Luis Cisneros Quirarte

La etiqueta de “Narcomorena” trascendió la consigna para volverse un expediente judicial internacional. La penetración del crimen en el partido oficial acecha la legitimidad de Claudia Sheinbaum. El rastro de estas alianzas inconfesables configura un sistema de poder donde la línea entre la política y el delito es difusa.
El caso del senador Carlos Lomelí Bolaños es un ejemplo de ello. Ocupa un escaño siendo un criminal confeso ante la justicia de EE. UU. Según consta en la sentencia de la Corte de Distrito para el Distrito Oeste de Texas (Caso EP-10-CA-379-FM), Lomelí firmó un consentimiento para la confiscación de sus bienes tras ser vinculado con el tráfico de precursores para metanfetamina. Entregó al Departamento del Tesoro dos millones 656 mil 622.91 dólares para evitar la prisión. El juez Frank Montalvo selló este acuerdo que permitió al hoy legislador comprar su libertad, pero su historial judicial es inamovible.
El caso del gobernador Rubén Rocha Moya revela un “modus operandi” de captura institucional. No se trata solo de vínculos personales, sino de la entrega de áreas clave de gobierno al servicio de la delincuencia. Rocha Moya habría colocado a su enlace directo con &#8220;Los Chapitos&#8221; en la Secretaría de Finanzas de Sinaloa. En Jalisco, Lomelí operó para imponer a su protegido, Diego Rivera, primero como candidato y luego como alcalde de Tequila. En ambos casos, la protección a los criminales era norma. La policía municipal de Culiacán y de Tequila obedecían los intereses del crimen.
México y la presidenta Sheinbaum tienen en Donald Trump y su gobierno a un aliado involuntario. La presión de Washington ofrece el pretexto perfecto para deshacerse de los nefastos acuerdos pactados por su antecesor. Las licencias de Rocha Moya y del alcalde de Culiacán son pasos necesarios en ese sentido. La soberanía nacional no puede ser el escudo de la delincuencia. El antecedente del general Salvador Cienfuegos advierte que el rescate político de figuras señaladas tiene un costo de credibilidad inasumible. Asimismo, la irrupción de la CIA en Chihuahua para desmantelar laboratorios de fentanilo evidencia un vacío federal que las agencias extranjeras están llenando ante la inacción del Estado.
La presidenta debe elegir entre la cirugía mayor o la agonía por complicidad. La advertencia póstuma de Porfirio Muñoz Ledo a López Obrador adquiere hoy su máxima relevancia: &#8220;El pacto con la delincuencia organizada no es heredable&#8221;. La autonomía de Sheinbaum se definirá por su capacidad para desligarse de un pasado que hoy la acecha. Mantener en sus filas a personajes con el historial de Lomelí o Rocha Moya condena al gobierno a la etiqueta de un narco-Estado ante los ojos del mundo.  Entender al narcotráfico como un enemigo común en ambos lados de la frontera permite actuar con dignidad diplomática y firmeza interna. La verdadera soberanía exige expulsar del poder a quienes vendieron la tranquilidad de México a las mafias.

