Jonás

Que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se está convirtiendo en uno de los presidenciables para 2030 ya es asunto conocido. Pero después de los últimos hechos en materia de seguridad, el tema se vuelve doblemente relevante: la detención de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, y con él, de su operador financiero César Alejandro “N” el “Güero Conta”, todo el aparato de comunicación del gobierno federal centra la atención sobre la imagen del secretario García Harfuch.
La estrella del secretario asciende, hasta ahora con mucha velocidad, mientras otros personajes entran en un período de sombra.
Pero el caso de García Harfuch amerita análisis aparte, porque su desempeño en el gabinete presidencial no parece tener relación con la dinámica de Morenas y sus cambios recientes: Ariadna Montiel confirmó ya su salida de la Secretaría del Bienestar y el próximo domingo se convertirá en presidenta del partido, para iniciar un proceso eminentemente electoral junto con Citlalli Hernández.
La meta en este momento es la elección 2027: 17 gubernaturas, renovación de la Cámara de Diputados, congresos locales y centenares de municipios.
En esta elección no participa García Harfuch. El suyo es un proyecto con posibilidad de concretarse en un plazo más largo y con obstáculos que aún no se sospechan todavía.
Pero si el proceso electoral resulta en un empoderamiento de la administración de Claudia Sheinbaum y si se mantiene el dominio casi total de Morena, entonces se acomodarán los escenarios para García Harfuch.
Antes de los que hechos nos caigan encima, conviene entonces revisar hacia dónde se dirige su estrella ascendente. 
En el mejor de los casos y si las condiciones mantienen similitud a lo que hoy se está observando, será el integrante del gabinete con mayor popularidad; además de ser el rostro (ficticio o real) de la lucha contra la violencia, la inseguridad y el crimen organizado, ha mostrado capacidad de estrategia política. Ha construido relaciones útiles con legisladores y gobernadores. También es uno de los contactos favoritos de la cúpula de gobierno en Estados Unidos y eso incrementa sus bonos.
Sólo hay una dificultad central: no es morenista. Es algo que puede recomponerse, pero la resistencia interna en el partido ya impidió que fuera candidato al gobierno de la Ciudad de México.
Por otra parte, ¿qué tipo de gobierno encabezaría García Harfuch? ¿Cuál sería su oferta? Ciertamente, no se configura como la continuidad de la “transformación”. 
Es muy pronto aún. Falta mucho para el proceso 2030 y la política nacional se va a reconfigurar después de la elección de 2027.
Pero su estrella sigue ascendiendo a pesar de todas las dificultades evidentes.

La estrella de Omar García Harfuch

Este 27 de abril, otra semana comenzó con un dejo de preocupación por los hechos de inseguridad. Después que hace unos días se presentó el estudio más reciente sobre percepción del INEGI, en el que la capital de Jalisco, Guadalajara, quedó ubicada en segundo lugar entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad (nueve de cada 10 tapatíos se manifiestan inseguros) para colmo, se registró otro suceso que despertó la sensación de profunda preocupación: en Nayarit fue detenido Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”.
Este personaje forma parte de la intrincada red de la delincuencia organizada en el país, y había sido señalado como uno de los sospechosos que podían ocupar el liderazgo de la estructura criminal dejada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Como es por todos recordado, el pasado 22 de febrero tuvo lugar un gran operativo de las Fuerzas Armadas que terminó en la muerte de Nemesio Oseguera, en Tapalpa, Jalisco, evento del que se derivaron acciones criminales como narcobloqueos y quema de vehículos y establecimientos en casi 20 estados del país. Jalisco, naturalmente, fue la Entidad más afectada.
De esos hechos es que se deriva la percepción de inseguridad que ahora se ha manifestado en el estudio dado a conocer por el INEGI.
La detención de “El Jardinero” provocó nuevas acciones de la delincuencia organizada. Hasta donde fue conocido hasta anoche, sólo ocurrió en el Estado de Nayarit, pero las alarmas se encendieron a nivel nacional.
Hasta anoche, las autoridades municipales y estatales en Jalisco permanecieron en alerta y en prevención de que pudieran generarse ataques que repercutan después del apresamiento de este personaje. La prevención se consolidó porque en Zapopan fue detenido César Alejandro “N” conocido como “El Güero Conta”, de quien se afirma, es operador financiero de “El Jardinero”.
En el marco de todos estos sucesos es normal que las personas estén preocupadas y se tema lo peor ante las reacciones violentas que pueden manifestar los delincuentes organizados. Sin embargo, también es importante hacer notar que la detención de un personaje de primera línea en la generación de violencia se da a unas semanas de la organización del torneo mundial de futbol, en el cual México será sede.
Debe reconocerse que se mantiene la línea de trabajo tanto del gobierno federal, como de los estados y las fuerzas de seguridad, para restablecer el orden y detener a quienes han contribuido a la descomposición social.
La detención de “El Jardinero” será seguramente una de muchas más, pues la red que se había tejido durante años ahora se está desmantelando.

