La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudirá este miércoles a la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez para atender un citatorio relacionado con el Caso CIA.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, comparecerá este miércoles 27 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez para atender un citatorio relacionado con el Caso CIA. Su defensa ha anunciado que, de manera paralela, presentará una denuncia penal contra funcionarios federales responsables de la diligencia.
De acuerdo con Roberto Gil Zuarth, abogado de la mandataria, el citatorio carece de preguntas específicas o solicitudes concretas de información y se limita a ordenar la comparecencia personal. A pesar de ello, la gobernadora acudirá a responder en los términos formulados.
La principal objeción radica en que el documento presenta contradicciones al citar a la gobernadora en calidad de testigo, mientras invoca fundamentos legales propios de personas inculpadas. Para la defensa, esto implica que la Fiscalía habría iniciado un procedimiento penal sin haber seguido el procedimiento constitucional previo para servidores públicos con fuero.
Gil Zuarth explicó que la Constitución exige dos pasos obligatorios antes de cualquier acción penal contra una gobernadora en funciones: la declaratoria de procedencia aprobada por la Cámara de Diputados y su ratificación por el Congreso local. Sin estos requisitos, cualquier actuación sería jurídicamente improcedente, según el abogado, quien afirmó que un Ministerio Público profesional sabe que no puede citar a comparecer a una gobernadora fuera de este procedimiento.
La denuncia penal que se presentó fundamentada en el artículo 125, fracción XIX, del Código Penal Federal, por la presunta violación al procedimiento que protege a funcionarios con fuero. El abogado señaló que quien ordenó la apertura del procedimiento debe ser investigado y enfrentar las consecuencias.
Además, la defensa advirtió que el citatorio podría generar una situación de vulnerabilidad jurídica al dejar abierta la posibilidad de tratar a la gobernadora como imputada durante la diligencia, pese a citarla como testigo. Gil Zuarth calificó la acción como carente de buena fe y con intención de crear una trampa jurídica.
Esta postura fue expresada por el abogado en entrevista con Ciro Gómez Leyva. Tras la comparecencia, se espera que avance la denuncia penal contra los responsables de la actuación ministerial.