Staff quiero tv

HAY QUE CERRAR FILAS: LEMUS A LOS EMECISTAS
El gobernador del Estado, Pablo Lemus, recogió el reconocimiento de mucha gente que no estaba de acuerdo con el recorte del calendario escolar de educación básica, pero además reconoció que convocó a un encuentro con diputados (federales y estatales), alcaldes y liderazgos de su partido, Movimiento Ciudadano, la tarde-noche del lunes. En el encuentro, se dirigió como líder naranja a todas y todos los emecistas con cargo público y sin éste, que tienen aspiraciones de competir en el proceso electoral del año entrante. El mensaje fue claro: deben promover el proyecto emecista, como grupo y no con proyecto particular. “Es un llamado a cerrar filas”, subrayó el mandatario. Definitivamente, las elecciones ya están aquí.
EL PRI Y SUS NUEVOS CUADROS
En la proximidad del proceso electoral 2027 que arrancará con fuerza en septiembre, cuando ya del Mundial de Futbol sólo quede el recuerdo, las diferentes fuerzas políticas hacen su labor, y quienes presentaron su nuevo proyecto como en la buena época del partido, son los integrantes del Revolucionario Institucional (PRI), al anunciar una unidad de servicios médicos, jurídicos y de gestoría social que recorrerá Guadalajara. Con el apoyo del sector popular (la CNOP) anuncian que avanzarán por las colonias tapatías para brindar apoyo a los habitantes de la ciudad. Junto con este esfuerzo de apoyo ciudadano, la dirigente estatal priista, Laura Haro Ramírez, reconoció que esta unidad móvil tiene nombre y apellido: la joven promesa partidista César Castañeda, a quien habrá que seguirle la pista de los “prematuros” del PRI en Guadalajara.
¿MOVIMIENTO (POR FIN)  EN EL CONGRESO?
Para sorpresa de muchos y entendimiento de otros, los diputados de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado tuvieron su encuentro el lunes pasado, y no el martes, como ya se había hecho regla. Algunos dicen que se encontraron desde el lunes 11 de mayo para celebrar el cumpleaños del diputado coordinador de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, pero además de ese motivo, también se reunieron ya con cierta urgencia y con el panista Julio Hurtado como coordinador, para preparar una sesión del pleno que debe celebrarse mañana jueves con una agenda de acuerdos y aprobaciones, porque la verdad el Congreso local prácticamente ha trabajado a “medio gas” desde que terminaron las vacaciones de la ya lejana Semana Santa… ¿o será que el calor del temporal los tiene atarantados?. Que ellos digan.

Mi pecho no es bodega

Gloria Ramos

Sigue la lluvia de medallas para Jalisco en el Olimpiada Nacional y ya consiguieron superar su segunda marca al rebasar los 200 oros en esta justa juvenil que mantiene como líder al equipo de nuestro Estado. 
La medalla 200 la ganó la nadadora Fernanda García, en los 50 metros libres.
Uno de los deportes en los que el equipo de Jalisco no ha perdido desde su creación, es el Tiro Deportivo. Los representantes de Jalisco se consagraron campeones por vigésima tercera ocasión con una cosecha de 30 oros, 23 platas y 14 bronces para cerrar con un total de 67 preseas.
Pero no solo el Tiro Deportivo se llevó el título. En clavados se contabilizan 32 oros y ya hicieron lo propio. El ciclismo sumó 41 medallas áureas y además el récord nacional; el bádminton consiguió 8 metales dorados y el triatlón sumó 15. Por su parte, después de tres años, en tiro con arco el equipo estatal a vuelve a proclamarse campeón al cerrar con 26 oros. El pentatlón moderno también figuró en la justa juvenil y no solo se consiguió aquí la medalla 100 de oro, sino que además levantaron el campeonato por estados.
Los números son claros y los pronósticos siguen: Jalisco se mantiene con paso firme dentro de la Olimpiada Nacional en busca del campeonato 25 de manera consecutiva.
La meta quedó establecida en 422 oros. ¿Será que los atletas jaliscienses se queden en este objetivo o rebasarán los 500 o

