Laura Haro Ramirez

El caso de Rubén Rocha Moya ha escalado tanto y tan rápido, que la pregunta ya no es si en Morena existen vínculos entre sus integrantes y la criminalidad, más bien es cuántos más van a caer a la luz de la verdad.
En política, cuando hay una crisis, la mentira se vuelve insostenible. Conforme ha avanzado el caso en Sinaloa, ha quedado al descubierto la falsedad del relato moral sobre el que Morena construyó su legitimidad, y cuando algo se construye sobre terreno inestable, difícilmente se mantendrá en pie cuando se sacuda el terreno. Las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra Rocha Moya y 9 miembros más de su círculo político no son un episodio más, ni una disputa diplomática. Son una cubetada de realidad para Morena y el gobierno federal, que por años han vendido la idea de una cuarta transformación de la vida pública de México.
Si hubieran dicho que a esto se referían, seguramente nadie en su sano juicio les hubiera entregado su voto. La semana pasada cerró con señales particularmente delicadas. Diversos medios confirmaron que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de Rocha Moya, de sus hijos, del senador Enrique Inzunza y de otros funcionarios ligados al caso. Al mismo tiempo, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a las autoridades estadounidenses de manera voluntaria en busca de un acuerdo de colaboración que le otorgue beneficios judiciales.
El asunto va encontrando sus piezas clave en el rompecabezas de la contradicción política. Mientras la presidenta de la república exige pruebas desde “la mañanera” y denuncia intromisión de la soberanía detrás de las imputaciones estadounidenses, el propio aparato financiero mexicano activa mecanismos dignos de un criminal contra el señalado Rubén Rocha. Ni el circo de BTS, ni la jugada de Mario Delgado fueron suficientes para distraer la atención de un caso que apesta a culpabilidad.
Mientras tanto, resulta hasta incómoda la incongruencia de los propios morenistas, que en su desesperación convocan en Chihuahua a una marcha en contra de la gobernadora Maru Campos por el caso de los agentes de la CIA, donde se destruyó uno de los laboratorios ilegales más grandes hasta ahora, pero son incapaces siquiera, de admitir la gravedad de los señalamientos y los hechos en el caso de sus correligionarios señalados por Estados Unidos.
En definitiva, a Morena le urge que llegue el Mundial para disipar su crisis, sin embargo, la justicia estadounidense no aparenta ser una aficionada del futbol y nada indica que vayan a soltar el asunto, por el contrario, van hasta las últimas consecuencias, como lo advirtió Terry Cole, el jefe de la DEA: “es sólo el comienzo”. Al tiempo.

Laura Haro

A Morena le urge que llegue el Mundial

Claramente, para el gobierno de Morena, la educación se encuentra al final de su lista de prioridades. Su decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio es una mala señal política, una mala decisión administrativa y un mensaje profundamente equivocado sobre los objetivos del Estado mexicano. El calendario original contemplaba concluir el 15 de julio. El ajuste implica recortar más de un mes de clases y reducir los días efectivos de enseñanza de 185 a 157. La justificación oficial: el Mundial de futbol y las altas temperaturas.
Morena dice apostar por la transformación, pero no entiende que mandar a la educación al limbo de las decisiones y los presupuestos es tomar el sentido contrario del objetivo. La transformación de un país comienza siempre por la apuesta por la educación, desde su nivel básico hasta el superior.
El problema no es solamente el recorte. El problema es el contexto. México no llega a esta discusión desde una posición de fortaleza educativa, sino desde una situación de rezago. Los resultados de la prueba PISA 2022 son una alerta. México obtuvo resultados en matemáticas, lectura y ciencias por debajo del promedio de la OCDE. Más preocupante: alrededor de dos tercios de los estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemáticas. Es decir, millones de adolescentes tienen dificultades para resolver problemas básicos, interpretar información o aplicar conocimientos elementales.
A esto se suma una realidad conocida por docentes, familias y especialistas: la pandemia profundizó pérdidas de aprendizaje, aumentó brechas territoriales y agravó desigualdades entre escuelas urbanas, rurales, públicas e indígenas –sobre esto, el PRI Jalisco presentó un diagnóstico educativo en 2022–. En este escenario del rezago, cada día de clases importa. Cada asignatura escolar tiene valor acumulativo. Por eso, esa idea de Mario Delgado, de que dos semanas de “reforzamiento” en agosto compensarán más de un mes de clases perdidas resulta técnica y pedagógicamente poco creíble, por no decir imposible.
También hay un problema de conducción pública. La decisión fue anunciada, cuestionada y matizada en cuestión de horas. Incluso la presidenta tuvo que corregir la plana a la SEP y tratar de aclarar que se trataba de una propuesta; mientras algunos estados como Jalisco ya habían reprobado semejante ocurrencia. Esa contradicción revela improvisación dentro del gobierno federal, falta de coordinación y una ausencia total de criterio. No hubo evaluación de los impactos sociales, laborales y educativos. Ni se midió el efecto sobre madres y padres trabajadores que tendrían que ajustar tiempos y actividades.
Gobernar es saber jerarquizar prioridades. Cuando un país como México, con un alto rezago educativo, recorta clases por razones como el calor, comunica algo más profundo: que la educación puede ponerse en pausa cuando la voluntad política no alcanza para adecuar los planteles escolares, ¿o es que en Morena no han escuchado hablar del aire acondicionado o de perdida, de los ventiladores? Nuestro país necesita más aprendizajes y más seriedad de parte de su gobierno, y menos ocurrencias.

