Entre conciertos y discursos, México se desmorona

Lo más grave del caso Sinaloa ya no son únicamente las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y funcionarios vinculados a su administración. Lo verdaderamente preocupante es la reacción del gobierno federal frente a uno de los señalamientos más delicados en la historia reciente del país: la posible infiltración del crimen organizado en estructuras de poder político e institucional.

Mientras la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York describe una presunta red de protección institucional al servicio del Cártel de Sinaloa, en México pareciera que el esfuerzo principal del gobierno está concentrado en controlar la conversación pública y minimizar el impacto político del escándalo. El país esperaba firmeza, transparencia y una postura de Estado. En cambio, hemos visto evasivas, confrontación política y una estrategia constante de distracción.

Porque aquí ya no hablamos de especulaciones ni de diferencias partidistas. Hablamos de acusaciones judiciales que señalan vínculos entre corporaciones de seguridad, operadores políticos y estructuras criminales. Hablamos de filtración de operativos, protección al narcotráfico, uso indebido de instituciones públicas y presuntas intervenciones criminales en procesos electorales.

Resulta profundamente indignante escuchar discursos sobre soberanía nacional mientras lo que está bajo cuestionamiento es precisamente la capacidad del Estado mexicano para defenderse de la intervención del crimen organizado. La soberanía no puede convertirse en un argumento para evitar la rendición de cuentas. Defender al país significa investigar, esclarecer y castigar cualquier vínculo entre el poder político y el narcotráfico.

Sin embargo, cada vez que se cuestiona este caso, el oficialismo responde igual: desacredita, polariza o cambia el tema. Mientras México enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, la agenda pública se desvía entre conciertos, espectáculos y debates superficiales. Y mientras eso ocurre, la credibilidad institucional continúa deteriorándose dentro y fuera del país.

Al mismo tiempo, Estados Unidos comienza a endurecer su postura frente a México. Desde Washington llegan mensajes claros sobre la falta de resultados en el combate al narcotráfico y sobre la necesidad de actuar contra posibles redes de protección política. La preocupación ya no es únicamente interna. Esta crisis amenaza la relación bilateral, la cooperación en seguridad y la confianza internacional hacia nuestro país.

México vive un momento crítico. Y lo más alarmante es que pareciera que la prioridad del gobierno no es defender a las instituciones, sino proteger políticamente a Morena. Porque cuando un gobierno se preocupa más por cuidar su narrativa que por enfrentar la verdad, el problema deja de ser político y se convierte en una amenaza para el Estado mismo.

Y quizá la pregunta más dolorosa para México hoy, no es qué tanto ha avanzado el crimen organizado… sino qué tanto ha retrocedido el gobierno en su obligación de combatirlo.