Narcomorena a juicio

La restauración del viejo partido de Estado en México avanza sin obstáculos en el terreno de la oposición formal. El agotamiento de los partidos tradicionales y la dispersión de las clases medias han dejado el campo libre a la hegemonía de Morena.
El relanzamiento del PAN no logra entusiasmar. El PRI ha quedado reducido a la franquicia personal de “Alito” Moreno, mientras que el Partido Verde persiste como un negocio familiar y el PT mantiene su estructura de dueño bajo el control de Alberto Anaya.
El respaldo mayoritario al oficialismo, cimentado en la expansión de los programas sociales y la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente López Obrador, parece inexpugnable. La captura de los poderes y las instituciones (incluida la reciente adquisición del INE) luce irreversible. Sin embargo, el límite de este poder absoluto no reside fuera del régimen, sino en su propia entraña.
La lucha por el control del movimiento ha desplazado a la competencia electoral externa. Dos fuerzas colisionan hoy por el dominio del futuro inmediato. Por un lado, el claudismo consolida su ascenso. Bajo la conducción de la presidenta, este grupo ha venido ocupando gradualmente espacios estratégicos en el gabinete, el partido oficial y las cámaras legislativas. Su mirada está fija en las gubernaturas de 2027, donde buscarán imponer cuadros propios para sellar el relevo generacional.
En el flanco opuesto resisten los remanentes del obradorismo duro. Estos cuadros, desplazados por el avance del equipo presidencial, buscan sobrevivir mediante la competencia interna o el refugio en los partidos aliados. Las recientes reticencias del PVEM y del PT para sumarse a las iniciativas legislativas de la presidenta reflejan esta pugna. Estas maniobras sugieren el respaldo, o al menos el silencioso aval, del expresidente para frenar el desplazamiento de sus leales.
Movimiento Ciudadano ha detectado esta fractura. La dirigencia nacional de MC ha decidido jugar sus fichas a favor de la presidenta. El voto a favor del &#8220;Plan B&#8221; representó un guiño de alineación directa con el Ejecutivo. Mientras el Verde y el PT regateaban su apoyo para marcar territorio, MC decidió posicionarse junto a Sheinbaum.
Este cálculo, sin embargo, no tiene en cuenta la base social que respalda electoralmente a MC en sus principales bastiones –Jalisco y Nuevo León–, y que quiere ver al partido firmemente asentado en la oposición al régimen morenista. De allí la respuesta inmediata del Grupo Jalisco liderado por Pablo Lemus. El respaldo a la presidenta debe ser institucional y en el mejor interés de la Nación, pero ese mismo interés obliga a que MC construya una identidad propia.
La historia de los regímenes autoritarios enseña que el desgaste comienza siempre por la disputa sucesoria y el reparto de parcelas. México vive hoy esa realidad. Pero ello por sí solo no es suficiente para contener la erosión de nuestra democracia. El país demanda una alternativa de oposición creíble. La forma en que MC logre resolver sus diferencias tácticas internas y consiga proyectarse como una opción de gobierno confiable para México es vital.

El claudismo desplaza al obradorismo

Movimiento Ciudadano vive una etapa de definiciones profundas. El reciente posicionamiento de MC en Jalisco, tras el polémico voto de los diputados federales emecistas a favor del &#8220;Plan B&#8221; junto a Morena (bajo consigna de la dirigencia nacional del partido) marca un punto de inflexión que trasciende la simple diferencia de criterios. Estamos ante la renovación de un proyecto con ADN propio: el Grupo Jalisco.
Pablo Lemus encabeza este relanzamiento estratégico. Su postura responde a la innegable realidad de que en el Estado la competencia electoral contra Morena es frontal y sin matices. Cualquier señal de contubernio o connivencia desde el centro del país erosiona la base social de MC en la entidad.
Ante esto, el gobernador ha decidido blindar la marca local, enviando un mensaje de autonomía que busca recuperar la confianza del votante jalisciense frente a la amenaza de Morena, sin ambigüedades. Existe en Jalisco la convicción de que el futuro del partido exige una identidad propia.
El mensaje para la dirigencia nacional de MC es contundente: la gobernanza de un partido con dos de las gubernaturas más importantes del país debe ser compartida. El esquema actual de la dirigencia nacional ignora la fuerza de los estados que sostienen la estructura naranja. Jalisco reclama su lugar legítimo en la mesa de toma de decisiones estratégicas, rechazando el papel de simple espectador de las ocurrencias de la cúpula capitalina. Los resultados electorales y la gestión pública en el Estado avalan esta exigencia de equilibrio interno.
La nueva ruta incluye una revisión profunda de la política de alianzas partidistas locales. La contención de Morena hacia 2027 requiere un pragmatismo que la dirigencia nacional se ha negado a explorar. El Grupo Jalisco asume la responsabilidad de construir puentes con otras fuerzas políticas en el territorio, priorizando la estabilidad del Estado sobre las directrices dictadas desde la capital del país.
Y, aún más, MC Jalisco quiere desde lo local contribuir en forma significativa al debate nacional. Si las alianzas locales resultan útiles en 2027 como contrapeso frente al intento de Morena de constituirse en el nuevo partido hegemónico –un partido de Estado como durante décadas lo fue el PRI–, entonces, cabe valorar esa ruta de cara a la próxima elección presidencial.
MC Jalisco toma el control de su propia narrativa. El principio es innegociable: el destino de la casa se decide y se defiende en casa.

