Hiram Espinoza de los Monteros

Las herramientas de participación ciudadana nacieron con la promesa simple de ampliar el poder ciudadano. La revocación de mandato, en teoría, es un mecanismo para evaluar, corregir y, si es necesario, remover a quien no cumple; en la práctica, esa lógica se tuerce.
Lo que se colocó esta semana en la agenda pública respecto a Guadalajara no fue un movimiento ciudadano amplio ni una exigencia sostenida desde la sociedad. Fue una solicitud individual que adquirió dimensión política cuando Morena Jalisco la retomó y la llevó a su rueda de prensa, no como un mero mecanismo de control ciudadano, sino como un instrumento que, más que activar participación, introduce presión política.
No es un fenómeno aislado. A nivel nacional ya se intentó recorrer ese mismo camino. La propuesta para empatar la revocación presidencial de Claudia Sheinbaum con el proceso electoral de 2027 generó críticas por el riesgo de convertir un ejercicio de evaluación en un factor de competencia política.
No ocurrió. Pero el intento basta para entender la lógica.
Porque cuando una consulta se inserta en el mismo calendario que una elección, deja de ser un mecanismo de control ciudadano y se convierte en una herramienta de incidencia. Ya no mide gobiernos, sino fuerzas.
Esa misma lógica se observa a nivel local y hay un elemento que lo exhibe con claridad: el tiempo. La alcaldesa Verónica Delgadillo termina su mandato en 2027. Cualquier proceso de revocación implicaría meses de organización institucional. La pregunta es inevitable: ¿Realmente se busca remover del cargo… o simplemente llegar a la elección con desgaste acumulado?
No necesita concretarse para cumplir su propósito. Basta con activarse, con instalarse en la conversación, con polarizar. La participación ciudadana, entonces se convierte en estrategia.
Instrumentos diseñados para equilibrar el poder terminan absorbidos por la lógica del propio poder. Lo que se presenta como un derecho ciudadano empieza a funcionar, en realidad, como una extensión de la disputa política.
De modo que la democracia, entendida como el poder que recae en el pueblo, lejos de fortalecerse, termina por desgastarse.

Hiram Espinoza

Consultar para golpear

La protesta causó caos. Miles de automovilistas quedaron varados por la manifestación de choferes de Uber y Didi. Otros, con maleta en mano, corrieron por la Carretera a Chapala para intentar llegar al aeropuerto… y aun así perdieron el vuelo.
Las afectaciones son evidentes. También lo es que este sistema de movilidad lleva años operando en tensión sin que nadie resuelva el problema de fondo.
Se ha construido un modelo fragmentado. Las plataformas crecen bajo esquemas flexibles que les permiten evitar responsabilidades laborales, trasladando costos y riesgos a los conductores. Los choferes —aunque llamados “socios”— trabajan con márgenes cada vez más reducidos y condiciones cada vez más inciertas.
El Estado, por su parte, ha intervenido con operativos, sanciones y regulaciones, sobre todo en puntos estratégicos como el aeropuerto. Pero su actuación ha sido reactiva, no estructural.
El problema es que el sistema funciona sin articulación. Las plataformas cuidan su modelo de negocio, el Estado intenta mantener control mediante restricciones y los conductores reaccionan ante condiciones de acoso y corrupción.
Y en medio de esa dinámica, los conductores quedan atrapados en un terreno incierto, donde las reglas cambian, los márgenes se reducen y las alternativas son cada vez más limitadas.
El aeropuerto es el punto donde todo esto se hace visible. Ahí no solo se disputa quién recoge pasajeros, sino quién tiene, en los hechos, la capacidad de ordenar la movilidad en uno de los nodos más importantes de la ciudad. Y hoy, nadie lo hace.
El resultado es un esquema inestable, que depende más de la inercia que de una política pública clara y que, ante cualquier presión —como la del martes—, colapsa.
Y eso ocurre justo cuando la ciudad se prepara para el Mundial. La movilidad no solo será un servicio: será vitrina.
Si no se asume esa dimensión y no se corrige el modelo de fondo, los conflictos seguirán repitiéndose. Porque aquí no se trata de quién gana esta disputa, sino de algo más básico: hoy, nadie está ordenando el sistema.

