Jonás

El hecho de que Rubén Rocha Moya haya solicitado licencia como gobernador de Sinaloa en medio de la crisis política desatada por las acusaciones de la justicia norteamericana, que lo relacionan con el crimen organizado, no mejoró la seguridad en Sinaloa, si no todo lo contrario, porque el último fin de semana (del 1 al 3 de mayo) se registraron 15 homicidios en la Entidad y balaceras en zonas concurridas de Culiacán.
Por cierto, la licencia solicitada por el alcalde de la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez, tampoco tuvo un efecto positivo.
En este escenario, ayer se instaló en Sinaloa el gabinete de Seguridad del gobierno federal.
Hay que subrayar que todos estos hechos tienen relación indirecta con la crisis política. El problema de un Estado en una “batalla civil” entre dos grupos delincuenciales, tiene raíces más profundas.
Pero en el aspecto político hubo otros eventos que parecen extraños cuando la corriente de los hechos indica que el objetivo sería aplicarle la justicia a los dos funcionarios que solicitaron licencia. 
• Se confirmó que el gobierno federal, por determinación propia, le proporcionará seguridad personal a Rubén Rocha Moya. 
• La nueva titular de la Consejería Jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, apareció en la rueda de prensa mañanera para explicar cuáles son las fallas en la solicitud del juzgado neoyorquino que solicitó la detención y extradición del gobernador con licencia, el alcalde con licencia, el senador Enrique Inzunza y otros siete funcionarios y exfuncionarios estatales.
Alcalde Luján se empeñó en un discurso de choque contra las exigencias estadounidenses y esa postura no mejora el escenario, sino todo lo contrario. 
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR), responsable de investigar si efectivamente, todos los denunciados tienen o no la responsabilidad que se les imputa, no presentó novedades.
Precisamente, la dependencia que encabeza Ernestina Godoy es la que debe determinar si los acusados serán detenidos o no, y si se facilitará el proceso de extradición. Mientras no haya avances en el ámbito judicial, la crisis política (declaraciones, posturas, enfrentamientos mediáticos) pueden enrarecer aún más el ambiente y los ataques. Pueden, en suma, dificultarle a la presidenta Claudia Sheinbaum las tareas de seguridad y el proceso de renegociación del T-MEC, fundamental para el futuro económico inmediato del país; de hecho, el llamado Plan México depende también de esa renegociación del tratado.
Y falta todavía que el escenario general tienda a descomponerse más, si como lo adelantan medios de comunicación norteamericanos y funcionarios del gobierno de Donald Trump, el caso Rocha Moya es el primero de muchos.
Mención aparte, claro, merece la organización del proceso electoral 2027. Mientras tanto, en Sinaloa, con o sin gobernador, la violencia continúa.