Ya superaron los 200 oros

Jonás

Aún está fresco el escándalo del calendario escolar malogrado, y sigue vigente el asunto de Rubén Rocha Moya, pero en Morena renuevan otra lucha: van contra la gobernadora María Eugenia Campos, en Chihuahua.
La nueva presidenta de Morena en el país, Ariadna Montiel, fue al Estado norteño y estando ahí, anunció que promoverán un juicio político contra la gobernadora para que sea destituida y enfrente las acusaciones correspondientes por haber negociado la presencia de agentes extranjeros en actividades de seguridad.
Ayer, Maru Campos –no podía ser de otra manera– publicó su video en redes sociales para defenderse e intercambiar acusaciones. Así, reiteró que ya le informó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que ella no estuvo enterada ni operó la presencia de agentes de la CIA.
Además, aprovechando el estilo de discurso que se impuso desde el primer momento y que también ha utilizado Ariadna Montiel, acusó que mientras su gobierno se ha hecho responsable del combate al crimen organizado y eso fue lo que se estaba haciendo en el municipio de Morelos, donde desmantelaron un narcolaboratorio, los gobiernos de Morena son señalado por estar coludidos con la delincuencia.
La alusión, claro, es directa a Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez, gobernador de Sinaloa y alcalde de Culiacán, acusados junto con otros funcionarios, en un tribunal de Nueva York, de delitos relacionados con el tráfico de drogas a territorio estadounidense, además de actos de corrupción y hasta homicidio.
Se trata pues, de otro episodio de un pleito mediático que no va a llegar a ningún lado, porque en Chihuahua no hay votos suficientes de diputados para que proceda un juicio político contra Maru Campos, y seguramente en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum no está en la línea de combatir a una gobernadora de oposición mientras se cuestiona la gestión de Rocha Moya, morenista.
Sorprende la postura adoptada por Ariadna Montiel, a quien se había conocido como una política con posiciones equilibradas y sin escándalos… a menos que ésta sea la nueva ruta de la estrategia político electoral que Morena está proyectando para el proceso electoral 2027.
Pero a menos de un mes días de iniciar las competencias del Mundial de Futbol, tanto el tema Rocha Moya como el caso Chihuahua significan un choque abierto con el gobierno estadounidense de Donald Trump.
Se antoja uno de dos escenarios: o la estrategia política de Morena y el gobierno federal está totalmente al garete, o hay un genio detrás que anticipa una ganancia que nadie está considerando, ni siquiera Donald Trump. No falta mucho para que nos enteremos.

El regreso del “caso Chihuahua”

