Injerencia disfrazada de justicia
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos este miércoles contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y ocho exfuncionarios de ese Estado, así como contra el senador Enrique Inzunza Cázarez. El anuncio fue realizado por el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la DEA, Terrance C. Cole. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Según la acusación, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán contribuyeron a la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos. Una vez en el cargo, Rocha Moya habría asistido a reuniones con ellos y prometido protección para sus operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos.
Ante la acusación, la respuesta del gobierno federal fue a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la misma presidenta, Claudia Sheinbaum en la mañanera de ayer. Se confirmó haber recibido las solicitudes de detención provisional con fines de extradición remitidas por Estados Unidos, además se dijo que la documentación “no cuenta con elementos de prueba” suficientes para determinar la responsabilidad de los señalados, y no alinearse a los tratados internacionales en la materia, que contienen disposiciones específicas de confidencialidad, que fueron violadas de manera flagrante por la fiscalía neoyorquina, el Departamento de Estado y la embajada en nuestro país. De todas maneras, la Cancillería turnó el expediente a la Fiscalía General de la República para que determine la viabilidad de las solicitudes de detención conforme al marco jurídico nacional.
Es necesario dejar en claro varias cosas. El tinglado sobre el cual se monta la nueva avalancha contra la 4T desde Washington, tiene de fondo el disgusto que ha generado en la Oficina Oval la posición del gobierno de México respecto a la defensa de Cuba, la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cumbre de Barcelona, la demanda por parte de Palacio Nacional sobre las actividades ilegales de agentes de la CIA en Chihuahua, la consistente manera de poner límites al gobierno estadunidense en asuntos internos de competencia exclusiva del gobierno de México, y el evidente propósito de Donald Trump por descarrilar a los gobiernos latinoamericanos que le han puesto cara a sus agresiones, entre ellos México.
A querer o no, las acciones desde el gobierno de Donald Trump además de que son inconsistentes, muestran una clara injerencia política aderezada con amenazas implícitas.
Todo lo anterior no descarta, por supuesto, que si después de una investigación por parte de la FGR se encuentra culpabilidad en el gobernador de Sinaloa y el resto de los coacusados, se les aplique la ley, y no salga ni la presidenta, Claudia Sheinbaum, ni el Partido Morena, a tratar de defender lo indefendible. Pero en tanto eso no se resuelva, el gobierno de Donald Trump debe dejar de interferir en los asuntos de nuestro país, y la oposición dejar de ser matraquera del intervencionismo norteamericano.