El Grupo Jalisco

Lo ocurrido recientemente en el Congreso de Jalisco con el caso de Bolaños es un recordatorio de que la demagogia tiene consecuencias reales y, a menudo, peligrosas. La insistencia de la bancada de Morena por forzar una votación sobre el sistema de elección por usos y costumbres, sin una resolución jurídica firme, ha fracturado la ya de por sí frágil convivencia en el Norte del Estado.
Todo comenzó cuando las comunidades wixáritari de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, solicitaron formalmente el cambio de régimen electoral. Su demanda era legítima: ejercer la libre autodeterminación para que sus autoridades tradicionales gestionen el gobierno municipal. Sin embargo, el camino hacia la autonomía se topó con la complejidad de un territorio bicultural. Para 2025, tras la consulta realizada por el IEPC, la grieta social se hizo evidente. Mientras las zonas indígenas celebraban el avance, la población mestiza de la cabecera municipal manifestó su rechazo, denunciando que el nuevo modelo los dejaba en un estado de indefensión política.
Desde entonces, el municipio entró en un espeso fango jurídico. Se acumularon juicios ciudadanos y controversias ante el TRIEJAL y la Sala Regional del TEPJF, cuestionando la universalidad del sufragio bajo el nuevo esquema. A pesar de que estas impugnaciones aún carecen de una sentencia definitiva que brinde certeza a ambas partes, Morena y aliados en el Congreso decidieron, hace un par de semanas, ejecutar un &#8220;albazo&#8221; legislativo.
La soberbia de este proceso tuvo su momento estelar el pasado lunes de Pascua. En un ejercicio de tardía &#8220;sensibilidad&#8221;, el coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, junto a la diputada Tonantzin Cárdenas, se vieron obligados a reunirse con los representantes de la comunidad mestiza. Por supuesto, no fueron los legisladores quienes acudieron al Norte de la entidad a dar la cara, sino que hicieron que los inconformes se trasladaran en un viaje de cinco horas a la comodidad de sus oficinas. Los propios convocados señalaron lo “inútil” de la tal reunión, una vez realizada. “Nos hicieron venir para nada”, ya que no hubo soluciones ni posturas claras.
Lo revelador del encuentro no fue el pretendido diálogo: &#8220;socializar&#8221; una decisión después de haberla impuesto desde el escritorio es la confesión de una negligencia; es reconocer que se legisló desde un escritorio en Guadalajara, desconociendo la dinámica de los límites territoriales que comparten comunidades wixáritari y mestizas, a espaldas de una parte fundamental de la población.
Al forzar la votación para reconocer el sistema normativo interno en medio de suspensiones judiciales vigentes, el Congreso ignoró su rol como árbitro institucional para convertirse en parte del conflicto. Esta urgencia morenista no responde a un genuino interés por los pueblos originarios, sino a una mal entendida estrategia de rentabilidad electoral que desprecia la realidad del territorio. La autonomía indígena no puede construirse sobre los escombros de la paz social ni bajo un limbo legal que nadie se atreve a desanudar. En su pretensión de proyectar una imagen “indigenista” y votar sin haber construido consensos mínimos, los legisladores morenistas lanzaron una cerilla encendida a un polvorín, exponiendo a Bolaños a una crisis de gobernabilidad permanente. Si la bancada de Morena y sus aliados en el Congreso de Jalisco insisten en anteponer las consignas de partido a la estabilidad de las comunidades, el costo lo seguirán pagando los ciudadanos que, al final del día, tienen que seguir compartiendo la misma tierra.

