Staff quiero tv

Elementos de la Secretaría de Seguridad Jalisco localizaron y resguardaron a un menor de edad que se encontraba extraviado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, luego de que abordara un camión del transporte público sin la compañía de un adulto.
De acuerdo con el reporte, el menor subió a una unidad de la ruta 52 en la colonia Buenos Aires. Fue el propio conductor quien, tras avanzar algunas cuadras, detectó que el niño viajaba solo, por lo que decidió entablar diálogo con él.
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El menor explicó que su madre se encontraba trabajando y que había salido de casa con la intención de reunirse con sus amigos para jugar videojuegos.
Ante esta situación, el chofer solicitó el apoyo de las autoridades, quienes acudieron para brindar atención al caso. Los oficiales pusieron a salvo al menor y activaron los protocolos correspondientes para localizar a sus familiares.
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Gracias a estas acciones, se logró establecer contacto con la madre del niño, a quien posteriormente le fue entregado, sin que se reportaran mayores incidentes.

De acuerdo con el reporte, el menor subió a una unidad de la ruta 52 en la colonia Buenos Aires.

Guadalajara: Menor viaja solo en camión para jugar videojuegos

KARLA PLANTER Y LEMUS EN EL PARANINFO
La rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter Pérez, fue el foco de atención de la clase política y académica de Jalisco al presentar ayer su primer informe de labores en el Paraninfo y dar cuenta de los avances académicos y el cumplimiento de sus metas iniciales como primera rectora de la institución. El gobernador Pablo Lemus Navarro reiteró los positivos de la relación con la UdeG, al acudir al informe y de entrada, lo instalaron en el presídium junto con su gran aliado, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, hecho que fue todo un mensaje no verbal; también estuvo la presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, pero su presencia se entiende como primera autoridad de la ciudad. El gobernador retomó el presupuesto constitucional, el apoyo para la red de hospitales civiles y su compromiso de apoyar con recursos públicos los grandes eventos anuales de la Universidad, como la FIL y el Festival Internacional del Cine. Eso sí, los temas políticos, electorales y diferencias evidentes, quedaron fuera del discurso y la agenda. Cordialidad impecable.
RICARDO VILLANUEVA, AMIGO DE TODOS
El exrector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, también estuvo presente y en la mesa del presídium del informe de la rectora general Karla Planter. Su cargo, subsecretario de Educación Superior de la SEP justificó ampliamente su posición protagónica, pero además, el exrector evitó cualquier mención que pudiera levantar ámpula de molestia: entrevistado por los medios de comunicación antes del informe oficial, rechazó aspirar a cualquier candidatura y negó que sea enviado o delegado de Morena para poner orden entre los varios grupos del partido en Jalisco. Una y otra vez, respondió que su tarea y su proyecto tiene que ver con la educación, y si ha dialogado en privado con los liderazgos de Morena en Jalisco, eso ocurre porque ya los conocía de tiempo atrás y es “amigo de todos”.
EXTRAÑAMIENTO A LA DIPUTADA
La diputada de Morena en el Congreso del Estado, Marta Arizmendi, ya recibió por varios canales un amistoso extrañamiento de los gobiernos metropolitanos, después que el lunes pasado en la rueda de prensa semanal de Morena, anunció que presentaría en el Congreso estatal un exhorto para que se aceleren los trabajos de desazolve en canales y vasos lacustres de la ciudad, para evitar inundaciones en el próximo temporal. Los mensajes surgieron especialmente de los gobiernos metropolitanos de Morena. A la diputada se le pasó el detalle de que cada año, los gobiernos municipales del Área Conurbada deben entregar a la Unidad Estatal de Protección Civil un calendario de trabajos preventivos y desazolves, precisamente para unirse a las tareas de prevención de inundaciones. Resulta que los municipios han avanzado mucho en sus labores y la mayoría comenzaron incluso antes de la Semana Santa, de manera que su exhorto todavía no presentado, sale sobrando.

