En una relación de poderes profundamente desigual —en términos económicos, militares, políticos y diplomáticos—, que el gobierno de México pretenda envolverse en la bandera de la soberanía para salir al rescate de diez personajes de la política señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa —entre ellos al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya— me parece, cuando menos, una estrategia ociosa y poco efectiva.
Primero, conviene reconocer algo: los señalamientos sobre posibles vínculos entre políticos encumbrados y los cárteles de la droga no son un asunto nuevo. Es una realidad que ha acompañado a México durante décadas, y que abarca a los tres órdenes de gobierno. Basta revisar documentales, libros, artículos académicos y trabajos periodísticos de quienes han dedicado años a investigar el fenómeno.
Y aunque los gobiernos en turno —por razones diversas— han preferido voltear hacia otro lado, o como diría mi madre, hacerse que la virgen les habla, hemos llegado a un punto en el que esa omisión resulta insostenible. Por ello, ignorar las acusaciones que pesan sobre Rocha Moya y los otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos equivaldría, parafraseando el dicho popular, a ponerse con Sansón a las patadas.
Hay que decirlo con claridad: desde hace tiempo, y con un énfasis particular durante la administración de Donald Trump, buena parte de la agenda de combate al crimen organizado en México se construye en coordinación con Estados Unidos. Pensar que la captura de grandes capos de la delincuencia organizada son hechos aislados de la cooperación de inteligencia con el país vecino, sería ingenuo. De hecho, distintas fuentes han documentado la participación de agencias estadounidenses en las operaciones más recientes. La cooperación, lejos de ser excepcional, es la columna vertebral de los golpes más visibles contra el crimen organizado en México.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador quedaron grabadas en el imaginario colectivo varias señales simbólicas. Una de ellas, la doctrina de “abrazos, no balazos” y todo lo que significó como giro estratégico. Otra, cuando el entonces presidente bajó del vehículo para saludar de mano a la madre del “Chapo” Guzmán. Estos gestos y otros más, como el del General Cienfuegos —discutibles o defendibles, según el lente con que se analicen— calaron profundo en la percepción que las autoridades estadounidenses construyen sobre la voluntad y la capacidad del Estado mexicano para enfrentar a los cárteles.
La relación entre ambos países no atraviesa su mejor momento. Existen heridas abiertas y desconfianzas acumuladas. Y más allá del discurso anti-yanqui que denuncia el injerencismo estadounidense, lo cierto es que la presencia de la DEA y de otras agencias federales norteamericanas en territorio mexicano ha sido una constante histórica, con o sin reconocimiento explícito.
Por todo ello, salir a defender al gobernador de Sinaloa envueltos en la bandera de la soberanía resulta, a mi juicio, poco sostenible argumentalmente. Primero, porque las sospechas sobre Rocha Moya no son nuevas: lo acompañan desde su campaña de 2021. Segundo, porque resulta incongruente celebrar la cooperación con la inteligencia estadounidense cuando produce capturas espectaculares y rechazarla como injerencia cuando los señalados visten los colores del oficialismo. Y tercero, porque el contexto geopolítico no permite ese lujo: a estas alturas de la relación bilateral, ponerse con Sansón a las patadas no parece la mejor estrategia, sobre todo cuando una porción importante de la salud económica del país depende de los tratados, acuerdos y entendimientos con nuestro principal socio comercial.
La defensa de la soberanía es un principio innegociable. Pero la soberanía no se ejerce blindando a los señalados; se ejerce investigándolos con seriedad, transparencia y autonomía. Cuando un Estado renuncia a esclarecer sus propios casos, termina cediendo —sin proponérselo— ese espacio a otros. Y es ahí, precisamente, donde el debate público debería centrarse. Lo demás es, me temo, un falso debate.