La educación al filo: el costo de la ocurrencia

Hay un momento en que la improvisación deja de ser un error y se convierte en política pública. México llegó a ese punto hace rato. Lo que ocurre hoy con el calendario escolar no es una anomalía de gestión: es la expresión más clara de un modelo donde la conveniencia política manda sobre cualquier criterio técnico, y donde las instituciones existen, principalmente, para producir narrativa.

La administración pública federal lleva meses operando en modo de mimetización con Morena. La línea entre el gobierno y el movimiento ya no existe. Y cuando eso pasa, las decisiones dejan de responder a diagnósticos y empiezan a responder a estados de ánimo, a coyunturas, a lo que el día pide.

El caso de Mario Delgado es particularmente grave porque estamos hablando del titular de la Secretaría de Educación Pública, el hombre a cargo del sistema educativo más grande de América Latina, que en plena discusión sobre el futuro del ciclo escolar describe a las escuelas como “guarderías” y “estancias forzadas”. Esas palabras no se escaparon: se dijeron y se pensaron (es un decir). Y dicen mucho más sobre la concepción que tiene el gobierno federal de la educación que cualquier documento de política pública.

Para Delgado, el problema del calor en las aulas tiene una solución simple: cerrar las aulas. Ni inversión en infraestructura, ni ventilación, ni adaptación a los distintos climas del país, que van del trópico húmedo al altiplano frío en cuestión de cientos de kilómetros. La respuesta del oficialismo es retirarse. Abandonar el espacio, etiquetar el problema como insuperable y presentarlo como una medida de bienestar.

El impacto más concreto de esta ocurrencia no lo absorbe el sistema: lo absorben las madres que trabajan. Las que no tienen con quién dejar a sus hijos cuando el Estado decide, a mitad del año, que ya terminó su responsabilidad. Las que tienen que reorganizar su semana, su quincena, su trabajo informal o formal, para cubrir el hueco que deja una secretaría que no encontró mejor solución que cerrar la puerta. Eso no es política de bienestar. Es trasladar el costo de la ineficiencia a las familias que menos margen tienen para absorberlo.

Frente a eso, hay decisiones que merecen nombrarse. Jalisco tomó una postura distinta. La administración de Pablo Lemus confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 no se recortará en el Estado. No es una posición de terquedad ni de confrontación por principio. Es el reconocimiento de algo elemental: cada día de clase que se pierde es un día que no se recupera, y los efectos de esa pérdida no se distribuyen de manera uniforme. Las y los niños con acceso a educación privada, a tutores, a actividades extracurriculares, pueden sobrevivir un recorte. Los que dependen exclusivamente de la escuela pública, no.

Eso es lo que está en juego cuando se decide a la ligera sobre el calendario escolar. No hay un número de días en un documento oficial. El acceso real, concreto, de millones de familias a la única palanca de movilidad que el Estado tiene la obligación de garantizar. México no necesita un gobierno que improvise con buena voluntad. Necesita uno que entienda que la educación no admite pausas por conveniencia, que las instituciones se construyen con rigor y no con retórica, y que gobernar en serio implica tomar decisiones difíciles antes de que los problemas lleguen. No después, no a medias, no bajo pretexto de un partido de fútbol a costa de nuestras niñas y niños.