Luz del Carmen Godínez

Cuando pensamos en la infancia en Jalisco, quisiéramos imaginar risas, juegos, escuela y cariño. Sin embargo, para muchas niñas, niños y adolescentes, el día a día se parece más a gritos, golpes, humillaciones o indiferencia. Esa realidad duele, y nos tiene que importar a todas y todos.
La violencia contra la niñez no es “un asunto de familia” ni un “estilo de crianza”. Desde la perspectiva de los derechos humanos, es una violación directa a la dignidad de las personas menores de 18 años. La Convención sobre los Derechos del Niño establece con claridad, que cada niña y cada niño tienen derecho a crecer en un entorno libre de violencia, con respeto a su cuerpo, a sus emociones y a su forma de pensar.
Cuando una niña o un niño vive agresiones físicas, insultos, abuso sexual, amenazas o simplemente no recibe el cuidado básico que necesita, no solo se lastima su presente, se marca su futuro. La violencia en la infancia aumenta el riesgo de problemas de salud mental, adicciones, dificultades para relacionarse y conductas violentas en la vida adulta. La violencia no educa, deja heridas.
En 2025, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, documentó más de cuatro mil reportes de violencia contra personas menores de edad, es decir, cerca de veinte denuncias diarias. Predominan los golpes, la omisión de cuidados y la violencia familiar. Y en muchos casos, quien agrede forma parte del círculo cercano, personas cuidadoras, familiares, personas con la que conviven todos los días.
Sabemos, además, que esas cifras no muestran todo el problema. Muchos casos nunca se denuncian por miedo, por dependencia económica, por vergüenza o porque la violencia se ve como “normal”. Comentarios como “a mí también me pegaron y no me pasó nada” o “un cintarazo a tiempo los endereza” contribuyen a que niñas y niños sigan sufriendo en silencio, justo en los lugares donde deberían sentirse más seguros: su casa, su escuela, su comunidad.
Desde los derechos humanos, el Estado tiene obligaciones claras: Prevenir la violencia, detectarla a tiempo, investigarla con seriedad, sancionar a quienes resulten responsables y reparar el daño a las víctimas.
En Jalisco existen instancias como el SIPINNA y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Pero los marcos legales y las oficinas no bastan si no hay coordinación real, recursos suficientes y personal capacitado que ponga, de verdad, el interés superior de la niñez en el centro de cada decisión.
Sin embargo, esta tarea no es solo de las instituciones. Como sociedad también tenemos mucho que cambiar. Necesitamos dejar de justificar los gritos, los golpes o las humillaciones como si fueran formas “normales” de educar. Necesitamos escuchar a las niñas y los niños cuando dicen “me da miedo”, “no quiero”, “me duele”, “no me creen”. Necesitamos tomar en serio lo que cuentan, no minimizarlo ni desacreditarlo.
Reconocer a la niñez como sujeto de derechos significa: Escuchar su voz y creerles, no usar el miedo ni la violencia para controlarles, denunciar el maltrato cuando lo vemos o lo sospechamos, acompañar a las víctimas y a sus familias, y exigir al Estado que actúe con rapidez y respeto.
Cada persona puede hacer algo concreto, una o un vecino que no ignore los gritos constantes, una maestra o maestro que detecta cambios de conducta y no los deja pasar, una familia que decide educar sin violencia, una comunidad que rompe el pacto del silencio.
Jalisco no puede hablar de desarrollo ni de justicia si permite que su niñez crezca con miedo. Callar frente al maltrato es, en los hechos, aceptar que siga ocurriendo. Alzar la voz, pedir ayuda, denunciar y acompañar es apostar por un futuro distinto.
La infancia no debería ser una etapa para sobrevivir, sino un tiempo para aprender, jugar y sentirse en paz. Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco mantenemos nuestras puertas abiertas para escuchar, orientar y acompañar a quienes vean vulnerados los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Proteger a la niñez es, al final, proteger lo más profundo de nuestra humanidad. Ahí empieza cualquier sociedad que quiera llamarse justa.
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La infancia no debe doler: Jalisco frente al silencio del maltrato infantil