El gabinete de seguridad en Sinaloa

Desde que estalló el escándalo de Rubén Rocha Moya (y no se puede olvidar que con él, están involucrados el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, entre otros funcionarios y ex funcionarios), la cuestión que se plantea más repetidamente es si el gobierno mexicano accederá a la exigencia de detener y extraditar al gobernador de Sinaloa.
La mañana de este 30 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum estableció una postura firme que en el discurso argumentó la defensa de la soberanía nacional, pero en los hechos protegió a Rocha Moya. La presidenta, evidentemente, se dirigió a su tribuna: rechazó la “injerencia de gobiernos extranjeros” y exigió “pruebas contundentes” que prueben la culpabilidad de los acusados, porque eso sí, su gobierno no va a defender a quienes sean responsables.
La expresión está más que justificada: Discurso para la tribuna. 
Además, reclamó airadamente el comportamiento del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, de quien dijo que su comportamiento es intolerable y su postura totalmente “injerencista”. ¿La presidenta hizo algún trámite diplomático para remover al embajador o emitió algún documento oficial que signifique alguna queja formal por el desempeño de un diplomático que puede ser removido? Nada.
Mientras ella se dirige a la nación desde su mañanera en el púlpito que está instalado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional desde el sexenio pasado, con uno de los productos de comunicación con mayor repercusión nacional e internacional en redes sociales (su popularidad y alto nivel de aprobación se fundamenta en gran medida en su permanente exposición), el intercambio de información del que los mexicanos no nos enteramos, es abundantísimo en oficinas del gobierno federal.
Lo que no mencionó la presidenta mientras defendió ante las cámaras la presunción de inocencia de Rubén Rocha Moya, el político sinaloense que durante años ha dialogado –lo reconoció e hizo público él mismo– con el crimen organizado para mantener “un puente” con la administración pública, es el diálogo que ha tenido con la cúpula empresarial que estará alarmada por los riesgos de una confrontación binacional; con el equipo gubernamental de nuestro país para la renegociación del T-MEC; o con la cúpula política de Morena, que revisa el impacto electoral para 2027 a causa de que ha quedado evidenciada la relación de encumbrados morenistas con el crimen organizado.
El “caso Rocha Moya” con todos los implicados adicionales, se desarrolla en varias pistas.
Serán tremendamente ingenuos quienes sólo hagan una lectura bicolor de la realidad para defender a México del “malvado” Donald Trump.
¿Qué pruebas contundentes se necesitan para reconocer que el gobernador de Sinaloa lleva años coludido con el Cártel de Sinaloa? ¿Qué más tenemos que pagar en México para detener lo que se anuncia desde Estados Unidos, porque el caso Rocha Moya es el inicio de una embestida judicial, mediática, diplomática y económica contra todos los involucrados en la perversa convivencia entre poder político y poder delictivo? 
El 29 de abril, en este “Al buen entendedor”, se subrayó que en los siguientes días seguirá la expectación sobre lo que decida la presidenta y que esta crisis puede ser una oportunidad de ganancia para ella.
Seguimos en lo mismo.

¿Vamos a pagar todos para salvar a Rocha Moya?

Justo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum y su grupo en el poder se disponían a tomar el control del partido y de las decisiones políticos electorales con miras a 2027, se cumplió lo que habían adelantado en Los Ángeles Times: la justicia de los Estados Unidos va contra los políticos morenistas coludidos con el crimen organizado, y comenzaron nada menos que con un gobernador, Rubén Rocha Moya, de Sinaloa.
Esto es el inicio de una posible catástrofe, a menos que la presidenta y sus consejeros la resuelvan lo más pronto posible. Pero Rocha Moya no está dispuesto a cooperar. Una de sus primeras frases es que este ataque no es sólo contra él, sino también contra la 4T. ¿Pero será eso lo que opine la presidenta Claudia Sheinbaum?
Francamente, las acusaciones contra Rocha Moya no sorprenden a nadie. Sus antecedentes son impresentables y le dieron muchísimo tiempo para maniobrar de forma más inteligente: pudo haber salido por la puerta de atrás de la gobernatura sinaloense. Pudo haber negociado, pudo haber hecho muchas cosas más, pero es un hombre obstinado y siempre ha contado con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, que lo cobijó y obligó a la presidenta Sheinbaum a hacer lo mismo. Si el “Mayo” Zambada siguiera libre en algún lugar del Triángulo Dorado, probablemente Rocha Moya podría aspirar a concluir su administración como gobernador y buscar algún escondite, pero estaba condenado a que le sucediera esto desde que el “Mayo” se convirtió en un detenido en Estados Unidos.
Ahora la presidenta tiene un problema gigante, porque debe decidir entre proteger a un gobernador a quien exigen extraditar y retar al explosivo Donald Trump, o deslindarse de él y dejarlo que enfrente su suerte con el riesgo de que en su caída arrastre a muchos otros morenistas que están integrados a la clase política gobernante.
El dilema para la presidenta es mantener el discurso de la soberanía y la exigencia al gobierno de los Estados Unidos, particularmente después del caso Chihuahua y la identificación de agentes de la CIA y al mismo tiempo, abrir la frontera para empezar a entregar a una cantidad indeterminada de políticos, morenista y de otros partidos, de los que ya hay expedientes a punto de judicializarse.
Esta nueva crisis es más grave si se considera la lucha por el control del partido y las candidaturas, coincidente con la renegociación del T-MEC.
Pero como defiende la sabiduría popular, una crisis es también una oportunidad de crecer. Si la presidenta encuentra la salida adecuada y satisface la sed de justicia estadounidense, puede ganar mucho y terminar de empoderarse.
Los próximos días serán cruciales. Veremos qué deciden en Palacio Federal.