La detención de “El Jardinero”

La presidenta de la república, y más en concreto sus aliados más allegados y otro círculo de morenistas que no son necesariamente de toda su confianza, emprendieron en los últimos días una movilización total dentro de Morena, el partido de la “transformación”. Dicho en frases propagandísticas, el país atestigua la edificación no “del segundo piso de la 4T”, sino la transformación del partido para mantener el poder.
Entre los muchos objetivos de un régimen de gobierno, uno de los más importantes es conservar el poder. Sin el control del gobierno, en primer lugar, no pueden alcanzarse otras metas como la aplicación del proyecto de gobierno ofrecido en una campaña electoral.
Así, lo que no ocurrió en su primer año de gobierno, la presidenta Sheinbaum lo está ejecutando en el segundo, y con evidentes resistencias de varios grupos de poder dentro de Morena. El asunto es que Morena no se ha “institucionalizado”; la disciplina interna y los esquemas de acceso al poder son inestables y apenas ensayan mecanismos que les permitan superar el cacicazgo que ejerce Andrés Manuel López Obrador. Sin reglas fijas para acceder a candidaturas y a posiciones internas, el resultado es lo que han evidenciado: conflictos entre grupos internos y liderazgos locales que rechazan imposiciones de la cúpula nacional.
Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente, se desgastaron rápidamente, en un porcentaje considerable por su incapacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes en el ejercicio de gobierno en este segundo mandato, pero también por circunstancias imprevistas como la permanente injerencia del expresidente López Obrador y la ambición natural de personajes que acumularon un poder que intentó equipararse al presidencial; ejemplos de ello son Adán Augusto López y los Monreal, entre muchos otros personajes, muchos de ellos fuera del ojo público.
Así, el cambio en la presidencia nacional de Morena (es inminente la llegada de Ariadna Montiel, influyente secretaria del Bienestar que, en teoría, debe dejar su cargo en el gobierno) y en la Secretaría de Organización que ya ocupa Citlalli Hernández, tiene un objetivo central: hacer más eficiente la comunicación entre Palacio Nacional y la dirigencia del partido, especialmente en las complicadas decisiones que se tomarán en unos meses para determinar 17 candidaturas a gobiernos estatales y todas las candidaturas para renovar la Cámara de Diputados y centenares de presidencias municipales.
El eje de este proceso es incrementar la influencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la determinación de las candidaturas. A más candidatos que sean aprobados por ella, mayor control político para la segunda parte del sexenio.
Que no haya confusión: la presencia de Andrés Manuel López Obrador seguirá pesando; también seguirán haciendo presión los personajes que antes se resistieron a la voluntad presidencial, pero la línea de autoridad estará mucho más definida. 
Sólo así, será viable un proyecto de gobierno.

