Staff quiero tv

La Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas continúa con las investigaciones en un predio ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, donde fueron encontrados restos humanos fragmentados con exposición térmica, en una zona despoblada y de difícil acceso.
La vicefiscal, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, informó que el sitio fue localizado el pasado 17 de mayo durante un operativo conjunto en el que participaron la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía del Estado y colectivos de búsqueda.
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La funcionaria explicó que el terreno se encuentra rodeado de vegetación y alejado de zonas habitadas, situación que, dijo, habría sido aprovechada por grupos delictivos.
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“Está totalmente rodeado de vegetación de diferentes tipos, es decir, no es una zona conurbada donde haya podido haber fincas o familias que hicieran reportes; es un lugar que los delincuentes aprovechan por estar en una zona lejana”, señaló.
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De acuerdo con la vicefiscal, en el predio fueron localizados fragmentos óseos al interior de una pila para animales, además de llantas, bidones con posibles acelerantes, casquillos, machetes, ropa y calzado. 
Indicó que las labores de búsqueda y procesamiento continúan con apoyo de drones, georradares, binomios caninos y maquinaria especializada.
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Trujillo Cuevas aclaró que, hasta el momento, no se han localizado cuerpos completos y que, de manera preliminar, el sitio no puede ser clasificado técnicamente como un crematorio clandestino, debido a que no existe una estructura construida específicamente para ese fin.
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“No se denomine hasta este momento procesal como crematorio u horno clandestino, no impide que el trabajo sea con toda la seriedad y profundidad que el caso amerita. Hacer esta precisión no quiere decir que el caso no sea importante”, afirmó.
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La vicefiscal reconoció el trabajo realizado por los colectivos de búsqueda y señaló que las investigaciones continúan para determinar cuánto tiempo pudo haber sido utilizado el lugar.

De acuerdo con la vicefiscal, en el predio fueron localizados fragmentos óseos al interior de una pila para animales

Lagos de Moreno: Vicefiscalía mantiene investigaciones en predio

ARIADNA MONTIEL VISITA JALISCO
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, prepara su primera visita formal a Jalisco. Será durante los últimos días de mayo, es decir la semana entrante. Desde ahora ya hay preocupación en el comité estatal del partido que preside Erika Pérez y junto con ella el senador Carlos Lomelí Bolaños. La nueva presidenta del partido inició su gestión con una agenda de choque, y si no que le pregunten a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al dirigente nacional del PRI, “Alito” Moreno, con quien se ha enfrascado en una batalla de descalificaciones en las redes sociales. La primera visita al Estado será determinante para saber si los morenistas “se forman por la derecha” o siguen peleando entre los diferentes grupos.
AGRESIONES CONTRA POLICÍAS 
La semana comenzó con la noticia de que un grupo de policías de El Salto estaban siendo investigados por haber disparado al aire durante unas fiestas patronales en la cabecera del municipio. La secretaría general de Gobierno confirmó que la Fiscalía del Estado estaba investigado el desempeño de los uniformados y ayer se confirmó que el tema quedo en manos de Asuntos Internos; lo que se difundió por parte de la autoridad estatal es que en esa misma jornada, muchos jóvenes que estaban en los festejos, alcoholizados o cuando menos fuera de control, dañaron cuatro vehículos, entre patrullas y ambulancias municipales y del municipio de Tlaquepaque, que había prestado equipo y personal para apoyar en labores de prevención y seguridad. Los “alegres” vecinos se subieron a las patrullas y ambulancias y a brincos, les dañaron los amortiguadores.
430 MILLONES PARA SANEAR EL SANTIAGO
El director de Cuenta Lerma Santiago Pacífico de Conagua en Jalisco, Gustavo Figueroa, encabezó ayer un recorrido por varias zonas contaminadas del Río Santiago en las proximidades de la mancha urbana, y se anunció que se mantiene una estrategia para la construcción de cuatro nuevas plantas de tratamiento y ampliación de las dos que ya están en operación para seguir con los trabajas de saneamiento del río. Estos trabajos cuentan con una inversión de 430 millones de pesos y forman parte del proyecto del gobierno federal. Las plantas estarán en un tramo de 70 kilómetros entre Ocotlán y El Salto. El funcionario confirmó que una de las partes más importantes del proyecto es frenar ¡400 mil descargas clandestinas!, que cada año se van al afluente sin ningún tratamiento.