Rubén Rocha Moya: la catástrofe se asoma

Que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se está convirtiendo en uno de los presidenciables para 2030 ya es asunto conocido. Pero después de los últimos hechos en materia de seguridad, el tema se vuelve doblemente relevante: la detención de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, y con él, de su operador financiero César Alejandro “N” el “Güero Conta”, todo el aparato de comunicación del gobierno federal centra la atención sobre la imagen del secretario García Harfuch.
La estrella del secretario asciende, hasta ahora con mucha velocidad, mientras otros personajes entran en un período de sombra.
Pero el caso de García Harfuch amerita análisis aparte, porque su desempeño en el gabinete presidencial no parece tener relación con la dinámica de Morenas y sus cambios recientes: Ariadna Montiel confirmó ya su salida de la Secretaría del Bienestar y el próximo domingo se convertirá en presidenta del partido, para iniciar un proceso eminentemente electoral junto con Citlalli Hernández.
La meta en este momento es la elección 2027: 17 gubernaturas, renovación de la Cámara de Diputados, congresos locales y centenares de municipios.
En esta elección no participa García Harfuch. El suyo es un proyecto con posibilidad de concretarse en un plazo más largo y con obstáculos que aún no se sospechan todavía.
Pero si el proceso electoral resulta en un empoderamiento de la administración de Claudia Sheinbaum y si se mantiene el dominio casi total de Morena, entonces se acomodarán los escenarios para García Harfuch.
Antes de los que hechos nos caigan encima, conviene entonces revisar hacia dónde se dirige su estrella ascendente. 
En el mejor de los casos y si las condiciones mantienen similitud a lo que hoy se está observando, será el integrante del gabinete con mayor popularidad; además de ser el rostro (ficticio o real) de la lucha contra la violencia, la inseguridad y el crimen organizado, ha mostrado capacidad de estrategia política. Ha construido relaciones útiles con legisladores y gobernadores. También es uno de los contactos favoritos de la cúpula de gobierno en Estados Unidos y eso incrementa sus bonos.
Sólo hay una dificultad central: no es morenista. Es algo que puede recomponerse, pero la resistencia interna en el partido ya impidió que fuera candidato al gobierno de la Ciudad de México.
Por otra parte, ¿qué tipo de gobierno encabezaría García Harfuch? ¿Cuál sería su oferta? Ciertamente, no se configura como la continuidad de la “transformación”. 
Es muy pronto aún. Falta mucho para el proceso 2030 y la política nacional se va a reconfigurar después de la elección de 2027.
Pero su estrella sigue ascendiendo a pesar de todas las dificultades evidentes.

