Mario Muñoz

México no necesita otro discurso calculado ni una pausa burocrática ante el escándalo internacional. Necesita carácter. Necesita ruptura. Necesita, sobre todo, una presidenta que entienda que el poder no se administra: se ejerce. Y se ejerce, en momentos como éste, con decisiones que incomodan, que rompen inercias y que trazan un antes y un después.
La crisis detonada por los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos contra una decena de políticos y funcionarios de Sinaloa no es un episodio más en la larga historia de sospechas. Es una prueba de fuego. No solo para los implicados, sino para el proyecto político que hoy gobierna el país. La respuesta no puede ser diferida, matizada ni condicionada. El silencio, en este contexto, no es prudencia: es complicidad percibida.
Se ha insistido en que este gobierno ha combatido como ningún otro al crimen organizado. Es cierto que hay operativos, abatidos, detenciones y extradiciones que respaldan esa narrativa. Pero también es cierto que la percepción de inseguridad sigue asfixiando a millones de mexicanos y que la corrupción, lejos de extinguirse, parece haber mutado y adaptado a los nuevos tiempos.
Ahí está el dilema de Claudia Sheinbaum: defender un legado (que en todo fracasó) o construir el suyo. No hay punto medio. No puede ser rehén de decisiones pasadas ni de lealtades políticas que hoy pesan más como lastre que como activo. La ciudadanía no votó por continuidad ciega, sino por resultados. Y los resultados, en seguridad y combate a la corrupción, siguen siendo insuficientes para la magnitud del problema.
Es el momento de deslindarse sin ambigüedades. De cortar de tajo con quienes, por acción u omisión, han debilitado la credibilidad del gobierno. De demostrar que no hay intocables, aunque militen en el mismo partido o hayan sido aliados estratégicos. Porque si algo ha erosionado históricamente a México no es solo la corrupción, sino la selectividad con la que se combate.
La presidenta tiene en sus manos algo más que una coyuntura política: tiene la posibilidad de redefinir el rumbo del país. Si opta por la cautela, por la tibieza o por la defensa automática, confirmará las peores sospechas de una sociedad cansada. Pero si actúa con firmeza, si rompe con inercias y si coloca la ley por encima de cualquier vínculo político, podría marcar el inicio de una nueva etapa.
México no necesita explicaciones. Necesita decisiones. No necesita lealtades partidistas. Necesita justicia. La Claudia que queremos ver no es la que administra las crisis, sino la que las enfrenta. La que no titubea. La que entiende que el verdadero poder no está en sostener a los suyos, sino en responderle a todos.
La presidenta tiene menos de dos meses para depurar su primer círculo y apartar a quienes representen vínculos con el crimen, traiciones políticas o incapacidad. Después del Mundial de Futbol, vendrá una cruda realidad.

