Sensación de inseguridad en Jalisco
La percepción de inseguridad en Jalisco dejó de ser únicamente una sensación social para convertirse en una realidad reconocida por la propia ciudadanía. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Guadalajara alcanzó un 90.2% de percepción de inseguridad, colocándose entre las ciudades con peor percepción en todo el país, incluso por encima de múltiples zonas históricamente golpeadas por la violencia criminal. La cifra no solamente es alarmante: refleja el nivel de desgaste, miedo y desconfianza que vive actualmente la población jalisciense.
La ciudadanía en Jalisco ya no se siente protegida por sus autoridades. Y los hechos recientes confirman el motivo de esa percepción. Desde la detención de Ignacio Oseguera González, alias “El Mencho”, en la zona de Tapalpa, quedó evidenciada la ausencia de protocolos reales de protección para la población. Mientras se desarrollaban operativos vinculados a estructuras criminales de alto impacto, la población permanecía sin presencia preventiva visible, sin patrullajes suficientes y sin información oficial clara que brindara tranquilidad o certeza sobre lo que podía ocurrir.
Lo más grave no fue únicamente la detención de un personaje relacionado con el crimen organizado, sino la reacción posterior de las autoridades: silencio, ausencia y vacío institucional. Comercios cerrando por miedo, ciudadanos evitando salir de sus hogares y mensajes de alerta circulando en redes sociales mientras la población esperaba posibles narcobloqueos, incendios o actos violentos derivados de represalias criminales. Nuevamente, la ciudadanía enfrentando sola el miedo colectivo.
La reciente detención del denominado “Jardinero”, señalado como una figura cercana a la estructura criminal y presuntamente relacionado con funciones operativas dentro de la organización, volvió a generar exactamente la misma sensación: temor, incertidumbre y abandono institucional. Cada vez que ocurre un operativo relevante en Jalisco, la población ya no piensa primero en justicia o resultados positivos; piensa en las posibles consecuencias violentas que puedan desencadenarse y en la falta de capacidad de reacción del Estado para protegerlos.
Ese es el verdadero problema de fondo: la ciudadanía perdió la confianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad.
Y esa desconfianza no surge únicamente por la violencia visible, sino también por las constantes sospechas de infiltración criminal dentro de las propias corporaciones. Tras los operativos recientes, trascendió la localización de documentación relacionada con presuntos pagos y nóminas dirigidas a autoridades policiales. Es decir, elementos de seguridad pública que aparentemente recibían recursos económicos vinculados a estructuras criminales. La gravedad de esta situación no radica únicamente en la posible corrupción, sino en el impacto psicológico y social que provoca en la población: ¿cómo confiar en autoridades que podrían estar trabajando para las mismas organizaciones que deben combatir?
La percepción de inseguridad no nace de la imaginación colectiva. Nace cuando las personas sienten que las instituciones ya no reaccionan, ya no previenen y, peor aún, podrían estar infiltradas. Nace cuando la ciudadanía observa que existen operativos mediáticos perfectamente organizados para las cámaras, conferencias de prensa cuidadosamente preparadas y discursos oficiales donde todo aparenta estar bajo control, mientras en las calles la realidad es completamente distinta.
Porque mientras se presume coordinación institucional, la ciudadanía sigue sintiéndose vulnerable. Mientras se organizan eventos internacionales, proyectos turísticos y la imagen de Jalisco para el Mundial, miles de ciudadanos continúan viviendo con miedo cotidiano, incertidumbre y desconfianza hacia quienes deberían protegerlos. Pareciera que el gobierno está más preocupado por la fotografía pública y la narrativa política que por reconstruir verdaderamente la seguridad y la confianza social.
Hoy, el problema más delicado para Jalisco ya no es únicamente el crimen organizado. El problema es que la población comenzó a normalizar la idea de que, cuando ocurra una crisis, estará sola. Y cuando un Estado pierde la confianza de su gente en materia de seguridad, lo que se fractura no es solamente la percepción: se fractura la legitimidad misma de las instituciones.