Mi pecho no es bodega

Jonás

La nueva presidenta de Morena, Arianda Montiel, lanzó su primer golpe: exige juicio a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien acusa incluso de traición a la Patria. Es la primera y más contundente prueba de que su tarea no es sólo la elección 2027.
Al publicar esta exigencia en sus redes sociales, la nueva presidenta de Morena confirma su alianza con el gobierno de Claudia Sheinbaum y establece una postura contundente: no será una funcionaria de partido en la sombra ni en el margen de la discreción. Si antes no se le conoció por ser una funcionaria protagónica, hoy está dispuesta a entablar una lucha de frente contra la oposición.
Ariadna Montiel, quien ya sorprendió al rendir protesta como presidenta de Morena y anunciar que se cuidarán todas las formas y no se entregarán candidaturas a quienes sean sospechosos de tener nexos con la delincuencia aunque ganen las encuestas, muestra en este primer saque que no se conformará con los discursos.
El problema de fondo es que mientras la presidenta Sheinbaum aprovecha sus apariciones públicas para levantar la bandera de la soberanía y defenderse de los “ataques extranjeros”, la nueva dirigente del partido en el gobierno asume también una postura beligerante: eso significará más polarización dentro del país y un choque frontal con Estados Unidos.
El tema no es sencillo ni pasajero: las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, no se van a diluir con el paso del tiempo. De hecho, apenas ayer al presentar su ruta de combate al narcotráfico para este año, desde el gobierno de Estados Unidos le exigieron al gobierno mexicano un combate más frontal y efectivo al crimen organizado y las actividades del narcotráfico, y eso debe incluir detenciones, extradiciones y destrucción de laboratorios clandestinos de producción de drogas, porque incluso el fentanilo será considerado un “arma de destrucción masiva”. 
Igual que lo hizo cuando exigió pruebas contundentes para acusar a Rocha Moya, la presidenta Sheinbaum, y ahora la dirigente nacional de Morena, le hablan “a la tribuna”, a los simpatizantes de la “cuarta transformación”.
Sin embargo, todo parece indicar que la presidente cooperará con las autoridades estadounidenses en acuerdos que no se hagan públicos, y Ariadna Montiel defenderá al partido y al gobierno federal en el discurso, aunque en la práctica será una de las principales persecutoras de los morenistas sobre los que pese la sospecha de la colaboración con la delincuencia.
El tiempo ofrecerá las muestras de lo que ocurra.

Ariadna contra Maru Campos: el primer golpe

José Francisco Muñoz Valle

En medicina, hay certezas que no admiten ambigüedad: la confianza del paciente, la formación rigurosa y el reconocimiento de los propios límites. En un contexto donde la innovación avanza con rapidez y las necesidades de salud se vuelven cada vez más complejas, conviene recordar que no todo lo técnicamente posible resulta clínicamente adecuado.
La formación de alta especialidad en salud responde, en teoría, a una lógica clara: profundizar en competencias específicas bajo marcos normativos, académicos y clínicos bien definidos. No se trata únicamente de adquirir habilidades técnicas; implica ejercerlas con responsabilidad, dentro de los alcances que cada disciplina ha construido históricamente con base en evidencia, experiencia y regulación.
Como exrector de lo que antes fue la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, reconozco la claridad con la que los dictámenes académicos estructuran la creación o reestructuración de estos programas. En ellos se establecen objetivos como el desarrollo de competencias avanzadas, la práctica ética y la seguridad del paciente como ejes centrales. Esto no es menor: la seguridad del paciente no depende solo de la destreza, sino también de la claridad en los límites de acción.
Porque en salud, los límites no son restricciones arbitrarias: son garantías.
El sistema de formación médica en México, particularmente en instituciones públicas de prestigio, ha evolucionado para evitar ambigüedades. Desde la residencia hasta las altas especialidades, cada etapa responde a un propósito, un perfil de egreso y un campo de acción delimitado. Así lo reflejan los dictámenes universitarios que dan origen a nuevos programas, donde se precisan competencias, objetivos y alcances del ejercicio profesional bajo la responsabilidad de quienes los sustentan.
Sin embargo, en la práctica, los bordes entre disciplinas pueden volverse difusos. Es en ese punto donde la ética debe imponerse sobre los intereses propios.
La colaboración interdisciplinaria es una de las mayores fortalezas de la medicina contemporánea. Los problemas complejos requieren miradas múltiples. Pero colaborar no es sustituir. Complementar no implica asumir funciones ajenas. Ampliar horizontes no debería desdibujar identidades profesionales.
En otras palabras: la innovación no justifica la improvisación ni la suplantación de funciones.
Cuando las fronteras del ejercicio profesional se diluyen, el riesgo trasciende lo académico o institucional. Es un riesgo clínico, ético y profundamente humano. Detrás de cada procedimiento hay un paciente que confía —muchas veces sin cuestionar— en que quien lo atiende cuenta con la formación específica para hacerlo.
Y esa confianza no admite atajos.
No se trata de frenar el desarrollo ni de cerrar puertas a nuevas áreas de conocimiento. Se trata de asegurar que ese crecimiento sea ordenado, legítimo y seguro. Que cada especialidad fortalezca su campo, en lugar de invadir otros sin los fundamentos necesarios.
En un sistema de salud que ya enfrenta desafíos importantes —desde la cobertura hasta la calidad—, lo último que necesitamos es incertidumbre sobre quién puede hacer qué.
La medicina exige precisión. En el diagnóstico, en el tratamiento… y también en la formación.
Al final, más allá de debates académicos o institucionales, hay una verdad que permanece: en salud, la ética también se expresa en el respeto a los límites. Y asumirlos con claridad no es una debilidad, es una forma de responsabilidad profesional.
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José Francisco Muñoz Valle70f-4aea-8e7f-7e792d3f59b0

