Claudia Salas

México se nos escapa de las manos entre el estruendo de discursos cada vez más triunfalistas y el silencio de realidades fúnebres que vemos todos los días. Mientras desde el púlpito del poder se autoproclaman “constructores de la paz”, la geografía nacional narra una tragedia distinta: la de un país que se desangra por las venas abiertas de su propia clase política.
El reciente anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, no es una anécdota aislada; y cada vez nos sorprende menos. Es el síntoma de una metástasis institucional que devora la soberanía de nuestros estados. No basta con el gastado libreto de “pedir investigaciones” y renuncias. Es la salida más fácil. Lo que presenciamos es la entrega perversa de las llaves de nuestra democracia a la delincuencia, donde el poder político y el narcotráfico comparten el compadrazgo, la mesa, el presupuesto y, trágicamente, el destino de la nación.
En lo que va del año, la ejecución de 12 presidentes municipales es el recordatorio más letal de que la autonomía local está bajo fuego. Cada nombre borrado es un golpe a una estadística de terror que el Gobierno Federal intenta maquillar con retórica. Matan la política al ejecutar representantes ante la mirada indolente de una federación paralizada y contemplativa. Ahora, asfixian la economía al extorsionar a empresarios y productores del campo, obligándolos a pagar un “impuesto de guerra” por trabajar su propia tierra o en los comercios que nos dan de comer. Es un asedio que ha tapado las arterias de nuestras instituciones, desmantelando aquel México que era sano, confiable y afable.
Hoy, la libertad de tránsito es solo un recuerdo nostálgico. Las vacaciones y puentes ya no se planean con mapas, sino con protocolos de supervivencia; diseñamos rutas para intentar llegar vivos. Se ha vuelto cotidiano que, en una gasolinera, el despachador nos comente en sigilo: “vayan con cuidado, circulen solo con luz de día”. Es el reconocimiento de que, al caer la noche, el asfalto le pertenece a la impunidad. El miedo nos ha robado el derecho de movernos por nuestra tierra.
La narrativa oficial es una calma ficticia mientras las familias se quiebran desprotegidas.
Es una traición a la patria que el poder público sirva de escolta a la delincuencia. Cada funcionario coludido es un clavo más en el ataúd de nuestra libertad. Ya basta de simulaciones. Nuestra democracia no sobrevivirá si el narco mantiene su derecho de picaporte en los palacios de gobierno. O recuperamos el Estado de derecho y nuestra paz, o seremos los testigos de lo que esta penumbra nos deje.

Salir de la penumbra

La reciente tragedia en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, donde una ciudadana canadiense fue asesinada en un acto de violencia impune, no debería sorprendernos tanto como nos duele. Lo que hoy se narra como un hecho aislado en el corazón turístico de México es, en realidad, el desenlace inevitable de una política de seguridad que ha priorizado el control administrativo sobre la inteligencia operativa.
Existe una paradoja absurda, casi surrealista, que cualquier visitante ha experimentado al intentar entrar a un monumento histórico, un concierto o una zona arqueológica en este país: el despliegue de una vigilancia estricta, casi inquisidora, para verificar que no ingreses con un sándwich, una botella de agua o un paraguas, que no toques y no pases de la línea. El personal de seguridad, con una dedicación digna de mejores causas, te detiene, te esculca y te obliga a desechar cualquier objeto que contravenga el reglamento de &#8220;conservación&#8221;.
¿Pero qué ocurre cuando la amenaza no es un alimento, sino contra una vida humana? La respuesta es el silencio operativo. Mientras el guardia se asegura de que el patrimonio no sufra el &#8220;atentado&#8221; de una bebida hidratante, no existe un filtro, ni un arco detector, ni una capacitación táctica capaz de identificar a un sujeto que ingresa a la cima de una pirámide portando un arma de fuego.
Hemos construido un sistema de seguridad para los picnics, pero somos un desastre absoluto para la protección de las personas. La seguridad en México se ha reducido a una simulación de orden. Nos obsesiona cuidar las formas, el reglamento, al líder sindical y a la burocracia, mientras que el fondo, la inteligencia preventiva, el monitoreo de perfiles de riesgo y la reacción ante crisis reales es un gran pendiente que nos está costando la vida de ciudadanos, nacionales y extranjeros, y el prestigio de nuestra nación ante el mundo.
No es una cuestión de falta de presupuesto, aunque el recorte del 13% al sector cultural este año sea un golpe directo a la capacidad operativa del INAH. Es una cuestión de prioridades mal entendidas. ¿Cómo podemos pedirle a un turista que confíe en nuestra infraestructura turística si somos incapaces de garantizar que alguien no suba armado a una de las estructuras más vigiladas del país? El mensaje que enviamos al mundo es de una precariedad institucional inconcebible: cuidamos las piedras, el patrimonio y que el permiso esté en orden, pero descuidamos la vida de quienes nos visitan.
La muerte de la turista canadiense y las heridas de otros más, deben ser el punto de quiebre para entender que nuestra seguridad no puede seguir siendo gestionada por inspectores de loncheras. Necesitamos una reingeniería total de los protocolos de acceso en puntos estratégicos. La austeridad mal entendida y el enfoque en nimiedades administrativas no son seguridad; son, en el mejor de los casos, negligencia y, en el peor, una forma de complicidad.
Si el Estado no es capaz de salvaguardar un espacio sagrado como Teotihuacán, con todos los recursos y la visibilidad que posee, ¿qué esperanza le queda a la periferia, donde la violencia ni siquiera llega a los titulares? Estamos ante una crisis de soberanía territorial disfrazada de administración cultural. Es hora de dejar de revisar mochilas en busca de botellas de agua y empezar a buscar, con seriedad y tecnología, las armas que están desangrando nuestra identidad y nuestra paz.