Gustavo Parra Noriega

La eficiencia tecnológica suele presentarse como la panacea de la administración moderna. Sin embargo, bajo la promesa de agilizar apoyos sociales o combatir el fraude fiscal, se oculta un riesgo latente: la deshumanización de la justicia social. Cuando un algoritmo niega un subsidio o perfila a un ciudadano bajo sospecha, no asistimos meramente a un proceso técnico, sino a un acto de autoridad que debe someterse, por mandato constitucional, al escrutinio público y al respeto irrestricto de los derechos humanos.
El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector público ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en realidad, a veces para cosas positivas, pero también como un burócrata invisible que opera en la sombra. El problema central no es el avance tecnológico, sino la opacidad institucional que lo rodea. Si una “caja negra” decide que una persona no es apta para recibir una beca, una pensión o una asistencia médica, y esa persona no puede conocer los criterios exactos ni la lógica detrás de la negativa, estamos frente a una vulneración directa a los derechos de autodeterminación informativa, de acceso a la información, al buen gobierno y al debido proceso. No hay democracia funcional allí donde el ciudadano carece del derecho a preguntar “¿por qué?”, y recibir una respuesta clara, humana y fundamentada.
La supuesta neutralidad algorítmica es un mito peligroso. Los sistemas se nutren de datos que, con frecuencia, arrastran sesgos históricos de clase, género o territorio. Automatizar la burocracia sin controles críticos es, en los hechos, automatizar la exclusión de los sectores más vulnerables. Un error en el código o un sesgo en la base de datos pueden convertirse en una sentencia de marginación para miles de familias, blindada por una apariencia de objetividad matemática que dificulta cualquier defensa legal. La tecnología debe servir para cerrar brechas, no para sofisticar la discriminación.
Como autoridad de transparencia y protección de datos, nuestra postura es firme: la innovación pública no puede ser un cheque en blanco para ignorar las garantías fundamentales. Todo sistema automatizado que determine o influya de manera determinante en decisiones públicas debe ser auditable tanto por los organismos públicos como desde sociedad civil, tanto técnica como jurídicamente. La responsabilidad estatal no puede diluirse en líneas de programación ni delegarse ciegamente a proveedores privados. La rendición de cuentas exige que exista siempre una supervisión humana efectiva; el derecho a la apelación debe conducir necesariamente a una persona servidora pública con capacidad de rectificar, no a otro algoritmo.
Es urgente transitar hacia una transparencia algorítmica real, con legislación federal y local. El derecho a la explicación debe ser la piedra angular de nuestra gobernanza digital. Necesitamos reglas claras, autoridades y auditorías independientes, además de mucha participación ciudadana, para que haya garantía de que el progreso técnico servirá para ampliar derechos, no para restringirlos. La modernización del Estado solo será legítima si es capaz de rendir cuentas ante las personas, pues el futuro del Estado de Derecho se juega hoy, precisamente, en la claridad de sus algoritmos.

¿Quién vigila y transparenta el algoritmo y ante quién apelamos?

Lo más grave del caso Sinaloa ya no son únicamente las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y funcionarios vinculados a su administración. Lo verdaderamente preocupante es la reacción del gobierno federal frente a uno de los señalamientos más delicados en la historia reciente del país: la posible infiltración del crimen organizado en estructuras de poder político e institucional.
Mientras la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York describe una presunta red de protección institucional al servicio del Cártel de Sinaloa, en México pareciera que el esfuerzo principal del gobierno está concentrado en controlar la conversación pública y minimizar el impacto político del escándalo. El país esperaba firmeza, transparencia y una postura de Estado. En cambio, hemos visto evasivas, confrontación política y una estrategia constante de distracción.
Porque aquí ya no hablamos de especulaciones ni de diferencias partidistas. Hablamos de acusaciones judiciales que señalan vínculos entre corporaciones de seguridad, operadores políticos y estructuras criminales. Hablamos de filtración de operativos, protección al narcotráfico, uso indebido de instituciones públicas y presuntas intervenciones criminales en procesos electorales.
Resulta profundamente indignante escuchar discursos sobre soberanía nacional mientras lo que está bajo cuestionamiento es precisamente la capacidad del Estado mexicano para defenderse de la intervención del crimen organizado. La soberanía no puede convertirse en un argumento para evitar la rendición de cuentas. Defender al país significa investigar, esclarecer y castigar cualquier vínculo entre el poder político y el narcotráfico.
Sin embargo, cada vez que se cuestiona este caso, el oficialismo responde igual: desacredita, polariza o cambia el tema. Mientras México enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, la agenda pública se desvía entre conciertos, espectáculos y debates superficiales. Y mientras eso ocurre, la credibilidad institucional continúa deteriorándose dentro y fuera del país.
Al mismo tiempo, Estados Unidos comienza a endurecer su postura frente a México. Desde Washington llegan mensajes claros sobre la falta de resultados en el combate al narcotráfico y sobre la necesidad de actuar contra posibles redes de protección política. La preocupación ya no es únicamente interna. Esta crisis amenaza la relación bilateral, la cooperación en seguridad y la confianza internacional hacia nuestro país.
México vive un momento crítico. Y lo más alarmante es que pareciera que la prioridad del gobierno no es defender a las instituciones, sino proteger políticamente a Morena. Porque cuando un gobierno se preocupa más por cuidar su narrativa que por enfrentar la verdad, el problema deja de ser político y se convierte en una amenaza para el Estado mismo.
Y quizá la pregunta más dolorosa para México hoy, no es qué tanto ha avanzado el crimen organizado… sino qué tanto ha retrocedido el gobierno en su obligación de combatirlo.