Cada 10 de mayo vemos un país lleno de flores, llamadas, mensajes, desayunos y festivales escolares. Es un día que nos emociona. Muchas personas recuerdan a la mujer que les sostuvo la mano, que les acompañó en los miedos y que hizo todo lo posible con lo que tenía.
Pero si miramos un poco más de cerca, descubrimos que detrás de cada “Feliz Día de las Madres” existen historias muy distintas que no siempre vemos.
Hay madres que crían solas y llevan sobre sus hombros toda la responsabilidad del hogar, madres que salen antes del amanecer para trabajar y regresan entrada la noche; madres que viven violencia en silencio y no saben a dónde acudir, adolescentes y niñas cuya maternidad llegó demasiado pronto, mujeres que cuidan a hijas e hijos con discapacidad prácticamente sin apoyo institucional; madres migrantes que enfrentan la dolorosa decisión entre quedarse con su familia o buscar lejos el sustento para sobrevivir.
Pensar el Día de la Madre desde los derechos humanos nos obliga a hacer algo importante: dejar de ver la maternidad sólo desde el sacrificio y empezar a ver a las madres como lo que son: personas con derechos.
Durante años hemos aprendido a decir “las madres lo pueden todo”, “las madres no se cansan”, “una buena madre se sacrifica siempre”. Pero, ¿es justo pedirles que lo soporten todo sin preguntar qué necesitan, qué sienten, qué sueñan?
Desde la perspectiva de los derechos humanos, las madres tienen derecho a vivir libres de cualquier forma de violencia física, sexual, emocional, económica y digital. Tienen derecho a empleos dignos, libres de discriminación por embarazo o maternidad, a servicios de salud accesibles, incluida la atención a la salud mental, al descanso, al desarrollo personal, al estudio, al tiempo propio y a tomar decisiones libres sobre su cuerpo, su maternidad y su proyecto de vida.
Cuando esos derechos son vulnerados, no solo se afecta a las mujeres, también se impacta directamente la vida de niñas, niños y adolescentes que dependen de su cuidado y protección.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco hemos escuchado muchas historias, mujeres que buscan pensión alimenticia y encuentran puertas cerradas, madres que denuncian violencia y no son tomadas en serio, trabajadoras que pierden su empleo por un embarazo; cuidadoras agotadas que no tienen respiro. Nuestro trabajo es acompañarlas, orientarles y recordar a las instituciones que su deber no es juzgar, sino proteger y garantizar derechos.
También es importante decir algo que pocas veces se reconoce: las madres no son menos valiosas por pensar en sí mismas, por descansar, por pedir ayuda o por ponerse como prioridad en algún momento. Cuidarse también es una forma de cuidar.
Por eso, el Día de la Madre puede convertirse en algo más profundo que una celebración simbólica. Puede ser una oportunidad para preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para que la maternidad no signifique soledad, agotamiento o violencia.
En la CEDHJ nuestras puertas están abiertas para acompañar a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, discriminación o vulneración de sus derechos y los de sus hijas e hijos. Ofrecemos orientación y canalización, porque creemos que ninguna madre tendría que atravesar sola estos procesos.
La mejor forma de honrar a las madres no es pedirles más sacrificio, sino comprometernos a que vivan con dignidad, seguridad y respeto.
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Madres: cuidado, derechos y reconocimiento cada día

Cada año, cuando llega el estiaje, es decir, los meses en que el calor aumenta y los vientos se apagan, vemos cómo los bosques se vuelven más secos y el aire se llena de humo. Sabemos por qué pasa: menos agua, más radiación, condiciones que favorecen la formación de ozono y, con ello, un mayor riesgo de incendios forestales. Pero saberlo no basta, lo que nos falta muchas veces es actuar con decisión.
Los incendios no son solo árboles quemados. Son casas, escuelas y vidas que se ven afectadas por el humo; son niños y niñas con problemas respiratorios; son comunidades que pierden agua y medios de vida. Desde la mirada de derechos humanos, esto atenta contra el derecho a un medio ambiente sano y a la salud. Cuando las autoridades no previenen o no responden con prontitud, esas ausencias también dañan a personas concretas, familias, campesinos, personas mayores, quienes ya viven en condiciones vulnerables.
La reacción cuando el incendio ya arde es más cara y más dolorosa. Evitar la omisión preventiva no es un gasto, es proteger vidas y dignidad. Cuando se prioriza la prevención, se reduce el daño a la salud, se protege el agua y se preserva el patrimonio natural de comunidades enteras.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco decimos con claridad, prevenir no es opcional. Es obligación del Estado y responsabilidad de todas y todos. No nos resignemos a repetir la misma historia cada temporada. Informémonos, participemos, exijamos planes serios y transparentes.
Si ves una quema fuera de control, si hay falta de vigilancia o si las autoridades no actúan, no te quedes en silencio, reporta, pide información, exige protección. La defensa del medio ambiente es también la defensa de los derechos humanos de quienes habitamos este Estado.
El estiaje obliga a actuar con manos firmes y decisiones claras. Protejamos el aire que respiramos, el agua que necesitamos y los espacios que nos sostienen. Eso, al final, es proteger la vida y la dignidad de nuestra gente.
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Estiaje y medidas preventivas frente a los incendios

