¿Vamos a pagar todos para salvar a Rocha Moya?

Desde que estalló el escándalo de Rubén Rocha Moya (y no se puede olvidar que con él, están involucrados el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entre otros funcionarios y ex funcionarios), la cuestión que se plantea más repetidamente es si el gobierno mexicano accederá a la exigencia de detener y extraditar al gobernador de Sinaloa.

La mañana de este 30 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum estableció una postura firme que en el discurso argumentó la defensa de la soberanía nacional, pero en los hechos protegió a Rocha Moya. La presidenta, evidentemente, se dirigió a su tribuna: rechazó la “injerencia de gobiernos extranjeros” y exigió “pruebas contundentes” que prueben la culpabilidad de los acusados, porque eso sí, su gobierno no va a defender a quienes sean responsables.

La expresión está más que justificada: Discurso para la tribuna.
Además, reclamó airadamente el comportamiento del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, de quien dijo que su comportamiento es intolerable y su postura totalmente “injerencista”. ¿La presidenta hizo algún trámite diplomático para remover al embajador o emitió algún documento oficial que signifique alguna queja formal por el desempeño de un diplomático que puede ser removido? Nada.

Mientras ella se dirige a la nación desde su mañanera en el púlpito que está instalado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional desde el sexenio pasado, con uno de los productos de comunicación con mayor repercusión nacional e internacional en redes sociales (su popularidad y alto nivel de aprobación se fundamenta en gran medida en su permanente exposición), el intercambio de información del que los mexicanos no nos enteramos, es abundantísimo en oficinas del gobierno federal.

Lo que no mencionó la presidenta mientras defendió ante las cámaras la presunción de inocencia de Rubén Rocha Moya, el político sinaloense que durante años ha dialogado –lo reconoció e hizo público él mismo– con el crimen organizado para mantener “un puente” con la administración pública, es el diálogo que ha tenido con la cúpula empresarial que estará alarmada por los riesgos de una confrontación binacional; con el equipo gubernamental de nuestro país para la renegociación del T-MEC; o con la cúpula política de Morena, que revisa el impacto electoral para 2027 a causa de que ha quedado evidenciada la relación de encumbrados morenistas con el crimen organizado.

El “caso Rocha Moya” con todos los implicados adicionales, se desarrolla en varias pistas.

Serán tremendamente ingenuos quienes sólo hagan una lectura bicolor de la realidad para defender a México del “malvado” Donald Trump.

¿Qué pruebas contundentes se necesitan para reconocer que el gobernador de Sinaloa lleva años coludido con el Cártel de Sinaloa? ¿Qué más tenemos que pagar en México para detener lo que se anuncia desde Estados Unidos, porque el caso Rocha Moya es el inicio de una embestida judicial, mediática, diplomática y económica contra todos los involucrados en la perversa convivencia entre poder político y poder delictivo?
El 29 de abril, en este “Al buen entendedor”, se subrayó que en los siguientes días seguirá la expectación sobre lo que decida la presidenta y que esta crisis puede ser una oportunidad de ganancia para ella.

Seguimos en lo mismo.