Manuel Rojas Rosales

Entre conciertos y discursos, México se desmorona

Marcela Páramo Ortega

El domingo fue el Día de las Madres. En nuestro país se festeja en grande. Por un día parece que se detiene el tiempo, se borran las preocupaciones y todo es fiesta.
Cuando tienes un hijo con discapacidad es complicado festejar sin recordar que el tiempo pasa. Como buena madre que quiere lo mejor para sus hijos, cuando tu hijo tiene esa condición, el correr del tiempo es una amenaza que difícilmente quitas de tu mente.
Conforme transcurre la vida de tu hijo (a) con discapacidad, en tu mente, con mucha frecuencia se repite: ¿quién cuidará de él cuando yo muera?
Más que miedo a morir, es el temor y la incertidumbre: ¿quién cuidará a tu hijo? Esta pregunta azota en tu mente; quieres razonar y vivir solo el momento, sin embargo, cuando ves que tus familiares más cercanos no se animan a cuidarlo, que no te invitan a las fiestas por el comportamiento de tu hijo, que en ocasiones es complicado conseguirle escuela, que a donde vayas tienes que llevar a tu hijo porque tu red de apoyo es escasa y a veces nula, es inevitable que la duda te ataque.
Y dirán ustedes, ¿esta narrativa es para conmemorar el Día de las Madres? Aunque parezca grotesco, sí lo es. Es presentar una realidad que muchos desconocen y en donde todos podemos ayudar.
Ser madre no es tarea fácil. Nadie te enseña cómo hacerlo, y si bien te va, tendrás ciertas ayudas en algunas instituciones, o cuando tu hijo asista a la guardería o a la escuela. Cuando un pequeño no tiene discapacidad sobra quién te lo cuide; hasta en las fiestas y reuniones pasa de brazo en brazo.
Mientras otras madres planean vacaciones, paseos, reuniones sin hijos, incluso piensan qué harán cuando partan de casa y tengan sus hijos independencia y el nido quede vacío, las madres de niños con discapacidad constantemente enfrentan la perspectiva de una crianza perpetua. 
No quiero decir que a los chicos con discapacidad sólo los cuidan las mamás. Hay ocasiones en las que el padre se queda con el hijo o son las abuelas quienes se convierten en cuidadores principales, es simplemente que hoy estamos a pocos días de que se festejó el 10 de mayo.
La mamá se convierte en su escudo, en ocasiones en su voz e incluso su intérprete; defiende sus derechos, su vida en este mundo indiferente. Es cuando la madre considera que no puede interrumpir el rol de cuidadora y madre de su hijo con discapacidad. La angustia de saber que el bienestar de su hijo depende de una red de cuidados que muchas veces es frágil o inexistente.
El pánico de que nadie más sea capaz de descifrar un gesto de dolor silencioso, de que se ignoren sus rutinas o en el peor de los casos, que sea víctima de la indiferencia o el abuso quienes suelen ver a la discapacidad como una carga y no como una vida digna de ser vivida, y ante todo, una persona con derechos, como cualquier otro ser humano.
Si el amor de una madre es incondicional y parece no tener límites, el amor de una madre de una persona con discapacidad se multiplica, cobra una fuerza casi sobrenatural, capaz de vencer cualquier obstáculo; es un amor que protege, que dignifica, que no retrocede ni un ápice cuando pide justicia social, busca apoyos para su hijo y exige que ella debe estar atenta para que llegada la hora, haya logrado tener todo bien dispuesto para que su hijo quede bajo buen cuidado antes que ella expire su último aliento.

“Marcela Páramo Ortega  “

¿Y quién lo cuidará?