Zapatero a sus zapatos, cuando la precisión es cuestión de ética

Anuar García Gutiérrez

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en materia de seguridad y cooperación internacional. No solamente por las acusaciones realizadas por el gobierno norteamericano en contra de funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, sino por la forma en que la actual administración federal ha decidido responder: interpretando la ley conforme a su conveniencia política y no conforme al interés de la ciudadanía.
La solicitud realizada por autoridades estadounidenses respecto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con estructuras criminales, abrió un debate jurídico y político que deja más preguntas que respuestas. La postura del gobierno mexicano ha sido insistir en que no existen elementos suficientes para ejecutar una detención provisional con fines de extradición, argumentando supuestas insuficiencias dentro del artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.
Sin embargo, el propio artículo es claro. Establece que, en casos urgentes, una de las partes puede solicitar la detención provisional de una persona mientras se formaliza la solicitud de extradición. El requisito principal es que exista una orden de aprehensión, identificación de la persona reclamada y la promesa formal de complementar la petición dentro del plazo correspondiente. En ninguna parte del tratado se establece que el gobierno mexicano pueda reinterpretar políticamente la urgencia o exigir requisitos adicionales fuera del marco legal internacional.
Lo preocupante no es solamente el intento de frenar la cooperación con Estados Unidos. Lo verdaderamente alarmante es observar cómo desde la actual administración se ha intentado construir una narrativa jurídica para justificar políticamente la protección de determinados perfiles ligados al propio movimiento en el poder. Se habla de “soberanía”, de “prudencia diplomática” y hasta de “falta de pruebas”, cuando históricamente el mismo grupo político utilizó acusaciones internacionales como bandera electoral y mediática contra gobiernos anteriores.
Hoy la diferencia es evidente: cuando los señalados pertenecen a Morena, las normas parecen reinterpretarse; los tratados parecen negociables; y la ley deja de aplicarse con el mismo rigor.
El Estado mexicano existe para proteger a la ciudadanía, no para protegerse a sí mismo. Mucho menos para proteger a integrantes de un grupo político. Porque cuando un gobierno comienza a modificar el sentido de las normas mediante analogías jurídicas convenientes, lo que realmente hace es debilitar el Estado de Derecho y enviar un mensaje sumamente peligroso: que la justicia depende del partido político al que pertenezca el acusado.
Y la situación se vuelve todavía más delicada cuando la propia presidencia tiene que recurrir al expresidente Andrés Manuel López Obrador para consultar estrategias respecto al manejo político con Estados Unidos. Ese hecho deja una percepción sumamente grave hacia el exterior y hacia los propios mexicanos: la sensación de que la actual administración no gobierna plenamente bajo instituciones, sino bajo una estructura paralela de poder político interno donde las decisiones relevantes siguen dependiendo de intereses del grupo anterior.
Eso no solamente compromete la autonomía presidencial, también deja entrever que existen decisiones de Estado tomadas bajo criterios políticos y no jurídicos.
Mientras tanto, los derechos de los ciudadanos comunes continúan debilitándose. Porque si el gobierno es capaz de modificar interpretaciones legales para proteger a los suyos, entonces también puede hacerlo para perseguir selectivamente a quienes le resulten incómodos. Y ese antecedente es extremadamente peligroso para cualquier democracia.
El contraste político también quedó evidenciado recientemente en Chihuahua. Tras el aseguramiento de un importante laboratorio clandestino ligado al crimen organizado, la gobernadora Maru Campos enfrentó críticas, señalamientos y presiones desde sectores cercanos al oficialismo federal bajo el argumento de que “no se siguieron protocolos adecuados”. Sin embargo, detrás del discurso técnico apareció nuevamente el elemento político: la gobernadora no pertenece a Morena.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿El problema realmente fue el protocolo o el hecho de que una mandataria de oposición lograra un golpe relevante contra estructuras criminales? Porque mientras a gobiernos estatales ajenos a la administración federal se les cuestiona de inmediato, a funcionarios ligados al grupo gobernante se les construyen defensas jurídicas, narrativas diplomáticas y obstáculos institucionales para retrasar investigaciones.
La justicia no puede funcionar bajo colores partidistas. No puede existir una ley dura para opositores y una ley flexible para aliados. Cuando el gobierno comienza a utilizar las instituciones para blindar políticamente a determinados perfiles, deja de gobernar para el país y comienza a gobernar únicamente para su movimiento.
Y eso, más que una crisis diplomática, es una crisis de legitimidad institucional.

