La justicia en México viene de USA

La realidad es que Rocha va a caer con o sin la ayuda de México. Por más intentos que existan de protegerlo políticamente o fincarle cargos en territorio nacional para evitar una extradición formal, Estados Unidos ya dejó claro desde hace años que cuando se trata de narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada, actúan bajo esquemas completamente distintos a los procesos tradicionales. No es la primera vez que ocurre. Ahí están los casos de Rafael Caro Quintero, Ovidio Guzmán y múltiples líderes criminales que terminaron siendo entregados bajo presión internacional, incluso en medio de amparos, recursos legales y protección política interna.

Hoy el narcotráfico ya no es visto solamente como tráfico de drogas. Desde 2023, legisladores y agencias estadounidenses comenzaron a impulsar formalmente la clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Eso cambia completamente el panorama jurídico y operativo, porque bajo la legislación de seguridad nacional norteamericana, las facultades de investigación, persecución e intervención internacional aumentan considerablemente. Por eso la presión sobre México ya no es únicamente diplomática; es financiera, política y estratégica.

La situación de Rocha dejó de ser un tema local de Sinaloa. El problema es que el gobierno mexicano intentó sostener durante años una narrativa de control mientras Estados Unidos avanzaba paralelamente con investigaciones propias. Hoy las versiones sobre negociaciones y acuerdos de integrantes de “Los Chapitos” con autoridades estadounidenses toman cada vez más fuerza. Y si algo ha demostrado el sistema norteamericano, es que cuando comienzan las colaboraciones y los testigos protegidos, terminan cayendo estructuras completas, no solamente operadores criminales.

El tema del “Mayo” Zambada es todavía más delicado. Porque si realmente está colaborando o proporcionando información, el impacto no sería únicamente contra miembros del crimen organizado, sino contra posibles redes de protección política y financiera. Y eso es precisamente lo que hoy tiene nerviosa a gran parte de la clase política mexicana. Porque durante años se negó cualquier vínculo, mientras la violencia crecía, el control territorial aumentaba y el país acumulaba cifras históricas de homicidios y desapariciones.

México cerró el sexenio anterior superando los 180 mil homicidios dolosos oficialmente registrados, convirtiéndose en el periodo más violento en la historia reciente del país. Mientras tanto, Sinaloa siguió siendo uno de los principales centros operativos del narcotráfico internacional y Jalisco se consolidó como una de las entidades con mayor expansión criminal. La realidad es que el crimen organizado dejó de operar solamente con armas; ahora opera mediante estructuras financieras, lavado de dinero, control político y relaciones institucionales.

A esto se suman las versiones sobre presuntas investigaciones patrimoniales y financieras relacionadas con personajes cercanos al poder político, incluyendo señalamientos mediáticos sobre propiedades, cuentas y recursos en Estados Unidos. Aunque muchas de estas investigaciones no han sido confirmadas oficialmente, el simple hecho de que existan filtraciones y movimientos financieros bajo observación internacional refleja el nivel de presión que enfrenta actualmente el gobierno mexicano.

Lo más grave es que mientras el gobierno intenta contener políticamente el golpe contra el grupo de “Los Chapitos” y operadores ligados al Cártel de Sinaloa, quien verdaderamente está tomando fuerza es el Cártel Nueva Generación. Desde la caída de operadores clave y recientes capturas dentro de la estructura sinaloense, el CNG ha aprovechado el vacío operativo para expandirse territorialmente y fortalecer rutas, alianzas y control criminal en distintas regiones del país.

Ese es el verdadero problema de México: nunca se desmantelan las estructuras completas. Solamente cambia quién controla el negocio. Se captura a un grupo, pero otro ocupa inmediatamente el espacio. Y mientras eso ocurre, la ciudadanía queda atrapada entre disputas criminales, intereses políticos y estrategias internacionales donde la justicia deja de responder a la ley y comienza a responder al poder.

Porque las reglas no escritas de la justicia en México no se basan en quién es culpable o inocente. Se basan en quién conviene proteger… y quién ya se volvió demasiado costoso para sostener.