La policía que cuida loncheras

La algarabía mundialista es innegable. Como mujer que se asume orgullosamente futbolera, entiendo perfectamente la vibración que genera que el balón esté a la vuelta de la esquina de la máxima justa deportiva. Sin embargo, cuando nos alejamos del festejo y observamos el panorama con una lupa feminista, el brillo del espectáculo empieza a mostrar sus sombras, y pienso que no basta con la emoción de los goles; necesitamos cuestionar quiénes están tomando las decisiones detrás de la línea de cal y qué estructuras sostienen el deporte en México.
La presencia de Katia García Mendoza, árbitra mexicana, entre las únicamente seis mujeres elegidas dentro de un cuerpo de 52 árbitros que silbarán un Mundial de 48 selecciones, es sin duda un paso histórico, pero todavía insípido. Si bien, es el reconocimiento al talento y la tenacidad, todavía me suena a cuota. La paridad no es un ejercicio de aritmética básica ni se trata simplemente de &#8220;sumar nombres&#8221; a una lista para cumplir con una cuota de imagen. El verdadero reto, el que tenemos de frente, es un cambio cultural profundo en la arquitectura del deporte que trascienda de representación simbólica a la participación activa y efectiva.
Este techo de cristal no se encuentra únicamente en el pasto, sino que viene desde los despachos. La Federación, y las instituciones deportivas en general, tienen una deuda pendiente con el liderazgo femenino. No es suficiente con que se nos permita jugar o arbitrar; es imperativo que las mujeres ocupen puestos directivos con poder real de decisión. Esto requiere de inversión estratégica, de programas de preparación para mujeres y, sobre todo, de una voluntad política firme para abrir caminos que hoy parecen bloqueados por la inercia. Solo así sembraremos las condiciones para que cualquier niña que hoy patea un balón en una unidad deportiva o en su patio sepa que puede crecer en el deporte que ama sin límites impuestos.
Tener una sede mundialista es una gran oportunidad que seguro inspira ya a miles de niñas, pero el verdadero legado debe ser humano y voraz. Ojalá el día de mañana, la Selección Mexicana de futbol, o en cualquier disciplina, no solo sea noticia por sus triunfos en el marcador, sino por ser liderada por una directora técnica orgullosa y capaz.