La transformación de Sheinbaum

De inicio, una pregunta: ¿De verdad, alguien cree que en México no hay agentes estadounidenses, de la CIA, el FBI, la DEA o cualquier otra agencia de gobierno, operando encubiertamente? Para quien haya comprado el discurso de la protección de la soberanía nacional, lo que ocurrió en Chihuahua el fin de semana pasado (18 de abril) es la más evidente contradicción. 
La presencia de agentes de la CIA en Chihuahua sorprendió incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum. No estaba enterada de nada, a pesar de que en los operativos contra el crimen organizado, dirigidos por el gobierno estatal, participaron también elementos del Ejército Mexicano.
Nadie se hubiera enterado, como no nos enteramos de lo que esté sucediendo en este momento en cualquier otro de los estados fronterizos, si no hubieran muerto dos agentes de la CIA en lo que nos aseguran, fue un accidente.
El tema es un conflicto diplomático en posibilidad de crecimiento, y obliga al gobierno mexicano a presentar una respuesta inteligente y mesurada; ahora sí, que como diría la presidenta Claudia Sheinbaum, se necesita “cabeza fría”.
Pero las cosas se complican, porque justo en este momento el gobierno mexicano está enviando un nuevo embajador a Estados Unidos y estrenamos también, un nuevo secretario de Relaciones Exteriores.
Qué los agentes encubiertos de agencias gubernamentales de Estados Unidos están en México, no es nada nuevo; ha ocurrido en el pasado y ocurre durante el actual gobierno, sólo que no lo informan ni lo reconocen.
En el equilibrio de fuerza entre México y Estados Unidos, evidentemente estamos en desventaja. Además, la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano tiene que ver más con evitar el daño que se provoca en Estados Unidos que con afectar nuestra vida nacional; los agentes de la CIA no estaban de vacaciones en México, se unieron a las fuerzas de Seguridad de Chihuahua, para combatir al Cártel de Sinaloa.
Por otra parte, nos encontramos en un paréntesis difícil, porque justo está iniciando la renegociación del T-MEC y, a pesar de los ánimos soberanistas, lo que más conviene es garantizar el intercambio comercial y salvaguardar las enormes ganancias que ha obtenido nuestro país, en este acuerdo comercial.
Asunto aparte, será la historia política y jurídica que protagoniza la gobernadora María Eugenia Campos; la mandataria de Chihuahua enfrenta una dura reacción del gobierno federal, si es que actuó por cuenta propia para dejar intervenir a los agentes de la CIA. La presidenta Claudia Sheinbaum no puede simplemente dejar pasar el episodio, o todos los gobernadores del país se irán por “la libre”. 
Se requiere mucho tacto para cerrar este episodio.

La CIA operando en Chihuahua

Se aprobó, en sus condiciones y con sus tiempos, la elección de tres nuevos integrantes del Consejo General del INE y todo son afines a Morena. Los diputados federales morenistas aglutinaron 334 votos a favor y a pesar de los 127 votos en contra, los aspirantes Blanca Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez, se convirtieron en los nuevos consejeros generales. Estarán en el cargo hasta el año 2035.
Los tres nuevos integrantes del Consejo del INE rindieron protesta en el cargo y deberán soportar durante algunos días, la “tormenta mediática” que denunciará su cercanía con el partido en el poder. Las pruebas sobre su cercanía son muchas; Arturo Chávez incluso, trabajó en el equipo de gobierno de Claudia Sheinbaum cuando ella fue jefa delegacional en Tlalpan; de ese tamaño es el conflicto de interés.
Pero ya no hay vuelta atrás. El Consejo General del INE, que es presidido por Guadalupe Taddei (también con nexos que la acercan a Morena), ya está integrado por una mayoría de consejeros afines al partido político gobernante.
Los análisis sobre el futuro inmediato del INE se pronuncian por dos vías: confiar en la institucionalidad o dudar, de plano, de la imparcialidad que es una de sus obligaciones legales.
Naturalmente, hay argumentos para mantener ambas posiciones.
Sin embargo, en este espacio se hace énfasis el cuestionamiento al objetivo inicial de la máxima institución del país responsable de la organización de las elecciones.
Cuando en 1990 se fundó en el entonces llamado Instituto Federal Electoral, IFE, que luego de una reforma pasaría a denominarse Instituto Nacional Electoral, INE, se cristalizó con éxito uno de los mayores esfuerzos sociales después de la elección presidencial de 1988, aquella en la que “se cayó el sistema” y resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, cuando todos los indicios apuntaban a que el triunfador era Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Irónicamente, la caída del sistema fue orquesta por quien era responsable de la organización de la elección y el conteo de los votos, Manuel Bartlett Díaz. Era el secretario de Gobernación. 
Y se entendió entonces que el gobierno no podía ser más, el que convocara y organizara las elecciones.
Hoy se cuenta con el INE y además, con una estructura judicial que califica las elecciones: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y existen también los organismos paralelos en cada Estado del país.
Sin eliminarla, queda constancia de que toda esta estructura mantiene nexos y cercanía con la estructura de Morena y el gobierno federal.
Por eso, la oposición política, hoy minoría en el Poder Legislativo, denuncia que la autonomía de las elecciones ha quedado cancelada.
En menos de dos sexenios quedó desmontado lo que tomó tres décadas de esfuerzo ciudadano y consenso social.