La Claudia que queremos ver…

Morena se reúne, se reacomoda y se reparte…
Hay algo profundamente revelador en la prisa con la que Morena ha decidido convocar a su Consejo Nacional: no es urgencia institucional, es pánico contenido. El partido que prometió desterrar los vicios del pasado hoy se mira al espejo y descubre que no sólo se parece al viejo régimen… lo está calcando con una precisión inquietante.
La sesión extraordinaria del 3 de mayo no es un ejercicio democrático. Es una operación de control. La salida de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia nacional no representa una renovación, sino un enroque de élite. Se mueve una pieza para acomodar otra, como en esos tableros donde los jugadores ya decidieron el resultado antes de empezar la partida. Su llegada al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo como consejera jurídica no es casualidad, es continuidad de un mismo círculo de poder que se recicla sin pudor.
Pero lo verdaderamente alarmante no es el movimiento, sino el fondo: en menos de dos años, sin la sombra disciplinaria de Andrés Manuel López Obrador, Morena dejó al descubierto su ADN más crudo. Corrupción que ya no se disfraza de austeridad, opulencia que contradice cada discurso de “primero los pobres”, nepotismo descarado y una tolerancia casi cómplice ante la mediocridad. Lo que antes se justificaba como “transición” hoy es simple descomposición.
La posible irrupción de perfiles como Ariadna Montiel en la contienda interna no cambia el panorama. Lo confirma. No se trata de liderazgos nuevos, sino de operadores del mismo sistema que han aprendido a navegar las aguas del poder sin cuestionarlo. Morena no está formando cuadros, está heredando prácticas.
Y aquí es donde la narrativa se rompe por completo. El partido que nació como una alternativa moral terminó convertido en una amalgama de lo peor del PRI, aderezado con las viejas mañas de las corrientes que alguna vez juró combatir. Clientelismo reciclado, lealtades compradas, cargos heredados y decisiones tomadas en lo oscurito. Nada nuevo, salvo el discurso que insiste en negarlo.
La encrucijada es brutal: o Morena se somete a una autocrítica real —dolorosa, incómoda, improbable— o terminará siendo exactamente aquello contra lo que construyó su identidad. Y lo más preocupante es que parece haber elegido lo segundo.
Porque cuando un partido deja de simular que es distinto, no se transforma… se revela. Y Morena está justo en ese punto de quiebre: la última llamada para un movimiento que tardó 12 años en consolidarse, pero que hoy, con una velocidad pasmosa, empieza a mostrar señales de daños estructurales irreversibles.

¡Última llamada!

Otra vez la misma escena, el mismo libreto, la misma indignación que dura lo que tarda en diluirse entre declaraciones cuidadosamente calculadas. Marcelo Ebrard admite, sin rubor, que su hijo vivió seis meses en la Embajada de México en el Reino Unido. Y lo hace con esa mezcla de candidez ensayada y superioridad moral que ya es marca registrada: no hubo abuso, dice, sólo “la preocupación de un padre”.
¡Qué enternecedor! ¡Qué conveniente!
Porque claro, todos los padres en México, cuando enfrentan un problema de salud de sus hijos, suelen resolverlo con una estancia en una residencia diplomática en Londres, cortesía de una embajadora comprensiva. Nada extraordinario.
Pero la narrativa es insultante no por lo que dice, sino por lo que supone: que el ciudadano promedio es incapaz de distinguir entre una red de favores en el poder y un gesto de humanidad. Que no vemos el privilegio cuando nos lo plantan enfrente con la desfachatez de quien lleva décadas administrándolo.
Josefa González-Blanco “lo trató como a un hijo”, explicó Marcelo. Y en esa “normalización” de lo indebido, en ese uso patrimonialista del Estado, los cargos públicos se convierten en extensiones del hogar, y las embajadas, en casas de huéspedes para la familia.
No es sólo un padre preocupado, como lo vendió el secretario. Es un funcionario con poder que puede pedir —y obtener— lo que millones ni siquiera podrían imaginar solicitar. Es el recordatorio de que, en las alturas del servicio público, la línea entre lo institucional y lo personal no se borra: nunca existió.
Y mientras tanto, el discurso oficial insiste en la austeridad, en la transformación, en la erradicación de los privilegios. Pero la realidad es más terca: los apellidos siguen abriendo puertas, los cargos siguen sirviendo de llave maestra y los recursos públicos —o sus espacios, que al final es lo mismo— siguen siendo moneda de intercambio.
Lo más revelador no es el hecho, sino la defensa. Ese “no veo un abuso” que retrata una desconexión profunda con cualquier estándar ético básico. Porque cuando el privilegio se vuelve cotidiano, deja de percibirse como tal. Y entonces todo se justifica: la residencia diplomática, el favor entre colegas, la comodidad disfrazada de necesidad.
Al final, el problema no es un hijo en Londres. Es un sistema que sigue funcionando para los mismos, con las mismas lógicas de siempre.
Cambian los discursos, cambian los colores, pero no cambian las prácticas.
Y luego se preguntan por qué nadie les cree.