La cancha que falta por conquistar

La contingencia ambiental que hoy asfixia al Golfo de México no puede reducirse a un accidente menor. Es, en realidad, la crónica de una advertencia ignorada mientras ya era mediática; una falla estructural tolerada y una parálisis institucional que deja a Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, con una herida cuya limpieza tomará años.
Este ecocidio no es un evento aislado, sino que se suma a una lista de deudas ambientales que crecen sin freno. Se añade a la devastación de la selva y la contaminación de acuíferos provocada por el Tren Maya, al impacto irreversible en los ecosistemas marinos por las obras de la refinería de Dos Bocas y a la omisión sistemática ante la contaminación industrial de ríos. Estamos ante un patrón de desarrollo que sacrifica el patrimonio natural en nombre de una narrativa de progreso que no llega a quienes más lo necesitan.
El daño en el Golfo es expansivo. Abastece aproximadamente el 60% de la producción pesquera nacional, lo que significa que el desastre no se detiene en la orilla: se infiltra en la columna vertebral de la economía. Hoy, esa cadena de valor está rota. Entre la falta de claridad sobre la inocuidad de los productos y la incertidumbre de los comercializadores, el mar ha dejado de ser una garantía para convertirse en un riesgo.
En territorio, el golpe ha sido devastador y directo. Cooperativas enteras están paralizadas y embarcaciones encalladas. Miles de hombres y mujeres que dependen de la pesca se enfrentan a un dilema cruel: quedarse en tierra o salir para retornar a puerto con redes contaminadas, motores averiados y productos invendibles. No estamos ante una &#8220;pausa operativa&#8221; como pretenden hacernos creer; estamos ante una pérdida masiva de empleos y la evaporación del ingreso diario para miles de familias.
La sombra de una veda prolongada de hasta dos años se proyecta ya como una realidad inevitable. El impacto ya se siente en las mesas del resto del país: la escasez de producto eleva los precios y castiga el bolsillo del consumidor final.
Lo más grave es la previsibilidad del desastre. Se optó por la inacción y la minimización hasta que la mancha negra alcanzó la arena. Hoy, el discurso oficial insiste en que las playas son utilizables y que la situación está bajo control. Pero el mar no se limpia con retórica, ni la economía se sostiene con boletines de prensa.
La ausencia de responsables visibles y la nula rendición de cuentas son el sello de esta tragedia. Esa opacidad es lo que alimenta la indignación social. Porque no es solo el petróleo degradando el ecosistema. Es el abandono sistemático de la costa, es la desatención al desempleo y es la fragilidad de una seguridad alimentaria que ya acusa el impacto.
Hace apenas unos días, el desastre entró físicamente a la Cámara de Diputados donde llevaron una cubeta con el chapopote que está asfixiando las costas de Veracruz. Quienes estuvimos ahí lo tocamos, y seguimos sin podernos quitar de los dedos la viscosidad de la tragedia; una mancha que no solo ensucia las manos, sino la conciencia de quienes deciden ignorarla.
Somos, una vez más, un país pagando las facturas de un gobierno que decidió, simplemente, no llegar a tiempo.

El Golfo viscoso

Imaginemos a una madre que, tras meses de incertidumbre, recibe finalmente el diagnóstico de su hija o hijo: Trastorno del Espectro Autista (TEA). En ese instante, el alivio de ponerle nombre a la diferencia se transforma en una carrera de obstáculos. Se enfrentará a escuelas que cierran la puerta argumentando que &#8220;no están preparadas para atenderle&#8221;, a espacios que juzgan las crisis sensoriales de las infancias y a un entorno que no comprende sus propios tiempos. Esta no es una historia aislada; es el día a día de miles de familias en México que han aprendido a vivir en la resistencia contra un sistema que les pide encajar o desaparecer.
Nuestro país se encuentra hoy en la antesala de una decisión que podría transformar la realidad de más de 1.5 millones de personas que viven con TEA, y de millones más que navegan el mundo con TDAH, dislexia, dispraxia o altas capacidades. En las próximas semanas, la Cámara de Diputados tendrá en sus manos la votación de una reforma histórica a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. El objetivo es tan simple como potente: incluir las neurodivergencias como una categoría protegida por la ley.
Durante décadas, México ha operado bajo un vacío normativo que ha invisibilizado a quienes procesan el mundo de manera distinta. Los datos son contundentes: se estima que 1 de cada 115 niñas y niños en nuestro país está dentro del espectro autista, y sin embargo, el subdiagnóstico, especialmente en mujeres y niñas, sigue siendo una barrera sistémica. Al integrar la neurodivergencia en el Artículo 1 de la Ley, pasaríamos de la &#8220;buena voluntad&#8221; a la exigibilidad de derechos. Significará que una institución educativa ya no podrá negar el acceso a una o un estudiante bajo el pretexto de la falta de capacitación, y que una empresa no podrá descartar el talento de las y los profesionales neurodivergentes basándose en prejuicios sobre sus habilidades sociales.
Pero hay un sector que espera esta votación con especial urgencia: las mujeres. En México, la mayoría de los casos de neurodivergencia se viven desde una madre, de la abuela y de hermana. La estadística es cruda, pues en el 80% de los casos, son ellas quienes asumen la carga total de los cuidados ante la ausencia de un sistema robusto de apoyo institucional.
Cada vez que el Estado falla en garantizar un aula inclusiva o un servicio de salud adecuado, es una mujer la que debe renunciar a su empleo, a su salud y a sus proyectos personales para llenar ese vacío. Esta reforma es, en esencia, un acto de justicia para las cuidadoras que han sostenido el bienestar de sus familias a pulso y en soledad.
Con este gran paso de voluntad política se armonizarían nuestras leyes con los estándares internacionales de la OMS y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El diagnóstico dejaría de ser un destino de marginación para convertirse en un punto de partida hacia una inclusión activa y digna.
Se trata de reconocer y celebrar la diversidad de mentes como una riqueza colectiva. La aprobación de esta reforma, estoy segura, enviará un mensaje claro: en México, ninguna mente debe ser excluida.