Ni taxis, ni apps, ni Estado

El precio de la gasolina no empieza en la gasolinera, sino en un entorno internacional marcado por tensiones como las que recientemente han elevado el costo del petróleo a partir del conflicto en Medio Oriente, cuyos efectos, aunque variables en el corto plazo, terminan trasladándose a algo mucho más cotidiano: el costo de mover prácticamente todo.
Cuando la energía se encarece, también lo hace la estructura que sostiene la economía, desde el transporte de mercancías hasta los procesos productivos, generando un efecto que no se anuncia de forma directa y que progresivamente se incorpora en los precios finales de los bienes de consumo diario.
En ese contexto, el gobierno federal ha optado por amortiguar el impacto inmediato mediante la reducción del IEPS, lo que permite mantener la gasolina magna en 24 pesos por litro y sostener un subsidio que también alcanza al diésel, particularmente sensible por su papel en la cadena logística.
Esto implica que el consumidor no absorbe completamente el incremento derivado del mercado internacional, aunque la diferencia no desaparece, sino que se traslada a las finanzas públicas, donde se asume el costo de contener una presión externa que, en realidad, no está bajo control interno.
Al mismo tiempo, se plantea una estrategia de fondo orientada a fortalecer la soberanía energética mediante el incremento en la producción de gas natural y la reducción de la dependencia del exterior, como fue planteado recientemente en la conferencia matutina, en un país que actualmente importa la mayor parte de este recurso y, por lo tanto, permanece expuesto a variaciones de precio, conflictos internacionales y decisiones ajenas.
Esa ruta requiere tiempo, inversión y desarrollo tecnológico, lo que implica que, durante años, la economía seguirá operando bajo las condiciones del mercado global, en un escenario donde la dependencia no desaparece, sino que continúa definiendo los márgenes de acción.
Más allá del precio que se paga por litro, lo que se pone en juego es la capacidad de decisión sobre ese costo, en un equilibrio constante entre contener el impacto en el presente y construir, a largo plazo, condiciones que permitan reducirlo.

El costo de la energía

Al abrir la llave en casa, el agua puede salir limpia… o no. Puede oler mal… o no. Esa incertidumbre cotidiana es la crisis que hoy enfrenta la ciudad. El problema se expande con cada vez más colonias con agua sucia y maloliente, mientras la certeza sigue sin aparecer.
La versión oficial más reciente es que el agua que sale de las plantas potabilizadoras cumple con los estándares. Lo afirmó la autoridad sanitaria, sin embargo, el problema persiste. Entonces, si el agua sí cumple en origen, pero no llega así, el problema está en la red de distribución, ahí donde, por cierto, ya había señalado el origen el director destituido del SIAPA, Antonio Juárez.
Aparece entonces el concepto de “contaminación cruzada”, una explicación técnica que, en los hechos, desplaza el problema sin resolverlo. Porque identificar que el fallo está en la red no equivale a saber dónde ocurre, ni por qué, ni desde cuándo. No hay diagnóstico claro, porque si el problema fuera solo la antigüedad de las tuberías, ¿por qué aparece al mismo tiempo en distintas colonias?
En ese ir y venir de explicaciones también empiezan a moverse las posturas. Si primero se rechazaba que hubiera descargas desde Tlajomulco hacia el canal de Las Pintas, ahora el propio municipio reconoce que sí existe contaminación de su lado del territorio. Lo que antes era negación hoy es admisión parcial, y en medio de ese cambio de versiones el problema sigue sin tener una delimitación clara.
En ese contexto ocurre el relevo en la dirección del SIAPA. Llega Ismael Jáuregui con la promesa de ordenar lo que hoy está descompuesto, y casi de inmediato aparece también una señal política con la reasignación de más de mil millones de pesos para infraestructura hidráulica. La única claridad en este problema turbio: hay recursos… pero no diagnóstico.
Hablamos entonces de una apuesta —en el mejor de los casos— o de una forma de administrar la crisis sin resolverla —en el peor—. Se anuncian obras, mesas técnicas, estudios, pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué está contaminando el agua y en qué punto exacto del sistema?
Y hay otro elemento que ayuda a dimensionar el fondo del problema. El propio SIAPA ha reconocido en distintos momentos que el costo real de producir y sanear el agua es mayor a lo que cobra por cada metro cúbico. Es decir, opera con déficit. Y si las condiciones obligan a procesos adicionales de potabilización, ese costo no hace más que crecer.
Más tratamiento, más costo. Más costo, más presión financiera. Y todo eso, en un organismo que ya venía arrastrando problemas estructurales, una red que podría estar fallando y un modelo que, incluso funcionando, ya no es sostenible.
En medio de todo esto, la ciudad sigue haciendo lo mismo todos los días: abrir la llave… y esperar que esta vez el agua sí llegue como debería.