La desfachatez de Marcelo

En México hay un delito que opera a plena luz del día, sin necesidad de esconderse, sin persecuciones espectaculares ni discursos encendidos desde el poder: las máquinas tragamonedas ilegales. Están en la esquina, en la tiendita, en locales de los centros históricos y, sobre todo, en colonias periféricas donde el abandono institucional es terreno fértil para cualquier negocio ilícito. Todos saben dónde están. Nadie hace nada.
Desde 2024, apenas dos mil “maquinitas” han sido decomisadas en el país, según la Secretaría de Gobernación. La cifra suena contundente hasta que se entiende la realidad: es apenas una raspadura superficial a un negocio multimillonario que sigue creciendo. Porque por cada máquina retirada, hay varias más conectadas, encendidas y generando entre tres mil y cinco mil pesos mensuales. Dinero constante, en efectivo y sin impuestos. Dinero, también, para los cárteles.
Los mismos grupos criminales que trafican droga y controlan territorios han encontrado en estas máquinas una fuente estable de ingresos. Sin riesgo, sin ruido, sin titulares… salvo cuando conviene simular operativos.
Pero aquí no hay vacío de poder. Hay algo peor: tolerancia y corrupción.
La Secretaría de Gobernación, encargada de regular los juegos y sorteos, parece haber optado por la cómoda omisión. Un marco legal ambiguo, desactualizado y lleno de grietas permite que estas máquinas se disfracen de “juegos de destreza”, mientras operan como lo que son: apuestas ilegales.
Y luego están los ayuntamientos. Cobardes en el mejor de los casos; cómplices en el peor. Sus áreas de Padrón y Licencias, junto con inspectores que patrullan más el escritorio que las calles, han perfeccionado el arte de no ver. Fingen ceguera, mientras las maquinitas se multiplican. Fingen desconocimiento, mientras el dinero circula. Fingen legalidad, mientras el delito se normaliza.
El costo no es abstracto. Lo pagan, sobre todo, los niños.
Porque estas máquinas no están en casinos exclusivos ni en zonas restringidas. Están al alcance de menores de edad que, sin ningún control, comienzan a jugar, a perder, a engancharse. La ludopatía infantil deja de ser una advertencia y se convierte en una realidad silenciosa que crece sin freno. ¿Quién responde por eso?
Nadie.
Ni Gobernación, que regula sin regular. Ni los municipios, que inspeccionan sin inspeccionar. Ni los funcionarios que, entre la negligencia y la corrupción, permiten que el crimen organice su propia red de “entretenimiento”.
El problema no es que no sepan. Es que no quieren saber.
Mientras tanto, las maquinitas siguen ahí: parpadeando, sonando, cobrando. Como un recordatorio constante de que en México hay negocios ilegales que no necesitan esconderse… porque cuentan con el permiso tácito de la autoridad.
Y ese es el verdadero jackpot.

El negocio que todos ven… y nadie toca

La tarde cayó antes de tiempo. No por las nubes, sino por el humo. Cuando comenzaron a circular los primeros reportes de vehículos incendiados y bloqueos carreteros, la noticia se esparció más rápido que el fuego: el operativo federal iba dirigido contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Y la respuesta del crimen organizado no tardó.
En cuestión de minutos, las carreteras y las avenidas que suelen vibrar con el tráfico cotidiano quedaron atrapadas entre tráileres atravesados y automóviles ardiendo. Comerciantes de colonias periféricas bajaron cortinas sin esperar instrucciones oficiales. En grupos de WhatsApp comenzaron a replicarse advertencias: “No salgan”, “Hay bloqueos en la carretera”, “Cierren ya”.
Los primeros incendios afectaron decenas de vehículos y varios establecimientos, según reportes de autoridades. Gasolineras suspendieron servicio. Rutas del transporte público detuvieron operaciones. En supermercados, empleados apresuraban a los últimos clientes a pagar mientras las puertas metálicas descendían con estruendo.
Pero lo más revelador no fue la magnitud de los narcobloqueos, sino la reacción social. Antes de que los comunicados gubernamentales pidieran mantener la calma, la población ya se había atrincherado. Familias se llamaron entre sí para confirmar ubicaciones. Padres acudieron por sus hijos. Negocios optaron por cerrar, incluso en zonas donde aún no había incidentes.
En fraccionamientos y barrios tradicionales, vecinos organizaron cadenas de aviso. Algunos retiraron vehículos de la vía pública; otros bloquearon accesos internos como medida preventiva. La memoria colectiva —marcada por episodios previos de violencia— operó como protocolo no escrito.
Mientras helicópteros sobrevolaban y patrullas federales se desplazaban hacia puntos estratégicos, la ciudad entró en una especie de pausa forzada. Calles desiertas, persianas abajo y un silencio interrumpido sólo por sirenas lejanas.
Autoridades confirmaron más tarde que los bloqueos fueron reacción directa al operativo para capturar o abatir al líder criminal. Aunque no se detallaron de inmediato los resultados de la intervención, sí se reconoció la coordinación entre fuerzas federales y estatales para contener la escalada. Y se reconoció la participación del Gobierno de Estados Unidos.
La jornada dejó pérdidas materiales aún por cuantificar y una sensación de vulnerabilidad que, sin embargo, estuvo acompañada de algo distinto: prevención ciudadana. Sin esperar órdenes, la población aplicó una lógica de autoprotección aprendida a golpes de experiencia.
Una reacción que evidencia miedo, pero también organización espontánea ante un fenómeno que, lamentablemente, ya no resulta desconocido.