Mi pecho no es bodega

Jonás

Diputadas y diputados de todo el país ya preparan equipaje: la semana entrante deben estar en la Ciudad de México para presentarse en las sesiones del período extraordinario de sesiones que se convocó específicamente para reformar la Reforma Judicial que se aprobó apenas en 2024 y se aplicó por vez primera en 2025 con la primera elección judicial en la historia del país, la misma que nos dejó como herencia la que hoy se conoce como “la Corte del acordeón”.
La reforma fue elaborada por la presidencia de la república y se turnó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión donde, obviamente, estaban enterados y esperándola, en particular el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, principal responsable de que la reforma se apruebe sin controversia y se apruebe antes de que concluya la semana; de hecho, se espera que para el viernes 29 de mayo se pueda publicar en el Diario Oficial de la Federación este cambio (otro, sí) a la Constitución Política de México.
Aunque en medio de las discusiones y protestas que se multiplicaron por todo el país, desde Palacio Nacional defendieron la anterior reforma, de lo que se trata ahora es simplemente de cambiar las fechas: que la segunda elección del Poder Judicial Federal se pase al año 2028 y no se empate con las elecciones constitucionales del 2027.
Hasta los defensores de la “democratización” del Poder Judicial saben que empatar las dos elecciones provocaría un caos y una terrible confusión, porque además de que se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, congresos estatales y centenares de ayuntamientos, se estaría convocando a los ciudadanos a votar para elegir más de tres mil cargos judiciales.
Ahora bien, al margen de que se tomen las medidas para evitar más daños por la insistencia en someter todo a votación para simplemente aumentar el control sobre el Poder Judicial, lo que refleja esta nueva reforma es una profunda improvisación y negligencia en las reformas.
Los constitucionalistas comparten miles de análisis que coinciden en el error de fondo: llevar fechas específicas a la Constitución, cuando lo adecuado es colocarlas en leyes secundarias que se pueden modificar siempre que sea necesario, sin tocar la Carta Magna… pero los diputados, sobre todo cuando votan por consigna y no por conocimiento, nos obsequian leyes con numerosos errores.
Pero finalmente, con la mayoría calificada que ostentan Morena, el Verde y el PT (que esta vez no detendrán la reforma), lo harán otra vez, manipularán la Constitución.
Ya en 2028 volveremos sobre el mismo problema: determinar candidatos al Poder Judicial y someterlos a votación a pesar de que la ciudadanía no está interesada y casi nadie los conoce.

Reformar la reforma

Marcela Michel López

El segundo piso de la Cuarta Transformación se construye con trabajo, con acciones específicas que repercuten directamente en el bienestar de toda una población y que, muchas de ellas comienzan en el Congreso de la Unión, específicamente en la Cámara de Diputados. El segundo periodo de sesiones ordinarias de esta cámara recién concluyó pero, ¿qué hicimos los y las diputadas? Te lo cuento:
El Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, en la que participo, gracias al apoyo popular, como diputada por el Distrito 14 con sede en Tlajomulco de Zúñiga, inició el 1 de febrero y terminó el 29 de abril, con una impresionante cantidad de trabajo, tanto por las iniciativas presentadas, las horas de debate legislativo y las iniciativas aprobadas.
En este segundo periodo ordinario de trabajo legislativo celebramos 48 sesiones, presentándose, en total, mil 273 iniciativas por todo los grupos parlamentarios, más 37 minutas recibidas y 467 proposiciones con punto de acuerdo. Nada mal para un periodo de cerca de tres meses de intensa actividad legislativa.
Esto fue lo presentado en total pero, ¿qué aprobamos? En este segundo periodo ordinario aprobamos 62 Dictámenes de ley: cuatro reformas constitucionales, dos nuevas leyes y 56 reformas a leyes vigentes y decretos.
Entre todos estos dictámenes aprobados resaltaré varios que me parecen trascendentales para el país: en primer lugar, la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas, un logro histórico para la clase trabajadora en general; en segundo, las diversas reformas aprobadas para erradicar la violencia contra las mujeres, combatiendo el feminicidio, el abuso sexual, acoso sexual y acecho, buscando la unificación de criterios en todas las entidades federativas para que de verdad se garantice un actuar institucional responsable y las mujeres podamos acceder realmente a una vida libre de violencia; y en tercer lugar, el decreto que pone límite a las jubilaciones y pensiones en la entidades públicas, frenando las pensiones abusivas que una minoría de exfuncionarios tenían, algunas de más de 1 millón de pesos.
Agregaríamos a estas tres iniciativas resaltadas, otras tantas que benefician directamente a los derechos de niñas, niños y adolescentes, a pueblos originarios y afromexicanos, a la juventud, y otras más en materia de salud, de educación y por el cuidado del medio ambiente. ¡62 iniciativas aprobadas por el bien de México!
Una frase comercial decía que las buenas noticias también son noticias y, en un entorno global complejo, en el que la soberanía se está viendo amenazada, en el que se siente la fragilidad de la estabilidad económica por guerras y amenazas imperiales de algunas potencias, es muy importante resaltar que las y los representantes populares no nos quedamos pasmados, seguimos avanzando y seguimos trabajando por defender los derechos del pueblo aún en situaciones complejas.
La Cuarta Transformación sigue avanzando y no la podrán frenar. El segundo piso que construye la presidenta Claudia Sheinbaum, de la mano de una nación entera, sigue en marcha y, nosotros, los y las diputadas federales de la 4T seguimos aportando nuestro granito de arena en el proceso nacional. Para eso nos puso allí el pueblo.
Cuentas claras, amistades largas; en el legislativo, le seguimos cumpliendo a México.

