Democracia para todas, no para unas cuantas

Hay semanas en las que la política te obliga a definirte. Esta es una de ellas.

Dos debates distintos, pero conectados por el mismo hilo, ocupan hoy la conversación pública en Jalisco: la reforma electoral conocida como el Plan B, impulsada desde la federación, y la resolución judicial que exige que la candidatura a la presidencia municipal de Zapopan sea reservada no solo a una mujer, sino a una mujer indígena, con discapacidad permanente o de la comunidad LGBTTTIQ+.

En ambos casos, la pregunta de fondo es la misma: ¿Quién decide cómo funciona la democracia? ¿Los ciudadanos, desde abajo? ¿O una minoría con poder, desde arriba?

Comparto el espíritu de fondo del Plan B: sobran los sueldos desproporcionados, las pensiones de privilegio y los gastos que nadie puede justificar ante la ciudadanía. En eso coincido sin reservas. Sin embargo, el Plan B no buscar recortar privilegios, busca centralizarlos.

Quitarle a los estados la facultad de decidir cuántos regidores tienen sus propios cabildos es una intromisión directa al pacto federal. Y eso, como jalisciense y como legisladora, no lo puedo aceptar.

Jalisco ya dio el ejemplo antes que nadie. Redujimos el financiamiento a los partidos, construimos el presupuesto participativo, abrimos el gobierno a la ciudadanía. No porque nos lo ordenaran desde la Ciudad de México, sino porque lo decidimos desde aquí. Eso es lo que Movimiento Ciudadano ha practicado en Jalisco. Y eso es lo que yo defiendo.

El municipio es la base de la democracia. La Constitución le garantiza autonomía. Una reforma que desde San Lázaro fija cuántos regidores puede tener el ayuntamiento de Zapopan viola el espíritu del Artículo 115. No peleamos por nóminas, peleamos porque los ciudadanos de Zapopan tienen derecho a que su gobierno funcione con la estructura que ellos y sus representantes determinen.

Hay un riesgo adicional con el que no estoy de acuerdo sobre esta reforma: el debilitamiento de los organismos electorales locales, que son quienes hacen que las elecciones sean limpias, técnicas y confiables.

En segunda instancia, soy mujer. Desde hace más de diez años sirvo a Zapopan, y precisamente por eso tengo que ser clara en esto.

Creo en la paridad de género, apoyo las acciones afirmativas como herramienta para corregir desigualdades que llevan décadas acumulándose. Incluir a mujeres indígenas, con discapacidad o de la comunidad LGBTTTIQ+ en la vida pública no solo es justo: es urgente y nada de lo que diré cuestiona ese principio.

Lo que cuestiono es el filtro adicional que se impuso a Zapopan. La resolución no pide solo que la candidata sea mujer. Pide que sea mujer de un grupo históricamente vulnerable. Y al hacer eso, la paridad deja de ser un derecho ganado porque se excluye a la mayoría de las zapopanas.

La Constitución garantiza la paridad, y la paridad es para todas las mujeres incluyendo a las pertenecientes a grupos históricamente vulnerados, pero poner un filtro sobre otro, hasta cancelar la libertad de las mujeres a participar, no suma. Lo dijeron con mucha precisión las colectivas y organizaciones de mujeres que impugnaron la sentencia: usaron los derechos de los grupos minoritarios para anular el derecho de todas las demás mujeres a competir.

Zapopan es el municipio con mayor peso poblacional de Jalisco. La regla que aquí se aplique debería ser la más amplia, la que incluya más, no la que filtre más. Las mujeres zapopanas lo merecemosa