El derecho a ser: la deuda que tenemos pendiente con las neurodivergencias

Se dice frecuentemente en los pasillos de la política que &#8220;amor que no se refleja en el presupuesto, no es amor&#8221;. Sin embargo, tras años de observar la administración pública, me permito corregir la plana: el presupuesto no es destino si no existe una vigilancia aguda que garantice que cada peso asignado se traduzca en una brecha de desigualdad cerrada. No basta con que el Anexo Transversal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres crezca en el papel; el verdadero reto es que ese dinero &#8220;trabaje&#8221; con precisión quirúrgica donde la realidad más duele.
Pensemos en la trayectoria de una joven que logra entrar a la universidad. El éxito de la política pública no termina el día que recibe su carta de aceptación. La verdadera fiscalización del gasto debería preguntarnos: ¿cuántas de ellas logran titularse y encontrar trabajo? El presupuesto debe trabajar para que el factor económico o la carga de cuidados no la obliguen a desertar a mitad de la carrera. Necesitamos recursos que no solo abran aulas, sino que financien sistemas de permanencia, y que ese impulso no se detenga en la licenciatura. La igualdad sustantiva significa que esa misma mujer tenga acceso real a maestrías y doctorados, rompiendo el techo de cristal académico que históricamente ha reservado los altos grados de especialización para quienes no tienen que elegir entre aprender o el desarrollo de su familia.
Este nudo de desigualdad se aprieta especialmente en el diseño y operación de las estancias infantiles. De nada sirve un espacio de cuidado que cierra a las cuatro de la tarde cuando la jornada laboral de una mujer, sumada a los extenuantes tiempos de traslado en una metrópoli compleja, termina a las siete u ocho de la noche. Cuando el Estado diseña horarios desconectados de la realidad, ignora deliberadamente el costo social que esto genera: si una mujer no puede ir por sus hijas o hijos a las cuatro de la tarde, se activa un efecto dominó donde la abuela, la tía o la vecina deben acudir a cubrir ese hueco. Así, la carencia de un servicio público eficiente no impacta solo en una vida, sino que secuestra el tiempo y las posibilidades de desarrollo de una red entera de mujeres que terminan subsidiando, con su propio cansancio, las omisiones del gobierno.
La realidad es contundente: en México, las mujeres destinan en promedio 2.5 veces más tiempo que los hombres a las tareas de cuidado no remunerado. Esta &#8220;pobreza de tiempo&#8221; es la barrera de entrada más alta al mercado laboral y académico. Por ello, la renovada dirección de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se presenta hoy como una pieza crucial y decidida. Es momento de que la fiscalización trascienda la simple revisión de facturas para entrar al análisis del impacto social.
La ASF debe ser el órgano que vigile que la transversalidad no sea un adorno retórico en los informes, sino una metodología que asegure que el dinero público mueva la aguja de la autonomía económica y educativa.
Vigilar el presupuesto con lupa violeta es un acto de justicia técnica. Necesitamos que el órgano fiscalizador señale con la misma firmeza un desvío de fondos que un programa que, aun gastando cada centavo, no garantiza que una niña hoy pueda ser la científica o la alta directiva del mañana. El dinero está ahí, aunque nos digan que “no hay”; ahora toca vigilar no solo la asignación justa para las mujeres, sino que, por fin, trabaje para que el éxito de todas ellas sea una garantía, no una eterna carrera de obstáculos.
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El efecto dominó de la omisión