Marcela Michel

Otro periodo de cumplirle al pueblo en la Cámara de Diputados

Eduardo González Velázquez

El pretexto es el combate al lavado de dinero y a los grupos del crimen organizado. La esencia es seguir asfixiando a las personas migrantes en Estados Unidos y a sus familias en los países de origen ahora con un nuevo frente utilizando el sistema financiero.
​Esta semana Donald Trump lanzó una nueva embestida contra los migrantes: la Orden Ejecutiva titulada “Restablecer la integridad del sistema financiero estadounidense” para que el Departamento del Tesoro audite las medidas dirigidas a instituciones financieras, organismos reguladores y agencias federales para fortalecer los mecanismos de identificación de clientes y vigilancia de actividades consideradas de riesgo.
En el discurso oficial, la orden de Trump busca endurecer las reglas para abrir cuentas y acceder a servicios financieros. Además, las instituciones financieras podrán solicitar mayores datos a sus clientes si consideran que las actividades realizadas por ellos pudiesen estar relacionadas con fraudes o el crimen organizado. También se establece en la orden que para autorizar un préstamo o una hipoteca sea considerada una posible deportación o pérdida de empleo como parte de la evaluación para otorgar créditos, tarjetas bancarias o financiamientos en general.
En este sentido, el Departamento del Tesoro deberá emitir, en un plazo de 60 días, una advertencia formal a todas las instituciones financieras sobre riesgos relacionados con personas no autorizadas para trabajar en Estados Unidos y empleadores que incumplan leyes migratorias o fiscales. Bajo esta nueva política cobra relevancia los permisos de trabajo que poseen los migrantes desde el gobierno de Joe Biden y que algunos de ellos deberán renovarlos antes de que Trump deje la presidencia.
Los efectos inmediatos de la Orden Ejecutiva los comenzarán a sufrir las personas migrantes “indocumentadas” en el envío de remesas. Se iniciará una revisión de todas las cuentas bancarias, créditos y transferencias vinculadas con migrantes “sin papeles” en la Unión Americana. Aunque la orden no prohíbe de manera expresa el envío de remesas, si se presionará a las compañías remeseras para ofrecer sus servicios solamente a migrantes “legales”, al mismo tiempo, que las autoridades federales auditarán a los empleadores de mano de obra “indocumentada”. Todo ello, abrirá la puerta para que las instituciones financieras puedan solicitar el estatus migratorio de sus clientes y sus permisos de trabajo.
Bajo la lógica de Trump el envío de remesas puede estar vinculado con el crimen organizado que utiliza ese mecanismo para mandar dinero a México y otros países, afirmación que no ha sido comprobada por ninguna investigación gubernamental o académica.
Por lo tanto, no hay más, el gobierno de Trump busca convertir al sistema financiero en una herramienta más de control migratorio, y de paso quedarse con más recursos de los generados por los migrantes en la Unión Americana.