La reacción social

La detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila, por extorsión y presuntos vínculos con el crimen organizado, no es un accidente ni una excepción. Es el síntoma visible de un sistema electoral perforado, complaciente y, en muchos tramos, deliberadamente ciego. La pregunta ya no es quién está involucrado. La pregunta incómoda —y urgente— es quién no lo está.
México ha normalizado que gobernadores, alcaldes, diputados y operadores políticos aparezcan en expedientes penales como si fueran notas al pie. Ahí están los nombres: gobernadores sentenciados como Javier Duarte; procesados como César Duarte; extraditados como Tomás Yarrington; alcaldes detenidos por extorsión, delincuencia organizada o vínculos con cárteles; legisladores con antecedentes penales que, aun así, pasaron “legalmente” todos los filtros. La ley lo permitió. Los partidos lo avalaron. Las autoridades electorales lo certificaron.
No es una falla técnica. Es una simulación estructural.
El sistema presume legalidad porque cumple requisitos mínimos —edad, residencia, firmas—, pero evita los controles sustantivos. No exige cartas de antecedentes penales. No verifica redes de financiamiento. No audita patrimonios con rigor. No investiga trayectorias. Y cuando alguien cae, se escuda en la presunción de inocencia para justificar la omisión previa. La presunción de inocencia, convertida en coartada para la negligencia.
Mientras tanto, el dinero sucio sí hace su tarea. Financia campañas, paga estructuras, compra lealtades y, después, cobra favores: contratos, permisos, policías dóciles y territorios liberados. La política se vuelve un activo más del mercado criminal. Y el voto, una inversión.
Los partidos políticos, que deberían ser el primer dique, actúan como agencias de colocación electoral. Saben, pero miran a otro lado. Intuyen, pero callan. Negocian candidaturas “competitivas” aunque huelan a pólvora. Luego se dicen sorprendidos. No lo están.
¿Y ahora qué hacer?
¡Dejar de fingir!
México necesita una reforma electoral que incomode al poder: filtros obligatorios de antecedentes penales y patrimoniales, revisión de las redes financieras de campaña, auditorías en tiempo real, pérdida inmediata de candidaturas ante indicios fundados y responsabilidad legal de los partidos por postular perfiles vinculados al crimen. No después del cargo: antes de la boleta.
Hay modelos. Italia, con su legislación antimafia, impide candidaturas y disuelve ayuntamientos infiltrados. Colombia estableció controles estrictos de financiamiento tras el narcoescándalo de los noventa. Chile exige estándares de probidad y sanciona con dureza el financiamiento ilegal. España bloquea listas vinculadas a las organizaciones criminales o terroristas. Ningún sistema es perfecto, pero todos entendieron algo básico: la democracia no se defiende sola.
Aquí seguimos discutiendo si pedir antecedentes “viola derechos”, mientras el crimen gobierna municipios o Estados enteros. No es un dilema jurídico. Es una decisión política.
Porque cuando el Estado no pone filtros, los cárteles sí ponen candidatos.
Y entonces la elección ya está perdida antes de empezar.