Anuar García

¿Y si dejan de torcer la ley para proteger a los narcos?

Manuel Baeza

No tengo duda: la administración de Donald Trump busca descarrilar a la Cuarta Transformación. El presidente estadounidense no lo dice así, pero me parece que la jugada de su gobierno es más que clara.
Trump juega a desestabilizar al gobierno federal. Lo mismo lo hace mediante aranceles onerosos e incluso descabellados, que con acciones judiciales como la acusación formal en Nueva York contra un gobernador, un senador y un presidente municipal, todos ellos en funciones: el golpe más severo que ha sufrido el obradorismo en años recientes.
Lo que quiere el mandatario de la Unión Americana es debilitar lo más posible el equipo de la presidenta mexicana y de su antecesor, presumiblemente con la idea de que el próximo gobierno federal mexicano sea más afín a su proyecto del Make America Great Again (MAGA). Y ese próximo gobierno puede ser de un partido opositor (no veo uno en este momento), o surgido de un ala más moderada del liberalismo mexicano dentro de la Cuarta Transformación (¿Ebrard?).
Y para reforzar lo que señalo, basta con revisar la política antidrogas lanzada por Estados Unidos hace apenas un par de días. El documento que se hizo público no solo califica como organizaciones terroristas a los cárteles de las drogas, sino que ahora califica al fentanilo y drogas duras como “armas de destrucción masiva”.
Ahora, el gobierno de Estados Unidos puede presionar a México (como si no lo hubiera hecho antes), con lanzar ataques militares hacia objetos en territorio mexicano, todo ello amparado con sus leyes y políticas.
Espero sinceramente que no ocurra una intervención militar estadounidense contra narcotraficantes en nuestro territorio, pero lo que sí veo venir es otra serie de acusaciones criminales contra personajes de la política mexicana. Una segunda parte, si se puede decir así, de los señalamientos de la semana pasada en contra de Rubén Rocha Moya y otros políticos y exfuncionarios sinaloenses.
Trump y sus oficiales esperan que se baile a su ritmo. La cosa es ver si de este lado de la frontera están dispuestos a ello. Y eso no es alentador para los mexicanos, ni para la 4T.

No tengo duda: Trump va contra la 4T

Gloria Ramos

Jalisco sigue brillando en la Olimpiada Nacional. Ya pasaron dos semanas de actividad y la delegación sigue cosechando triunfos y figurando en el pódium. Cuatro deportes son los que más han ganado en esta justa, siendo el ciclismo la disciplina que más oros ha aportado para Jalisco con 41, un nuevo récord para este deporte, posicionándose como el más ganador por el momento.
Los clavados es otra de las disciplinas que levantó el título por estados con 32 metales áureos; el crecimiento de esta práctica y de las nuevas generaciones que se tienen, son la explicación de por qué Jalisco es la escuela nacional de clavados, y muchos de sus competidores con una proyección rumbo a Los Ángeles 2028.
Así mismo, el bádminton es otra disciplina que sigue trabajando duro, que sigue refrendando lo conseguido en la edición pasada: ser monarcas en su deporte al cerrar con 8 oros.
Son más de 100 las medallas de oro que han sido ganadas. Muy por encima de lo presupuestado y lejos del más cercano rival por estados, Nuevo León. Recordemos que el propósito es ganar cuando menos 422 medallas de oro.
Los atletas jaliscienses están haciendo valer su calidad de actuales campeones; hasta el último segundo no han dejado de luchar en cada competencia y dejan constancia de todo lo que trabajaron en el período de preparación. Están hechos para esta justa, una plataforma juvenil que sirve para impulsar su crecimiento midiéndose con los mejores a nivel nacional y fogueándose incluso, con atletas que van por un ciclo olímpico.
Esos ingredientes hacen más atractiva a la Olimpiada Nacional.
Jalisco no baja los brazos y va por su título 25 de la contienda nacional.
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Rebasó las 100 medallas de oro

