La defensa del senador de Morena Enrique Inzunza señaló que permanecerá en su cargo y no solicitará licencia, a pesar de las acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. por presuntos vínculos con el crimen organizado. Añadieron que podría colaborar con información.

El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez anunció que no solicitará licencia a su cargo en el Senado de la República para enfrentar las acusaciones emitidas por el Gobierno de Estados Unidos en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador sinaloense afirmó que refutará “absolutamente todas las falsedades” desde el ejercicio de su responsabilidad como senador. Inzunza Cázarez subrayó que los ciudadanos de Sinaloa le otorgaron la alta responsabilidad de representarlos en la Cámara alta, encomienda que ha desempeñado bajo principios de dignidad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y las leyes.
El senador resaltó su trayectoria profesional de más de 25 años en el Poder Judicial de Sinaloa, donde llegó a ocupar el cargo de magistrado presidente. Señaló que ha dedicado su vida a la aplicación y el respeto del Derecho, lo que sustenta su rechazo firme a las imputaciones que calificó como calumnias, falsas y dolosas.
Inzunza Cázarez vinculó el momento de las acusaciones con su intervención reciente en la tribuna del Senado. Un día antes de los señalamientos, defendió en nombre del grupo parlamentario de Morena el principio de soberanía nacional frente a lo que describió como actuaciones inconstitucionales de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en territorio mexicano, con la complicidad de la entonces gobernadora de Chihuahua.
El legislador morenista insistió en que continuará cumpliendo sus funciones legislativas sin separarse del cargo. “Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República”, reiteró. Además, se comprometió a acudir puntualmente a cualquier citación o requerimiento formulado por las autoridades competentes de México, en el marco de sus atribuciones constitucionales.
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