A Morena no le importa la educación

Un tremendo golpe de realidad fue lo que recibió Morena esta semana, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación en la que se menciona a Rubén Rocha Moya junto con otros nueve funcionarios y servidores públicos sinaloenses, señalados por presuntos vínculos con la criminalidad. Por lo anterior se supo que cuentan con orden de captura y de extradición hacia los Estados Unidos.
El asunto es gravísimo desde donde se vea. Un gobernador en funciones, un senador y el alcalde de la capital sinaloense, todos emanados del partido en el poder, señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con estructuras de la criminalidad y por supuestamente, facilitar sus operaciones. La situación coloca a México ante una crisis que ya no es solamente judicial ni diplomática, sino una crisis de legitimidad del Estado tanto a nivel nacional como internacional.
Desde el gobierno, la reacción se quedó corta. En Palacio Nacional no ofrecieron una respuesta de Estado que brindara certeza a la ciudadanía, más bien convirtieron el acto en una cuestión de defensa política y un cierre de filas con el impresentable Rocha y su camarilla. Por su parte, la Fiscalía y Relaciones Exteriores alegaron insuficiencia de pruebas y filtraciones.
Si bien la Fiscalía General de la República anunció la apertura de una carpeta de investigación, ese reflejo de defender a como dé lugar a los suyos, pese a claros señalamientos, ya es parte de una cultura que Morena ha consolidado, logrando obstruir la justicia en casos graves como el de Adán Augusto y “La Barredora” o los hijos de López Obrador y el huachicol fiscal.
Más tarde, el viernes, la presión era incontenible, al grado que Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, se separaban de sus cargos. La decisión no representa un gesto de responsabilidad política, representa, más bien, la confirmación de las dudas, del temor de que algo salga mal y ese listado delictivo que lleva tiempo incubándose, salga a la luz pública.
El sábado, el Congreso de Sinaloa sesionó para designar a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, una de las más cercanas a Rubén Rocha, quien semanas atrás en un evento público se había referido a ella como una “meserita” de lonchería. Sobre esta sesión resultó vergonzosa la ausencia de los diputados de Movimiento Ciudadano y el voto del PAN en abstención, demostrando una vez más con su tibieza, que son los esbirros de Morena.
Al final, Rubén Rocha deja a un Sinaloa con dos mil 645 homicidios, tres mil 688 desaparecidos, tres mil familias sin hogar, 30 mil empleos perdidos, casi cinco mil negocios cerrados y pérdidas económicas estimadas en 70 mil millones de pesos. Morena llegó al poder con una narrativa anticorrupción y bajo la bandera del “no somos iguales” pero en los hechos resultaron ser corruptos y criminales. No descartemos que Estados Unidos tenga un expediente capaz de hundirles el barco e ir por los demás. Al tiempo.

