ser una promesa y sea una verdad cotidiana, necesitamos acciones concretas y humanas:
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Presupuesto real y permanente: recursos suficientes en cada nivel de gobierno para reparar sin excusas.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Acompañamiento desde el primer día: personas capacitadas que orienten y protejan, evitando revictimizar.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Responsabilidad clara: quien vulnera derechos debe responder y la reparación debe considerarse desde el inicio del proceso, no al final.</li>
</ul>
Reparar es también reconocer con palabras y actos. Una disculpa pública, el nombrar lo ocurrido, medidas de no repetición y atención integral, son formas de devolver algo de lo que se perdió. Cuando el Estado asume su responsabilidad y la sociedad acompaña, se restituye confianza y se transforma el dolor en cambios reales.
Hacer que la reparación funcione es una decisión de todas y de todos, autoridades, instituciones y sociedad. Acompañemos a quienes sufren, exijamos respuestas y construyamos un sistema de justicia que realmente cuide a las personas.

La reparación integral del daño: un acto de justicia y deuda con las víctimas