Manuel Baeza

Es un ejercicio de memoria: ¿sabe quién es el Jefe de la Oficina de la Presidencia de México? ¿Sabe qué hace esa instancia administrativa?
Las respuestas, por si acaso se le dificultó encontrarlas de botepronto, son las siguientes: ¿el jefe?, Lázaro Cárdenas Batel… ¿y la función de esa oficina?, coordinar acciones de gobierno, atender temas estratégicos, y servir de enlace directo con la presidenta.
Me surge entonces otra pregunta: ¿quién coordina las acciones de gobierno?, entre ellas tomar una decisión tan importante como sumar 40 días de descanso a las vacaciones escolares en México. 
Resulta decepcionante descubrir que el fallido asunto de las vacaciones alargadas no tiene un solo responsable. Nadie se ha llevado, públicamente, un rapapolvo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum ante un error que afecta la imagen de su gobierno.
Señalo esto porque es evidente que hubo una enorme descoordinación entre la Secretaría de Educación Pública, que dirige Mario Delgado, y la oficina principal de Palacio Nacional. Lo de las vacaciones no era un asunto a la ligera. No era un pequeño ajuste de uno o dos días al periodo de descanso de alumnos y profesores.
Uno pensaría que alguien tendría que estar muy al pendiente de lo que se mueve al interior del gobierno federal y mantener al tanto a Claudia Sheinbaum de lo que pasa, y analizar las consecuencias. Que nadie sorprenda a la titular del Ejecutivo federal, pues.
Ese alguien entiendo, tendría que ser Cárdenas Batel, ex gobernador de Michoacán; un hombre que vive dentro de la política y el servicio público desde que nació. Ese alguien, Cárdenas, debería ir un paso delante de su jefa y dos de sus secretarios y colaboradores. Alguien que la proteja. Alguien que trabaje para ver que todo salga de la mejor manera posible. Alguien que evite los errores. 
Y si acaso no es ese el papel de Cárdenas Batel, ¿entonces de quién es esa responsabilidad? Porque los errores cuestan caro, por muy popular que uno sea.
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Un ejercicio de memoria

Anuar García Gutiérrez

La realidad es que Rocha va a caer con o sin la ayuda de México. Por más intentos que existan de protegerlo políticamente o fincarle cargos en territorio nacional para evitar una extradición formal, Estados Unidos ya dejó claro desde hace años que cuando se trata de narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada, actúan bajo esquemas completamente distintos a los procesos tradicionales. No es la primera vez que ocurre. Ahí están los casos de Rafael Caro Quintero, Ovidio Guzmán y múltiples líderes criminales que terminaron siendo entregados bajo presión internacional, incluso en medio de amparos, recursos legales y protección política interna.
Hoy el narcotráfico ya no es visto solamente como tráfico de drogas. Desde 2023, legisladores y agencias estadounidenses comenzaron a impulsar formalmente la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Eso cambia completamente el panorama jurídico y operativo, porque bajo la legislación de seguridad nacional norteamericana, las facultades de investigación, persecución e intervención internacional aumentan considerablemente. Por eso la presión sobre México ya no es únicamente diplomática; es financiera, política y estratégica.
La situación de Rocha dejó de ser un tema local de Sinaloa. El problema es que el gobierno mexicano intentó sostener durante años una narrativa de control mientras Estados Unidos avanzaba paralelamente con investigaciones propias. Hoy las versiones sobre negociaciones y acuerdos de integrantes de “Los Chapitos” con autoridades estadounidenses toman cada vez más fuerza. Y si algo ha demostrado el sistema norteamericano, es que cuando comienzan las colaboraciones y los testigos protegidos, terminan cayendo estructuras completas, no solamente operadores criminales.
El tema del “Mayo” Zambada es todavía más delicado. Porque si realmente está colaborando o proporcionando información, el impacto no sería únicamente contra miembros del crimen organizado, sino contra posibles redes de protección política y financiera. Y eso es precisamente lo que hoy tiene nerviosa a gran parte de la clase política mexicana. Porque durante años se negó cualquier vínculo, mientras la violencia crecía, el control territorial aumentaba y el país acumulaba cifras históricas de homicidios y desapariciones.
México cerró el sexenio anterior superando los 180 mil homicidios dolosos oficialmente registrados, convirtiéndose en el periodo más violento en la historia reciente del país. Mientras tanto, Sinaloa siguió siendo uno de los principales centros operativos del narcotráfico internacional y Jalisco se consolidó como una de las entidades con mayor expansión criminal. La realidad es que el crimen organizado dejó de operar solamente con armas; ahora opera mediante estructuras financieras, lavado de dinero, control político y relaciones institucionales.
A esto se suman las versiones sobre presuntas investigaciones patrimoniales y financieras relacionadas con personajes cercanos al poder político, incluyendo señalamientos mediáticos sobre propiedades, cuentas y recursos en Estados Unidos. Aunque muchas de estas investigaciones no han sido confirmadas oficialmente, el simple hecho de que existan filtraciones y movimientos financieros bajo observación internacional refleja el nivel de presión que enfrenta actualmente el gobierno mexicano.
Lo más grave es que mientras el gobierno intenta contener políticamente el golpe contra el grupo de “Los Chapitos” y operadores ligados al Cártel de Sinaloa, quien verdaderamente está tomando fuerza es el Cártel Nueva Generación. Desde la caída de operadores clave y recientes capturas dentro de la estructura sinaloense, el CNG ha aprovechado el vacío operativo para expandirse territorialmente y fortalecer rutas, alianzas y control criminal en distintas regiones del país.
Ese es el verdadero problema de México: nunca se desmantelan las estructuras completas. Solamente cambia quién controla el negocio. Se captura a un grupo, pero otro ocupa inmediatamente el espacio. Y mientras eso ocurre, la ciudadanía queda atrapada entre disputas criminales, intereses políticos y estrategias internacionales donde la justicia deja de responder a la ley y comienza a responder al poder.
Porque las reglas no escritas de la justicia en México no se basan en quién es culpable o inocente. Se basan en quién conviene proteger… y quién ya se volvió demasiado costoso para sostener.