EE.UU. a la caza de Rubén Rocha y Morena

¿No le alcanza el dinero para llegar a fin de mes? No es una situación exclusiva de su familia, es una realidad de millones de familias mexicanas. En la primera quincena de abril de 2026, la inflación anual en México se ubicó en 4.53%, todavía por encima del objetivo permanente del Banco de México de 3%. En otras palabras, su salario rindió casi 5% menos en esta quincena, pero las necesidades del hogar no cambiaron en absoluto.
El problema no es sólo la inflación general, sino dónde golpea. Los alimentos registraron una variación anual de 5.41%, por encima del promedio nacional. Traducido al lenguaje cotidiano: si la comida sube más rápido que el ingreso, la única alternativa es comprar menos o negociar la calidad de la alimentación de nuestras familias.
Desde Palacio Nacional la desconexión y la indolencia son evidentes cuando dicen que la economía está fuerte, pero los costos de la canasta básica contradicen todo optimismo. En la primera quincena de abril, el precio del jitomate aumentó 24.37% quincenalmente; el chile serrano, 21.94%; el chile poblano, 22.63%; y la tortilla en distintos estados pasó de 28 a 30 pesos por kilo. No son artículos de lujo, forman parte de la dieta diaria de casi cualquier hogar mexicano.
A esto se suman las gasolinas y el diésel, que impactan toda la cadena productiva. Aunque el gobierno ha buscado contener la gasolina Magna alrededor de 24 pesos por litro y el diésel en 28 pesos, mediante apoyos fiscales que rondan cinco mil millones de pesos semanales, los precios ya son bastante elevados y tienen un efecto en la cartera de las personas. Si para evitar una crisis de precios se requiere subsidiar los combustibles de esa manera, entonces el problema no está resuelto, sólo se está pateando el bote. Y está claro que la solución tampoco se aloja en la recomendación oficial de poner Magna en lugar si Premium si el dinero no alcanza.
El diésel merece atención especial porque mueve al país. Cerca del 80% del transporte de mercancías en México depende del autotransporte terrestre, por lo cual no sólo hablamos de carestía en alimentos, sino en materiales de construcción, medicinas, paquetería y básicamente en todo lo que deba ser transportado en un tráiler. Morena podrá culpar al contexto internacional, pero ya son siete años frente al gobierno sin cumplir su promesa de abaratar las gasolinas.
Para contener la inflación, el Banco de México mantiene una tasa de referencia de 6.75% tras recientes ajustes. Las tasas altas encarecen hipotecas, créditos empresariales y financiamiento al consumo, lo que se convierte en deudas impagables para las familias, créditos como única opción para las pequeñas empresas, y freno económico para todo el país.
Morena prometió que primero irían los pobres, pero en los hechos no ha logrado contener el impuesto más fuerte para quienes tienen menos. Lo verdaderamente cuestionable es que prometieron también bajar los costos de la gasolina y 7 años no les han sido suficientes para cumplir su promesa.

