El gabinete de seguridad en Sinaloa
El hecho de que Rubén Rocha Moya haya solicitado licencia como gobernador de Sinaloa en medio de la crisis política desatada por las acusaciones de la justicia norteamericana, que lo relacionan con el crimen organizado, no mejoró la seguridad en Sinaloa, si no todo lo contrario, porque el último fin de semana (del 1 al 3 de mayo) se registraron 15 homicidios en la Entidad y balaceras en zonas concurridas de Culiacán.
Por cierto, la licencia solicitada por el alcalde de la capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez, tampoco tuvo un efecto positivo.
En este escenario, ayer se instaló en Sinaloa el gabinete de Seguridad del gobierno federal.
Hay que subrayar que todos estos hechos tienen relación indirecta con la crisis política. El problema de un Estado en una “batalla civil” entre dos grupos delincuenciales, tiene raíces más profundas.
Pero en el aspecto político hubo otros eventos que parecen extraños cuando la corriente de los hechos indica que el objetivo sería aplicarle la justicia a los dos funcionarios que solicitaron licencia.
• Se confirmó que el gobierno federal, por determinación propia, le proporcionará seguridad personal a Rubén Rocha Moya.
• La nueva titular de la Consejería Jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, apareció en la rueda de prensa mañanera para explicar cuáles son las fallas en la solicitud del juzgado neoyorquino que solicitó la detención y extradición del gobernador con licencia, el alcalde con licencia, el senador Enrique Inzunza y otros siete funcionarios y exfuncionarios estatales.
Alcalde Luján se empeñó en un discurso de choque contra las exigencias estadounidenses y esa postura no mejora el escenario, sino todo lo contrario.
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR), responsable de investigar si efectivamente, todos los denunciados tienen o no la responsabilidad que se les imputa, no presentó novedades.
Precisamente, la dependencia que encabeza Ernestina Godoy es la que debe determinar si los acusados serán detenidos o no, y si se facilitará el proceso de extradición. Mientras no haya avances en el ámbito judicial, la crisis política (declaraciones, posturas, enfrentamientos mediáticos) pueden enrarecer aún más el ambiente y los ataques. Pueden, en suma, dificultarle a la presidenta Claudia Sheinbaum las tareas de seguridad y el proceso de renegociación del T-MEC, fundamental para el futuro económico inmediato del país; de hecho, el llamado Plan México depende también de esa renegociación del tratado.
Y falta todavía que el escenario general tienda a descomponerse más, si como lo adelantan medios de comunicación norteamericanos y funcionarios del gobierno de Donald Trump, el caso Rocha Moya es el primero de muchos.
Mención aparte, claro, merece la organización del proceso electoral 2027. Mientras tanto, en Sinaloa, con o sin gobernador, la violencia continúa.
