El caso de la iglesia La Luz del Mundo vuelve al centro de la polémica luego de que la FGR determinó el “no ejercicio de la acción penal” en una investigación iniciada en 2019 por presunta trata de personas, explotación sexual y delincuencia organizada.

La historia volvió a sacudir a México. La Fiscalía General de la República (FGR) cerró la investigación más amplia que mantenía abierta desde 2019 contra la iglesia La Luz del Mundo y su círculo de poder, una decisión que volvió a encender cuestionamientos por la impunidad que durante décadas ha rodeado a sus jerarcas.
El punto más delicado es que la resolución se tomó bajo la figura de “no ejercicio de la acción penal”, es decir, la autoridad decidió no proceder penalmente pese a años de testimonios, diligencias y líneas de investigación por presuntos abusos sexuales, trata de personas y manejo irregular de recursos. La medida, autorizada desde diciembre de 2025, fue impugnada por sobrevivientes y será revisada por un juez en Puente Grande, Jalisco.

En el centro del caso aparece Naasón Joaquín García, quien ya cumple una condena de 16 años y 8 meses en Estados Unidos por abuso sexual de menores y además enfrenta nuevos cargos federales por crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, acusaciones que podrían mantenerlo preso de por vida.
Lo que vuelve más explosivo el cierre del expediente en México es el contraste con lo que ocurre en tribunales estadounidenses, donde la investigación no solo sigue viva, sino que escaló a una presunta red de abuso y encubrimiento con operadores cercanos al liderazgo religioso. Mientras allá se amplían los cargos, aquí el expediente quedó archivado sin una explicación pública de fondo.

Sobrevivientes como Sochil Martin han acusado que el carpetazo representa un nuevo episodio de revictimización y una señal de que el poder político y económico que históricamente ha rodeado a la congregación sigue pesando en México. La impugnación judicial ahora se perfila como el siguiente capítulo de un caso que, lejos de cerrarse en la opinión pública, vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre justicia, poder e influencia religiosa.
El golpe mediático y judicial no está en lo que se investigó, sino en lo que ya no se quiso perseguir. Ahí es donde la decisión de la FGR abre una nueva tormenta política y legal.