Todo está más caro

69 días después de iniciado el derrame en el Golfo de México, que ya se extiende por más de 900 kilómetros de litoral, Pemex admitió el pasado jueves que la causa de este desastre medioambiental fue una fuga del oleoducto Old AK C, de 36 pulgadas, en el complejo Abkatún, cercano a la zona de plataformas de Cantarell. Hasta antes de ese día, las versiones oficiales no admitían responsabilidad por parte de la petrolera mexicana.
Organizaciones ambientales, expertos e imágenes satelitales ya sugerían desde principios de marzo que el derrame no fue un accidente de un buque sin identificar en un fondeadero de Coatzacoalcos, ni emanaciones naturales de chapopote, sino que se trataba de una fuga en infraestructura de Pemex. Sin embargo, desde el 8 de febrero la narrativa oficialista osciló entre la negación, la minimización y la fabricación de hipótesis alternativas que hoy resultan insostenibles.
De las recientes declaraciones de Pemex, sorprende la cronología de los hechos: detectan la fuga el 6 de febrero, buzos localizan el origen el 8 de febrero, y no es hasta el 14 de febrero cuando se disponen a cerrar la válvula. Después vinieron las declaraciones del elenco de la 4T: el 12 de marzo Rocío Nahle dijo que fue un buque privado contratado en el sexenio de Peña Nieto; el 19, Sheinbaum dijo tajante que el derrame no fue de Pemex; el 24, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, dijo que fue una descarga en una zona de fondeo; y el 26 la Marina habló de emanaciones naturales.
El daño se ha extendido por Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, afectando ecosistemas marinos completos, comunidades pesqueras y economías locales. De acuerdo con la organización ambientalista “Greenpeace”, Pemex ha omitido informar sobre el volumen total derramado; el costo total de la atención, limpieza, monitoreo y remediación; el monto que deberán cubrir conforme a su responsabilidad institucional; el plan integral de restauración ambiental, con metas, tiempos, responsables y mecanismos de seguimiento público.
Si bien, las consecuencias deberían estar a la altura del daño, Pemex se ha limitado a destituir a tres mandos medios: Saúl Andrés Orueta Álvarez, subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; David Gustavo González López, coordinador de Control Marino, de Derrames y Residuos, y a José de Jesús Chávez Vázquez, quien se desempeñaba como director de Derrames.
El caso vuelve a evidenciar una práctica sistémica de los gobiernos en los que decide Morena: el ocultamiento de información. El hecho merece una investigación independiente, con participación internacional, sanciones penales y administrativas, un esquema de reparación integral del daño y finalmente, una solución protocolaria para que no se vuelva a repetir un hecho como este.
Tristemente, con la 4T al mando, nada de esto va a pasar.

Pemex ocultó el derrame

Ya son varios años en los que Movimiento Ciudadano se presenta ante el electorado como el voto útil para frenar a Morena, sin embargo, también son años en los que demuestran ser más bien la esperanza de Morena, y el último ejemplo lo dieron recientemente con la aprobación del Plan B electoral que, aunque es una descafeinada reforma electoral, sí representa un atentado en contra de la vapuleada democracia mexicana.
El paquete aprobado en la Cámara de Diputados introduce cambios en leyes secundarias que afectan la estructura operativa del sistema electoral, incluyendo recortes presupuestales, reducción de cabildos y ajustes en el funcionamiento del árbitro electoral. En este contexto, el comportamiento de Movimiento Ciudadano resulta políticamente aberrante y contradictorio frente a su propia narrativa.
En sí mismo, tanto la aprobación del Plan B, como la asociación de Movimiento Ciudadano y Morena, son una amenaza de alto riesgo para el país. El partido que se presentaba por años como la verdadera vía de oposición al régimen se ha quitado la máscara, dejando ver que son y han sido la bisagra del poder. ¿Qué pensarán las y los jaliscienses que les confiaron su voto en 2024, bajo el argumento del voto útil? No sería descabellado pensar que se sienten defraudados.
Este episodio anticipa que en la contienda hacia 2027 la principal disputa ya no es solo una de narrativa electoral, sino de hechos entre quién representa realmente un contrapeso y quién simplemente administra su cercanía con el régimen a conveniencia. En ese sentido, MC ya dejó claro que no le incomoda entregarse, aunque eso signifique debilitar a los contrapesos que mantienen con vida al país.
Para el archivo, vale la pena recordar que Movimiento Ciudadano votó junto con Morena la “ley espía” y la “ley censura”, que son un atentado contra la libertad de expresión y una herramienta de persecución del Estado; dieron su voto también para la imposición de la fiscal carnal, Ernestina Godoy, y gracias a su senador escapista se logró la aprobación de la reforma judicial; en Jalisco han dado su voto para la aplicación del tarifazo a los recibos del agua, así como la desaparición de la transparencia con la aprobación de la eliminación del ITEI.
El llamado a la ciudadanía es de alerta: el voto útil de MC ha sido útil únicamente para Morena. Si se quiere frenar al régimen, la alternativa no está ahí, en Jalisco y en México el verdadero frente opositor no es naranja, se llama Partido Revolucionario Institucional.

