Del dicho al hecho: de las peticiones de intervención a la violación flagrante de la soberanía nacional
La condición fundamental para el desarrollo social de un pueblo, para su crecimiento económico, sus avances democráticos, su estabilidad política, es el respeto pleno de la soberanía nacional. Bajo un escenario de sometimiento es absolutamente imposible el desarrollo en cualquiera de sus sentidos pues, sin autodeterminación, sin libertad, ¿qué pueblo puede avanzar? Así de grave es el incidente ocurrido en Chihuahua.
El pasado fin de semana, en el municipio de Morelos, Chihuahua, tras un operativo antidrogas, en un accidente automovilístico cuatro personas lamentablemente perdieron la vida. Con el pasar de las horas se supo que dos de ellos eran elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, pero los otros dos eran hombres de nacionalidad norteamericana y estaban adscritos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), lo que despertó profundas interrogantes.
Tras una serie de contradicciones, verdades a medias e incomprensibles silencios, se comenzó a alertar de un hecho gravísimo: la soberanía nacional había sido violentada deliberadamente por un gobierno estatal. El fiscal de Chihuahua señaló en un primer momento que los agentes de la CIA habían participado en el operativo, para después retractarse y señalar que eran instructores y terminar el galimatías señalando que casualmente los habían encontrado en carretera y les dieron “aventón”.
Más allá de lo que aún falta por develarse en el caso, hay un hecho incuestionable: el gobierno federal no estaba enterado y, por lo tanto, no acreditó de ninguna manera las actividades de los agentes norteamericanos. Si el gobierno de la república no lo hizo, ¿quién sí? Todo apunta al gobierno estatal de Chihuahua, encabezado por la panista María Eugenia Campos Galván.
Desde hace meses, personalidades del conservador Partido Acción Nacional han estado haciendo guiños al intervencionismo norteamericano, mostrándose favorables a la idea de que la administración Trump (y sus fuerzas armadas) tenga un rol más activo en territorio nacional, para contrarrestar al crimen organizado.
A la par de sus insistentes llamados intervencionistas, a los que se sumó el Partido Revolucionario Institucional, han generado también toda una delirante narrativa de que en México hay una vinculación entre el gobierno federal y el crimen organizado, señalando airadamente, sin evidencia alguna, que tenemos una “narcodictadura”.
Dejando de lado la ironía de que integrantes de gobiernos priistas y panistas sí tuvieron vínculos plenamente acreditados con personajes del crimen organizado, es alarmante que, ante las constantes amenazas del país del norte sobre nuestra soberanía, sean nuestros propios partidos de oposición los que pidan, velada o abiertamente, que una fuerza extranjera entre a territorio nacional.
En Chihuahua, el Partido Acción Nacional pasó del dicho al hecho, y la gobernadora violó, deliberadamente, el principio de soberanía nacional, dejando actuar sin autorización federal a agentes de la CIA. El daño está hecho, vendrán las investigaciones y, tentativamente, las sanciones a esta afrenta nacional, pero lo más importante, por el momento, es recordarle a nuestro pueblo que, quien apela a fuerzas extranjeras, quien acuerda en lo oscurito con otros gobiernos, quien incita a agentes internacionales a que intervengan en suelo mexicano y violen nuestra soberanía, sólo tienen un nombre y es el de traidores a la patria, ¡aunque les duela!