Nuevo embate contra las remesas

Carlos Palacios

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para blindar las candidaturas ante el crimen organizado no es un veto: es información que los partidos merecen tener antes de registrar a alguien.
La propuesta, presentada esta mañana por la consejera jurídica Luisa María Alcalde, es políticamente oportuna. No busca crear tribunales de excepción ni listas negras. Lo que plantea es algo más simple y más poderoso: que los partidos políticos tengan acceso, antes de registrar una candidatura, a información de inteligencia que hoy existe en archivos de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero que nunca fluye hacia quienes toman las decisiones de postulación.
El mecanismo concreto es la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, adscrita al INE y conformada por cinco consejeros electorales electos por el propio Consejo General por un periodo de tres años. Esta comisión, de ser aprobada la iniciativa, funcionaría como bisagra entre los partidos y las autoridades de seguridad y financieras. Los partidos entregarían voluntariamente su lista de aspirantes; la comisión consultaría con esas instituciones si existe lo que la iniciativa llama un &#8220;riesgo razonable&#8221; de vínculos con la delincuencia, y esa señal —sí o no, sin detalles que comprometan investigaciones en curso— regresaría al partido para que éste tome su decisión.
Conviene subrayar lo que la iniciativa no hace, porque ya escucho las voces que van a tergiversarla. No es una vía para vetar candidatos opositores. No es un sustituto del proceso judicial. No viola la presunción de inocencia. El partido sigue siendo el que decide si registra o no al aspirante. Lo que cambia es que ya no podrá alegar ignorancia. Como dejó en claro la propia Luisa María Alcalde, muchas veces las corporaciones de seguridad tienen indicios que no alcanzan nivel probatorio para judicializar un caso, pero que sí son suficientes para que un partido reconsidere una candidatura. Hoy esa información se queda atorada, pero la iniciativa la pone a circular.
El requisito de que cada aspirante firme su consentimiento expreso para ser evaluado también es relevante. Se trata de un filtro de actitud. Quien se niega a ser revisado, ¿qué está protegiendo? La transparencia empieza por quien pide el voto. La iniciativa llega a medio año de las elecciones de 2027.
También vale la pena ubicar otra iniciativa en su contexto legislativo. Mi compañero Ricardo Monreal, coordinador de nuestra bancada, ha anunciado que impulsará una propuesta complementaria: establecer como nueva causal de nulidad de una elección el hecho de que se acredite intervención extranjera en el proceso.
Una reforma constitucional que tocaría el artículo 41 para cerrar lo que Monreal llama una &#8220;laguna técnica&#8221; en el sistema actual de nulidades. México no puede llegar a 2027 con el mismo blindaje legal de hace 20 años, cuando las amenazas a la integridad democrática tenían otro rostro. Hoy el peligro viene del crimen organizado, adentro, y de actores extranjeros, afuera.

Sin máscaras de cara al 2027

Claudia Salas

No nos equivoquemos. No le vamos a aplaudir el control de daños a la Semarnat. La cancelación del proyecto de Royal Caribbean en Majahual, Quintana Roo, no fue un arranque de conciencia ecologista; fue puro pánico al costo político y control de daños.
El proyecto ya avanzaba con su total complacencia y bendición silenciosa. Al final lo cancelaron solo porque los cacharon con las manos en la masa y el escándalo ya era un incendio mediático internacional insostenible. Qué fácil es simular glorias cuando te descubren.
Mientras la propaganda oficial celebra esta farsa como una victoria histórica, la realidad de corrupción ligada a las áreas naturales del país los abofetea. Recordemos que el presupuesto de Semarnat cayó un cuatro por ciento este año y dejaron a las brigadas forestales sin recursos, sin equipo y sin herramientas para sofocar la menor provocación de fuego en nuestros bosques y selvas. Ahora presumen salvar una playa mientras condenan a cenizas los recursos naturales de México.
Aquí la hipocresía gubernamental y el ecocidio selectivo que nos da Morena. El festín depredador del turismo de lujo sigue intacto, pero solo donde no hay cámaras. Ahí está el despojo en Punta de Mita, privatizando Playa Las Cocinas; el ecocidio silencioso en los manglares de Bacalar; o la impunidad en San Bruno, Yucatán, donde los condominios actúan como dueños del mar y todo lo que está alrededor. Para esos proyectos hasta el momento no hay clausuras, solo complicidad institucional y burocrática.
La política ambiental de la llamada transformación no es más que una simulación para la foto de la semana. Toda la plana gubernamental salió gloriándose en hombros, y nunca hubo un reconocimiento público a quienes realmente articularon todo este movimiento en contra: la sociedad civil, la población local, Greenpeace y los medios de comunicación.
La protección de la naturaleza se demuestra con presupuesto real y defendiendo el territorio completo, no operando como apagafuegos mediáticos únicamente en los rincones donde los descubren.

