La democracia mexicana enfrenta una situación oscura. El gobierno federal consumó la captura del Instituto Nacional Electoral. Con la imposición de tres nuevos consejeros, la imparcialidad institucional murió. Blanca Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez no llegan para servir a la ciudadanía. Llegan para cumplir órdenes desde el centro del país.
El caso de Arturo Chávez es alarmante. El nuevo consejero viene de dirigir Talleres Gráficos de México. Ayer imprimía las boletas bajo el mando del Ejecutivo. Hoy pretende contar los votos con una supuesta independencia. El conflicto de interés es total. No hay distancia entre quien organiza la elección y quien fabrica los insumos. Es una burla para los electores.
Esta decisión desde la Cámara de Diputados ignora la pluralidad nacional. La mayoría legislativa decidió por todos nosotros sin buscar el consenso. El rechazo de la oposición no fue un capricho. Fue una advertencia sobre la destrucción del árbitro electoral.
La llegada de estos perfiles afecta la fiscalización. Los recursos públicos se usarán sin límites en las campañas oficiales. El nuevo consejo difícilmente sancionará a sus aliados. La equidad desapareció de la contienda. Tu voto ahora depende de funcionarios con lealtades partidistas claras.
Los riesgos más evidentes de cara al siguiente proceso son el control del padrón electoral por intereses políticos directos. La resolución de quejas contra el oficialismo sufrirá un sesgo inevitable. El servicio profesional perderá su estructura técnica ante la llegada de cuotas. La falta de certeza marcará los resultados de las elecciones intermedias.
La autonomía no es una concesión del gobierno. Es una conquista de los ciudadanos. Hoy esa conquista está en manos de una fuerza política que busca el control total. Desde Jalisco levantamos la voz. No aceptamos un árbitro con dueño. La defensa de la libertad empieza por exigir un instituto electoral libre. La democracia no se negocia. El futuro de nuestras elecciones está bajo amenaza.