El excontralmirante Fernando Farías Laguna compareció ante un juez en Argentina por un proceso de extradición solicitado por México.

El excontralmirante mexicano Fernando Farías Laguna compareció este lunes ante un juez federal en la capital argentina, en el marco del proceso de extradición solicitado por México.
Durante la audiencia, las autoridades judiciales argentinas notificaron formalmente al detenido la petición de extradición presentada por el gobierno mexicano. Farías Laguna, detenido días atrás al intentar ingresar a Argentina con un pasaporte guatemalteco falso, fue identificado y manifestó su oposición a ser regresado a México. En ese mismo acto, formalizó una solicitud de asilo político en el país sudamericano.
La solicitud de extradición se relaciona con una orden de aprehensión emitida en México por el delito de delincuencia organizada para cometer robo de hidrocarburo, conocido comúnmente como huachicol fiscal. Según la defensa, el exoficial naval se desempeñaba como agregado naval en España cuando reportó irregularidades directamente al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, a través de mensajes de WhatsApp. Esos mensajes habrían sido utilizados por la Fiscalía General de la República como prueba central de la acusación, aunque el documento original indicaría que los hermanos Farías Laguna no participaron en la red de tráfico de combustibles.
La comparecencia incluyó la identificación del imputado debido al pasaporte apócrifo y su declaración respecto a la extradición. El proceso judicial argentino cuenta con un plazo de hasta 60 días para definir si se concede o no la extradición, conforme a la ley internacional. Sin embargo, las autoridades deben resolver primero la causa local por usurpación de identidad derivada del uso del documento falso, lo que podría extender los tiempos. La audiencia se encuentra actualmente en pausa.
La defensa del excontralmirante, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, señaló que el caso podría prolongarse si se desahogan pruebas adicionales. Farías Laguna argumenta que su vida corre peligro en México y que enfrenta un proceso con falta de acceso a pruebas, ocultamiento de testimonios clave —incluido un testigo que fue ejecutado— y la negativa de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República para desclasificar un expediente interno que, según su equipo legal, ya lo había exonerado administrativamente.