Hay reformas que nacen de la convicción. Y hay otras que nacen del miedo. El llamado “Plan B” de la reforma electoral pertenece, claramente a la segunda categoría.
Porque más allá del discurso oficial de la austeridad, eficiencia, modernización, lo que se asoma con nitidez es otra cosa: la inquietud de un poder que empieza a sentir que el terreno ya no es tan firme como antes. No están reformando porque el sistema electoral haya fallado; están reformando porque el escenario político está cambiando.
Y cuando el poder siente que puede perder, lo primero que intenta ajustar son las reglas del juego.
La próxima semana, el Senado no discutirá únicamente una reforma electoral. Discutirá, en el fondo, una reacción. La primera iniciativa ya dio la señal: no hubo consenso, se ignoraron propuestas, no hubo solidez técnica y, sobre todo, no hubo legitimidad política suficiente. Fue un termómetro mal leído. En lugar de corregir el diagnóstico, se optó por insistir con una versión más digerible, aunque no necesariamente mejor.
El problema es que, en esa insistencia, se vuelve a cometer el mismo error de origen, al querer legislar un país que no se conoce.
Porque este “Plan B” no solo toca al INE; también mete mano en lo local. Y lo hace desde una lógica profundamente centralista, como si México fuera homogéneo, como si las condiciones fueran equivalentes en cada Estado, como si los congresos locales y los institutos electorales estatales operaran bajo las mismas capacidades. No es así.
Hay entidades donde las autoridades electorales funcionan con presupuestos limitados, con estructuras reducidas, con desafíos logísticos reales. Hay territorios donde organizar una elección implica mucho más que instalar casillas: implica sortear carencias, distancias, contextos complejos, como el de la violencia que nos aqueja. Pero desde el centro, eso parece irrelevante. Se legisla en abstracto, como si la realidad pudiera ajustarse al papel.
Ahí es donde el miedo se vuelve peligroso. Porque no solo se busca ajustar reglas, sino concentrar decisiones. Bajo el argumento de hacer más eficiente el sistema, se reducen márgenes de operación, se acotan capacidades y se presiona a estructuras que ya operan al límite. No es una mejora técnica; es una apuesta política. Una que parte de la desconfianza: si el escenario cambia, mejor controlar el terreno.
La democracia no funciona así. Las reglas electorales no pueden diseñarse en función de quién gobierna hoy, sino de garantizar condiciones equitativas para todos mañana. Y eso implica algo que esta reforma no tiene: consenso, conocimiento del territorio y visión de Estado.
Lo que veremos en el Senado será, en buena medida, un cierre de filas que no lograron en San Lázaro, y lo digo porque lo vi. Una mayoría intentando sacar adelante una reforma que no termina de sostenerse en sus propios argumentos, y una oposición señalando los riesgos de debilitar un sistema que, con todos sus defectos, ha logrado algo fundamental: generar confianza en los resultados.
Porque ese es el punto que se evita: México no tiene una crisis de elecciones. Tiene una clase política que empieza a enfrentar límites. Y frente a esos límites, hay dos caminos: competir mejor o cambiar las reglas.
El “Plan B” parece apostar por lo segundo, aunque el problema es que cuando el miedo a perder guía las decisiones, lo que se pone en juego ya no es una elección… es la calidad de la democracia misma.
Esa, a diferencia de una contienda electoral, sí es una pérdida que cuesta mucho recuperar.

claudia salas

El miedo a perder

Durante semanas se intentó instalar la idea de que México atraviesa una crisis electoral. Que el sistema cuesta demasiado, que el árbitro está rebasado y que las reglas necesitan una sacudida profunda. Bajo ese argumento se presentó la reforma que finalmente se cayó en el Congreso.
El problema es que la crisis que vive la democracia mexicana no está necesariamente donde algunos quieren encontrarla.
Cuestionémonos seriamente: ¿México tiene una crisis de elecciones, o tiene una crisis de partidos? Las elecciones se realizan, los votos se cuentan y los resultados se conocen con rapidez. En la última jornada federal participaron más de 60 millones de personas y se instalaron más de 170 mil casillas en todo el país. Sí, debemos crecer esa participación significativamente, y el engranaje institucional perfeccionarse.
Lo que no funciona es otra cosa: la confianza en quienes compiten dentro de ese sistema.
Los partidos políticos aparecen de manera constante entre las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía. El desgaste ha sido tan profundo que incluso estructuras que durante décadas parecían políticamente indestructibles, como el PRI, terminaron atrapadas en el mismo pantano de desconfianza que ayudaron a construir.
Pero el problema no se limita a los partidos del pasado. En los últimos años también hemos visto cómo el partido gobernante —Morena— empieza a mostrar una tentación conocida en la historia política: cuando el tablero deja de ser completamente favorable, la reacción no siempre es mejorar el juego, sino ajustar los lentes y mover las reglas.
Ahí es donde la discusión sobre la reforma electoral empezó a revelar su verdadero trasfondo.
Porque la iniciativa no logró demostrar que buscara resolver los problemas más urgentes de la democracia mexicana: cómo recuperar la confianza ciudadana, cómo mejorar la representación política o cómo cerrar el paso al dinero ilegal que intenta infiltrarse en las campañas.
En cambio, el debate se desplazó hacia el cuestionamiento del árbitro electoral y hacia la posibilidad de debilitar instituciones clave del sistema. Ahora, el llamado Plan B, me asusta más, pues apunta en la misma dirección: recortar capacidades al árbitro y sembrar dudas sobre herramientas como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que durante años ha permitido dar certeza a los resultados la misma noche de la elección.
En medio de ese ruido quedaron invisibilizadas propuestas sensatas de otras fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano, que por ejemplo, ha planteado reducir responsablemente el financiamiento público de los partidos, equilibrar la distribución de recursos, regular el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral y abrir el debate sobre el voto joven.
Porque el sistema electoral sí necesita reformas. Pero no para inclinar el tablero.
Necesita cerrar las grietas por donde se cuela el dinero ilegal, corregir los incentivos que han encarecido la política y reparar vicios acumulados durante años.
Una reforma electoral útil debería responder a una exigencia simple: estar a la altura de la democracia que la ciudadanía reclama.
Porque las reglas electorales no se cambian para facilitar el poder.
Se cambian para que el poder tenga límites.
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La crisis no es electoral