El agua… y el punto que nadie encuentra

En Jalisco hay evidencia de que las decisiones públicas no se sostienen por su diseño original, sino por la reacción que provocan. No es necesariamente el gobierno quien marca el rumbo, sino la ciudadanía la que termina presionando para corregirlo.
El caso más reciente es el relacionado con el transporte público. La tarifa técnica se fijó en 14 pesos como resultado de un proceso formal, y el costo al usuario quedó en 11 tras el ajuste del subsidio estatal. La diferencia no es menor: no se modificó la decisión estructural, pero sí su impacto político.
Y en ese ajuste hubo también una corrección importante. El subsidio dejó de estar condicionado al trámite de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, uno de los puntos que generó mayor inconformidad. Es decir, no solo se atendió el reclamo por el costo, sino también por la forma en que se pretendía aplicarlo.
Ahora viene “cascabeleando” otro asunto que cada vez resulta más urgente: la mala calidad del agua. En medio de la crisis que atraviesa el SIAPA, su director reconoció que no hay recursos suficientes para atender los problemas del sistema, mientras desde el propio gobierno se impulsa el acueducto como una de las soluciones para mejorar la calidad del agua, al sustituir el canal abierto por conducción cerrada.
El acueducto no es la única acción necesaria, pero se plantea como un parteaguas —mejor referencia imposible— en la calidad del agua que llega a las plantas de tratamiento. Sin embargo, podría enfrentarse a un obstáculo importante: a mediados de febrero, colectivos ambientalistas interpusieron un amparo para exigir transparencia sobre el proyecto del segundo acueducto Chapala–Guadalajara, cuya información ha sido reservada bajo argumentos de seguridad.
No es un actor menor. El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario ha demostrado que puede llevar estos conflictos al terreno legal y sostenerlos en el tiempo. Ahí está el antecedente de El Zapotillo: una obra concluida, sí, pero modificada de fondo tras años de litigio, lo que permitió evitar la desaparición de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Ahí aparece la tensión de fondo: se proyectan soluciones de gran escala mientras persisten fallas estructurales y falta de claridad en el presente. Y frente a eso, la presión social —en la calle o en tribunales— termina empujando respuestas que no estaban sobre la mesa desde el inicio.
Esto no necesariamente habla de un gobierno que escucha —como suele decirse—, sino de uno que corrige. Y hay una diferencia importante: escuchar implica incorporar desde el inicio; corregir implica que algo no se hizo bien desde el principio. Y cuando la corrección sustituye a la planeación, el futuro deja de diseñarse… y empieza a improvisarse.