El INE ya está dominado por Morena

Después del atentado en las pirámides de Teotihuacán se levanta, con toda razón, una duda: ¿Se puede garantizar protección para los visitantes que asistan al torneo mundial de futbol?
Un joven de apenas 27 años de edad, Julio César Jasso, cometió un acto irracional y de resultados trágicos, al atacar con un arma de fuego a turistas que se encontraban en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán. De acuerdo con la versión oficial, él mismo se quitó la vida al confrontarse con elementos de la Guardia Nacional y después de haber sido herido en una pierna. Es sin duda una tragedia, porque además causó la muerte de una mujer de origen canadiense e hirió a varios turistas, incluido un niño de seis años.
Al margen del drama humano, la cuestión es que este inusitado ataque en una zona arqueológica –una de las más conocidas en el mundo– la cuestión es que se genera una muy negativa imagen de México como destino de Torneo Mundial de Futbol, que está por comenzar en junio.
El gobierno de la república entró en emergencia. Lo ocurrido en este ataque de particulares características, porque el agresor actuó sólo, generó cuestionamientos en varios países, que de inmediato generaron recomendaciones para evitar o restringir viajes a México.
La presidenta Claudia Sheinbaum debió encarar el golpe en su conferencia mañanera y defensión que en el mundo sigue habiendo confianza en México. Junto a ella, su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que “la seguridad está garantizada” en el Mundial, y recordó el operativo de seguridad que se ha estado preparando desde varios meses atrás con la colaboración de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las dependencias de seguridad en las tres sedes del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Y subrayó que lo ocurrido en Teotihuacán no tiene ningún antecedente. Es cierto, pero eso no es disculpa. Y Julio César Jasso pudiera haber asesinado a muchas personas más.
La solución es relativamente sencilla, aunque no de fácil ejecución: las autoridades en México deben desechar esa suposición de que en México somos más pacíficos y aunque haya violencia, no tenemos suceso con asesinos masivos como ha ocurrido muchas veces en Estados Unidos.
Es falso. Sí los tenemos y ya han empezado a ocurrir.
Ningún lugar de visita para turistas nacionales o extranjeros puede carecer de protocolos de seguridad y vigilancia. Eso queda en el pasado.
Sólo queda esperar que los turistas juzguen que fue un asunto aislado y no cancelen su visita a México. Eso, y aplicar de inmediato las medidas de seguridad que el evento y el compromiso exigen.
Es difícil, pero este país debe encontrar la manera de seguir en la dilatada lucha contra la violencia, la inseguridad y los desaparecidos, y al mismo tiempo mantener su posición como una de las potencias turísticas del mundo.

