Jonás

Se aprobó, en sus condiciones y con sus tiempos, la elección de tres nuevos integrantes del Consejo General del INE y todo son afines a Morena. Los diputados federales morenistas aglutinaron 334 votos a favor y a pesar de los 127 votos en contra, los aspirantes Blanca Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez, se convirtieron en los nuevos consejeros generales. Estarán en el cargo hasta el año 2035.
Los tres nuevos integrantes del Consejo del INE rindieron protesta en el cargo y deberán soportar durante algunos días, la “tormenta mediática” que denunciará su cercanía con el partido en el poder. Las pruebas sobre su cercanía son muchas; Arturo Chávez incluso, trabajó en el equipo de gobierno de Claudia Sheinbaum cuando ella fue jefa delegacional en Tlalpan; de ese tamaño es el conflicto de interés.
Pero ya no hay vuelta atrás. El Consejo General del INE, que es presidido por Guadalupe Taddei (también con nexos que la acercan a Morena), ya está integrado por una mayoría de consejeros afines al partido político gobernante.
Los análisis sobre el futuro inmediato del INE se pronuncian por dos vías: confiar en la institucionalidad o dudar, de plano, de la imparcialidad que es una de sus obligaciones legales.
Naturalmente, hay argumentos para mantener ambas posiciones.
Sin embargo, en este espacio se hace énfasis el cuestionamiento al objetivo inicial de la máxima institución del país responsable de la organización de las elecciones.
Cuando en 1990 se fundó en el entonces llamado Instituto Federal Electoral, IFE, que luego de una reforma pasaría a denominarse Instituto Nacional Electoral, INE, se cristalizó con éxito uno de los mayores esfuerzos sociales después de la elección presidencial de 1988, aquella en la que “se cayó el sistema” y resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, cuando todos los indicios apuntaban a que el triunfador era Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Irónicamente, la caída del sistema fue orquesta por quien era responsable de la organización de la elección y el conteo de los votos, Manuel Bartlett Díaz. Era el secretario de Gobernación. 
Y se entendió entonces que el gobierno no podía ser más, el que convocara y organizara las elecciones.
Hoy se cuenta con el INE y además, con una estructura judicial que califica las elecciones: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y existen también los organismos paralelos en cada Estado del país.
Sin eliminarla, queda constancia de que toda esta estructura mantiene nexos y cercanía con la estructura de Morena y el gobierno federal.
Por eso, la oposición política, hoy minoría en el Poder Legislativo, denuncia que la autonomía de las elecciones ha quedado cancelada.
En menos de dos sexenios quedó desmontado lo que tomó tres décadas de esfuerzo ciudadano y consenso social.

El INE ya está dominado por Morena

Después del atentado en las pirámides de Teotihuacán se levanta, con toda razón, una duda: ¿Se puede garantizar protección para los visitantes que asistan al torneo mundial de futbol?
Un joven de apenas 27 años de edad, Julio César Jasso, cometió un acto irracional y de resultados trágicos, al atacar con un arma de fuego a turistas que se encontraban en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán. De acuerdo con la versión oficial, él mismo se quitó la vida al confrontarse con elementos de la Guardia Nacional y después de haber sido herido en una pierna. Es sin duda una tragedia, porque además causó la muerte de una mujer de origen canadiense e hirió a varios turistas, incluido un niño de seis años.
Al margen del drama humano, la cuestión es que este inusitado ataque en una zona arqueológica –una de las más conocidas en el mundo– la cuestión es que se genera una muy negativa imagen de México como destino de Torneo Mundial de Futbol, que está por comenzar en junio.
El gobierno de la república entró en emergencia. Lo ocurrido en este ataque de particulares características, porque el agresor actuó sólo, generó cuestionamientos en varios países, que de inmediato generaron recomendaciones para evitar o restringir viajes a México.
La presidenta Claudia Sheinbaum debió encarar el golpe en su conferencia mañanera y defensión que en el mundo sigue habiendo confianza en México. Junto a ella, su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que “la seguridad está garantizada” en el Mundial, y recordó el operativo de seguridad que se ha estado preparando desde varios meses atrás con la colaboración de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las dependencias de seguridad en las tres sedes del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Y subrayó que lo ocurrido en Teotihuacán no tiene ningún antecedente. Es cierto, pero eso no es disculpa. Y Julio César Jasso pudiera haber asesinado a muchas personas más.
La solución es relativamente sencilla, aunque no de fácil ejecución: las autoridades en México deben desechar esa suposición de que en México somos más pacíficos y aunque haya violencia, no tenemos suceso con asesinos masivos como ha ocurrido muchas veces en Estados Unidos.
Es falso. Sí los tenemos y ya han empezado a ocurrir.
Ningún lugar de visita para turistas nacionales o extranjeros puede carecer de protocolos de seguridad y vigilancia. Eso queda en el pasado.
Sólo queda esperar que los turistas juzguen que fue un asunto aislado y no cancelen su visita a México. Eso, y aplicar de inmediato las medidas de seguridad que el evento y el compromiso exigen.
Es difícil, pero este país debe encontrar la manera de seguir en la dilatada lucha contra la violencia, la inseguridad y los desaparecidos, y al mismo tiempo mantener su posición como una de las potencias turísticas del mundo.