Bolaños y la demagogia

En el ejercicio parlamentario, la autoridad moral emana de la congruencia. De poco valen los encendidos discursos en tribuna si la conducta privada desmiente la narrativa pública. El reciente episodio protagonizado por la diputada Candelaria Ochoa es un claro ejemplo de ello.
La polémica estalló tras la revelación de datos contenidos en su propia declaración patrimonial, donde se consigna la propiedad de cuatro inmuebles, destacando uno adquirido —según el registro público— en &#8220;cero pesos&#8221;. Ante el legítimo cuestionamiento del periodista tapatío Jorge García Orozco —quien por cierto ha alcanzado notoriedad nacional documentando las grietas entre el discurso de &#8220;pobreza franciscana&#8221; y el opulento estilo de vida de diversos cuadros de la autollamada Cuarta Transformación—, la legisladora de Morena sustituyó la aclaración técnica por el ataque personal. Al llamar &#8220;asalariado&#8221; a García Orozco en redes sociales, la diputada exhibió un clasismo impropio de quien pertenece a un partido que dice priorizar a los trabajadores, pretendiendo deslegitimar la fiscalización social mediante la jerarquización económica de las personas.
Pero el desplante no quedó ahí. La amenaza de emprender acciones legales por la difusión de información que, por ley, es pública y de interés general, revela una peligrosa incomprensión de su rol como servidora pública. ¿Con qué solvencia puede una diputada de oposición exigir transparencia al gobierno si, ante la primera lupa sobre su patrimonio, reacciona con el amago judicial? La transparencia no es una concesión graciosa del político, es un derecho del ciudadano, y la declaración patrimonial es, por definición, el documento donde termina la privacidad del funcionario para dar paso al escrutinio del mandante.
Por lo demás, este hecho evidencia una preocupante metamorfosis en la clase política: representantes que han decidido abandonar su rol institucional para comportarse como troles de redes sociales. Al descender a la arena del insulto y la pelea con quienes disienten, desnudan una cara marcada por la intolerancia. En su afán por &#8220;ganar el hilo&#8221; de X (antes Twitter), olvidan que su mandato principal es la custodia de los valores cívicos. Un político que se revuelca en el fango digital proyecta fragilidad democrática, no fortaleza.
En esta deriva, Ochoa parece emular el estilo de Gerardo Fernández Noroña, quien ha hecho del insulto y la estigmatización de periodistas y ciudadanos críticos su principal herramienta de &#8220;debate&#8221;. Al igual que el hoy senador, la diputada confunde la combatividad con la prepotencia. Pero el parecido no termina en las formas, sino en la doble moral que ambos comparten frente al escrutinio de su riqueza.
Al igual que Noroña —frecuentemente cuestionado por su gusto por los viajes internacionales, destinos de lujo y un patrimonio que no rima con su retórica de &#8220;pueblo&#8221;—, Ochoa reacciona con una piel muy delgada cuando se le pide explicar sus bienes. Ambos personajes habitan una contradicción cómoda: exigen sacrificios a la ciudadanía y austeridad a los adversarios, mientras ellos disfrutan de las mieles de un estatus que se niegan a justificar.
Al final, este episodio nos deja una lección sobre la salud de nuestra democracia: el privilegio de representar a los ciudadanos conlleva el costo de vivir en una vitrina. Quien no esté dispuesto a explicar el origen de sus bienes, o quien considere que su estatus le permite ningunear a los &#8220;asalariados&#8221;, debería replantearse su lugar en el servicio público.