Teotihuacán y la seguridad nacional

El Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, está en México. Su tarea implica un gran dilema: llevar o no el tema de los desaparecidos a la Asamblea General y presentar el caso como un posible crimen de lesa humanidad.
Al final, su tarea se convertirá en un expediente plagado de tecnicismos legales y el gran cuestionamiento es si después de años de vivir una tragedia permanente en México, este funcionario de la ONU se atreverá a retar los esfuerzos del gobierno mexicano que cuestiona el informe inicial que originó esta presencia.
Uno de los dramas más angustiantes que se padecen en México desde hace años, es la impunidad. Y ésta, evidentemente, se combina con la corrupción que se presenta en el ámbito público y en el privado. A lo largo de años y revisando informes de organismos no gubernamentales, organizaciones civiles o estudios académicos, con el cruce de cifras que básicamente comparan denuncias presentadas con sentencias judiciales, se sostiene que la impunidad en nuestro país es superior a 90 por ciento.
En otras palabras, nueve de cada 10 delitos cometidos no se persiguen, no se castigan. No hay justicia.
Y sin justicia, quienes cometen delitos pierden el temor. Mantienen sus prácticas ilegales.
Se cometen desde las faltas administrativas más intrascendentes hasta los delitos más atroces y criminales. 
Y en ese origen es que se puede explicar que Volker Türk haya venido a México a investigar; a entrevistarse con las víctimas de 110 mil (cifra conservadora) desaparecidos en el país, en cualquier Estado. Y se entrevistó también con autoridades, para empezar la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Su tarea no es sencilla, porque como representante de la ONU debe escuchar y atender con detalle los argumentos oficiales. Y no es ningún secreto qué argumento tiene más peso en la elaboración de su determinación final: el de la secretaria de Gobernación o el de los familiares que elaboran hipótesis y denuncian negligencia y falta de atención sobre denuncias de familiares desaparecidos.
Al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum parece importarle un argumento principal: que se considere que esta administración sí ha trabajado para disminuir el número de desaparecidos y para atender las denuncias. El resto de la realidad deja de ser prioridad.
Pero la verdad es que no entraña importancia superior averiguar si hubo más desaparecidos en el sexenio de Felipe Calderón, en el de Enrique Peña Nieto o en el de Andrés Manuel López Obrador. No. Lo verdaderamente importante es terminar con la pesadilla.
¿Qué podría suceder si el tema llega a la Asamblea General de la ONU y se vota por mayoría que sí se ha cometido un crimen de lesa humanidad?
Entre las muchas consecuencias legales, el gobierno mexicano tendría que someterse a la investigación externa; debería mostrar cómo se aplica la justica en el país; hacer pública la impunidad y la corrupción; abrirse a la crítica, a la intervención. Comprometerse, con mecanismos definidos, a aplicar una solución.
Sería doloroso; sería una desacreditación. Implicaría una imagen internacional manchada.
Sin embargo, sería quizá el proceso que le ponga fin a la tragedia de los desaparecidos.

La ONU observa nuestros desaparecidos

La semana pasada, el líder moral de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, visitó Guadalajara y estuvo en la sede estatal del partido, en Avenida La Paz. La coordinadora estatal, Mirza Flores, le dio la bienvenida y celebró la presencia de Dante publicando que “El Jefe” había estado presente.
Mirza Flores aprovechó la ocasión para repetir lo que ha concretado en meses de trabajo partidista y electoral: la conformación de 100 comités municipales para competir en la elección 2027. Asegura que es cuestión de tiempo para que se sumen los restantes 25 comités y así, tener presencia en todo el Estado de Jalisco.
Sin embargo, la visita de Dante Delgado adquirió otro nivel de importancia: apareció justo unas horas después de que Movimiento Ciudadano, pero principalmente el gobernador del Estado, Pablo Lemus, confirmó que a diferencia de la dirigencia nacional de Jorge Álvarez Máynez, en Jalisco se rechaza la reforma electoral y el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aunque la reforma electoral ya está pública y cambió la Constitución del país, los diputados de Movimiento Ciudadano –en voz del coordinador, José Luis Tostado– hicieron pública su postura en contra, confrontándose por ello con los legisladores estatales de Morena. Eso les valió una felicitación del gobernador Lemus, quien explicó con toda claridad porqué hay una posición distinta de la que tiene la dirigencia nacional: Para diferenciarse de Morena.
El gobernador explicó en entrevista pública que el pueblo jalisciense quiere que MC sea diferente de Morena.
Ese es un principio ideológico bastante contundente.
A quienes gobiernan se les piden resultados. Se les exige que superen sus diferencias ideológicas y partidistas, si lo que corresponde es hacer un trabajo plural en favor de objetivos gubernamentales y en favor de la ciudadanía.
Sin embargo, en lo político también se espera que los políticos se diferencien; que exhiban con claridad, transparencia y honestidad, sus posturas cuando son diferentes y cuando les pueden costar un riesgo electoral.
Es lo mínimo que se les exige: Congruencia.
En este paréntesis, se entiende claramente que los diputados de Morena hayan votado por la propuesta de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque haya sido una reforma cuestionada, “descafeinada” y condicionada por la alianza gobernante.
Lo que no se entendió con claridad fue que los diputados de MC en la Cámara Baja hubieran dicho que no estaban a favor, pero que votaban a favor. Fue, como se dice, una “maroma”.
Y en Jalisco, aunque les reclamen, presentaron su postura en contra.
Es indispensable que los políticos sean claros, congruentes y transparentes con sus posiciones ideológicas, cómo y por qué votan. Aunque les cueste.