Las elecciones y las inversiones del crimen

En 2008 le pregunté al entonces alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz: ¿Qué le pide a la Federación para reducir la violencia en la frontera Norte, donde los cárteles de Sinaloa y Juárez se disputaban cada calle? Me respondió que Juárez sería un “laboratorio del gobierno federal” para combatir al crimen organizado: funcionaba la estrategia de paz o se replicaba en todo el país. Y el resultado fue un laboratorio donde se probó todo menos la paz.
El famoso operativo “Todos Somos Juárez” nació entre discursos esperanzadores, spots oficiales y promesas de reconstrucción social por parte de Felipe Calderón. Se habló de escuelas, parques, prevención y justicia. Durante unas semanas, los delitos bajaron (o quizá sólo las denuncias), pero la realidad pronto regresó con el estruendo de las balas. La guerra entre las facciones de “El Chapo” Guzmán y Vicente Carrillo Fuentes no cesó. El experimento fracasó. Y lo peor: la violencia se exportó. Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Guerrero… todos recibieron su dosis de fuego, con el ingrediente “especial” de “Los Zetas”.
Ahora, en pleno 2025, la historia se repite con otro nombre y nuevo envoltorio: el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Claudia Sheinbaum lo presentó con la promesa de que “personalmente dará seguimiento cada 15 días”, como si la supervisión puntual fuera la vacuna contra la impunidad. Se anuncian 57 mil millones de pesos de inversión —37 mil millones solo en programas sociales— y una estrategia que suena más a plan de relaciones públicas que a política de seguridad.
El Plan Michoacán intenta vender la idea de que el dinero y los programas del Bienestar desarman cárteles y curan territorios heridos. Pero Michoacán no sufre de falta de becas: su problema son los grupos armados, el control territorial, las economías ilegales, la complicidad institucional y la captura del Estado local. Desde Felipe Calderón —con su “Operativo Conjunto Michoacán”— hasta Andrés Manuel López Obrador con sus abrazos y no balazos, el libreto es el mismo: mandar soldados, anunciar millones y esperar resultados que nunca llegan. Mientras tanto, los municipios arden, los alcaldes son asesinados y la población sigue atrapada entre el miedo y la indiferencia.
Juárez fue el espejo; Michoacán es el reflejo. El laboratorio de Juárez demostró que no basta con militarizar ni repartir apoyos.
El Plan Michoacán corre el riesgo de repetir el ciclo de promesas sin resultados. Y la advertencia es que en Michoacán pase lo que en Juárez: que mientras se “pacifica” ese Estado, la violencia se desate en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Guerrero y Colima, entre otras Entidades. ¡Peor que hoy!