Candelaria Ochoa, la Noroña de Jalisco

En la política, hay una línea muy delgada entre la defensa legítima de los ciudadanos y la simulación administrativa. En Tlaquepaque, esa línea ha sido borrada por una incongruencia que raya en el descaro: la administración municipal ha emprendido una ofensiva jurídica y mediática contra el SIAPA, mientras arrastra una deuda que, según revelaciones recientes en el Congreso del Estado, supera los 200 millones de pesos.
La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, ha construido su narrativa reciente sobre el &#8220;triunfo judicial&#8221; tras lograr que una jueza revocara el archivo de sus denuncias por delitos ambientales contra el organismo. Con videos en mano y fe notarial, la alcaldesa denuncia descargas ilegales y agua turbia en colonias como San Martín de las Flores, El Vergel y La Micaelita. Sin embargo, su activismo omite una verdad matemática: el ayuntamiento que ella encabeza es uno de los principales morosos del sistema.
El diputado Alberto Alfaro García (PVEM) puso el dedo en la llaga esta semana al señalar que Tlaquepaque no ha pagado por el consumo de agua de sus propias dependencias y edificios públicos. La cifra es escandalosa: 200 millones de pesos que el municipio se niega a poner sobre la mesa. Es la política del &#8220;vaso roto&#8221;, como la misma alcaldesa llamó al SIAPA al votar en contra del aumento de tarifas para 2026; pero lo que no dice Pérez Segura es que ese vaso está roto, en buena medida, porque socios como ella han dejado de aportar lo que les corresponde.
¿Con qué autoridad moral se puede exigir agua de primera con un pago de cero pesos? La estrategia de Morena en el municipio parece ser la asfixia por diseño: se le regatea el presupuesto al organismo, se le retienen los pagos por servicios municipales y, acto seguido, se le demanda penalmente por la inoperatividad resultante. Es un círculo vicioso de negligencia política donde el único rehén es el vecino que abre la llave y recibe promesas en lugar de agua. Pero hay algo más grave que la deuda: el olvido de su propia corresponsabilidad institucional. Tlaquepaque no es un cliente externo; forma parte de la Junta de Gobierno del SIAPA, lo que significa que la alcaldesa se está demandando, en la práctica, a un organismo donde su propio municipio tiene voz, voto y mando.
Exigirle al SIAPA que resuelva el desastre es una demanda justa, pero hacerlo mientras se le debe una fortuna y obviando la propia responsabilidad, es una puesta en escena para el aplauso fácil. Si la presidenta municipal realmente quiere soluciones y no solo &#8220;administrar la crisis&#8221; —como ella misma pregona—, el primer paso es la honestidad fiscal. Menos denuncias penales de relumbrón y más transferencias para la infraestructura que el municipio tanto necesita. En Tlaquepaque, el agua no solo está turbia por los sedimentos, sino por la opacidad de un gobierno que exige como acreedor lo que debe como deudor.