La estrella de Omar García Harfuch

Este 27 de abril, otra semana comenzó con un dejo de preocupación por los hechos de inseguridad. Después que hace unos días se presentó el estudio más reciente sobre percepción del INEGI, en el que la capital de Jalisco, Guadalajara, quedó ubicada en segundo lugar entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad (nueve de cada 10 tapatíos se manifiestan inseguros) para colmo, se registró otro suceso que despertó la sensación de profunda preocupación: en Nayarit fue detenido Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”.
Este personaje forma parte de la intrincada red de la delincuencia organizada en el país, y había sido señalado como uno de los sospechosos que podían ocupar el liderazgo de la estructura criminal dejada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Como es por todos recordado, el pasado 22 de febrero tuvo lugar un gran operativo de las Fuerzas Armadas que terminó en la muerte de Nemesio Oseguera, en Tapalpa, Jalisco, evento del que se derivaron acciones criminales como narcobloqueos y quema de vehículos y establecimientos en casi 20 estados del país. Jalisco, naturalmente, fue la Entidad más afectada.
De esos hechos es que se deriva la percepción de inseguridad que ahora se ha manifestado en el estudio dado a conocer por el INEGI.
La detención de “El Jardinero” provocó nuevas acciones de la delincuencia organizada. Hasta donde fue conocido hasta anoche, sólo ocurrió en el Estado de Nayarit, pero las alarmas se encendieron a nivel nacional.
Hasta anoche, las autoridades municipales y estatales en Jalisco permanecieron en alerta y en prevención de que pudieran generarse ataques que repercutan después del apresamiento de este personaje. La prevención se consolidó porque en Zapopan fue detenido César Alejandro “N” conocido como “El Güero Conta”, de quien se afirma, es operador financiero de “El Jardinero”.
En el marco de todos estos sucesos es normal que las personas estén preocupadas y se tema lo peor ante las reacciones violentas que pueden manifestar los delincuentes organizados. Sin embargo, también es importante hacer notar que la detención de un personaje de primera línea en la generación de violencia se da a unas semanas de la organización del torneo mundial de futbol, en el cual México será sede.
Debe reconocerse que se mantiene la línea de trabajo tanto del gobierno federal, como de los estados y las fuerzas de seguridad, para restablecer el orden y detener a quienes han contribuido a la descomposición social.
La detención de “El Jardinero” será seguramente una de muchas más, pues la red que se había tejido durante años ahora se está desmantelando.

La detención de “El Jardinero”

La presidenta de la república, y más en concreto sus aliados más allegados y otro círculo de morenistas que no son necesariamente de toda su confianza, emprendieron en los últimos días una movilización total dentro de Morena, el partido de la “transformación”. Dicho en frases propagandísticas, el país atestigua la edificación no “del segundo piso de la 4T”, sino la transformación del partido para mantener el poder.
Entre los muchos objetivos de un régimen de gobierno, uno de los más importantes es conservar el poder. Sin el control del gobierno, en primer lugar, no pueden alcanzarse otras metas como la aplicación del proyecto de gobierno ofrecido en una campaña electoral.
Así, lo que no ocurrió en su primer año de gobierno, la presidenta Sheinbaum lo está ejecutando en el segundo, y con evidentes resistencias de varios grupos de poder dentro de Morena. El asunto es que Morena no se ha “institucionalizado”; la disciplina interna y los esquemas de acceso al poder son inestables y apenas ensayan mecanismos que les permitan superar el cacicazgo que ejerce Andrés Manuel López Obrador. Sin reglas fijas para acceder a candidaturas y a posiciones internas, el resultado es lo que han evidenciado: conflictos entre grupos internos y liderazgos locales que rechazan imposiciones de la cúpula nacional.
Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente, se desgastaron rápidamente, en un porcentaje considerable por su incapacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes en el ejercicio de gobierno en este segundo mandato, pero también por circunstancias imprevistas como la permanente injerencia del expresidente López Obrador y la ambición natural de personajes que acumularon un poder que intentó equipararse al presidencial; ejemplos de ello son Adán Augusto López y los Monreal, entre muchos otros personajes, muchos de ellos fuera del ojo público.
Así, el cambio en la presidencia nacional de Morena (es inminente la llegada de Ariadna Montiel, influyente secretaria del Bienestar que, en teoría, debe dejar su cargo en el gobierno) y en la Secretaría de Organización que ya ocupa Citlalli Hernández, tiene un objetivo central: hacer más eficiente la comunicación entre Palacio Nacional y la dirigencia del partido, especialmente en las complicadas decisiones que se tomarán en unos meses para determinar 17 candidaturas a gobiernos estatales y todas las candidaturas para renovar la Cámara de Diputados y centenares de presidencias municipales.
El eje de este proceso es incrementar la influencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en la determinación de las candidaturas. A más candidatos que sean aprobados por ella, mayor control político para la segunda parte del sexenio.
Que no haya confusión: la presencia de Andrés Manuel López Obrador seguirá pesando; también seguirán haciendo presión los personajes que antes se resistieron a la voluntad presidencial, pero la línea de autoridad estará mucho más definida. 
Sólo así, será viable un proyecto de gobierno.