El ciudadano que corrige al gobierno

El agua turbia que sale al abrir la perilla en casas de la Zona Metropolitana de Guadalajara es algo que hasta el momento ninguna autoridad logra explicar. Así, cualquier actividad cotidiana que involucre el uso de agua genera desconfianza: esta llega con mal olor o en “color tejuino”. Simplemente, no es potable.
Las imágenes circularon en redes sociales y los reclamos no tardaron en multiplicarse. Ha habido manifestaciones y cierres viales con tal de que el problema se resuelva y, frente a ello, surgen explicaciones simplistas y sin mayor sustento que la opinión.
La primera explicación pública llegó la semana pasada del director del SIAPA, Antonio Juárez, quien atribuyó el problema al arrastre de sedimentos provocado por tuberías viejas en la red de distribución… Y sí, son más viejas que ayer y lo serán aún más mañana.
En los días siguientes aparecieron otras versiones. Se habló de contaminación en el canal de Las Pintas, de descargas irregulares en la infraestructura hidráulica provenientes de Tlajomulco, algo que el propio municipio rechazó al asegurar que no existían evidencias de que el problema se originara en su territorio.
En cuestión de días el origen del agua turbia cambió varias veces, incluso señalando al propio SIAPA como posible responsable por descargas en su red de abastecimiento.
Esta misma semana el tema escaló aún más cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió medidas cautelares para que se investigue la calidad del agua y se informe con claridad a la población sobre lo que está ocurriendo. También instó a que la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) intervenga.
Así, el problema ya no es sólo técnico, sino también institucional, porque lo que comenzó como un reclamo ciudadano por la calidad del agua, terminó convirtiéndose en una cadena de explicaciones que parecen competir entre sí. Mientras las versiones cambian, miles de personas siguen abriendo la llave con la duda de si el agua que reciben es realmente potable.
Todo esto ocurre además en un momento en el que el tema hídrico está en el centro de la agenda pública. Durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Jalisco, el gobernador Pablo Lemus planteó al Gobierno federal dos proyectos prioritarios para la ciudad: la ampliación de la Planta Potabilizadora Número 1 y la construcción de un nuevo acueducto desde Chapala, obras que en conjunto superarían los 13 mil millones de pesos.
El objetivo, según se dijo, es mejorar el suministro y garantizar la calidad del agua para la Zona Metropolitana.
Justamente por eso lo que hoy ocurre con las explicaciones resulta aún más relevante, porque una cosa es investigar con rigor de dónde viene el problema y otra muy distinta intentar responderlo a golpe de declaraciones.
El agua puede aclararse, y esperamos que pronto ocurra, pero lo que no debería seguir saliendo turbio son las explicaciones.

El agua turbia… y las versiones también

Hoy se cumple el primer aniversario del día en que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo que la atención sobre la crisis de desapariciones en México se centrara en el Rancho Izaguirre.
Lo que durante años fue apenas un punto más en la geografía rural, de pronto acaparó portadas y se volvió noticia de interés nacional como símbolo de una de las heridas más profundas del Estado.
Jalisco ya era récord en cuanto a casos de desaparición de personas, pero el número frío sumaba una narrativa espeluznante al mostrarse las decenas de prendas de vestir, pares de calzado, credenciales o cartas escritas por quienes hoy permanecen desaparecidos. Hacía tangible la crisis que se vive en México y eso sí generó indignación.
Las autoridades respondieron como suele ocurrir en medio de una crisis, con el anuncio de investigaciones exhaustivas, promesas de coordinación entre niveles de gobierno y el compromiso de esclarecer lo ocurrido.
En medio de la indignación social, el discurso institucional se llenó de promesas ligadas a la búsqueda de justicia para las víctimas, castigo para los responsables y garantías de que algo así no volverá a repetirse.
El tiempo hizo lo suyo y la crisis pasó. Las agendas informativas cambiaron, nuevos temas ocuparon el espacio mediático y aquello que parecía intolerable, empieza a diluirse entre otras urgencias porque tenemos la triste capacidad para acumular tragedias sin cerrar del todo las anteriores.
Por eso, los aniversarios tienen una función incómoda pero necesaria: obligan a revisar si aquello que se prometió en medio de la crisis, realmente se tradujo en cambios. La respuesta es no; el Estado en cualquiera de sus niveles sigue mostrando incapacidad.
Jalisco ha vivido en los últimos años varios episodios que exponen la magnitud del problema de desapariciones. Hallazgos, fosas clandestinas, colectivos de búsqueda y cifras que siguen acumulándose mientras las respuestas avanzan con mayor lentitud de la que las familias necesitan.
El Rancho Izaguirre no debería convertirse en un recuerdo más dentro de esa larga lista. Debería permanecer como una referencia obligada para evaluar si las promesas hechas frente al escándalo público realmente se convierten en acciones sostenidas.
Los aniversarios, en el fondo, sirven para medir justamente eso: si la indignación pública logró transformar algo o si, una vez más, solo quedó en promesas.