Tlaquepaque: exigir lo que no se paga

Andrés Manuel López Obrador prometió que, al entregar la banda presidencial, se retiraría a la quietud de su quinta en Palenque para alejarse de la vida pública. Sin embargo, a poco más de un año del inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, la &#8220;sombra&#8221; del expresidente no solo permanece sino que se proyecta con una intensidad que obliga a preguntarse: ¿son sus cada vez más reiteradas intervenciones una muestra de convicción personal o una estrategia deliberada para marcarle el paso a la administración?
La bitácora de sus apariciones es reveladora. Primero, fue la presentación de su nuevo libro, “Grandeza”, en medio de revelaciones sobre presuntos vínculos de Adán Augusto López con el crimen organizado y la filtración de fotografías de Andrés Manuel López Beltrán disfrutando de vacaciones de lujo en Japón. Ante el escándalo por el &#8220;estilo de vida&#8221; de su círculo íntimo, el expresidente no pudo ser más explícito: advirtió que rompería su retiro si sentía que su &#8220;legado&#8221; estaba en riesgo o si el país enfrentaba una crisis o &#8220;atropello&#8221; que lo obligara a intervenir.
Luego vino el mensaje condenando la intervención de Estados Unidos en Venezuela, en contraste con la cautela de la Cancillería. Y, apenas hace unos días, su llamado a realizar aportaciones para el régimen cubano colocó a México en una posición incómoda frente a sus socios del norte en plena renegociación del T-MEC, en lo que fue además un no muy silencioso reproche al abandono en la entrega de hidrocarburos a la isla.
¿Consulta López Obrador estos movimientos con la presidenta Sheinbaum? Probablemente no. Sus reapariciones le arrebatan a la mandataria el monopolio de la narrativa del oficialismo y cada mensaje desde Palenque se interpreta no como la opinión de un ciudadano retirado, sino como una instrucción para la base social que aún le rinde culto. La intención de AMLO podría no ser incomodar directamente a la presidenta, pero el resultado es una erosión sutil de su autoridad. Mientras insista en &#8220;ayudar&#8221; con sus opiniones, la lectura implícita es que el relevo no ha terminado de consumarse.
Esta dualidad de liderazgos ocurre en un momento crítico: la inminente renovación de la dirigencia nacional de Morena. Reportes anticipan que la gestión de Luisa María Alcalde y “Andy” López Beltrán podría terminar en abril. La renovación prematura de la cúpula partidista tiene un fondo estratégico: es la maniobra de Palacio Nacional para garantizar que la designación de cuadros rumbo al 2027 responda directamente a la presidenta Sheinbaum y no a los compromisos pactados en el pasado.
La elección de la nueva dirigencia es la prueba de fuego para Sheinbaum. En el tablero suenan nombres que representan distintas facetas del movimiento. Por un lado, figuras identificadas con la &#8220;ortodoxia&#8221; obradorista pura, y por otro, cuadros que han mostrado una alineación total con la agenda de la presidenta. Si el partido queda bajo el control de la vieja guardia que aún despacha emocionalmente desde Chiapas, la presidenta gobernará con una estructura que responde a un mando paralelo.
Para Claudia Sheinbaum el reto no es solo administrar el país, sino gestionar la presencia de un antecesor que, pese a sus promesas de silencio, parece no haber encontrado todavía la forma de soltar el micrófono. Al final, la pregunta queda en el aire: ¿cuánta luz propia podrá proyectar la presidenta mientras la sombra de su mentor siga ocupando el centro del escenario?

La sombra del caudillo

La resolución del Tribunal Electoral de Jalisco sobre las reglas de paridad es una muestra de cómo el activismo judicial, al desprenderse de la realidad, sofoca el derecho que supuestamente salvaguarda.
La historia comenzó con una intención legítima: el IEPC emitió lineamientos que obligaban la postulación exclusiva de mujeres en ocho alcaldías estratégicas, incluidas Zapopan y Tonalá. Sin embargo, Morena impugnó el dictamen bajo una supuesta &#8220;defensa de la autonomía de los partidos&#8221;. Poco importó que la Sala Superior de ese mismo tribunal ya hubiera asentado que dicha autonomía no aplica en paridad, como en la sentencia que la impuso en gubernaturas por encima de las leyes locales (SUP-RAP-116/2020) o en los criterios que prohíben que otros géneros &#8220;invadan&#8221; espacios femeninos (SUP-REC-256/2022).
Ante este historial, resulta incomprensible la soberbia de Morena. Al intentar revertir las medidas afirmativas para abrir paso a sus cuotas masculinas en Zapopan, el partido guinda ignoró que este Tribunal no suele retroceder, sino radicalizarse. El resultado es un desastre: por querer imponer a un hombre, la impugnación provocó una respuesta abrupta que estableció un catálogo de etiquetas que excluye a la inmensa mayoría de las mujeres zapopanas de su propio proceso histórico.
El Tribunal, en su afán de &#8220;elevar la apuesta&#8221;, creó un corsé discriminatorio. Tras decretar la reserva para mujeres en Zapopan, condiciona la postulación a criterios de identidad sexual diversa, discapacidad o pertenencia indígena. Por querer incluir a las minorías, los magistrados excluyeron a la mayoría.
La frialdad del INEGI desnuda el despropósito. En Zapopan, apenas el 1.05% de la población habla una lengua indígena; sólo el 2.9% vive con discapacidad y únicamente el 5.1% se identifica dentro de la diversidad sexual. Al superponer estas etiquetas, el Tribunal levantó un muro contra más del 90% de las mujeres de un municipio que, además, nunca ha sido gobernado por una mujer.
Con estos candados, el fallo margina a las jefas de familia, profesionales y líderes vecinales que han construido trayectorias desde la ciudadanía común, pero que no encajan en las categorías exigidas. Es la paradoja de la exclusión por exceso: cuando por fin se abre la puerta histórica para la alcaldía, el Tribunal le pone llaves que solo una ínfima minoría puede girar. Y de forma innecesaria, pues la postulación obligatoria de una mujer ya incluía, por definición, a mujeres de la comunidad LGBT, indígenas y con discapacidad.
Todo este escenario fue provocado por Morena en Jalisco. En su intento por doblarle la mano al IEPC para recuperar margen de maniobra, abrieron la puerta a una resolución que ignora la realidad demográfica. El Tribunal decidió jugar a la ingeniería de identidades, olvidando que la democracia consiste en representar a la mayoría sin atropellar a las minorías, no en utilizar a estas para anular el derecho de aquellas.
Al final, por culpa de una impugnación frívola y machista, la justicia electoral le ha propinado un golpe bajo a la participación política de las mujeres. Algo más que agradecer a Morena.