Cada 30 de abril celebramos con juegos, colores y alegría el Día de la Niña y el Niño. Es hermoso ver sonrisas, pero la fiesta no puede ocultar lo que muchas infancias viven en silencio: miedo, violencia, exclusión o falta de oportunidades. Esa realidad nos obliga a reflexionar.
Decir que las niñas y los niños “son el futuro” es cierto, pero incompleto. Son también el presente; sienten, piensan, sufren y disfrutan hoy. Por eso sus derechos no pueden esperar. Escucharles, protegerles y garantizarles condiciones para crecer con dignidad es una obligación de todas y todos.
Los derechos de la niñez significan cosas concretas; vivir sin violencia, acceder a educación y salud de calidad, jugar, descansar, ser escuchados y contar con adultos que respondan cuando pidan ayuda. Cuando una niña o un niño no conoce esos derechos, corre el riesgo de normalizar el maltrato y de quedarse sin redes de apoyo.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, trabajamos para que ese conocimiento llegue a las casas, las escuelas y las instituciones. Capacitamos a madres, padres y cuidadoras, dialogamos con docentes y personal de salud, orientamos a autoridades para que en sus decisiones siempre prime el interés superior de la niñez. También hablamos directamente con niñas, niños y adolescentes, para que sepan identificar riesgos y pedir ayuda.
Hoy debemos pensar también en la niñez digital. Muchas experiencias de socialización y aprendizaje pasan por pantallas, la prevención del ciberacoso, el cuidado de datos personales y la orientación para un uso seguro de internet son parte esencial de su protección.
No existe una sola niñez. Hay niñas y niños que enfrentan más barreras, quienes viven en pobreza, con discapacidad, en contextos indígenas, migrantes o en situación de calle. Defender derechos significa dirigir esfuerzos especiales hacia quienes más lo necesitan.
La defensa de la niñez no es solo tarea de instituciones. Es un compromiso colectivo, familias, escuelas, vecinas, vecinos, organizaciones y autoridades. A veces basta una palabra que crea, una mano que ayude o una denuncia que detenga una situación de riesgo. La indiferencia también lastima.
Te invito hoy a hacer una pausa. Escucha a las niñas y los niños que tienes cerca, observa cómo les hablamos, pregúntate si sus espacios son seguros. Si dudas sobre cómo actuar, pide orientación. En la CEDHJ mantenemos las puertas abiertas para brindar asesoría y talleres gratuitos.
La verdadera celebración del Día de la Niña y el Niño será el día en que ninguna infancia tenga que pedir permiso para ser feliz, segura y libre. Protejamos sus derechos con decisiones y acciones concretas. Eso es construir una sociedad más justa y humana para todas y todos.
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Abril: Más allá del festejo, un compromiso con los derechos humanos y autonomía de la niñez