Teotihuacán y la seguridad nacional

El Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, está en México. Su tarea implica un gran dilema: llevar o no el tema de los desaparecidos a la Asamblea General y presentar el caso como un posible crimen de lesa humanidad.
Al final, su tarea se convertirá en un expediente plagado de tecnicismos legales y el gran cuestionamiento es si después de años de vivir una tragedia permanente en México, este funcionario de la ONU se atreverá a retar los esfuerzos del gobierno mexicano que cuestiona el informe inicial que originó esta presencia.
Uno de los dramas más angustiantes que se padecen en México desde hace años, es la impunidad. Y ésta, evidentemente, se combina con la corrupción que se presenta en el ámbito público y en el privado. A lo largo de años y revisando informes de organismos no gubernamentales, organizaciones civiles o estudios académicos, con el cruce de cifras que básicamente comparan denuncias presentadas con sentencias judiciales, se sostiene que la impunidad en nuestro país es superior a 90 por ciento.
En otras palabras, nueve de cada 10 delitos cometidos no se persiguen, no se castigan. No hay justicia.
Y sin justicia, quienes cometen delitos pierden el temor. Mantienen sus prácticas ilegales.
Se cometen desde las faltas administrativas más intrascendentes hasta los delitos más atroces y criminales. 
Y en ese origen es que se puede explicar que Volker Türk haya venido a México a investigar; a entrevistarse con las víctimas de 110 mil (cifra conservadora) desaparecidos en el país, en cualquier Estado. Y se entrevistó también con autoridades, para empezar la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Su tarea no es sencilla, porque como representante de la ONU debe escuchar y atender con detalle los argumentos oficiales. Y no es ningún secreto qué argumento tiene más peso en la elaboración de su determinación final: el de la secretaria de Gobernación o el de los familiares que elaboran hipótesis y denuncian negligencia y falta de atención sobre denuncias de familiares desaparecidos.
Al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum parece importarle un argumento principal: que se considere que esta administración sí ha trabajado para disminuir el número de desaparecidos y para atender las denuncias. El resto de la realidad deja de ser prioridad.
Pero la verdad es que no entraña importancia superior averiguar si hubo más desaparecidos en el sexenio de Felipe Calderón, en el de Enrique Peña Nieto o en el de Andrés Manuel López Obrador. No. Lo verdaderamente importante es terminar con la pesadilla.
¿Qué podría suceder si el tema llega a la Asamblea General de la ONU y se vota por mayoría que sí se ha cometido un crimen de lesa humanidad?
Entre las muchas consecuencias legales, el gobierno mexicano tendría que someterse a la investigación externa; debería mostrar cómo se aplica la justica en el país; hacer pública la impunidad y la corrupción; abrirse a la crítica, a la intervención. Comprometerse, con mecanismos definidos, a aplicar una solución.
Sería doloroso; sería una desacreditación. Implicaría una imagen internacional manchada.
Sin embargo, sería quizá el proceso que le ponga fin a la tragedia de los desaparecidos.