Marcela Páramo Ortega

Hay circunstancias en las que la familia convencional tiene cambios significativos, y la nueva conformación de la familia queda con un solo padre, la abuela y los hijos. Este es el tema que mencionaré hoy. Conozco varios casos en los que las abuelas se convierte de nuevo en madres, pero ahora de sus nietos; por eso titulo la columna “compromiso de amor”. Nace del amor no solo por su propio hijo o hija, sino por los nietos.
Las abuelas cuidadoras de nietos con discapacidad representan un pilar invisible pero fundamental en la estructura familiar contemporánea. Su labor trasciende el rol tradicional de consentimiento y cariño, convirtiéndose en figuras de apoyo logístico, emocional y terapéutico que permiten la sostenibilidad del hogar ante las demandas excepcionales que implica la discapacidad de uno de los hijos de la familia.
Muchas abuelas aún están en edad productiva; su vida es menos ajetreada por ya no tener que cuidar hijos. De improvisto, las circunstancias las obligan a combinar la actividad laboral con los cuidados de los nietos. En otros contextos, hasta se ven ante la necesidad de dejar su trabajo u olvidarse del descanso que les había traído la jubilación.
Su vida se transforma en una jornada de cuidados intensos, mamás-abuelas ya sin las mismas fuerzas, ni ánimo. Además, los tiempos cambian y hay que reaprender a ser padres otra vez y de forma distinta.
Ellas asumen con amor este nuevo papel polifacético. Actúan como acompañantes en terapias, consultas médicas, ejecutoras de ejercicios de rehabilitación. Tienen que volver a llevar y recoger a los nietos a la escuela y en algunos casos, incluso vuelven a la tarea de ser amas de casa, guardianas de la rutina diaria.
Aun con todas estas agravantes, ellas asumen el compromiso con una profunda solidaridad intergeneracional, buscando aliviar la carga del padre o la madre que por el divorcio se ha quedado al cuidado de los hijos con la única intención de garantizar una mejor calidad de vida para sus nietos.
Estas valientes abuelas cuidadoras son resilientes. Su entrega asegura que los niños con discapacidad crezcan en un entorno de amor y seguridad; lo importante será que el papá o la mamá de la familia apoyen al 100%, que sea una responsabilidad compartida, incluso con los nietos para cuidar de quienes cuidan, asegurando que su generosidad no ponga en riesgo su propia salud y dignidad.
Estamos próximos al 10 de mayo. Ya dedicaremos una columna a las mamás, solo que hoy quise resaltar la labor de las abuelas cuidadoras o como prefiero decirlo porque es más real, abuelas-madres. Visibilicemos este compromiso que asumen con tanto amor, sobrellevando y sorteando las muchas dificultades que se presentan.

“Marcela Páramo Ortega  “

Un compromiso de amor

EU advierte a Irán que cualquier ataque contra navíos provocará algo “devastador”

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EU: Hoteleros decepcionados por bajas reservaciones para la fiesta mundialista

El gobierno estadounidense ha enviado una señal clara: la ayuda económica y en materia de seguridad para el 2026 estará sujeta a la reducción efectiva del flujo de fentanilo y la detención de objetivos clave.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa un momento de alta exigencia. En un reciente informe, el gobierno estadounidense formalizó que la entrega de fondos destinados a la cooperación en seguridad y desarrollo estará estrictamente condicionada a los resultados que México presente en la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales.
El foco: Fentanilo y precursores
La principal métrica para la Casa Blanca será la interrupción de la cadena de suministro de fentanilo. Se exige un aumento en el decomiso de precursores químicos provenientes de Asia y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos en territorio mexicano. Esta medida busca presionar para que se retome una estrategia de &#8220;objetivos de alto valor&#8221;, similar a la implementada en años anteriores.
Reacción del Gobierno de México
Aunque no ha habido una respuesta oficial agresiva, fuentes diplomáticas sugieren que México defenderá su soberanía, argumentando que la demanda de drogas en EE. UU. es el motor del conflicto. Sin embargo, la presión financiera pone en jaque diversos programas conjuntos de capacitación y equipamiento táctico que dependen directamente de estos recursos. Se espera que en las próximas semanas se realicen mesas de alto nivel para negociar los términos de esta nueva política de ayuda condicionada.

EU condiciona ayuda a México a resultados antidrogas