El rancho que no debería olvidarse

Una amiga tuvo la mala fortuna de estar el pasado fin de semana en Puerto Vallarta. Semanas atrás, ella, su esposo y otras parejas decidieron rentar una casa con alberca; todo iba bien hasta que debió salir al Oxxo. Escuchó motocicletas y gritos que ordenaban resguardarse. También vio personas armadas, pero no uniformadas. Era domingo, más o menos las 09:30 de la mañana.
Esa escena no habla de eficacia criminal, habla de velocidad. No fue un comunicado oficial el que la hizo regresar, ni un video en redes sociales en donde algún funcionario explicaba lo ocurrido; fue el ruido, la urgencia, el miedo.
En situaciones de riesgo, la información que llega primero es la que organiza el cómo debemos comportarnos, qué sí y qué no debemos hacer.
Tras el operativo del domingo, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el gobernador Pablo Lemus insisten en que existe comunicación constante entre los gobiernos federal y estatal. El mensaje claro es que &#8220;hay coordinación&#8221;. Y probablemente la haya. Pero en materia de seguridad, la coordinación no se mide por la frecuencia de las llamadas, sino por la claridad que percibe la ciudadanía.
Cuando la información tarda en llegar, cuando circula en tiempos distintos o cuando el ciudadano debe reconstruir lo ocurrido a partir de fragmentos dispersos, la narrativa oficial pierde fuerza. No porque no haya diálogo interno, sino porque la coordinación, si no se transmite con oportunidad y coherencia, se vuelve invisible.
La seguridad no es solo despliegue operativo; también es manejo informativo. En contextos de tensión, comunicar es parte de la estrategia. Una línea directa entre niveles de gobierno debería reflejarse en mensajes sincronizados y en certezas inmediatas. De lo contrario, el vacío lo ocupa el ruido y ese llegar primero.
Después de más de un año de gobiernos en funciones, la relación entre ambos niveles de gobierno ya superó la etapa declarativa. Lo que hoy se evalúa no es si hay buena voluntad política, sino si la coordinación se siente. Porque cuando funciona, reduce incertidumbre.
Mi amiga no esperó confirmaciones oficiales. Se resguardó cuando el entorno se lo indicó. Esa es la lógica elemental de cualquier persona ante el riesgo. La pregunta es si la información institucional puede llegar con la misma oportunidad que el estruendo. Porque en seguridad, la confianza se construye en el tiempo exacto en que aparecen las certezas.

La coordinación que debe sentirse

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En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, más que reglas, hay contradicciones.
La semana pasada fueron detenidos 18 taxis. No por recoger pasaje —se sabe, está prohibido—, sino por llevar personas al aeropuerto. La lógica no es clara: si alguien puede llegar en ese servicio, ¿por qué no podría también salir en él?
La respuesta no está en la ley. Está en cómo se aplica.
El gobierno federal ha sido firme en no modificar el esquema que limita la operación de plataformas como Uber o Didi en aeropuertos; al mismo tiempo, también con firmeza despliega a la Guardia Nacional para vigilar y sancionar a quienes operan en esa zona gris.
Es decir, no corrige el problema… pero sí castiga a quienes viven dentro de él.
Lo que denuncian los choferes no es solo la sanción, es el margen.
Hablan de cobros, de “arreglos”, de dinero que cambia de manos para que un vehículo no sea retirado: corrupción. Si eso es cierto —y hay suficientes voces repitiéndolo—, entonces el problema deja de ser legal y se vuelve estructural.
Porque una cosa es aplicar la norma y otra es administrarla.
¿En qué momento una corporación como la Guardia Nacional, pensada como un cuerpo de élite para combate al crimen, terminó operando en una dinámica donde lo que importa no es tanto la falta, sino &#8220;de a cómo la mordida&#8221;?
Aquí no se está defendiendo a taxis ni a plataformas. Se está dejando fuera al usuario. A la persona que, en teoría, debería poder decidir libremente quién le presta un servicio.
Pero en lugar de abrir esa discusión, el Estado ha optado por algo más sencillo: cerrar el acceso y vigilar el perímetro. Controlar, en lugar de resolver.
Y así, entre reglas que no cambian y operativos discrecionales, el aeropuerto se ha convertido en un espacio donde la ley existe… pero no necesariamente ordena.

Ni llevar, ni recoger