La transformación de Sheinbaum

De inicio, una pregunta: ¿De verdad, alguien cree que en México no hay agentes estadounidenses, de la CIA, el FBI, la DEA o cualquier otra agencia de gobierno, operando encubiertamente? Para quien haya comprado el discurso de la protección de la soberanía nacional, lo que ocurrió en Chihuahua el fin de semana pasado (18 de abril) es la más evidente contradicción. 
La presencia de agentes de la CIA en Chihuahua sorprendió incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum. No estaba enterada de nada, a pesar de que en los operativos contra el crimen organizado, dirigidos por el gobierno estatal, participaron también elementos del Ejército Mexicano.
Nadie se hubiera enterado, como no nos enteramos de lo que esté sucediendo en este momento en cualquier otro de los estados fronterizos, si no hubieran muerto dos agentes de la CIA en lo que nos aseguran, fue un accidente.
El tema es un conflicto diplomático en posibilidad de crecimiento, y obliga al gobierno mexicano a presentar una respuesta inteligente y mesurada; ahora sí, que como diría la presidenta Claudia Sheinbaum, se necesita “cabeza fría”.
Pero las cosas se complican, porque justo en este momento el gobierno mexicano está enviando un nuevo embajador a Estados Unidos y estrenamos también, un nuevo secretario de Relaciones Exteriores.
Qué los agentes encubiertos de agencias gubernamentales de Estados Unidos están en México, no es nada nuevo; ha ocurrido en el pasado y ocurre durante el actual gobierno, sólo que no lo informan ni lo reconocen.
En el equilibrio de fuerza entre México y Estados Unidos, evidentemente estamos en desventaja. Además, la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano tiene que ver más con evitar el daño que se provoca en Estados Unidos que con afectar nuestra vida nacional; los agentes de la CIA no estaban de vacaciones en México, se unieron a las fuerzas de Seguridad de Chihuahua, para combatir al Cártel de Sinaloa.
Por otra parte, nos encontramos en un paréntesis difícil, porque justo está iniciando la renegociación del T-MEC y, a pesar de los ánimos soberanistas, lo que más conviene es garantizar el intercambio comercial y salvaguardar las enormes ganancias que ha obtenido nuestro país, en este acuerdo comercial.
Asunto aparte, será la historia política y jurídica que protagoniza la gobernadora María Eugenia Campos; la mandataria de Chihuahua enfrenta una dura reacción del gobierno federal, si es que actuó por cuenta propia para dejar intervenir a los agentes de la CIA. La presidenta Claudia Sheinbaum no puede simplemente dejar pasar el episodio, o todos los gobernadores del país se irán por “la libre”. 
Se requiere mucho tacto para cerrar este episodio.

La CIA operando en Chihuahua

Se aprobó, en sus condiciones y con sus tiempos, la elección de tres nuevos integrantes del Consejo General del INE y todo son afines a Morena. Los diputados federales morenistas aglutinaron 334 votos a favor y a pesar de los 127 votos en contra, los aspirantes Blanca Cruz, Frida Gómez y Arturo Chávez, se convirtieron en los nuevos consejeros generales. Estarán en el cargo hasta el año 2035.
Los tres nuevos integrantes del Consejo del INE rindieron protesta en el cargo y deberán soportar durante algunos días, la “tormenta mediática” que denunciará su cercanía con el partido en el poder. Las pruebas sobre su cercanía son muchas; Arturo Chávez incluso, trabajó en el equipo de gobierno de Claudia Sheinbaum cuando ella fue jefa delegacional en Tlalpan; de ese tamaño es el conflicto de interés.
Pero ya no hay vuelta atrás. El Consejo General del INE, que es presidido por Guadalupe Taddei (también con nexos que la acercan a Morena), ya está integrado por una mayoría de consejeros afines al partido político gobernante.
Los análisis sobre el futuro inmediato del INE se pronuncian por dos vías: confiar en la institucionalidad o dudar, de plano, de la imparcialidad que es una de sus obligaciones legales.
Naturalmente, hay argumentos para mantener ambas posiciones.
Sin embargo, en este espacio se hace énfasis el cuestionamiento al objetivo inicial de la máxima institución del país responsable de la organización de las elecciones.
Cuando en 1990 se fundó en el entonces llamado Instituto Federal Electoral, IFE, que luego de una reforma pasaría a denominarse Instituto Nacional Electoral, INE, se cristalizó con éxito uno de los mayores esfuerzos sociales después de la elección presidencial de 1988, aquella en la que “se cayó el sistema” y resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, cuando todos los indicios apuntaban a que el triunfador era Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Irónicamente, la caída del sistema fue orquesta por quien era responsable de la organización de la elección y el conteo de los votos, Manuel Bartlett Díaz. Era el secretario de Gobernación. 
Y se entendió entonces que el gobierno no podía ser más, el que convocara y organizara las elecciones.
Hoy se cuenta con el INE y además, con una estructura judicial que califica las elecciones: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y existen también los organismos paralelos en cada Estado del país.
Sin eliminarla, queda constancia de que toda esta estructura mantiene nexos y cercanía con la estructura de Morena y el gobierno federal.
Por eso, la oposición política, hoy minoría en el Poder Legislativo, denuncia que la autonomía de las elecciones ha quedado cancelada.
En menos de dos sexenios quedó desmontado lo que tomó tres décadas de esfuerzo ciudadano y consenso social.

