El control político con disfraz constitucional
La nueva ocurrencia legislativa de Morena no busca blindar la soberanía nacional ni fortalecer la democracia mexicana. Busca algo más simple y peligroso: construir una herramienta jurídica lo suficientemente ambigua para descalificar elecciones incómodas y, de paso, mantener bajo sospecha permanente a cualquiera que no se alinee con el oficialismo.
Vamos por partes. La iniciativa impulsada por Ricardo Monreal para incluir como causal de nulidad electoral la “injerencia extranjera” parece redactada más desde la paranoia política que desde la técnica constitucional. Pero el problema no es el fondo —porque ningún país serio aceptaría intervenciones indebidas en sus procesos democráticos—, sino la forma deliberadamente vaga con la que se pretende legislar un tema explosivo.
“Cualquier acto que tenga por objeto influir indebidamente”. Esa frase, incluida en la propuesta, es un cheque en blanco para la arbitrariedad. ¿Qué significa influir indebidamente? ¿Un pronunciamiento de la ONU? ¿Un informe de la Corte Interamericana? ¿Un posicionamiento de Human Rights Watch? ¿Una declaración del embajador estadounidense? ¿Un mensaje del Papa? ¿Una editorial de un diario con prestigio internacional? Con una redacción así, cabe todo. Por eso resulta una reforma peligrosa.
Los constitucionalistas lo advirtieron con claridad: se trata de un tipo abierto que deja la interpretación absoluta en manos de tribunales electorales cada vez más subordinados al gobierno federal. Y ahí está el verdadero riesgo. Morena no sólo concentra el poder en el Ejecutivo y en el Congreso, ahora pretende ampliar el margen discrecional de los órganos que deberían actuar con independencia, pero que hoy parecen diseñados para validar los intereses del régimen.
La iniciativa no nace de una preocupación democrática genuina. Surge del miedo. Del temor de Morena a perder el control frente al deterioro institucional, la violencia criminal, el desgaste económico y las crecientes fracturas internas. Es una patada de ahogado disfrazada de defensa nacional.
Cuando un gobierno comienza a legislar sobre intenciones y no sobre hechos comprobables, es evidente que deja de construir justicia y empieza a fabricar instrumentos de persecución política. Y la democracia no puede depender de interpretaciones emocionales ni de sospechas ideológicas convertidas en ley.
Por si fuera poco, la propuesta revela la profunda desconfianza que el propio oficialismo tiene hacia la ciudadanía. Morena parece convencido de que los mexicanos no votan por voluntad propia, sino manipulados por fuerzas extranjeras invisibles. Es el viejo reflejo autoritario: cuando la realidad deja de favorecerte, el enemigo siempre viene de afuera.
En resumen, México ya tiene suficientes problemas como para agregar otro: un sistema electoral atrapado entre la discrecionalidad jurídica y los intereses del poder. Lo que debería discutirse es cómo fortalecer a los árbitros independientes, garantizar elecciones limpias y evitar la captura institucional. Pero el oficialismo está optando por otro camino. Y eso no es soberanía. Es control político con disfraz constitucional.
