Detener las candidaturas delictivas

¿Quién hará la tarea? Hay candidaturas apoyadas por la delincuencia; eso se sabe. ¿Pero quién va a detectarlas y detenerlas? Es una de las discusiones que tuvieron lugar en la sesión de diputados y senadores en el período extraordinario de sesiones para hacer la conocida “reforma de la reforma”.
Originalmente, la reforma propuesta por la presidencia de la república sólo tuvo un objetivo central: postergar la elección del Poder Judicial Federal de 2027 a 2028, para evitar que coincidiera con la elección constitucional del año próximo.

Pero repentinamente, se añadieron otros dos objetivos: incluir la elección si se comprueba la injerencia extranjera por varios medios, y elaborar un mecanismo para detectar a candidatas y candidatos que puedan tener nexos con el crimen organizado o antecedentes que conduzcan a evitar su postulación.

En “Al buen entendedor” de hoy, propongo detenernos sólo en este último punto.

La discusión comenzó desde que los partidos políticos de oposición criticaron que en la reforma electoral del llamado Plan B no se reconociera incluso que hay candidaturas que con evidencia y conocimiento de vecinos, están manipuladas y ligadas a la delincuencia organizada.

Ahora que el tema se aborda, la solución parece tan simple que es irreal: las autoridades que investigan en el país y tienen acceso a expedientes (entiéndase Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Seguridad, entre otras) pueden hacer convenios para informar si aspirantes de cualquier partido político tienen antecedentes o están siendo investigados por posibles delitos, de manera que se frenen sus aspiraciones a tener cargos públicos.

Ya hubo discusión: la presidenta Claudia Sheinbaum propuso que una comisión de consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) se integre para revisar las candidaturas; la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, rechazó esa posibilidad por el impedimento de ser jueces y parte del proceso al mismo tiempo. Sheinbaum declaró que Taddei “no entendió” lo que se está proponiendo, porque no deberán calificar, sino revisar.
Otra vez, caemos en despropósitos y desconocimiento.

La certeza de que el crimen organizado interviene en las elecciones y todos los partidos políticos permiten que haya candidaturas que están viciadas de origen, nos colocan en el dilema de la fábula que surge de la pregunta:

¿Quién le pondrá el cascabel al gato?

Es evidente que sólo se están discutiendo aspectos teóricos, pero urge también el sentido práctico: ¿En vista de que serán ¡decenas de miles! las aspiraciones y candidaturas, quiénes harán la revisión, con base en qué información? ¿A qué reglamentación estarán sujetos? ¿En qué período deberán realizarse tales revisiones y con cuánto personal contarán?
Proponer que una comisión del INE lleve a cabo la tarea es tratar de obligar a una imposibilidad.

Además, está la sospecha de que se intente eliminar a candidatas y candidatos no porque tengan antecedentes negativos, sino porque tengan posibilidades de ganar y es una forma de frenarlos.

Sin una discusión seria y propositiva, sólo se deja la puerta abierta para que la delincuencia organizada incremente y afiance su presencia e influencia en la democracia.