MC, la esperanza de Morena

El gobierno mexicano ha optado, una vez más, por la negación. El informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, coloca a México en un umbral devastador que sólo unas cuantas naciones han pisado: el de posibles crímenes de lesa humanidad. El informe no es un posicionamiento político, es un diagnóstico técnico que no podría tomarse a la ligera. Sin embargo, el gobierno morenista ha decidido descalificar el mensaje y al mensajero en lugar de enfrentar la dura realidad.
El Comité contra la Desaparición Forzada solicitó al secretario general de la ONU llevar el caso de México ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, una exigencia excepcional que refleja la gravedad del fenómeno que acumula más de 130 mil personas desaparecidas, impunidad, saturación forense y fallas estructurales en las investigaciones. El informe de la ONU no descarta para nada la posible vinculación o tolerancia del Estado en estos casos.
La reacción del gobierno de México, muy fiel a la marca morenista, llegó de forma predecible. A través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, calificó el informe como parcial y sesgado, pues omite “esfuerzos institucionales” –lo que sea que eso signifique–. Pareciera que en Morena esperan que un organismo internacional del tamaño de la ONU evalúe las conferencias mañaneras como la política del gobierno de la república para el combate de la desaparición, olvidándose de las estadísticas y los datos duros.
Y del otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que debiera asumir el papel de contrapeso y defensor de las víctimas, se coloca como espadachín y escudero del poder, al desestimar el informe y cuestionar la legitimidad de las organizaciones civiles que aportaron testimonios y experiencias para construir el diagnóstico. El papel de Rosario Piedra resulta vergonzoso; quien fuera hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra, una de las voces que condenó las primeras desapariciones, hoy renuncia a su encargo como defensora de los Derechos Humanos.
Hay que entender que el informe de la ONU no acusa al gobierno de cometer desapariciones de forma directa, más bien señala la responsabilidad del Estado por su omisión, su incapacidad o por posibles colusiones en casos de desaparición. Esto, en una democracia madura, sería recibido con pena y seriedad, pero en el caso del gobierno de Morena, todo señalamiento es tomado como traición y ataque frontal.
Hay que entender también que negar la crisis no la desaparece. Descalificar a la ONU no devuelve la confianza en un gobierno que le ha fallado a miles de madres buscadoras y a sus familias. El momento reclama una sola cosa, resultados, y ellos no llegan por decreto, se construyen con determinación, trabajo y con algo que ha faltado a estos gobiernos: honestidad.
Tenemos que decir que hoy por hoy, México está reprobado a nivel internacional, y no hay de otra; el asunto sí debe llegar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La negación de México ante el informe de la ONU

Luego de la derrota de la Reforma Electoral, Morena se fue a las leyes secundarias y logró aprobar su famoso Plan B, sí, pero no tal como lo hubieran deseado en Palacio Nacional. El eje central de la propuesta, adelantar la revocación de mandato a 2027, fue extirpado en el Senado y no por la oposición, sino por uno de sus propios aliados. El momento político es revelador: un partido todopoderoso que, aun con mayoría artificial, no consigue disciplinar a su coalición, ni imponer su plan de acción.
La revocación de mandato no era un asunto menor; empatar este ejercicio de promoción de la presidenta con la elección intermedia del 2027, habría convertido la campaña “presidencial” en el paraguas de las campañas por gubernaturas, alcaldías y congresos de morena y sus aliados. Su eliminación no solo desactiva esa ventaja, también expone un rompimiento al interior del bloque oficialista conformado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde.
Mientras que en Palacio Nacional insisten en minimizar el episodio, hablando de acuerdos y madurez, la opinión pública no deja de comentar que se trata de una derrota política cantada para Morena. Pese a esto, el Plan B aprobado ha generado otro tipo de cuestionamientos sobre la injerencia dentro de los congresos locales y los cabildos municipales.
En sí, la reforma original, el llamado Plan A, ya había fracasado mucho antes por el desacuerdo de los propios aliados del régimen en cuanto a la reducción de financiamiento público a los partidos políticos y la eliminación de diputados plurinominales; ahora el Plan B, diseñado como una alternativa viable, terminó también mutilado: dos intentos consecutivos, dos resultados desfavorables. La narrativa del partido que tiene el apoyo del pueblo y las mayorías comienza a desmoronarse.
En política, los ciclos no se rompen de manera súbita; se desgastan poco a poco cuando se incumplen acuerdos, cuando se trabaja de manera inequitativa o cuando se trata con desdén a las otras partes. Todo esto es lo que ha hecho Morena. Lo ocurrido en el Senado de la República es muestra de ello, pero además deja en evidencia un punto de inflexión: la debilidad del oficialismo marca el tiempo de unidad para ponerle un alto al autoritarismo; queda claro que cuando vamos TODOS juntos, el régimen no avanza.
El declive ya comenzó, Morena está en la lona y la oposición no debe perder un solo minuto en enfrentarse entre sí. Tenemos claro quién es el adversario de México; lo que no queda del todo claro es si Acción Nacional y Movimiento Ciudadano quieren enfrentarlo. El llamado del PRI no es difícil de entender, o nos aliamos o dejamos pasar la oportunidad de cambiar el rumbo del país.