La visita de Dante Delgado a Jalisco

Mirza Flores

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Justo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum y su grupo en el poder se disponían a tomar el control del partido y de las decisiones políticos electorales con miras a 2027, se cumplió lo que habían adelantado en Los Ángeles Times: la justicia de los Estados Unidos va contra los políticos morenistas coludidos con el crimen organizado, y comenzaron nada menos que con un gobernador, Rubén Rocha Moya, de Sinaloa.
Esto es el inicio de una posible catástrofe, a menos que la presidenta y sus consejeros la resuelvan lo más pronto posible. Pero Rocha Moya no está dispuesto a cooperar. Una de sus primeras frases es que este ataque no es sólo contra él, sino también contra la 4T. ¿Pero será eso lo que opine la presidenta Claudia Sheinbaum?
Francamente, las acusaciones contra Rocha Moya no sorprenden a nadie. Sus antecedentes son impresentables y le dieron muchísimo tiempo para maniobrar de forma más inteligente: pudo haber salido por la puerta de atrás de la gobernatura sinaloense. Pudo haber negociado, pudo haber hecho muchas cosas más, pero es un hombre obstinado y siempre ha contado con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, que lo cobijó y obligó a la presidenta Sheinbaum a hacer lo mismo. Si el “Mayo” Zambada siguiera libre en algún lugar del Triángulo Dorado, probablemente Rocha Moya podría aspirar a concluir su administración como gobernador y buscar algún escondite, pero estaba condenado a que le sucediera esto desde que el “Mayo” se convirtió en un detenido en Estados Unidos.
Ahora la presidenta tiene un problema gigante, porque debe decidir entre proteger a un gobernador a quien exigen extraditar y retar al explosivo Donald Trump, o deslindarse de él y dejarlo que enfrente su suerte con el riesgo de que en su caída arrastre a muchos otros morenistas que están integrados a la clase política gobernante.
El dilema para la presidenta es mantener el discurso de la soberanía y la exigencia al gobierno de los Estados Unidos, particularmente después del caso Chihuahua y la identificación de agentes de la CIA y al mismo tiempo, abrir la frontera para empezar a entregar a una cantidad indeterminada de políticos, morenista y de otros partidos, de los que ya hay expedientes a punto de judicializarse.
Esta nueva crisis es más grave si se considera la lucha por el control del partido y las candidaturas, coincidente con la renegociación del T-MEC.
Pero como defiende la sabiduría popular, una crisis es también una oportunidad de crecer. Si la presidenta encuentra la salida adecuada y satisface la sed de justicia estadounidense, puede ganar mucho y terminar de empoderarse.
Los próximos días serán cruciales. Veremos qué deciden en Palacio Federal.

Rubén Rocha Moya: la catástrofe se asoma