La ONU observa nuestros desaparecidos

La semana pasada, el líder moral de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, visitó Guadalajara y estuvo en la sede estatal del partido, en Avenida La Paz. La coordinadora estatal, Mirza Flores, le dio la bienvenida y celebró la presencia de Dante publicando que “El Jefe” había estado presente.
Mirza Flores aprovechó la ocasión para repetir lo que ha concretado en meses de trabajo partidista y electoral: la conformación de 100 comités municipales para competir en la elección 2027. Asegura que es cuestión de tiempo para que se sumen los restantes 25 comités y así, tener presencia en todo el Estado de Jalisco.
Sin embargo, la visita de Dante Delgado adquirió otro nivel de importancia: apareció justo unas horas después de que Movimiento Ciudadano, pero principalmente el gobernador del Estado, Pablo Lemus, confirmó que a diferencia de la dirigencia nacional de Jorge Álvarez Máynez, en Jalisco se rechaza la reforma electoral y el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aunque la reforma electoral ya está pública y cambió la Constitución del país, los diputados de Movimiento Ciudadano –en voz del coordinador, José Luis Tostado– hicieron pública su postura en contra, confrontándose por ello con los legisladores estatales de Morena. Eso les valió una felicitación del gobernador Lemus, quien explicó con toda claridad porqué hay una posición distinta de la que tiene la dirigencia nacional: Para diferenciarse de Morena.
El gobernador explicó en entrevista pública que el pueblo jalisciense quiere que MC sea diferente de Morena.
Ese es un principio ideológico bastante contundente.
A quienes gobiernan se les piden resultados. Se les exige que superen sus diferencias ideológicas y partidistas, si lo que corresponde es hacer un trabajo plural en favor de objetivos gubernamentales y en favor de la ciudadanía.
Sin embargo, en lo político también se espera que los políticos se diferencien; que exhiban con claridad, transparencia y honestidad, sus posturas cuando son diferentes y cuando les pueden costar un riesgo electoral.
Es lo mínimo que se les exige: Congruencia.
En este paréntesis, se entiende claramente que los diputados de Morena hayan votado por la propuesta de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque haya sido una reforma cuestionada, “descafeinada” y condicionada por la alianza gobernante.
Lo que no se entendió con claridad fue que los diputados de MC en la Cámara Baja hubieran dicho que no estaban a favor, pero que votaban a favor. Fue, como se dice, una “maroma”.
Y en Jalisco, aunque les reclamen, presentaron su postura en contra.
Es indispensable que los políticos sean claros, congruentes y transparentes con sus posiciones ideológicas, cómo y por qué votan. Aunque les cueste.

La visita de Dante Delgado a Jalisco

Conocida por su activismo político y claro, por sus resultados, Citlalli Hernández deja una secretaría creada para ella. Deja a las mujeres y se va a la elección. ¿Quién gana?
El movimiento no se vio venir: que Citlalli Hernández abandone el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum para incorporarse a una estrategia electoral y apoyar a Morena y a Luisa María Alcalde, parece una decisión precipitada. Pero hay que esperar.
De entrada, extraña que la ahora ex secretaria de las Mujeres deje el proyecto de gobierno y acuda en auxilio de la dirigente nacional de Morena, justo cuando se le percibe más como una carga que como una presidenta de partido funcional y conciliadora.
Lo primero que debe revisarse –y no lo hicieron público– son las condiciones puestas por Citlalli Hernández para regresar al partido; de entrada, si los resultados terminan favoreciéndole, habrá acumulado un mayor poder e influencia en Morena y en los cargos públicos que se ganen en la elección 2027, y entonces será tiempo de cobrar facturas.
Pero si por otra parte, resulta que ya no hay manera de rescatar el proceso electoral y los resultados son muy negativos, Citlalli Hernández no será la derrotada.
Probablemente la suya sea una apuesta en la que gana de todas formas.
Sin embargo, dejar la Secretaría de las Mujeres tiene todas las señales de la incongruencia. La dependencia que se creó para ella, en la administración de la primera presidenta en la historia de México, y en las condiciones adversas que enfrentan las mujeres en áreas como la violencia, la economía, las escasas oportunidades, le hubieran brindado después de varios años de trabajo intenso, un gran reconocimiento. 
Queda claro que a Citlalli Hernández, entonces, no le interesa más el servicio público sino la actividad político partidista y la acumulación de poder e influencia. Lo suyo, está claro, ha sido siempre el activismo, la coordinación de equipos, la batalla electoral y la consolidación de equipos políticos. En eso dio buenos resultados, y la prueba está en los resultados de las elecciones de 2018 y 2024.
¿Quién gana con este movimiento?, se planteó en las líneas iniciales de este texto. En una primera lectura, gana esta funcionaria que deja el gabinete de Claudia Sheinbaum, porque la suya no es una salida por ineficiencia o escándalo, sino porque se le reconocen capacidad y resultados. Quizá gane también la misma Luisa María Alcalde, desesperada y decidida a seguir siendo la presidenta de Morena.
¿Y quiénes pierden? Las mujeres. Cuando en atención al momento histórico de género que se vive en el país, se crea una dependencia del gobierno federal con la estatura de secretaría de Estado, se generan expectativas presupuestales y facultades de reforma que contribuyen –al menos teóricamente– a mejorar las condiciones de las mujeres. Pero si la secretaría se convierte en un mero escalón de una carrera política, su contribución y sus logros se minimizan; quedan reducidos a un interés particular.
Está en manos de la presidenta elegir a una persona que esté interesada auténtica y profundamente, en la causa de las mujeres.