Anuar García

La justicia en México viene de USA

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La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de Estados Unidos aún no entrega pruebas sobre las acusaciones realizadas contra Rubén Rocha Moya por parte del Departamento de Justicia estadounidense.
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Durante la conferencia matutina de este martes, Roberto Velasco Álvarez explicó que México envió una nota diplomática a través de su embajada en Washington para solicitar información formal relacionada con los señalamientos contra el mandatario sinaloense.
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El funcionario señaló que existe comunicación constante entre las autoridades mexicanas, la embajada estadounidense en México y el Departamento de Estado. Sin embargo, aseguró que hasta ahora no se han presentado elementos que sustenten las acusaciones difundidas por autoridades de Estados Unidos.
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<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
&#8220;Hasta este momento, no tenemos respuesta&#8221;, dijo el canciller Roberto Velasco sobre la petición de pruebas del gobierno de México a autoridades de EE. UU. de los presuntos vínculos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado. <a href="https://t.co/Xq7JvJrQFv">pic.twitter.com/Xq7JvJrQFv</a>
— NMás (@nmas) <a href="https://twitter.com/nmas/status/2054226244510617867?ref_src=twsrc%5Etfw">May 12, 2026</a></blockquote>
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Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno no tiene conocimiento de nuevas solicitudes o acusaciones formales contra otros servidores públicos mexicanos. También indicó que cualquier petición deberá apegarse al marco jurídico nacional y estar respaldada por pruebas.
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La mandataria sostuvo que México no actuará fuera de la Constitución y reiteró que, en caso de existir solicitudes de detención contra cualquier ciudadano mexicano, las autoridades estadounidenses deberán presentar evidencia suficiente para sustentar sus acusaciones.
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Además, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que durante las operaciones realizadas en Sinaloa no se detectó ninguna conducta ilícita atribuida a Rocha Moya. También afirmó que el gobernador con licencia nunca obstaculizó las acciones del Gabinete de Seguridad ni la captura de objetivos prioritarios.
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La SRE asegura que EU no ha enviado pruebas contra Rocha Moya

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