La Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República, realiza el proceso de extradición de Erika María “N”, detenida en Caracas, Venezuela, para que enfrente cargos por el feminicidio de Carolina Flores Gómez.

La Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República, impulsa el proceso de extradición de Erika María “N”, detenida en Caracas, Venezuela, para que enfrente cargos por el feminicidio de Carolina Flores. La acusada, identificada como suegra de la víctima, permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas luego de su captura, la cual representó un avance significativo en la investigación del caso.

Carolina Flores, exreina de belleza, fue privada de la vida en Polanco en uno de los crímenes de género que mayor impacto ha generado en los últimos años en México. Erika María “N” enfrentará cargos por feminicidio, delito sancionado en el país con penas que pueden alcanzar hasta 70 años de prisión.
El procedimiento de extradición se basa en el tratado firmado entre México y Venezuela en 1998, el cual establece la entrega mutua de personas requeridas por la justicia, con excepciones muy específicas. Los tribunales venezolanos deberán revisar y validar la documentación enviada por las autoridades mexicanas, analizando si el delito es perseguible en ese país y cumpliendo con los requisitos formales.
Hasta el momento no existe una fecha definida para la extradición. El proceso puede extenderse desde varias semanas hasta varios meses, según la agilidad del sistema judicial venezolano, la carga de trabajo de los tribunales y los trámites diplomáticos necesarios. La defensa de Erika María “N” tiene derecho a interponer recursos legales, lo que podría generar retrasos adicionales en su entrega a México.
Mientras se resuelve la solicitud, la acusada no podrá abandonar Venezuela ni ser liberada, salvo por una resolución judicial extraordinaria. Una vez que se cumplan todos los requisitos y se autorice el traslado, Erika “N” será presentada ante un juez en territorio mexicano, quien determinará su situación jurídica y resolverá sobre su vinculación a proceso.
A partir de ese momento, el caso pasará por completo al sistema de justicia mexicano. Las autoridades nacionales tendrán el control total del procedimiento penal, donde se valorarán las pruebas recabadas y se desarrollará el juicio correspondiente. La extradición se considera un paso esencial para que la imputada responda por los hechos imputados.