Citlalli Hernández deja a las mujeres

Sin ningún recato, sin esperar a las fechas del calendario, atendiendo exclusivamente a sus proyectos personales y electorales, numerosos aspirantes iniciaron ya la elección 2027. Lo hace Andrea Chávez, senadora, que solicitará licencia a su cargo para ir a competir por la gubernatura de Chihuahua, e igual lo hace Saúl Monreal, otro senador que aspira ser gobernador de Zacatecas, donde ya es mandatario su hermano David y donde ya fue gobernador, también, su hermano Ricardo Monreal.
Y en esta tendencia se anota la también senadora, Ruth González, esposa de Ricardo Gallardo, actual gobernador de San Luis Potosí, e incluso añade que puede competir por el Partido Verde sin necesidad de hacer alianza con Morena. 
Y personajes similares los hay también en Guerrero. Otro senador, Félix Salgado, padre de la actual gobernadora del Estado que anuncia, buscará la gobernatura si el partido Morena “se lo pide”.
Y así con declaraciones que son contradictorias, que adelantan los tiempos y que reflejan proyectos políticos de grupo y personales, pero no el interés de la ciudadanía, arrancó el proceso electoral 2027.
Y hay que hacer notar que sólo se ha mencionado en este espacio a quienes están identificados con lo que se bautizaron como la 4T, la “cuarta transformación”, que está incurriendo en las mismas prácticas que antes tanto le criticaron y le condenaron a las fuerzas políticas identificadas con el PRI o con el PAN.
Oficialmente el proceso electoral comenzará a finales de octubre de este año y con el establecimiento de calendarios y prácticas contempladas en la ley, antes de definir candidaturas o candidatos, habría que organizar precampañas y una serie de procesos que en teoría obligan a los partidos políticos a presentar a sus mejores cuadros para ocupar los cargos públicos, teniendo en cuenta primero que nada, el interés de la ciudadanía.
Pero la realidad es otra, la que marca el pragmatismo, el afán de poder, el control de presupuestos; tomar ventaja en los procesos, hacerse notar y convertírse lo más pronto posible en la candidata o el candidato con la ventaja que garantiza el triunfo electoral.
Y lo mismo ocurre en los otros partidos políticos. Sucede nada más que son menos visibles, que tienen menos oportunidad de ganar.
Pero no hay cambio, no hay mejora, quedamos sujetos otra vez a la dinámica del poder pragmático, el que está controlado por los grupos que se alimentan constantemente del presupuesto y el control de votos. No hay transformación.