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La semana pasada, Ricardo Monreal presentó una iniciativa para anular elecciones ante casos de “intervención extranjera”. La propone bajo la misma narrativa de defender la soberanía nacional, pero en realidad busca ampliar de manera discrecional el poder político de Morena sobre los procesos electorales. Ya tienen capturados al árbitro y a los tribunales, y las reglas del juego están demasiado a favor del oficialismo, así que el asunto es muy delicado.
La propuesta busca incorporar una nueva causal de nulidad electoral cuando se presenten casos de injerencia extranjera; en sí, ningún país quiere que otra nación decida por él. Ese no es el problema, lo preocupante, como siempre, son las intenciones de Morena. Según la iniciativa, la intervención puede incluir campañas de desinformación, presión diplomática, propaganda internacional o manipulación digital, conceptos tan elásticos que prácticamente cualquier episodio internacional podría  poner en riesgo una elección. No sorprendería que en 2027 alegaran por la orden de captura y extradición de Rubén Rocha Moya.
Hoy el régimen de Morena controla el Poder Ejecutivo con la Presidencia de la República y la mayor parte de las gubernaturas, el Poder Legislativo con las mayorías en ambas cámaras, y el Poder Judicial con la SCJN y una gran influencia sobre el Tribunal Electoral, además de mantener totalmente debilitados a los organismos autónomos que sobreviven; aunado a eso van por un control adicional a partir de la interpretación subjetiva a modo en procesos electorales.
El abogado Javier Martín Reyes criticó en El Universal que la redacción no tiene ni pies ni cabeza, y alertó sobre la posibilidad de usarla para desconocer triunfos opositores mediante un Tribunal Electoral capturado por Morena. En definitiva, creo que toda democracia necesita tener candados robustos contra la injerencia extranjera, pero más todavía, necesitan blindajes contra gobiernos que acumulan facultades para decidir qué elecciones son válidas y cuáles no.
La propuesta de Monreal viene acompañada de otro anuncio: la creación de una comisión para revisar la integridad de candidaturas, mediante acceso a información de inteligencia, fiscal y financiera. En teoría, el objetivo es impedir infiltración de la criminalidad, aunque en la práctica será un mecanismo para imponer criterios políticos sobre quién puede competir electoralmente y quién no. ¿Debería haber integridad en las candidaturas? Claro. El PRI lo propuso primero, y puedo decir que he sido la única candidata que en dos ocasiones se ha sometido a estrictos exámenes de control y confianza.
Ambas herramientas podrían parecer razonables, el asunto es que una y otra quedan bajo control total de Morena, y sabemos lo que eso significa. Cualquier triunfo de la oposición quedará sujeto a criterios polarizantes. ¿Hubo una declaración de un funcionario extranjero? ¿Una campaña digital fuera del país? ¿Una investigación periodística internacional? Todo bastará para anular la elección, aunque no haya influido en el resultado. Sin lugar a dudas el peligro es inminente, y la democracia una vez más está en riesgo.

Otra cláusula para anular la democracia