Lo bueno cuesta caro
“Lo bueno cuesta caro”. Con esa frase, digna del argumento más capitalista, respondió el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, al cuestionamiento de una reportera sobre el encarecimiento de las rentas en el municipio que gobierna. En la misma entrevista remató: “¿qué quiere, que meta un control como el que quieren meter de rentas? No, la verdad no lo voy a hacer, no es mi filosofía”.
No es simple retórica. La preocupación por el costo de la vivienda no es un capricho ideológico ni una ocurrencia de activistas: es uno de los fenómenos sociales más serios que enfrentan hoy no sólo México, sino buena parte del mundo. Dos palabras lo resumen: gentrificación y especulación inmobiliaria.
Por un lado, existen personas que al contar con capital compran más de una vivienda —dos, cinco, diez— para rentarlas de forma tradicional o, cada vez con más frecuencia, a través de plataformas como Airbnb, que ofrecen retornos superiores al arrendamiento convencional. Cada inmueble convertido en alojamiento turístico es una familia menos que puede vivir en ese barrio.
Por el otro, está la falta de regulación en el desarrollo urbano. Los gobiernos municipales autorizan, poco a poco y sin visión de largo plazo, proyectos inmobiliarios con precios elevadísimos que desplazan a la vivienda popular y de clase media. Zapopan es caso de libro: se venden departamentos antes siquiera de que inicie su construcción, mientras familias que han vivido décadas en el municipio son expulsadas por rentas que duplican sus ingresos.
Estos temas no sólo se discuten en foros académicos; ciudades como Barcelona, Berlín, Nueva York, Ámsterdam, París o Lisboa los regulan desde hace años. Y sin ir tan lejos: la Ciudad de México aprobó en octubre de 2024 la llamada “Ley Airbnb”, que limita al 50% de las noches del año la renta de un inmueble en plataformas digitales, con el propósito explícito de frenar la gentrificación.
Sorprende la ligereza de la visión del alcalde de Zapopan, quien en teoría debe gobernar para todos y no sólo para quienes pueden pagar precios exorbitantes. Escudarse en “la oferta y la demanda”, no es gobernar: es administrar la comodidad de quienes ya están cómodos. La vivienda no es un bien como cualquier otro. Es la condición material para acceder a la salud, la educación, el trabajo y la vida comunitaria. Cuando el mercado la convierte en un activo financiero, quienes pierden no son abstracciones estadísticas: son los maestros, enfermeras, policías, empleados y jóvenes profesionistas que ya no pueden vivir cerca de donde trabajan.
Regular no significa expropiar ni ahuyentar la inversión. Significa reconocer que el suelo es finito; que las ciudades se construyen con décadas de trabajo colectivo —con servicios públicos pagados por todos—; y que permitir la concentración de la vivienda en pocas manos termina por vaciar barrios, saturar vialidades, encarecer el transporte y erosionar el tejido social.
Decir “lo bueno cuesta caro” en un municipio donde miles de familias están siendo empujadas fuera de sus colonias no es una declaración de principios económicos: es una confesión política que coloca al gobierno del lado del capital. Ya lo escribía Anatole France hace más de un siglo: “la ley, en su majestuosa igualdad, prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes”. Cuando la vivienda se vuelve un privilegio, la igualdad formal sólo le sirve a quien ya tiene.