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La oposición en México atraviesa una orfandad ideológica que la ha llevado a refugiarse en el anacronismo. La fascinación con el discurso de Isabel Díaz Ayuso o la urgencia por reivindicar a Hernán Cortés son síntomas de un vacío intelectual que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sabido capitalizar. El análisis de la mandataria es correcto: defender a Cortés es una posición que en nada favorece a sus críticos.
Al caer en la trampa de las “luchas culturales”, que tanto le han funcionado a la ultraderecha en otros contextos nacionales —como en España— la oposición entrega al oficialismo el escenario que mejor domina.  Asumir el papel de los “villanos” de la historia oficial —aquella con la que el sistema adoctrinó generaciones para legitimarse— es una estrategia perdedora, sin importar los méritos académicos del debate. Cada vez que la oposición se enreda ahí, le permite a Morena envolverse en la bandera de la soberanía.
Este nacionalismo es el distractor ideal para desviar la atención de la narcopolítica y los expedientes que pesan sobre diversas figuras del partido oficial. El discurso contra la &#8220;intervención&#8221; extranjera opera, en la práctica, como un blindaje retórico para proteger alianzas locales inconfesables.
En este contexto, la decisión del gobierno de Pablo Lemus de no acatar en Jalisco la suspensión anticipada de clases impuesta por la Federación, resalta porque no responde a una disyuntiva ideológica, sino a la realidad de padres de familia que tendrían que elegir entre trabajar o quedarse en casa a cuidar a sus hijos durante cinco semanas, aunado a la afectación en el proceso educativo de los niños y las niñas.
Es esta una forma distinta —y seguramente más exitosa— de ser oposición: atender necesidades ciudadanas tangibles por encima de batallas simbólicas.
Este movimiento reactiva la vigencia del debate que el mismo Lemus planteó hace unas semanas a la dirigencia emecista: la necesidad de un acercamiento estratégico con el PAN.  Aunque el blanquiazul atraviesa su propio marasmo y su &#8220;relanzamiento&#8221; no entusiasma, la parálisis y el aislamiento de la oposición nacional solo beneficia la continuidad del régimen.
La realidad política indica que una alianza electoral y de gobierno entre PAN y Movimiento Ciudadano es, precisamente, el escenario que el oficialismo morenista más teme. Mientras la oposición nacional siga viviendo en el pasado o importando referentes españoles, seguirá siendo funcional a la narrativa de Palacio Nacional. La &#8220;Vía Jalisco&#8221; ofrece un matiz de pragmatismo, pero su éxito dependerá de si logra transformar el ejercicio del poder local en el catalizador de una unión que hoy parece ser la única ruta para disputar el tablero nacional.

Pablo Lemus y la oposición en México