Ciudad Juárez… y la violencia que estalló en México

Por más que la retórica oficial se empeñe en disfrazar el desmantelamiento institucional de la “transformación”, lo cierto es que en estos años México ha visto cómo se ejecuta —con precisión quirúrgica y sonrisa populista— una estocada triple, limpia y mortal, a tres pilares que algún día sostuvieron la idea de la vigilancia y la rendición de cuentas.
El sistema anticorrupción, que prometía ser la gran cruzada moral del siglo XXI, terminó convertido en un chiste sin remate. Lo que nació como una herramienta para fiscalizar el poder, hoy funciona como un club de observadores mudos que aplauden desde la tribuna. Nadie investiga, nadie sanciona y, si alguien osa hacerlo, el expediente se archiva con sello presidencial. En México la corrupción no se combate: se administra. 
El Instituto de Transparencia, que alguna vez fue ejemplo regional, ahora parece una ventanilla de amparos para justificar la opacidad. Su independencia es tan real como los otros datos del gobierno: todo depende de lo que “la autoridad competente” decida revelar. El derecho a saber se ha convertido en un favor, y la transparencia, en un espectáculo de humo y espejos.
Y la Auditoría Superior de la Federación, ese organismo que debía poner nerviosos al presidente de la república, a los secretarios, a los gobernadores y a los alcaldes, hoy es un burócrata más del Palacio Nacional y del Congreso. Su autonomía se extinguió entre reuniones, recortes y apretones de mano. El auditor en turno sabe que su supervivencia depende menos de sus informes y más de su obediencia. 
Tres instituciones, tres cadáveres administrativos.
Todo bajo la mirada satisfecha de quien prometió acabar con la corrupción, pero terminó perfeccionando el arte del control. 
El saldo: un país que confunde vigilancia con sumisión, crítica con traición y transparencia con propaganda. Y lo peor: la gente ya ni se sorprende. La pica fue certera, directa a la nuca, y la rendición de cuentas se desplomó sin hacer ruido. 
Quizá dentro de unos años alguien lamente su ausencia. Para entonces, los archivos estarán cerrados, las auditorías silenciadas y la corrupción brindará, impune, por otro sexenio de impunidad ilustrada.

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¿Morena está por desbarrancarse?

La Carretera a Chapala dejó de ser, desde hace años, la puerta de entrada digna a Guadalajara. Se convirtió en un monumento grotesco a la corrupción. Decenas y decenas de espectaculares oxidados, inclinados, gigantescos, ilegales y abandonados crecieron como maleza sobre el paisaje urbano, mientras los gobiernos anteriores volteaban hacia otro lado. No fue casualidad. Detrás de cada estructura había dinero, influencias y una red de protección política y judicial, que permitió que la contaminación visual devorara toda la ciudad.
La Zona Metropolitana de Guadalajara fue secuestrada por empresarios acostumbrados a operar al margen de la ley y por magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que durante años facilitaron suspensiones y resoluciones “a modo” para impedir clausuras y derribos. El negocio era redondo: particulares explotaban el espacio público sin regulación, los Ayuntamientos eran rebasados y la ciudad quedaba hundida en el desorden. Todo bajo el disfraz de la legalidad.
Hoy resulta imposible negar la podredumbre. Basta recorrer el ingreso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para observar una selva de fierros y lonas que ofrecen una imagen tercermundista, caótica y profundamente vergonzosa para miles de turistas nacionales e internacionales. Esa postal no representa a Guadalajara. Representa a la impunidad.
Por eso destaca que, por primera vez en muchos años, un alcalde decidiera enfrentar el problema de fondo. El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, inició una limpia histórica en la Carretera a Chapala con el retiro y clausura de más de 50 espectaculares. La medida no sólo tiene un componente urbano y ambiental. También representa un golpe directo contra los intereses económicos que durante años se sintieron intocables.
La decisión tiene el respaldo político desde Casa Jalisco. Pablo Lemus entendió desde hace tiempo que los espectaculares irregulares son sinónimo de corrupción institucionalizada. No es casualidad que haya advertido sobre órdenes de aprehensión contra propietarios de estructuras ilegales y que incluso planteara convertir estos casos en asuntos penales. La contaminación visual también es corrupción.
Y nombres sobran. La reciente detención del empresario Francisco Gerardo “N” volvió a exhibir cómo algunos personajes construyeron fortunas enteras bajo esquemas opacos, confrontando autoridades, operando anuncios presuntamente irregulares y utilizando el litigio como herramienta de presión. Durante años, la ciudad estuvo sometida a esos grupos que creyeron que el espacio público tenía dueño.
La limpia apenas comienza, pero manda un mensaje contundente: se acabó la era donde los espectaculares crecían con la complicidad de funcionarios y magistrados. Guadalajara merece cielos limpios, carreteras ordenadas y autoridades que defiendan la legalidad.
¡Con todo contra los corruptos que ensucian la ciudad, degradan el paisaje y convierten el espacio público en un negocio privado disfrazado de publicidad!

¡Con todo contra los corruptos!