¡Feliz día de las madres! Qué frase tan sonora y, ahora cada vez más hueca. El 10 de mayo en México se ha convertido en una especie de amnesia colectiva nacional que oculta lo que realmente pasa con nosotras. Llega la locura del festejo con vajilla de gala, se saturan los restaurantes y compramos regalos que esconden el deseo de seguir manteniéndolas cooptadas en todo: trabajando para otros, cuidando la salud de otros, cumpliendo los sueños de otros, mientras afuera, la realidad nos muerde los talones con una saña que ningún ramo de flores puede ocultar.
En esa &#8220;locura&#8221; festiva nos celebran el abnegado sacrificio, pero nadie habla del desgaste que vivimos. Nos aplauden el saber estar en diez pistas a la vez, que no es más que una trampa romántica para disfrazar la pobreza de tiempo que tenemos, la brecha salarial que asfixia, el machismo cotidiano y las limitaciones para acceder a trabajos dignos o para obtener créditos de emprendimiento. Las últimas cifras de ONU Mujeres indican que el trabajo de cuidados nos roba el 70% de nuestro tiempo, cuando lo que realmente queremos es, simplemente, ser personas. Queremos desarrollarnos, no solo recibir una tarjeta de felicitación mientras las cuentas no cuadran y la justicia rara vez llega.
Pero hay un desgaste más voraz: el de la incertidumbre. Mientras el país se llena de festivales escolares, miles de madres no buscan ofertas en las tiendas, sino indicios de sus hijos e hijas en la tierra. Buscan restos, buscan verdad. La violencia contra las mujeres y la sombra de las desapariciones han transformado el instinto materno en un estado de alerta permanente. Por eso, este año mi apuesta no fue por el discurso de ocasión, sino por la acción legislativa que devuelva un poco de paz.
Recientemente, impulsamos una reforma contundente a la Ley de Transportes. ¿Por qué? Porque el mejor regalo que le podemos dar a una madre no se compra en un estante: es la paz de saber que sus hijos e hijas siempre volverán a casa.
Nuestro trabajo se centrará en las centrales camioneras, puntos críticos donde lamentablemente se concretan muchas de las desapariciones en el país. En poco tiempo, se implementarán sistemas de trazabilidad total; ya nadie subirá sin identificación a un autobús. Cada paso y cada trayecto de nuestros menores estará blindado contra las garras de la delincuencia organizada. A quienes roban la libertad y los sueños de vida no se le enternece con poemas, se les combate con orden, tecnología y la fuerza de la ley.
Llegar cada año al 10 de mayo es cada vez menos grato y más agotador. Seguramente muchas que me lean estarán de acuerdo conmigo, y entre sus círculos cada vez la catarsis que hacemos las madres es más recurrente. Si vamos a celebrar la maternidad, hagámoslo devolviéndole a las mujeres el derecho a la tranquilidad. 
Menos retórica de &#8220;ángeles del hogar&#8221; y más oportunidades y seguridad para todas. Menos flores de un día y más justicia. Al final, el único festejo que vale es aquel donde no falta nadie en la mesa.
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El desgaste de llegar al 10 de mayo