Arrancan abiertamente las elecciones

El mayor partido político del país está en una crisis que puede resolverse rápidamente o bien, prolongarse y provocar daños profundos que se reflejarán en las elecciones del año 2027. En Morena, una postura generalizada considera que Luisa María Alcalde Luján debe dejar la presidencia del partido. Pero ella se resiste.
Políticamente, Luisa María Alcalde tiene un pie fuera de la presidencia nacional de Morena, pero en las últimas horas compartió un video en redes sociales (no puede asistir a “la mañanera” de Palacio Nacional) en el que afirma que su propósito es seguir siendo la dirigente nacional del partido porque Morena tiene unidad y fuerza, y las versiones de su salida son producto de “los rumores” que difunde la oposición.
La única forma para dejar de ser presidenta de Morena es que la misma Claudia Sheinbaum Pardo se lo pida. Pero la presidenta de la república ha dicho públicamente que ella es ajena a la vida interna del partido político que la llevó al Poder Ejecutivo.
¿Es una estrategia política de Alcalde Luján o un acto desesperado de resistencia?
De lo que hay plena constancia es que la inconformidad con su gestión no es un asunto que hayan difundido los partidos de oposición. No, es un tema abordado constantemente por los liderazgos de Morena.
Luisa María Alcalde es un personaje de la política nacional que tuvo un ascenso fulgurante, siempre bajo la sombra de Andrés Manuel López Obrador. Su llegada a la dirigencia nacional de Morena la llegó a colocar en la posibilidad de convertirse en sucesora de Claudia
Sheinbaum, pero el futurismo político tiene una vida muy corta.
La realidad es que el primer año de gobierno y las condiciones cambiantes en el país le han pasado una factura muy cara a la dirigente morenista. Ella ha debido cargar con las crisis provocadas por personajes como Andrés Manuel López Beltrán, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y hasta Gerardo Fernández Noroña.
El evidente conflicto –aunque lo nieguen en tribuna– con los partidos Verde y del Trabajo, que incluso ya postulan candidatos en Ciudad de México y San Luis Potosí sin hacer alianza con Morena, también es resultado de la falta de operación política de Luisa María Alcalde.
Quizá su juventud (38 años) le impida ver que el problema de fondo no es ella, sino la necesidad de un cambio en la cabeza del partido para enviar mensajes políticos y fortalecerse para el proceso electoral 2027 que amenaza con muchos rompimientos. Por eso ya está definida incluso su sustitución por Ariadna Montiel, actual secretaria del Bienestar, que ha acumulado un enorme poder e influencia como responsable de la distribución de un billón de pesos en todos los programas sociales y que además de tener cercanía y comunicación con la presidenta Sheinbaum, es una incondicional de Andrés Manuel López Obrador.
Si Luisa María Alcalde se resiste y lucha por quedarse, puede causar daños más profundos en un partido que se desmorona por sus contradicciones internas.

Luisa María Alcalde: resistencia en Morena

El nuevo director del SIAPA, Ismael Jáuregui, anunció que en tres meses se presentará el plan de reingeniería integral para el organismo operador del agua potable. Es urgente. Se ha esperado mucho y el tiempo que pase sin reorganizar totalmente al organismo causa daños mayores.
Al iniciar la semana, ayer lunes, Jáuregui Castañeda acudió al cambio de directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Jalisco. Su presencia en un evento protocolario demuestra que ya ha asumido el que puede considerarse “papel social” del director del SIAPA.
Pero los profundos problemas del organismo que encabeza hace unos pocos días tomarán nueva y más potente relevancia mediática justo después de haber concluido las vacaciones de Semana Santa y Pascua.
La pregunta que atenderá repetitivamente el nuevo director será la que indague por resultados. Él mismo ha puesto un plazo: tres meses para empezar a resolver, y en ese mismo período, presentará la esperada reingeniería del SIAPA.
Además de los proyectos estructurales que se sumaron durante los últimos años y se dejaron “para después”, una de las exigencias sociales que Ismael Jáuregui debe atender es la limpieza y el reordenamiento interno del SIAPA. No será fácil: él aseguró que revisará personalmente “uno por uno”, cada contrato de los empleados del SIAPA que son directivos. No los trabajadores de base, los que integran las cuadrillas y son vistos por la ciudad atendiendo fugas o reparaciones en las redes de tubería y del drenaje.
Revisar a los directivos implicará muchas batallas. ¿Quiénes son recomendados y por quién? ¿Cuáles son sus sueldos? ¿Tienen la calificación técnica para ocupar el cargo? ¿Cuánto le costará al SIAPA darlos de baja, respetando al mismo tiempo los derechos laborales? ¿Cuántas negociaciones políticas deberá hacer el director para concretar la “limpia” del organismo? ¿Tendrá el apoyo del gobernador Pablo Lemus y de los alcaldes metropolitanos? 
Pero este complicado proceso deberá contar también con el respaldo del Congreso estatal si se requieren reformas o modificaciones legales.
Los malos manejos del SIAPA han sido tan prolongados que se requerirá lo que conocemos como un “borrón y cuenta nueva” para que el organismo sea rescatado operativamente y sobre todo, recupere algo que ha perdido frente a la sociedad: la credibilidad.
Después de este proceso, el SIAPA tendrá la legitimidad indispensable para emprender un proceso de revisión de tarifas y abordar cobros que acumularon una cartera vencida de 20 mil millones de pesos que impunemente, dejaron de pagar personas, instituciones y gobiernos.