Hay fechas que no solo se marcan en el calendario, sino que se llevan como cicatriz en el alma de una ciudad. En Jalisco, cada 22 de abril no es únicamente un aniversario histórico ni un acto de protocolo, es el eco de una herida que para muchas familias, sigue doliendo como el primer día. Como mujer, ciudadana y titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, me resulta imposible acercarme a esta fecha sin sentir un profundo respeto, empatía y sobre todo, una gran responsabilidad.
Ese día de 1992, la tierra literalmente se abrió bajo los pies de cientos de tapatíos. Calles enteras desaparecieron y, en cuestión de segundos, la vida cambió para siempre. Pero más allá de los escombros y el asfalto destrozado, lo que realmente pesa son las ausencias. Pesan los proyectos de vida que se apagaron de golpe, las historias de barrio que quedaron incompletas y el larguísimo y agotador camino que las y los sobrevivientes han tenido que recorrer exigiendo algo que por derecho les corresponde: verdad, justicia y reparación.
A medida que pasan los años, corremos el riesgo de que el dolor se diluya. Las nuevas generaciones escuchan de las explosiones de Analco como un relato lejano, casi como de otra época. Sin embargo, para quienes sobrevivieron y para quienes defendemos la dignidad humana, el 22 de abril es un grito de alerta. Nos recuerda, de la manera más dolorosa posible, que la negligencia, la omisión institucional y la falta de rendición de cuentas destruyen vidas.
Hablar de derechos humanos frente a esta tragedia es entender que el deber del Estado no termina cuando se apaga el fuego o se recoge el escombro. Implica escuchar a quienes se quedaron sin hogar, acompañar a quienes viven con secuelas físicas y emocionales, y, sobre todo, no soltarles la mano cuando las cámaras se apagan.
Hoy les invito a que miremos de frente esta historia. No desde el morbo ni desde la distancia, sino desde el corazón. Las víctimas de aquel 22 de abril no son números en un archivo ni expedientes arrumbados; son nombres, rostros y familias. Son nuestros vecinos. Son parte fundamental de lo que somos hoy como comunidad en Jalisco.
Desde mi trinchera, pero, sobre todo, desde mi convicción más profunda, reafirmo que la memoria es una forma indispensable de justicia. Recordar no es abrir la herida por capricho, es negarnos rotundamente a que cicatrice en el olvido y la indiferencia. 
Este 22 de abril nos exige no acostumbrarnos a la tragedia. Nos pide no normalizar la impunidad y, ante todo, no dejar solas a las víctimas. Nos exige mantener viva nuestra capacidad de indignarnos y de abrazar a quien sufre. Porque mientras mantengamos viva la memoria, seguiremos alimentando la esperanza de que la dignidad de estas familias, finalmente, encuentre la justicia que tanto merecen.
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22 de abril: memoria y derechos humanos frente a la verdad, justicia y dignidad para las víctimas

La reparación integral del daño empieza mucho antes de un expediente o una sentencia. Está en la mirada de quien perdió la tranquilidad, en la sonrisa que ya no vuelve a ser igual, en el silencio que ocupa una casa donde antes había vida. Cuando hablamos de reparación, no hablamos de trámites, hablamos de devolver, en la medida de lo posible, dignidad, esperanza y las condiciones para seguir adelante.
La justicia ya no puede limitarse solo a castigar. Hace años se estableció que el Estado debe hacer cuatro cosas básicas: prevenir lo que causa daño, investigar lo ocurrido, sancionar a quienes son responsables y reparar a las víctimas. Eso suena formal, pero en la práctica significa acompañar a una madre que busca respuestas, ofrecer atención médica y apoyo psicológico, reconocer públicamente lo que pasó y asegurar que no vuelva a ocurrir.
La reforma de 2011 puso a las personas en el centro de la ley. Desde entonces tuvimos avances, nuevas instituciones, recomendaciones y mecanismos para apoyar a las víctimas. Pero la realidad que viven muchas familias es otra; procesos largos, trámites que reabren heridas y la sensación de que la ayuda llega tarde. Eso no puede seguir pasando.
Para que la reparación deje de ser una promesa y sea una verdad cotidiana, necesitamos acciones concretas y humanas:
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<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Presupuesto real y permanente: recursos suficientes en cada nivel de gobierno para reparar sin excusas.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Acompañamiento desde el primer día: personas capacitadas que orienten y protejan, evitando revictimizar.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Responsabilidad clara: quien vulnera derechos debe responder y la reparación debe considerarse desde el inicio del proceso, no al final.</li>
</ul>
Reparar es también reconocer con palabras y actos. Una disculpa pública, el nombrar lo ocurrido, medidas de no repetición y atención integral, son formas de devolver algo de lo que se perdió. Cuando el Estado asume su responsabilidad y la sociedad acompaña, se restituye confianza y se transforma el dolor en cambios reales.
Hacer que la reparación funcione es una decisión de todas y de todos, autoridades, instituciones y sociedad. Acompañemos a quienes sufren, exijamos respuestas y construyamos un sistema de justicia que realmente cuide a las personas.

