Jalisco ante una emergencia habitacional

En 2015, Jalisco construyó 41 mil 373 viviendas de interés social. El año pasado construyó 152.

No es una caída. Es un desplome. Y un desplome de esa magnitud tiene nombre: emergencia habitacional.

Lo digo con datos, no con dramatismo. Porque los datos aquí son más duros que cualquier adjetivo. Pasamos de producir decenas de miles de casas al año a producir 152 en todo el Estado. Ciento cincuenta y dos. Menos que las viviendas de muchas colonias medianas de Guadalajara. Y al mismo tiempo, el precio promedio de una casa nueva en Jalisco subió 468% en diez años: de 312 mil pesos en 2015 a un millón 464 mil en 2025. Casi el 70% de las familias jaliscienses solo puede comprar una vivienda que cueste menos de un millón 50 mil pesos. La brecha entre lo que la gente puede pagar y lo que el mercado ofrece no se está cerrando. Se está abriendo.

Esto no ocurre en el vacío. La economía nacional creció apenas 0.8% en 2025, el nivel más bajo desde la pandemia. La inflación en México llegó a 4.59% en marzo de este año. La inversión fija bruta del país cayó 8.6% en el bimestre julio-agosto del año pasado. Una industria que depende del crédito, del costo de los materiales y del poder adquisitivo de las familias no puede florecer en ese entorno. Eso hay que decirlo claramente: lo que está pasando no es un fracaso de los constructores. Es el resultado de un clima económico que no acompaña, combinado con un marco fiscal y regulatorio que encarece cada paso del proceso.

Pero hay algo que sí podemos controlar desde las instituciones. Y es ahí donde quiero poner el foco.

La semana pasada, el gobernador Pablo Lemus arrancó en Lagos de Moreno el Programa Vivienda para el Bienestar. El estado donó 14 hectáreas, predios valuados en 350 millones de pesos, para que Infonavit y CONAVI construyan las primeras mil 926 viviendas destinadas a familias que ganan entre uno y dos salarios mínimos: mujeres jefas de familia, personas mayores, familias en situación de pobreza. Es un paso necesario. Pero que quede claro: no es suficiente.

El gobierno puede donar el suelo. El suelo, sin condiciones fiscales que hagan viable construir, no se convierte en vivienda. El sector privado tiene la capacidad técnica y productiva para escalar la producción de casas a precios accesibles. Lo que no tiene son los incentivos para hacerlo. Y eso, en buena medida, es un problema legislativo.

Desde la Comisión de Hacienda del Congreso estamos trabajando en tres reformas concretas. La primera busca ampliar los descuentos en derechos de licencias de construcción para cualquier desarrollador que acredite vivienda con valor de hasta un millón 50 mil pesos, sin importar si tiene convenio con organismos públicos o no. La segunda busca reducir los costos del Registro Público de la Propiedad para proyectos de vivienda social certificada, porque ese costo silencioso se transfiere, siempre, al precio final que paga la familia. La tercera, más compleja, explora una reducción temporal y focalizada del impuesto sobre nómina para desarrolladores que construyan en zonas ya urbanizadas, con servicios, con transporte. No en la periferia. En el corazón de las ciudades, donde la gente pueda llegar caminando a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela y tener acceso a una vida digna.

Una ciudad que empuja a sus familias de menores ingresos hacia los márgenes termina siendo una ciudad más cara para todos. Más movilidad forzada, más infraestructura extendida, más tiempo perdido, más costos que nadie contabiliza pero todos pagamos. Una ciudad mal planeada la terminamos pagando juntos.

152 casas no es un dato estadístico. Es el retrato de miles de familias que este año no tuvieron acceso a un patrimonio. Es una pareja joven que sigue pagando renta porque el enganche está fuera de su alcance. Es una madre que trabaja lejos de donde vive porque no puede vivir cerca de donde trabaja. Es el Estado más dinámico del país diciéndole a sus ciudadanos: el crecimiento es para unos cuantos.

Jalisco no puede resignarse a eso. Yo no me resigno a eso.

El Ejecutivo ya dio el primer paso. Le toca al Congreso dar el segundo con reformas que funcionen en la realidad, no solo en el papel.