Teuchitlán, la tragedia que se repite
El caso de Teuchitlán no es un hecho aislado ni un error operativo: es evidencia de omisión institucional. El Rancho Izaguirre, identificado desde 2025 como un punto vinculado a desapariciones y reclutamiento forzado, no fue asegurado de manera efectiva. Hoy, los nuevos hallazgos confirman que el problema no solo persiste, sino que se agrava.
En abril de 2026, colectivos de búsqueda localizaron una nueva fosa dentro del rancho, donde se encontraron restos óseos, incluidos molares y fragmentos calcinados en excavaciones de aproximadamente 80 centímetros de profundidad. Además, se han identificado entre 95 y 98 perfiles genéticos distintos, lo que confirma la magnitud del sitio y su uso reiterado como punto de disposición de cuerpos.
Estos hallazgos no son menores. Se suman a la evidencia previa: prendas de vestir, restos humanos y testimonios que desde el año pasado señalaban que el lugar operaba como centro de reclutamiento, confinamiento y eliminación de personas por parte del crimen organizado.
Lo más grave no es únicamente la existencia del sitio, sino que, a más de un año de su descubrimiento, sigue generando hallazgos. Esto implica una falla directa en el aseguramiento y resguardo del inmueble. Un predio con estas características debió quedar bajo control absoluto del Estado, con vigilancia permanente, procesamiento pericial completo y cierre operativo. Nada de eso ocurrió de forma eficaz.
Incluso, la propia información oficial ha sido rebasada por los colectivos. Mientras autoridades reportaban avances limitados en el procesamiento del lugar, familiares de víctimas continuaron encontrando restos en fosas sépticas y zonas no intervenidas dentro del mismo predio.
El dato estructural agrava el contexto: Jalisco concentra más de 15 mil 700 personas desaparecidas, colocándose como una de las entidades con mayor crisis en el país. Esta cifra no es un número aislado, es el reflejo de una dinámica sostenida de desaparición forzada, donde los puntos de operación criminal no solo existen, sino que continúan activos.
La omisión en el Rancho Izaguirre tiene consecuencias claras: permite la continuidad del delito. Cuando un sitio identificado no se asegura, se convierte nuevamente en espacio funcional para el crimen organizado. Esto no es una hipótesis, es lo que está ocurriendo.
El problema también es de control territorial. La falta de intervención efectiva en Teuchitlán refleja que existen zonas donde el Estado no ejerce dominio pleno. Y en seguridad pública, la ausencia de control no es neutral: es ocupada por estructuras criminales.
El contexto internacional agrava la contradicción. Jalisco será sede del Mundial 2026, proyectándose como un destino seguro y competitivo a nivel global. Sin embargo, la realidad interna muestra que, en paralelo, el Estado sigue siendo uno de los principales focos de desaparición de personas en México.
No se trata de percepción, sino de hechos: un sitio previamente identificado, no asegurado, con nuevos restos humanos localizados en 2026, dentro de un Estado que lidera las cifras de desaparición.
La omisión institucional en Teuchitlán no solo es negligencia: es un factor que permite la repetición del delito. Y mientras no exista aseguramiento real, investigación exhaustiva y control efectivo del territorio, estos espacios no dejarán de operar.
Porque en Jalisco, hoy, el problema no es que no se sepa dónde ocurre… sino que, aun sabiéndose, no se actúa.