El ecocidio selectivo de Morena

<div>El 14 de mayo de 2026, cinco italianos murieron durante una inmersión en una cueva submarina en el atolón de Vaavu, cerca de la isla de Alimathaa, en una zona conocida como Devana Kandu. </div>
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<div>Entraron a explorar cuevas a alrededor de 60 metros de profundidad, superando ampliamente el límite habitual del buceo recreativo. No regresaron a la superficie y se presume que murieron ahogados dentro de la cueva.</div>
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<div>Eran un grupo muy experimentado, no turistas principiantes:
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<li>Mónica Montefalcone (51 años): Profesora de Ecología Marina en la Universidad de Génova.</li>
<li>Giorgia Sommacal (23 años): Hija de Mónica, estudiante de ingeniería biomédica.</li>
<li>Muriel Oddenino: Investigadora (asociada a la Universidad de Génova).</li>
<li>Federico Gualtieri: Biólogo marino joven.</li>
<li>Gianluca Benedetti (instructor de buceo, el más experimentado en Maldivas).</li>
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Cuatro formaban parte de un equipo científico y de turismo científico de la Universidad de Génova. &nbsp;
Reportan que fue muy complicada por la profundidad, la complejidad de la cueva, con pasajes estrechos y posibles corrientes y el mal tiempo. Un buzo militar maldivo (Mohammed Mahudhee) murió por enfermedad de descompresión durante las tareas de búsqueda.
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Un equipo especializado finlandés de DAN Europe, logró recuperar todos los cuerpos entre el 18 y el 20 de mayo. Los cuatro últimos estaban juntos en la parte más profunda de la cueva.
No hay conclusión definitiva, pero las principales hipótesis son:
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<li>Problemas con la mezcla de gases (toxicidad de oxígeno o narcosis por nitrógeno) por la profundidad.</li>
<li>Corrientes fuertes o efecto Venturi dentro de la cueva (corriente que los succionó hacia adentro).</li>
<li>Posible desorientación o haber tomado un pasaje equivocado al salir.</li>
<li>Falta de equipo técnico adecuado para espeleobuceo (aunque eran experimentados, esta era una inmersión muy avanzada).</li>
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Italia abrió una investigación por homicidio culposo y se suspendió la licencia del yate Duke of York desde el que salieron.</div>

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La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) destinará 15 millones 774 mil pesos al estado de Jalisco para fortalecer las acciones relacionadas con la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas durante este año. La entidad concentra actualmente más de 16 mil personas desaparecidas, la cifra más alta registrada en el país.
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El recurso federal forma parte del convenio anual de colaboración entre la federación y las entidades federativas para otorgar subsidios dirigidos a las comisiones estatales de búsqueda. De acuerdo con la CNB, el objetivo es fortalecer las capacidades institucionales, técnicas y operativas en cada estado.
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Según los lineamientos publicados por la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales deben presentar proyectos específicos para acceder a estos recursos. Entre los conceptos autorizados se encuentran mejoras en infraestructura, compra de equipo y adquisición de maquinaria o herramientas especializadas para tareas de búsqueda e identificación humana.
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La CNB cuenta este año con una bolsa total de 889 millones de pesos para distribuir entre las entidades federativas. En el caso de Jalisco, el convenio también establece que el gobierno estatal deberá aportar 4.9 millones de pesos una vez que reciba la primera parte de los recursos federales.
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Además, el monto otorgado por la federación se sumará a los 83 millones de pesos aprobados previamente por el Congreso de Jalisco para la Comisión de Búsqueda de Personas durante 2026. Con ello, el presupuesto total destinado a estas acciones alcanzaría cerca de 98 millones de pesos en la entidad.
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Actualmente, Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en número de personas desaparecidas, mientras que el Estado de México se mantiene en la primera posición y recibirá 16 millones de pesos este año.
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