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Ariadna Montiel Reyes ya es la nueva presidenta de Morena. Su ascenso al cargo, uno de los más importantes en el contexto de la llamada “cuarta transformación”, demuestra que las virtudes cultivadas bajo la sombra de la discreción dan también muy claros resultados. No es la política del flash y el micrófono, pero sí es uno de los cuadros más sólidos del partido.
En Morena, de hecho, si hay oportunidad de enderezar el rumbo en medio de la crisis política que se está viviendo, será determinante el trabajo de Ariadna Montiel, quien por cierto tiene algunos vínculos añejos con Jalisco, en especial con la Universidad de Guadalajara.
El reto inicial más importante para Ariadna Montiel no será, como pudiera pensarse, empezar la organización del partido para las elecciones 2027, sino detener la caída de Morena en medio de dos procesos críticos coincidentes: el escándalo de la complicidad con el crimen organizado con Rubén Rocha Moya como protagonista, y la consolidación del grupo político de la presidenta Claudia Sheinbaum, en franca confrontación con el resto de los grupos.
Aparentemente, a Montiel Reyes le bastaría con seguir las instrucciones de la presidenta Sheinbaum y no habría error. Bien dice el refrán que quien obedece, nunca se equivoca.
Pero ese sería el más pobre servicio que podría ofrecer la nueva dirigente de Morena. Su trabajo consiste no sólo en fortalecer al grupo político de la presidenta Sheinbaum, sino conseguirlo también sin romper con el resto de los liderazgos en todos los estados, pero en especial los que se ubican en los 17 estados donde se juega la gubernatura.
Además, debe tender puentes –y eso significa negociar, y para hacerlo, hay que contar con representatividad y autoridad– con los aliados que están bastante inconformes: los partidos Verde y del Trabajo.
Y adicionalmente, debe vacunar a Morena de todos los candidatos y candidatas que puedan tener posibilidad de ser señalados por relaciones con el crimen organizado. Esa es la nueva demanda tanto de los militantes como de los seguidores de la 4T.
¿Cómo y con qué autoridad procederá Ariadna Montiel al momento de rechazar candidaturas, y más si son polémicas como por ejemplo, las de quienes son parientes y encarnan el nepotismo que tanto critica la presidenta del país?
Además de su buen oficio, Ariadna Montiel llega con el respaldo de haber encabezado la Secretaría del Bienestar. En el ejercicio de su responsabilidad no hubo escándalos ni señalamientos.
La cuestión es que administrar más de un billón de pesos en programas sociales es un intenso trabajo administrativo, pero es muy diferente de la tarea de organizar a quienes luchan por el poder.
En el trabajo de la nueva presidenta nacional del partido se juega el futuro inmediato de Morena.

Ariadna Montiel y su escenario en Morena