La reparación integral del daño: un acto de justicia y deuda con las víctimas

Cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habla de desaparición forzada en México, no está hablando de un tema lejano ni de una discusión entre expertos. Está hablando de familias que llevan años buscando a sus seres queridos, de madres que revisan cada lista, cada pista, cada indicio; de padres que no dejan de tocar puertas, de hijas e hijos que crecieron entre carpetas de investigación y fotografías pegadas en las paredes.
La reciente declaración de instancias de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada en nuestro país nos recuerda algo que ya sabemos, pero que a veces cuesta mirar de frente: vivimos una crisis profunda de derechos humanos. Y en esa crisis, miles de personas siguen sin respuesta.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la desaparición forzada no es solo la ausencia física de una persona. Es una violación múltiple y continua, se arrebata la libertad, se niega la verdad, se prolonga el sufrimiento y se coloca a las familias en un limbo que puede durar años. No saben si llorar un duelo o mantener la esperanza de un regreso. Esa incertidumbre es también una forma de violencia.
Cuando la ONU emite una declaración sobre México, no lo hace para exhibir por exhibir, sino para recordar obligaciones claras del Estado:  
&#8211; Prevenir que las desapariciones ocurran.  
&#8211; Buscar de manera inmediata y efectiva a las personas desaparecidas.  
&#8211; Investigar, juzgar y sancionar a los responsables.  
&#8211; Reparar el daño de forma integral a las víctimas directas y a sus familias.  
No son recomendaciones opcionales, son compromisos que México asumió al firmar tratados internacionales y que hoy deben traducirse en acciones reales y medibles.
En Jalisco conocemos el rostro de esta crisis. Aquí, también hay colectivos de familias que buscan, que marchan, que señalan fallas institucionales y que, aun con el cansancio encima, siguen organizadas. Cada vez que una madre toma el micrófono o levanta una fotografía, está ejerciendo su derecho a la verdad y a la justicia. Su palabra es, también, una forma de reparación y de memoria.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco asumimos que los señalamientos de la ONU son un llamado a actuar, no a justificarnos. 
Desde un enfoque de derechos humanos, eso implica entre otras cosas: 
Poner a las víctimas en el centro. No se trata solo de mejorar estadísticas, sino de escuchar a las familias, incluirlas en la búsqueda, en la investigación, en las decisiones sobre cómo y dónde buscar. Respetar su dignidad, brindarles atención psicológica, acompañamiento jurídico y un trato humano en cada oficina a la que acuden.
Tomar en serio la prevención. Prevenir no es un discurso, es fortalecer programas para niñas, niños y jóvenes, generar oportunidades reales, atender la desigualdad y la violencia en los barrios y comunidades. Es reconocer fenómenos como el reclutamiento forzado y diseñar políticas específicas para evitar que más personas desaparezcan.
Romper la impunidad. Investigar con debida diligencia, con independencia y con perspectiva de derechos humanos es una obligación, no una opción.
Garantizar verdad, memoria y reparación. Buscar a las personas desaparecidas y saber qué ocurrió es un derecho. Que el Estado reconozca el daño, que pida perdón cuando corresponde, que adopte medidas para que no se repita y que repare de manera integral son pasos indispensables para reconstruir el tejido social.
La desaparición forzada es una herida abierta que no se cierra con silencio. Se atiende con verdad, justicia, memoria y reparación. Y sobre todo, con trabajo colectivo, familias, sociedad, instituciones y comunidad internacional caminando en la misma dirección.
Esa es la ruta que, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, seguiremos impulsando. Porque la deuda con las víctimas no se paga con palabras, sino con acciones concretas que les devuelvan, en la medida de lo posible, un poco de la paz que les fue arrebatada.

La crisis de desapariciones: entre la exigencia de la ONU y la realidad en México