La necesaria reingeniería del SIAPA

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Los cambios en Morena

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Las pantallas que nos consumen

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La policía que cuida loncheras

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Mi pecho no es bodega

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Del dicho al hecho: de las peticiones de intervención a la violación flagrante de la soberanía nacional

De inicio, una pregunta: ¿De verdad, alguien cree que en México no hay agentes estadounidenses, de la CIA, el FBI, la DEA o cualquier otra agencia de gobierno, operando encubiertamente? Para quien haya comprado el discurso de la protección de la soberanía nacional, lo que ocurrió en Chihuahua el fin de semana pasado (18 de abril) es la más evidente contradicción. 
La presencia de agentes de la CIA en Chihuahua sorprendió incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum. No estaba enterada de nada, a pesar de que en los operativos contra el crimen organizado, dirigidos por el gobierno estatal, participaron también elementos del Ejército Mexicano.
Nadie se hubiera enterado, como no nos enteramos de lo que esté sucediendo en este momento en cualquier otro de los estados fronterizos, si no hubieran muerto dos agentes de la CIA en lo que nos aseguran, fue un accidente.
El tema es un conflicto diplomático en posibilidad de crecimiento, y obliga al gobierno mexicano a presentar una respuesta inteligente y mesurada; ahora sí, que como diría la presidenta Claudia Sheinbaum, se necesita “cabeza fría”.
Pero las cosas se complican, porque justo en este momento el gobierno mexicano está enviando un nuevo embajador a Estados Unidos y estrenamos también, un nuevo secretario de Relaciones Exteriores.
Qué los agentes encubiertos de agencias gubernamentales de Estados Unidos están en México, no es nada nuevo; ha ocurrido en el pasado y ocurre durante el actual gobierno, sólo que no lo informan ni lo reconocen.
En el equilibrio de fuerza entre México y Estados Unidos, evidentemente estamos en desventaja. Además, la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano tiene que ver más con evitar el daño que se provoca en Estados Unidos que con afectar nuestra vida nacional; los agentes de la CIA no estaban de vacaciones en México, se unieron a las fuerzas de Seguridad de Chihuahua, para combatir al Cártel de Sinaloa.
Por otra parte, nos encontramos en un paréntesis difícil, porque justo está iniciando la renegociación del T-MEC y, a pesar de los ánimos soberanistas, lo que más conviene es garantizar el intercambio comercial y salvaguardar las enormes ganancias que ha obtenido nuestro país, en este acuerdo comercial.
Asunto aparte, será la historia política y jurídica que protagoniza la gobernadora María Eugenia Campos; la mandataria de Chihuahua enfrenta una dura reacción del gobierno federal, si es que actuó por cuenta propia para dejar intervenir a los agentes de la CIA. La presidenta Claudia Sheinbaum no puede simplemente dejar pasar el episodio, o todos los gobernadores del país se irán por “la libre”. 
Se requiere mucho tacto para cerrar este episodio.

La CIA operando en Chihuahua