Sinaloa: Estos son los nueve funcionarios vinculados al Cártel de Sinaloa
El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación penal contra nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación penal contra diez funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del estado de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, los acusados habrían conspirado con líderes del grupo criminal para facilitar la importación de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense. La investigación señala que esta relación operaba mediante beneficios mutuos, en los que los funcionarios recibían apoyo político y sobornos a cambio de permitir actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Entre los señalados destaca el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos, así como por posesión y conspiración para poseer armamento. Según la información, podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión o cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.
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También figura el senador Enrique Inzunza Cazárez, así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ambos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La lista incluye además a:
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
- Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exmando policial
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector policial
- Juan Valenzuela Milán, alias “Juanito”, excomandante
En el caso de Juan Valenzuela Milán, enfrenta cargos adicionales relacionados con secuestros vinculados a una fuente de la DEA y un familiar, que derivaron en sus muertes.
La acusación forma parte de una investigación en curso sobre presuntos nexos entre autoridades locales y el crimen organizado, mientras las autoridades estadounidenses continúan con el proceso judicial correspondiente.