Cada ausencia deja una herida. No es solo una cifra, es una mesa con un lugar vacío, una madre que no deja de preguntar, un joven cuyos planes se interrumpieron. La desaparición de una persona es una de las violaciones más graves a los derechos humanos porque atenta contra la dignidad, la seguridad y la paz de toda una comunidad. Desde un enfoque de derechos humanos, esto nos obliga a actuar no solo con eficacia, sino con humanidad, justicia y perspectiva de protección.
Hablar de desaparición desde los derechos humanos significa poner a las personas en el centro, reconocer a las víctimas y sus familias como sujetos de derechos, garantizar su participación en las investigaciones, proteger su integridad y procurar reparación integral. También implica exigir responsabilidades a las autoridades y asegurar transparencia en cada paso de la búsqueda y la investigación. La justicia no es completa si no incluye verdad, memoria y reparación.
Un riesgo que hoy debemos atender con urgencia es el reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por grupos delictivos. Muchas veces comienza con engaños, promesas de empleo o presión social, y termina en violencia o en la desaparición. Prevenir este daño es una obligación de todas y todos; del Estado, que debe crear políticas públicas efectivas, de las escuelas y los espacios comunitarios, que deben ofrecer alternativas y protección, y de la sociedad, que debe estar informada y vigilante.
La prevención desde los derechos humanos no es solo hablar de seguridad. Es garantizar educación de calidad, oportunidades laborales, espacios seguros para la juventud y servicios de protección para quienes están en situación de riesgo. Es combatir la desigualdad y la exclusión que empujan a muchas personas hacia caminos peligrosos. Es reconocer que cada medida debe respetar la no discriminación, la debida diligencia y el interés superior de las niñas y los niños.
La información y la participación son herramientas poderosas. Informar a las familias sobre señales de reclutamiento, denunciar ofertas engañosas en redes sociales, organizar redes vecinales de apoyo y promover la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda, fortalecen la capacidad colectiva para prevenir y responder.
Mi llamado es sencillo y firme: ninguna persona debería desaparecer, y nuestra respuesta debe estar guiada por los derechos humanos. Protejamos la dignidad de quienes sufren, acompañemos a las familias, exijamos investigación efectiva y reparación. Trabajemos en colectivo, comunidades, organizaciones civiles e instituciones, para construir entornos donde la vida de nuestras niñas, niños y jóvenes no esté en riesgo.
Fortalecer la prevención es proteger vidas y restaurar la confianza. Hacerlo con un enfoque de derechos humanos es la mejor manera de asegurar que cada ausencia encuentre una respuesta humana, justa y eficaz.
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Prevenir para proteger: el desafío de evitar la desaparición de personas

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En una democracia sana, las calles hablan. Cuando mujeres y hombres, trabajadoras y trabajadores, estudiantes o comunidades salen a manifestarse, están ejerciendo derechos, a expresarse, a reunirse y a exigir cambios. Las manifestaciones pacíficas no son una molestia prescindible, son parte vital de la vida pública.
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La tarea del Estado y de la policía no es silenciar esas voces, sino garantizar que se escuchen con seguridad y respeto. La protección de la protesta debe guiarse por principios muy sencillos: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir, sólo actuar cuando sea estrictamente necesario, con medidas justificadas y sin excederse en el uso de la fuerza.
En Jalisco contamos con herramientas valiosas, protocolos y normativas que buscan que la actuación policial priorice el diálogo, la planeación y el acompañamiento, siempre con enfoque de derechos y atención a la diversidad. También existen referencias internacionales que orientan sobre cómo promover y proteger los derechos humanos en manifestaciones pacíficas.
Sin embargo, la realidad muestra que aún faltan cosas por corregir. Hemos documentado intervenciones donde la respuesta policial fue desproporcionada, personas agredidas, detenciones arbitrarias e incluso actos que constituyen tortura. Casos como el observado en Tonalá, que dieron pie a la Recomendación 17/2024 de esta Comisión, recuerdan que cuando el Estado olvida su obligación de proteger, las víctimas pagan un costo humano muy alto.
Proteger la protesta significa proteger la dignidad de todas las personas, quienes marchan, quienes trabajan cerca del lugar y quienes necesitan transitar. Significa también capacitar a los cuerpos de seguridad para operar con sensibilidad, respetar los derechos y evitar la criminalización de la protesta social.
No hay contradicción entre seguridad pública y derechos humanos. Una policía democrática es la que permite la manifestación pacífica y actúa para evitar que la violencia escale. Esa policía respeta la libertad de expresión y, al mismo tiempo, garantiza la seguridad de la comunidad.
Por último, vale decirlo con claridad, escuchar la protesta no es signo de debilidad, sino de fortaleza democrática. Las sociedades maduras ofrecen espacios para el desacuerdo, para la crítica y para la exigencia. Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco seguiremos atentos, acompañando, señalando las fallas y promoviendo prácticas que pongan siempre en el centro la dignidad humana.
Si queremos una convivencia más justa y plural, empecemos por reconocer que la protesta merece ser cuidada. Y que su protección es, antes que nada, una obligación del Estado.
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La protesta también pide ser protegida